ALEJANDRO MESTRE, NUEVO JESUITA DENUNCIADO POR ABUSOS EN BOLIVIA Y PRIMER ARZOBISPO ESPAÑOL ACUSADO DE PEDERASTIA
El misionero, el sexto de la orden
procedente de España señalado en el país andino, fue obispo de La Paz y
secretario de la conferencia episcopal boliviana. La Fiscalía latinoamericana
registra la sede de la Compañía en busca de documentación.
Mestre, nacido en la localidad
valenciana de Quart de Poblet en 1912, es el primer español en desempeñar el
cargo de obispo que es acusado de un delito de pederastia. Entró en la Compañía
de Jesús en 1928 y fue ordenado en 1943. Fuentes de la orden en España informan
de que no constan denuncias por abusos contra él en España y no disponen de la
fecha en que fue enviado a Bolivia, donde desempeñó toda su carrera. Fue
nombrado obispo auxiliar de Sucre en 1976 y ascendió a arzobispo coadjutor de
La Paz en 1982. Su carrera le llevó hasta el cargo de secretario general de la
Conferencia Episcopal Boliviana a comienzos de los ochenta, uno de los puestos
más influyentes de la Iglesia en el país latinoamericano.
La denuncia contra Mestre llegó a las
oficinas de la Fiscalía una semana después de que EL PAÍS destapara el caso de
Pedrajas, que revelaba abusos de decenas de menores en colegios de la orden en
el país sudamericano y también revelaba cómo sus superiores lo encubrieron durante
décadas. La publicación ha desatado un terremoto político y mediático en las
últimas semanas: los jesuitas han apartado a ocho exprovinciales por posible
encubrimiento, la fiscalía general ha abierto una investigación y el presidente
boliviano, Luis Arce, ha registrado un anteproyecto de ley para hacer
imprescriptibles los delitos de pederastia. Todo esto ha provocado que hayan
salido a la luz nuevos casos. Uno de ellos ha sido el de Mestre, que hizo
público la propia Compañía de Jesús hace unos días, pero del que ya tenía
conocimiento desde diciembre de 2021, según ha informado la orden este jueves a
las nueve de la noche (hora boliviana) a EL PAÍS.
Los jesuitas abrieron entonces una
investigación canónica, recopilaron información de los hechos y, finalmente,
cerraron el proceso al estar muerto el acusado. “La Compañía de Jesús instruyó
que se atendiera al denunciante con acompañamiento especializado. A la fecha,
el denunciante no se ha comunicado para concretar dicho acompañamiento”,
explica la Compañía a este diario. Los jesuitas han incluido la documentación
de estas pesquisas canónicas en su denuncia al Ministerio Público.
Aunque la Conferencia Episcopal
Boliviana pidió perdón tres días después de la publicación del reportaje de EL
PAÍS sobre el caso Pedrajas, no ha querido hacer una valoración sobre la
denuncia de Mestre. Los jesuitas afirmar que comunicaron de este caso a los
obispos bolivianos en febrero de este año. Durante su mandato como secretario
general, el ahora acusado desempeñó un papel relevante como intermediario
político contra la dictadura de Luis García Meza, que se prolongó del 1980 al
1981. Mestre, entre otras cosas, se esforzó para que los cadáveres de los
dirigentes fusilados del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fueran
devueltos a sus familiares para que recibieran un entierro cristiano.
Junto a la denuncia de Mestre, los
jesuitas de Bolivia presentaron otra contra Luis María Roma Padrosa, que ya fue
acusado en 2019 poco antes de morir, pero la orden no llevó entonces este caso
ante la justicia. Lucho Roma, como era conocido en Bolivia, fue denunciado
internamente por otro antiguo miembro de la Compañía. Este exreligioso
descubrió por casualidad en 2007 un CD propiedad de Roma con numerosas
fotografías de menores desnudos, en escenas sexuales y en las que incluso
aparecía el propio jesuita.
Como Roma y Mestre, la mayoría de los
religiosos acusados que han salido a raíz del caso Pedrajas son jesuitas
españoles enviados como misioneros a Bolivia. Algunos como Pedrajas, Mestre,
Roma o Antonio Gausset —jesuita fallecido y acusado de abusar de niños
indígenas en los años noventa en Sucre— desarrollaron toda su carrera en el
país latinoamericano. Pero otros, como Luis Tó o Francesc Peris, fueron
profesores en colegios de la Compañía en España y fueron enviados a Bolivia
tras ser acusados —condenados por un tribunal en el caso de Tó― de abusar de
menores. Peris, por ejemplo, solo pasó un curso (1982-1983) en un colegio de
Cochabamba donde está señalado de abusar de niñas y luego regresó al centro
jesuita de Caspe, Barcelona. Recientemente, como ha publicado EL PAÍS, varias
víctimas lo acusan de tocamientos en los noventa y la orden en España ha
confesado que lo apartó en 2005 del contacto… El País de España
(https://bit.ly/3pWgH5j)
EXPULSAN DEL SACERDOCIO A UN CURA DE
GRANADA ACUSADO DE ABUSOS
El sacerdote expulsado, de 45 años y
que además de ser delegado de pastoral universitaria gestionaba proyectos de
voluntariado en Bolivia, fue acusado de abusos sexuales sobre jóvenes, mayores
de edad, y otros delitos canónicos.
La Vanguardia de España
(https://bit.ly/3WkisFd)
José Antonio Villena García, quien
ejerció como delegado de la Pastoral Universitaria de Granada, ha sido retirado
de sus funciones en la Iglesia Católica a raíz de ser investigado por supuestos
abusos.
Según recoge un comunicado interno
del Arzobispado de Granada, dirigido al clero diocesano y referido a la
situación canónica de Villena García, esta decisión se produce una vez
concluido el "proceso administrativo penal", cuyas actas fueron
remitidas al Dicasterio para el Clero del Vaticano.
Se trata, aclara el propio documento
al que ha tenido acceso EFE, de un organismo de la Santa Sede competente en las
materias denunciadas, "las que no dicen relación con menores de edad".
La comunicación señala que, una vez
recibida la respuesta del Dicasterio para el clero este pasado abril, Villena
García "ha sido dimitido del estado clerical y del sagrado celibato",
como de todas las obligaciones inherentes a su ordenación.
La Archidiócesis de Granada, indica
el comunicado que firma su secretario general, Alberto Espinar, ha reiterado su
"compromiso y cercanía" con los denunciantes, y ha manifestado
"una vez más su disposición para colaborar con el esclarecimiento de la
verdad y la justicia".
Fuentes del Arzobispado de Granada
consultadas por EFE han trasladado que no tienen "nada que añadir" al
respecto y se han remitido al documento interno dirigido al clero diocesano.
Según han publicado varios medios de
comunicación, el sacerdote expulsado, de 45 años y que además de ser delegado
de pastoral universitaria gestionaba proyectos de voluntariado en Bolivia, fue
acusado de abusos sexuales sobre jóvenes, mayores de edad, y otros delitos
canónicos.
EL CATACLISMO BOLIVIANO
El Nacional de Venezuela
(https://bit.ly/3BHyIXE)
«Distribución solidaria” o
“democratización de los recursos” son a menudo los eslóganes popularmente
usados por la izquierda cuando tratan de maquillar el robo y la estatización de
la propiedad ajena. Nuestro vecino andino, Bolivia, está en la recta final de
renacionalizar el sistema privado de pensiones. Esta medida tomará los casi
24.000 millones de dólares de ahorros para la jubilación, actualmente
administrados por empresas privadas, para pasar a ser gestionados por el
gobierno, mediante un fondo público, en donde se supone que los aportantes
jóvenes van a garantizar las pensiones de los jubilados.
Sin embargo, este proceso contiene un
fuerte problema de cálculo. Cada día las sociedades (Bolivia no es la excepción)
tienen menor cantidad de jóvenes, puesto que bajan las tasas de natalidad, y
contrariamente incrementa la esperanza de vida imposibilitando el sistema de
reparto de pensiones.
Además, tendríamos que sumar el
enorme déficit fiscal que el gobierno atraviesa desde hace varios años
consecuencia de los bonos, subsidios a los combustibles, políticas de control
de precios y despilfarros burocráticos -acompañados de casos de corrupción- por
lo que no solo cada día es más difícil generar atracción de inversionistas,
sino que el propio gobierno se endeuda.
Precisamente es esto último lo que ha
llevado al Estado boliviano a tener una liquidez bajísima de dólares, por lo
que nacionalizar los fondos privados es una buena idea para el mantenimiento de
los gastos de la política socialista del MAS, en vez de precisamente sostener
ellos el peso de la contracción y no extender lo inevitable: el estallido de la
burbuja.
No obstante, este asunto no debería
extrañarnos, dado que normalmente cuando un gobierno socialista se encuentra en
bancarrota y tiene el valor de su moneda por los suelos, suelen incrementar aún
más los mecanismos de sustracción de capital privado, en lugar de precisamente
incentivar el trabajo reduciendo impuestos y, consecuentemente, el gasto
público. La resistencia de los políticos a estas últimas propuestas mencionadas
pasa únicamente porque sus beneficios en los cargos públicos se verían
notablemente afectados. En otras palabras, su billetera.
Un error conocido
A manera de recuento histórico, se
puede trazar cierto paralelismo entre las próximas medidas del gobierno
boliviano con las de nuestro exdictador Juan Velasco Alvarado respecto al
sistema de pensiones. Durante el período velasquista se estableció, en 1973, el
Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de carácter público y único, lo que implicó
la centralización total de los fondos.
Dicho sistema contaba con ciertas
características puntuales, como la redistribución de los fondos entre los no
afiliados, el aumento de los montos de las pensiones a la par de beneficios
adicionales para los afiliados y la nacionalización de las entidades privadas
de administración de fondos que seguían vigentes en el país.
Desafortunadamente para el
militarismo estas medidas desataron enormes resultados negativos que terminaron
con reventar el sistema haciéndolo insolvente. Entre las consecuencias se
encuentran el desfinanciamiento del propio sistema al entrar en un proceso de
impagos, reducción de los montos previamente establecidos derivados del déficit
del propio sistema, descapitalización de los fondos producto de la ineficiencia
de la gestión pública y el derroche de capital al cubrir los gastos del
gobierno, desincentivos a la inversión privada dada la imposibilidad de fondos
no públicos y la constante reducción del ahorro.
Por consiguiente, todo este clima
económico, terminó en una enorme insatisfacción hacia el sistema mismo, poca
credibilidad política e incertidumbre por el futuro. En otras palabras, fue un
plan que dinamitó los ahorros de las personas y produjo el paro de muchas
actividades económicas.
Si bien en esta ocasión he traído el
caso peruano del velasquismo, tan querido por la izquierda nacional, también se
puede hablar de resultados similares con Argentina en 2007 o con los actuales
sucesos en Europa, puntualmente el caso francés, donde las proyecciones de los
fondos son cada vez menores y se están gestando endeudamientos internos.
Por ello, es importante recalcar que
adonde se dirige el gobierno de Luis Arce, comandado por el narco comunista Evo
Morales, no es algo impredecible sino por el contrario un suceso que
continuamente fracasó y siempre con mayor fuerza en países donde abunda la
informalidad, se respira corrupción y se abraza la deuda.
Me parece inevitable que el gobierno
pueda seguir con la mentira del “milagro boliviano”, repetido innumerables
veces por toda la izquierda latinoamericana, antes que les estalle a los
políticos toda la burbuja cargada de hace más de una década a punta de
populismo.
RELATIVIZANDO EL GOLPISMO
El Reporte de Perú
(https://bit.ly/3MQkdap
La doble moral de la izquierda
latinoamericana sigue prevaleciendo en la región. Uno de los ejemplos más
recientes es la actitud del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien acusó
de golpismo la medida de “muerte cruzada” tomada por el presidente de Ecuador,
Guillermo Lasso. Sin embargo, tras analizar los hechos es evidente la falta de
fundamentos y la manipulación del expresidente boliviano —nada nuevos y siempre
a conveniencia— para justificar sus agendas políticas para con la región.
En primer lugar, Morales ha comparado
el mecanismo de la "muerte cruzada" contemplado en la Constitución de
Ecuador con la toma del poder de Dina Boluarte en Perú después del fallido
golpe de Pedro Castillo. Es importante destacar que el intento de cierre del
Congreso por parte de Castillo fue claramente inconstitucional y golpista,
mientras que la medida tomada por el presidente Lasso se encuentra dentro del
marco constitucional de Ecuador.
Morales relativiza el concepto de
golpe de Estado al comparar una situación que constituye un golpe de Estado
real, como el que hizo el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de
2022, con una medida constitucional legítima como la de Lasso. La diferencia
radica en que Morales simpatiza con Castillo a pesar de ser un golpista,
mientras acusa a Lasso sin fundamento alguno.
No deja de ser preocupante que
Morales recurra a fantasmas anacrónicos, invocando la idea de "la derecha
sometida al imperio". Estos discursos carecen de argumento y solo invocan
la simpatía política por encima de los hechos.
Otro caso de doble moral es el del
expresidente ecuatoriano y prófugo de la justicia Rafael Correa, quien en 2022
argumentó que la figura de la muerte cruzada, promovida durante su gobierno en
2008, era completamente legal y legítima. Sin embargo, ahora que la misma ha
sido aplicada por el presidente Lasso, Correa la considera "ilegal"
debido a que el país no se encuentra en "conmoción interna" (uno de
los tres escenarios en los que se permite emplear la “muerte cruzada”) que la
respalde.
Resulta llamativo también el silencio
de otros presidentes izquierdistas de la región ante este suceso. Mientras
Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia) y Gabriel Boric (Chile) no se han
pronunciado al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
apenas ha expresado una vaga opinión sin comprometerse realmente; pues solo
atinó a decir: “no creo que haya inestabilidad y no lo deseo". Parece
entonces que los llamados “caimanes del mismo pozo” volvieron a sumergirse y el
cierre del parlamento ecuatoriano no les mereció un asomo a la superficie para
al menos opinar al respecto.
Es inverosímil que en tiempos donde
la tecnología llega a todas partes del mundo, se tenga que explicar a nivel
internacional, incluso a través de comunicados y pronunciamientos de la
Cancillería, que la presidencia de Dina Boluarte es legítima. Pedro Castillo
dio un golpe de Estado, todo el mundo lo vio. Pero sus defensores lo
relativizan, así como ahora relativizan la constitucional figura de la
"muerte cruzada" y la hacen pasar como golpe de Estado.
Frente a la situación de Ecuador solo
se puede desear celeridad en el nuevo proceso electoral y que la próxima
persona que tome el mando en Ecuador pueda hacerle frente al asedio constante
de las fuerzas correístas.
CORRUPCIÓN Y RACISMO EN BOLIVIA: EL
MAS ACUSA A LOS MINISTROS “KARAS” DE LUIS ARCE
Esta semana quedaron más expuestas
las divisiones en el seno del partido gobernante luego de los dichos de su
vicepresidente contra los integrantes del gabinete
Infobae de Argentina
(https://bit.ly/3InDs8g)
Por Humberto Vacaflor Ganam.- Los
ministros de Luis Arce son corruptos porque son “karas” (blancos o mestizos),
dice el vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García, de
la corriente de Evo Morales.
Y el dirigente masista Antonio Quispe
dice que todo esto es porque la corrupción fue traída por los españoles a estas
tierras.
“Nunca confíes en los karas, porque
son traidores”, repite García, recordando a Felipe Quispe, caudillo aimara que
restaba importancia a la república de Bolivia y proponía restablecer el
“qollasuyo” como parte del “tawantinsuyo” de los Incas.
Y el vicepresidente David
Choquehuanca recomienda, a quien esté dispuesto a escucharle, no fiarse de los
karas y sus descendientes, “porque siempre te traicionan”. Según Choquehuanca,
todos los males que existen en América Latina llegaron de Europa. Dice que
Bolivia resolverá sus problemas en 2034, cuando se cumplirán 500 años de la
llegada de Diego de Almagro a estas tierras, y entonces “se acabará esta
maldición”.
Gerardo García dijo que el MAS se
equivocó al designar a Luis Arce como candidato a la presidencia porque se ha
convertido en un traidor y ahora Morales sostiene que Arce introdujo en el
partido la traición y la corrupción con el pretexto de avanzar en la renovación
del partido.
Carlos Romero, ex ministro de
gobierno de Morales, asegura que ahora Bolivia tiene el gobierno más corrupto
de la historia y está dispuesto a probarlo ante la justicia.
En 2006 llegó el “primer presidente
indígena de Bolivia”, según dice la propaganda, y el actual gobierno está
presidido por el pupilo de ese indígena, que lo prefirió para que sea su
sucesor después de que renunció y escapó del país en 2019.
Arce fue designado como candidato por
Morales en 2020 desde Buenos Aires, donde se encontraba refugiado después de su
apresurado viaje a México.
El primer presidente indígena de
Bolivia provocó esa revuelta cuando se había propuesto postularse como
candidato a la presidencia por cuarta vez consecutiva a pesar de que un
referéndum que él mismo convocó había decretado que no podía ser candidato.
La revuelta se disparó cuando el
presidente-candidato ordenó que el recuento de los votos, en octubre de 2019,
sea interrumpido porque lo estaba llevando a una segunda vuelta, en la que iba
a perder de todos modos.
Unos expertos de la OEA detectaron 27
formas de fraude electoral y recomendaron llamar a nuevas elecciones, pero
Morales prefirió escapar en un avión mexicano, seguro de que la revuelta
popular había sido el comienzo de una revolución que llevaría a reponer la
república y restablecer las instituciones democráticas que él había destruido.
Ahora, cuando el pupilo de Morales
está a la cabeza del gobierno “más corrupto de la historia”, como dice Romero,
es probable que los indígenas bolivianos se hayan decepcionado, según detectan
las encuestas.
En esta contienda entre Morales y
Arce por la conducción del MAS y la candidatura para las elecciones de 2025,
ambos ayudan a la difusión de informes sobre los pecados de corrupción
cometidos en sus gestiones.
Morales asegura que es imposible
frenar la corrupción pero que, entonces, corresponde ponerle freno mediante la
aplicación de la política de “tolerancia cero”. Y asegura que él jamás toleró
la corrupción en sus catorce años de presidente.
Desde la corriente que apoya a Arce
se alude, entonces, al caso de la corrupción que se dio en el Fondo Indígena,
donde la ministra Nemesia Achacollo, pariente política de Morales, malversó más
de 600 millones de dólares, según dice la oposición.
Lo grave fue que Marco Antonio
Aramayo, funcionario de esa repartición, denunció la corrupción de la ministra
Achacollo pero la “tolerancia cero” se lanzó contra él y no contra la presunta
corrupta.
Aramayo estuvo preso durante siete
años, fue torturado y murió en 2022 después de haber ocupado las celdas de casi
todas las cárceles de Bolivia y con 256 juicios en su contra, denunció su
abogado.
Ahora, cuando el escándalo del
ministro Juan Santos Cruz obliga al presidente Arce a ofrecer que no tolerará
nuevos casos de corrupción, la funcionaria que lanzó la primera piedra contra
el ahora ex ministro está recibiendo amenazas de muerte, según dice ella misma
a los medios de comunicación.
Y el periodista Andrés Gómez Vela,
que había mostrado pruebas de la corrupción de Santos Cruz, es ahora citado por
los jueces del gobierno.
Arce no ha dicho nada acerca de las
alusiones de corte racista que le hacen desde el bando de Morales.
En 2009, el MAS decidió que en
Bolivia hay 36 “naciones” aborígenes, para que el país dejara de llamarse
república y se convirtiera en “Estado plurinacional” por recomendación de los
asesores del partido Podemos de España.
Pero desde entonces sólo los aimaras
tienen predominio en el gobierno de Bolivia. Han impuesto una insignia
multicolor como segunda bandera de Bolivia, y han creado un segundo escudo, que
ha reproducido en el nuevo edificio del parlamento. Todos los funcionarios de
la cancillería deben tener apellido aimara.
Una revolución racista que ahora ha
hecho crisis por la corrupción de sus dirigentes.
UN NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN ACORRALA
AL GOBIERNO DE LUIS ARCE EN BOLIVIA
El arresto del ministro de Medio
Ambiente, acusado de recibir 2,7 millones de dólares en sobornos, agudiza las
críticas contra el presidente
El País de España
(https://bit.ly/3BGAEja)
Juan Santos Cruz es el segundo
ministro boliviano que pasa de ser parte del Gabinete a la cárcel. Acusado de
recibir 2,7 millones de dólares en sobornos de las contratistas del ministerio
de Medio Ambiente y Agua, del que era el titular, Santos Cruz fue detenido este
martes. Desde entonces, el presidente Luis Arce está recibiendo fuertes
críticas por haber esperado que renunciara, tras ser acorralado por la
investigación policial, en lugar de haberlo apartado del cargo cuando se
conocieron las primeras denuncias en su contra. Uno de los críticos es el
expresidente Evo Morales, que aprovecha para avanzar en su competencia con Arce
por el corazón de la izquierda boliviana. La creciente corrupción se ha
convertido en el principal tema de debate en Bolivia.
Antes de ser ministro de la
administración de Arce, Juan Santos era un importante dirigente campesino
proveniente de Pando, la región del norte de Bolivia. Según la denuncia de su
asistente –que era quien cobraba los sobornos a su nombre hasta que tuvieron
una diferencia y entonces ella decidió hablar con la prensa–, Santos pedía
“comisiones” de hasta 30% del costo de cada proyecto como responsable del riego
del país. La denunciante afirma que le entregó el equivalente a 2,7 millones de
dólares, con los cuales, alega, este compró dos haciendas, un frigorífico
(Pando es una región ganadera) y 27 casas en diferentes partes del país,
siempre a nombre de allegados suyos. Aunque Santos se ha declarado inocente,
estará encarcelado mientras se lo investigue.
Hace casi exactamente un año, el
entonces titular de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, fue apresado
mientras todavía ejercía como ministro, tras haber sido filmado y fotografiado
por la policía recibiendo algo más de 20.000 dólares en una céntrica calle de
La Paz. Se trataba de un soborno para que expidiera un título agrario a favor
de una empresa privada. Meses después, Characayo fue sentenciado a ocho años de
prisión.
Estos dos exministros, así como otros
funcionarios que han tenido o tienen acusaciones, por ejemplo el presidente de
la Agencia de Caminos, provienen de las organizaciones sociales y sindicales
que constituyen la columna vertebral del partido en el Goberino, el Movimiento
al Socialismo (MAS). El presidente de este partido, Evo Morales, ha sugerido
que Arce permite los hechos de corrupción para asegurarse el apoyo de estas
organizaciones en su disputa interna por el control del MAS. “Lo del Santos no
es nada, quiero comentarles, ustedes se informarán oportunamente, si no dirán
que Evo está acusando, está inflando... Lo que pasó ayer, anteayer, poco es
todavía frente a otros negociados”, discursó Morales desde su baluarte en la
región cocalera del Chapare. También lanzó una condena frontal al Gobierno:
“Hermanos y hermanas, tanta campaña que hemos hecho, con muertos, con frutitas,
para que gane el Lucho, y nos llegan a robar, robar, robar”. Poco después, la
dirección del MAS declaró que este partido “ya no respalda” a Arce, algo que,
en realidad, era patente desde hace meses atrás. Por su parte, en la posesión
del reemplazante de Santos, el presidente boliviano señaló que “no hay
tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de
ninguna naturaleza en nuestro Gobierno”.
Paralelamente, Bolivia está
conociendo el alcance de los malos manejos y fraudes realizados por el banco
Fassil, que en las últimas semanas ha sido intervenido y liquidado por el
Estado. Sus activos y pasivos pasaron a control de otros nueve bancos. Aunque
el asunto se maneja con reserva, se ha sabido que el hueco dejado por los
créditos mal colocados y los depósitos desviados alcanza a los 600 millones de
dólares. Las autoridades investigan si el grupo propietario de este banco,
cuyos accionistas con oriundos de Santa Cruz, recibió sobornos disfrazados de
“inversiones inmobiliarias” para autorizar enormes créditos a favor de
importantes empresarios de esta región. Los principales ejecutivos de Fassil
están presos mientras se instruye su proceso.
De acuerdo a encuestas que se
realizaron antes de estos hechos, en la percepción de la gente, la corrupción
es uno de los tres principales problemas del país. Este resultado no está
apartado de la polarización política: según uno de estos sondeos, las personas
que apoyaban al MAS creían que el gobierno más corrupto había sido el de
Jeanine Añez; en cambio, los opositores atribuían esta “medalla” a las
gestiones de Evo Morales (y no al Gobierno de Arce). Al mismo tiempo, la
mayoría estaba de acuerdo con que el presidente debía despedir a los
funcionarios acusados de malos manejos.
PROYECTOS CHINOS VIOLAN DERECHOS DE
LATINOAMERICANOS
El proyecto hidroeléctrico Ivirizu en
Bolivia está entre los proyectos financiados por empresas chinas (esta por la
estatal Powerchina) que analizó CICDHA, lo que evidenció el incumplimiento de
China de sus obligaciones y múltiples violaciones.
Revista Diálogo Las Américas
(https://bit.ly/3Mla97v)
Las inversiones de China en América
Latina vienen acompañadas de violaciones sociales, culturales y ambientales,
indicó en un informe reciente el Colectivo de Financiamiento e Inversión,
Derechos Humanos y Medio Ambiente de China (CICDHA), una red de 50 organizaciones
regionales de la sociedad civil.
El informe, presentado en febrero
como parte de una revisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
sobre las actividades y obligaciones de China en el extranjero, analizó 14
proyectos liderados por 11 empresas chinas o consorcios financiados por seis
bancos chinos.
“Aunque las empresas chinas han
estado trabajando en América Latina durante algún tiempo, seguimos viendo miles
de violaciones de todo tipo de derechos”, dijo Mariel Guerra, miembro de la organización
no gubernamental (ONG) con sede en Bolivia Sociedad Ecológica Potosina
(Sociedad Potosina de Ecología) . ), dijo a Diálogo el 30 de abril.
La CICDHA denunció “el incumplimiento
de China de sus obligaciones extraterritoriales en las operaciones de empresas
y bancos bajo su jurisdicción en los sectores minero, hidroeléctrico, de
hidrocarburos, infraestructura y alimentos, en Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela”.
Todos los proyectos están ubicados en
ecosistemas frágiles y tienen un impacto ambiental significativo, señala el
documento. También identificó patrones graves de violación de los derechos de
los pueblos indígenas, la salud, el medio ambiente, el acceso al agua, la
alimentación, la vivienda y el trabajo.
China ha sido objeto de varias
revisiones por parte de organismos de la ONU desde 2016. Estas incluyen una
Revisión Periódica Universal de 2019, un proceso que involucra la revisión de
los registros de derechos humanos, luego de lo cual Beijing reconoció los
reclamos de los grupos latinoamericanos, informó la plataforma de investigación
Diálogo Chino .
América Latina alberga alrededor del
60 por ciento de las especies terrestres conocidas del mundo. La Amazonía
alberga el 10 por ciento de la biodiversidad del planeta, y alrededor de 58
millones de personas pertenecientes a más de 800 comunidades indígenas viven en
comunión con la naturaleza, antes en perfecto equilibrio, planteó el estudio.
“Dondequiera que llegan empresas
chinas crean un semáforo en rojo, y ya sabemos cómo van a actuar”, dijo Guerra.
“No van a cambiar hasta que los propios países pongan restricciones también a
nivel global y apliquen duras sanciones. Son explotadores”.
Violaciones
En 11 de los proyectos analizados por
CICDHA, se evidencian desalojos forzosos, privación de vivienda, destrucción de
tierras y territorios pertenecientes a comunidades indígenas, que afectan
negativamente la salud mental individual y colectiva y debilitan el tejido
comunitario y la organización sociocultural.
Los proyectos bloquean las rutas
migratorias de la fauna acuática, modifican las inundaciones estacionales de
ecosistemas específicos y descargan desechos y sustancias tóxicas en los ríos.
Los proyectos también carecen de estudios de impacto ambiental y de las
licencias correspondientes.
Tal es el caso de los proyectos
mineros El Mirador y San Carlos Panantza en Ecuador y Las Bambas en Perú, el
Complejo Hidroeléctrico del Río Santa Cruz en Argentina, el desarrollo de la
Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, el Tren Maya en México y el Ivirizu
Proyecto hidroeléctrico en Bolivia.
“Estos abusos alimentan un alto nivel
de conflicto social, como resultado de la sostenida falta de respuesta y
voluntad de diálogo por parte de las empresas chinas o representantes con las
comunidades afectadas u organizaciones de la sociedad civil”, dijo CICDHA.
“En la última década, la gente, por
miedo o porque no tiene idea de lo que está pasando, no ha podido evaluar los
impactos de los proyectos chinos”, dijo Guerra. “Las empresas chinas tienen
bastante habilidad para generar entidades paralelas a las organizaciones de
base para obtener la aprobación de sus proyectos”.
El capital chino ha cambiado el
estilo de vida de muchas comunidades en cuanto a su interacción con la vida silvestre,
las plantas, el modo de vida y ha provocado la pérdida de culturas, agregó
Guerra.
Según el informe de CICDHA, el
capital chino también alienta una respuesta represiva a las protestas pacíficas
de las comunidades afectadas mediante el uso de fuerzas de seguridad privadas,
en particular mediante el uso excesivo y, en algunos casos, letal de la fuerza,
el acoso físico y judicial y la detención arbitraria.
Redoblando esfuerzos
El Estado chino no puede desligarse
de su obligación de proteger los derechos fuera de su territorio. La mayoría de
las empresas chinas son de propiedad estatal, semiestatal o cuentan con el
apoyo financiero de entidades estatales chinas, informó Mongabay , un sitio de
noticias de periodismo ambiental.
CICDHA llama a la creación de
políticas de cooperación internacional que prohíban a las empresas e
instituciones financieras chinas participar en proyectos que afecten
ecosistemas frágiles caracterizados por su importante biodiversidad, su papel
en la estabilidad de los sistemas hídricos naturales y en los territorios
indígenas.
“Esperar que este tipo de empresas
dejen de venir a nuestros países es un poco utópico”, dijo Guerra. “Pero
debemos exigir que garanticen y protejan los derechos humanos y ambientales
bajo los estándares internacionales”.
LATINOAMÉRICA Y LA DISPUTA
GEOPOLÍTICA
La actual disputa geopolítica entre
EEUU, China y Rusia en la región se da en el marco de una pérdida de fuerza de
la colonialista Doctrina Monroe
La Haine Org. de Venezuela
(https://bit.ly/43eYyhr)
Las giras simultáneas por países de
América Latina de la jefa del Comando Sur del Pentágono, generala Laura
Richardson, y del canciller de la Federación Rusa, Serguéi Lavrov, en abril
pasado, sumadas a la iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro,
sobre Venezuela, exhiben elementos que apuntan a una erosión de la tradicional
hegemonía de EEUU en el subcontinente.
Sendos eventos exponen la
confrontación entre la diplomacia de guerra de sucesivas administraciones de la
Casa Blanca en la región −con su sesgo neocolonialista, y a la que ha adherido
históricamente el llamado Occidente colectivo a través de su alianza militar,
la OTAN−, y la renovada diplomacia multilateral con base en los principios del
derecho internacional y la Carta de la ONU, impulsada en la coyuntura por dos
potencias emergentes extracontinentales, China y Rusia, con apoyo de varios
países del área, como Cuba, Venezuela, Bolivia, México, Argentina y Colombia,
no sin matices entre ellos.
Desde el fin de la II Guerra Mundial,
y en el marco de la guerra fría, EEUU disfrazó los intereses de los monopolios
con casa matriz en su territorio –ergo, la defensa de sus inversiones y la
conquista de fuentes de materias primas y mercados−, bajo el ropaje ideológico
de la lucha contra el comunismo y la defensa de los valores de la civilización
occidental y cristiana, encarnada en conceptos carentes de contenido real, como
democracia, libertad y DDHH.
En esa etapa, la ideologización de
las relaciones internacionales se complementó con el uso de la propaganda
política exterior y las operaciones de guerra sicológica de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) y el Pentágono (la guerra de contrainsurgencia por las
mentes y los corazones de las dictaduras de la Seguridad Nacional, librada por
los ejércitos nativos contra el enemigo interno), dirigidas a aplastar toda
resistencia al sistema de dominación capitalista y potenciar la asimilación
cultural, educativa, científica y comunicacional por la sociedad civil, según
los valores estadounidenses, así como las relaciones de dependencia
económico-financiera y/o la supeditación directa de millones de
latinoamericanos.
Para tales fines, junto a la
(des)información de la opinión pública por sus medios de difusión masiva (las
agencias de noticias AP y UPI y los diarios The New York Times y The Washington
Post, principalmente) y la manipulación de sociedades enteras, el Departamento
del Tesoro utilizó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco
Interamericano de Desarrollo en función de los intereses del imperio y sus
corporaciones, y el Departamento de Estado a la Organización de Estados
Americanos (OEA) como herramienta de control político-ideológico y alineación
anticomunista.
A modo de ejemplos cabe citar el
bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba socialista desde inicios
de los años 60, que incluyó la crisis de octubre de 1962 (que estuvo a punto de
desencadenar un conflicto nuclear entre EEUU y la URSS), que se combinó, después,
con la expulsión de la isla de la OEA, en la reunión de Punta del Este,
Uruguay, en el marco de una campaña de intoxicación mediática que identificaba
al gobierno revolucionario de Fidel Castro como satélite de Moscú y del
comunismo internacional y exportador de la revolución en América Latina. En el
otro carril figuran las cartas de intención del FMI y los préstamos
condicionados del BM, el BID y la banca acreedora de Wall Street, que llevaron
a la crisis de la deuda externa en los años 80, la década perdida para el
desarrollo en América Latina y el Caribe.
Medio siglo después, la actual
disputa geopolítica entre EEUU, China y Rusia en la región se da en el marco de
una pérdida de fuerza de la colonialista Doctrina Monroe ([norte]América para
los [norte]americanos, vigente desde 1823), manifiesta en la neutralidad de la
mayoría de los países latinoamericanos en la guerra híbrida por delegación de
EEUU y la OTAN contra Rusia en el territorio de Ucrania (incluida la no
adhesión a la rusofobia y la sinofobia del eje anglosajón, parte esencial de la
guerra cognitiva y el choque de narrativas propagandísticas); la
desdolarización en curso en Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia, así como el
rechazo al bloqueo y al uso unilateral y extraterritorial de ilegales sanciones
económico-financieras, como herramientas de guerra por medios no militares
utilizadas por Washington para propiciar un cambio de régimen en Cuba,
Venezuela y Nicaragua.
Debido a que desde 2017 las sanciones
−como instrumentos coercitivos y/o persuasivos: recordemos el caso de los
aranceles usados como amenaza por la administración Trump contra México, en
2019, que derivaron en la implantación del proyecto de retención migratoria
Remain in México− forman parte de la estrategia de Seguridad Nacional de la
Casa Blanca, no deja de tener valor, así su alcance sea superficial, la
iniciativa de Gustavo Petro (con el guiño de la administración Biden) de
vincular un eventual cronograma electoral en Venezuela con el levantamiento
gradual de las sanciones de EEUU y la aceleración de la implementación de un
fondo fiduciario único para inversión social en el país sudamericano, acordado
en la Mesa de Diálogo Nacional en México entre la oposición y el gobierno de
Nicolás Maduro, pero frenado hasta ahora por Washington.
Asimismo, la paulatina pérdida de
hegemonía de EEUU en la subregión fue expuesta sin rodeos por la generala Laura
Richardson ante el Comité de Servicios Armados del Senado en Washington, al
reiterar como una amenaza a la seguridad nacional de su país, la creciente
presencia de China en Latinoamérica, con megaproyectos de infraestructura
crítica (puertos, vías férreas, telecomunicaciones, ciudad segura, ciudad
inteligente) y extractivistas (litio, petróleo, gas, agua dulce).
El litio, en particular, fue el
objetivo de la reciente gira de la jefa del Comando Sur por Argentina y Chile,
en el marco de la estrategia de disuasión integrada del Pentágono, nuevo
concepto militar que supone valores compartidos con las fuerzas armadas
latinoamericanas para la guerra global contra China y Rusia.
EL PLANETA LLORA: MÁS DE LA MITAD DE
LOS LAGOS DEL MUNDO SE ESTÁN SECANDO, REVELA ESTUDIO
SPD Noticias de México
(https://bit.ly/3BGx4FC)
Debido al consumo humano… y por
supuesto, al calentamiento global, más de la mitad de los lagos del mundo se
están secando, reveló estudio.
La crisis climática en el planeta ha
ido aumentando con el paso de los años, misma que se ha reflejado en las
sequías, como la que vivió Europa, catalogada como la peor en 500 años.
Cabe aclarar que no debe confundirse
la sequía con la escasez de agua, ya que la primera se refiere a la falta de
lluvias de manera prolongada (pueden durar años), mismas que restan la humedad
del suelo y provoca la reducción de ríos, lagos.
El estudio dirigido por el hidrólogo
Fangfang Yao, declaró que más de la mitad de los lagos del mundo se están
secando.
Señaló que el 56% de los lagos del
planeta se están secando, además de que incluso las zonas más húmedas del mundo
están perdiendo agua.
De acuerdo con el estudio que se
realizó a casi 2 mil lagos en el mundo (combinando modelos climáticos e
hidrológicos, utilizando mediciones satelitales), el 53% ha reducido su nivel
desde 1992.
El estudio también reveló que los
lagos como el Mar de Aral (entre Kazajistán y Uzbekistán, aunque es más una
laguna salada) y el Mar Muerto (también en Asia e igualmente es salado) se han
visto reducidos debido al insostenible consumo humano.
Mientras que lagos en Egipto,
Mongolia y Afganistán se redujeron por el aumento de temperaturas. También se
han estado secando el Mar Caspio, el lago Titicaca entre Perú y Bolivia.
El estudio reveló que se ha perdido
una tasa de alrededor de 22 gigatoneladas por año durante 3 décadas.
De acuerdo con información compartida
por la Comisión Nacional del Agua el pasado 22 de marzo, los impactos de una
sequía primeramente dañarán a plantas y animales.
Además de dañar los rubros
económicos, ambientales (degradación de la calidad del agua y del aire por
ejemplo, pero no es el único daño) y sociales (escasez de alimentos, que
conllevará a conflictos y bajará la calidad de vida).
Lagos de México, ¿también se ven
afectados?
La Comisión Nacional del Agua publicó
en marzo de 2023 información sobre el fenómeno de la sequía en México, además
de los operativos que realizan para atenderla.
De acuerdo con lo que informó, en la
Cuenca del Río Cutzamala había una sequía moderada en febrero, aunque las áreas
que señalaban dicho nivel aumentaron un 15.9%.
En cuanto al Monitor de Sequía de
México, actualizado al 30 de abril de 2023, las únicas zonas que demostraban
sequía eran las zonas del sur de México, como Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
hasta una parte de Veracruz y Oaxaca.
Además de Baja California, Sonora y
Chihuahua, sin embargo, el resto de los estados presentaban niveles desde
anormalmente seco hasta sequía extrema.
CAZARON 45 VICUAS EN JUJUY: LOS
ATACANTES SON DE BOLIVIA Y ESTABAN INSTALADOS EN LA ZONA
La Critica Com. de Argentina
(https://bit.ly/43eQk93)
La fauna de Jujuy fue vctima de un
nuevo ataque: mataron y despellejaron a 45 vicuas en el extremo norte de la
Puna. Los cueros fueron recuperados pero los responsables lograron huir hacia
Bolivia.
El hecho surgi el da jueves de la
semana pasada, cuando una comisin policial que trabaja en Lagunillas de Faralln
se traslad hacia el sector de Vilama, donde se efectan recorridos de acuerdo a
las condiciones climticas que se debe tener en cuenta», explic al respecto del
operativo el inspector general Juan Fernndez.
Dos efectivos acompaados del
guardaparques se trasladaron a las 8:30 y en horas de la tarde en los
recorridos lograron individualizar huellas de personas en el lugar, relat y
prosigui: a ltima hora del da llegaron a un sector que se denomina Aguas
Calientes, donde se avista una cierta cantidad de pieles.
La comitiva, con la informacin se
resguarda en el sector para establecer a los autores, que en horas de la noche
se percataron de la presencia policial y se dieron a la fuga, precis el funcionario
en dilogo con Canal 7 de Jujuy.
Se rescataron 45 pieles de vicuas y
se instruyeron las actuaciones del caso, a cargo de la subcomisara de Cusi
Cusi. Se dio participacin a la Fiscala y se sigue trabajando, sostuvo en cuanto
a las tareas desplegadas.
Al rastrillar la zona, advirtieron
que los responsables provenan del vecino pas y tenan previsto permanecer en el
sector por un tiempo ms. En el lugar se encontraron prendas de vestir que
utilizaban los cazadores procedentes de Bolivia, municin de calibre 22
utilizada para la caza y se tena estimada la permanencia por varios das por los
vveres encontrados en el lugar, ampli.
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