En los últimos años, la relación
entre Estados Unidos y China —las 2 grandes superpotencias económicas del
mundo— se ha convertido en un tira y afloja entre la interdependencia económica
y una desconfianza profundamente arraigada. Por un lado, los diplomáticos
intentan mantener la estabilidad y el flujo de dinero entre ambos países. Pero
al mismo tiempo, una de las características más destacadas de la relación es
que se trata de una pugna por el control de la tecnología que definirá el siglo
XXI.
En esta última batalla hay un área en
la que Estados Unidos se ha quedado rezagada: las baterías. Las empresas
apoyadas por el Estado chino —llamémoslas China S.A.— dominan todos los
aspectos del desarrollo de baterías para vehículos eléctricos, desde la
extracción y refinado de materias primas hasta la fabricación de las propias
baterías.
"El peligro es que no tengamos
un sector nacional de baterías y dependamos a perpetuidad de China para que nos
las fabrique", comenta Tu Le, fundador de la consultora Sino Auto
Insights. Sin baterías baratas para las flotas de vehículos eléctricos baratos,
argumenta, empresas como GM y Ford "corren el riesgo de convertirse en
jugadores regionales y perder su estatus internacional".
Hasta que los fabricantes de
automóviles estadounidenses puedan abastecerse de baterías en su propio país, o
en países aliados, dependen de mantener buenas relaciones con Pekín. La
asociación entre ambos es cada vez más tensa, incluso si se deja a un lado la
geopolítica. Durante los últimos 40 años, China ha necesitado la ayuda de
fabricantes extranjeros para desarrollar su propia industria automovilística a
través de empresas conjuntas. Pero con el despegue del mercado chino de
vehículos eléctricos, las tornas han cambiado. Pekín está impulsando sus
productos nacionales y los fabricantes extranjeros, que ya necesitan las
baterías de China S.A. para fabricar más vehículos eléctricos, están perdiendo
cuota de mercado.
El ganador de la guerra de las
baterías no solo controlará el mercado de los vehículos eléctricos, sino que
también creará miles de puestos de trabajo, controlará el futuro de la
movilidad y determinará la capacidad de Occidente para adoptar formas de
energía más ecológicas.
El plan de Pekín para las baterías
China lleva desde al menos 2015
trabajando para dominar el mercado de las baterías. En ese año, la dirección
del Partido Comunista Chino elaboró el Plan Especial de Implementación del
Programa Nacional Clave de Investigación y Desarrollo de Vehículos de Nuevas
Energías. A pesar de ese nombre largo y formal, el documento establece un
objetivo claro: acaparar el mercado de materiales clave como el litio, el
cobalto y el níquel; invertir en su extracción, y construir fábricas para la
fabricación de baterías.
El plan empieza en el nivel más
básico de la producción de baterías: materias primas como el cobalto, el litio,
el manganeso y el níquel. La mayoría de estos minerales se encuentran fuera de
China, en países como Chile, Australia, Bolivia y la República Democrática del
Congo. Pero China S.A. ha negociado acuerdos de propiedad y asociación con
minas de todo el mundo. Desde 2018 hasta la primera mitad de 2021, China S.A.
ha invertido alrededor de 4.300 millones de dólares en minas de litio a nivel
internacional, según la firma de investigación S&P Capital IQ. Y una vez
que estos minerales se extraen de la tierra, se envían a refinerías de
propiedad china que transforman los metales para su uso en el producto final.
En 2019, las empresas chinas representaban el 80% de la producción mundial de
materiales para baterías. Esto no habría sido posible sin la voluntad de Pekín
de pagar cualquier precio y soportar cualquier pérdida que fuera necesaria para
construir la industria.
"A la larga, incluso si
Washington o Bruselas o Tokio consiguen financiar a competidores que
suministren minerales y empresas que puedan convertir minerales y metales en
componentes, los mercados de materias primas minerales son difíciles de
predecir", explica Jane Nakano, investigadora del Programa de Seguridad
Energética y Cambio Climático del Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales. "Es muy difícil para las entidades del sector privado sin
apoyo estatal planificar con antelación".
En el pasado, aquí terminaba la
cadena de valor china. Los materiales refinados se enviaban a Estados Unidos o
Europa, donde se transformaban en baterías. Ahora ya no: Pekín intenta hacer
ese trabajo internamente.
"En los años 70 y 80, China nos
exportaba minerales para fabricar productos de mayor valor. Ésa es precisamente
la situación de la que querían salir los chinos. Por eso idearon su estrategia
tecnológica", explica Nakano.
Hoy en día, cuando Pekín quiere
desarrollar tecnología, financia a todas las empresas que quieren intentarlo y
observa cómo se pelean hasta que unas pocas salen vencedoras. Una vez que los
dominantes se han revelado, todos los demás quedan aislados y abandonados a su
suerte.
El campeón indiscutible de la batalla
china por la fabricación de baterías es Contemporary Amperex Technology Co.
Limited. La empresa, que primero se llamó Amperex Technology Limited, se fundó
en Hong Kong en 1999. Utilizando tecnología patentada con licencia de los Bell
Labs estadounidenses, se convirtió en proveedor de baterías para empresas como
Apple y Samsung. Pero en 2008 quería fabricar en China para acceder más
fácilmente a su mercado y aprovechar los incentivos del Gobierno. Para ello,
sin embargo, tuvo que trasladar su sede de Hong Kong, que estaba (y
técnicamente sigue estando) políticamente separada de Pekín. Finalmente, la
empresa se instaló en una región del noreste de China gobernada por un joven
secretario del Partido Comunista llamado Xi Jinping. Y así ATL se convirtió en
CATL. En 2022 controlaba alrededor del 32% de la cuota de mercado mundial de
baterías para vehículos eléctricos y cerca de la mitad del mercado nacional
chino. En la actualidad, CATL cuenta con 13 fábricas en todo el mundo que
suministran baterías a Tesla, Toyota y Daimler. A principios de este mes, Ford
anunció sus planes de construir una planta de baterías de 3.500 millones de
dólares en Michigan con tecnología licenciada por CATL.
En un no muy cercano segundo lugar se
encuentra la china BYD. En China, es una de las empresas automovilísticas más
vendidas que fabrica sus propias baterías. Gracias a la demanda, se ha hecho
con algo más del 13% de la cuota de mercado mundial de baterías para vehículos
eléctricos. Y gracias a la propiedad de su cadena de suministro de baterías,
puede fabricar coches baratos. Su BYD Song Plus, el coche más vendido en China
en el primer trimestre de este año, está disponible tanto en versión eléctrica
como con motor de combustión y se vende por menos de 30.000 dólares (unos
27.000 euros).
Cambian las tornas
Dado que las empresas chinas han
empezado a dominar el sector de las baterías, EEUU está tratando de evitar una
dependencia de China para obtener baterías de mayor valor, como ya ha sucedido
en décadas pasadas.
Para evitarlo, Estados Unidos tiene
que empezar a invertir en cada eslabón de la cadena de valor de las baterías. Y
hay que empezar por los enormes recursos de "oro blanco" del país, el
nombre que se da al litio entre quienes creen que sus grandes yacimientos
pueden explotarse para crear la próxima gran fuente de energía del país. Por
ahora, Estados Unidos sólo tiene una mina de litio abierta en Nevada. La
extracción y el refinado del litio son complicados, y la preocupación por el
medio ambiente ha limitado la producción estadounidense al 1% de la oferta
mundial.
"No nos hemos puesto las pilas
en lo que a extracción de recursos se refiere", afirma Nakano.
Para aumentar esta producción, las
empresas se apresuran a extraer yacimientos de litio del mar Salton de
California, una región seca al este de San Diego. Los geólogos calculan que la
región podría suministrar litio suficiente para fabricar 7,5 millones de
baterías de coche al año. Empresas estadounidenses como BHE Renewables,
respaldada por Berkshire Hathaway —el conglomerado de Warren Buffett— y
EnergySource Minerals buscan avanzar en una tecnología que permita extraer el
litio utilizando energías limpias y causando el menor daño posible al medio
ambiente. La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 del presidente Joe Biden
reservó 200 millones de dólares, a través del Departamento de Defensa, para
establecer una cadena de suministro estadounidense de extremo a extremo de
metales de tierras raras, litio y níquel que puedan utilizarse en las baterías
nacionales.
Estados Unidos carece también de
capacidad en la cadena de fabricación. Solo hay 2 plantas de procesamiento que
produzcan hidróxido de litio, una versión más ligera y concentrada del metal
utilizado en las baterías. Este mes, Tesla ha puesto la primera piedra para
construir una tercera planta en Texas. La Ley de Reducción de la Inflación
estableció el objetivo de refinar en el país una cantidad de litio suficiente
para abastecer a 2 millones de vehículos eléctricos al año. El gobierno de
Biden espera conseguirlo con la teoría del palo y la zanahoria. Para intentar
atraer a las empresas, la ley prevé subvenciones para las que inviertan en ese
proceso de refinado, pero también establece requisitos estrictos sobre la
cantidad de componentes de las baterías de los vehículos eléctricos que deben
proceder de Estados Unidos (o de países con los que haya acuerdos de libre
comercio) para que se consideren de producción nacional y evitar los aranceles.
Pero toda esta planificación e incentivación tardará en ponerse en marcha. Por
ejemplo, EnergySource Minerals ha dicho que su mina podría estar operativa en
2025.
Es hora de exprimir
Aunque Estados Unidos tiene un largo
camino por recorrer para alcanzar a China, hay algunos analistas que ven la
mano de Pekín en el mercado más torpe que capitalista, y que afirman que las
ambiciones del Partido Comunista en realidad facilitarán que las empresas
estadounidenses se pongan al día. Anne Stevenson-Yang, directora de investigación
de J Capital Research, predijo en una nota reciente destinada a clientes que el
impulso de Pekín para aumentar el suministro de materiales necesarios para la
fabricación de baterías acabará abaratando la entrada en el mercado de baterías
en los próximos años. La investigación de Yang indica que el precio del
carbonato de litio (otro producto químico fundamental para las baterías) se ha
reducido a la mitad desde noviembre y bajará otros 2 tercios este año.
"Esto se debe a la enorme
capacidad de producción china. Si todo va según lo previsto, el litio será
excedentario a nivel mundial cuando llegue 2024", explica la experta.
Ya se ha visto antes esta dinámica
cuando China entra en un mercado. Pekín invierte una cantidad asombrosa de
dinero en un producto industrial o una tecnología en fase avanzada hasta que
hay tanta oferta nacional que se produce un exceso de capacidad. El país vuelca
entonces ese exceso de capacidad en los mercados extranjeros, deprimiendo los
precios a escala mundial. Stevenson-Yang considera que parte de la cadena de
suministro de baterías de China será el próximo exceso que tendrá que eliminar.
"Hay ciertas cuestiones en torno
a la seguridad y a tener una base de fabricación en Estados Unidos que tienen
sentido, pero no tenemos que preocuparnos por la guerra tecnológica. China es
como el ejército ruso en el siglo XVIII. Todo el mundo lo temía, pero al final
descubrieron que tamaño no es igual a calidad", afirma Anne.
Pero la posibilidad de un exceso de
suministro de baterías mañana no ayuda a los fabricantes de automóviles a
satisfacer sus necesidades hoy. Hasta que EEUU y sus aliados puedan ofrecerles
otro suministro de baterías eléctricas, todos los fabricantes de automóviles
necesitan a China S.A., sobre todo a medida que aumentan sus ambiciones de
producir vehículos eléctricos.
"No tenemos ningún actor
importante en el espacio de las baterías, y punto. Es probable que los
fabricantes estadounidenses no sean capaces de hacer una batería rentable
hasta, al menos, 2030. La realidad es que GM y Ford no pueden fabricar un coche
eléctrico de 40.000 dólares sin las baterías de BYD y CATL", afirma Le, de
Sino Auto Insights.
Y luego está Tesla. Elon Musk ha
dicho que el objetivo de la empresa es fabricar 20 millones de coches al año en
2030. Para ponerlo en perspectiva, Toyota (el mayor fabricante de automóviles
del mundo) vendió poco más de 10 millones de coches el año pasado, mientras que
Tesla vendió poco más de 1 millón. Si Musk quiere alcanzar su objetivo, Tesla
no solo necesita que los consumidores chinos sigan comprando sus coches, sino
que también necesita las baterías baratas y la infraestructura de fabricación
de China para hacer un vehículo lo suficientemente barato como para venderlo a
mercados como América Latina, el sudeste asiático y la India.
"Musk puede seguir siendo muy
efusivo con el Gobierno chino y su apoyo al sector de los vehículos eléctricos
en China. Pero si la relación entre Estados Unidos y China sigue
deteriorándose, es inevitable que sea mucho más difícil para cualquier empresa
estadounidense hacer negocios en China", dice Le.
Y por supuesto, allá donde vaya Tesla
en el mundo estará BYD para competir en precio, según Le.
"La ley IRA creará oportunidades
en el espacio de la movilidad. Pero si nos fijamos en mejoras evolutivas, China
S.A. seguirá dominando a nivel de baterías. Sin embargo, si nos fijamos en los
avances revolucionarios de los próximos 5 a 7 años, se producirán aquí, en
Estados Unidos", opina Le sobre la Ley de Reducción de la Inflación. Por
supuesto, esto se produce en un contexto en el que BYD y CATL siguen bajando
los precios de la tecnología actual, lo que hace que la transición a una nueva
tecnología sea una decisión más difícil para los fabricantes de equipos
originales.
Es una carrera complicada, de
incentivos y lealtades a veces contradictorios. La Ley de Reducción de la
Inflación ha disgustado a los aliados europeos de Estados Unidos, al tiempo que
establecía protocolos de cooperación para arrebatar a China la cadena de
suministro de baterías. Los fabricantes de automóviles estadounidenses no
pueden hacer vehículos eléctricos baratos para el mercado estadounidense sin
China S.A. y, al mismo tiempo, el Gobierno de Estados Unidos está creando una
política para contrarrestar la ambición de China de dominar el mercado de
vehículos eléctricos por completo, no solo a nivel nacional. No podemos
fabricar energía limpia sin hacer un desastre medioambiental y geopolítico.
Por ahora, China está ganando la
carrera de las baterías, pero eso no significa que Estados Unidos o sus aliados
deban rendirse. Siempre hay tiempo para ponerse al día en una carrera sin
final. Business Insider de España (https://bit.ly/45oCd2w)
CHINA USA LA DIPLOMACIA Y EL COMERCIO
PARA LLEGAR AL LITIO SUDAMERICANO
El Economista de España
(https://bit.ly/41WDwTI)
Sudamérica está en el centro de la
geopolítica y del comercio internacional. La región está despertando el interés
de los principales actores económicos mundiales por algo esencial para la
electrificación de la economía: el litio.
Argentina, Bolivia y Chile contienen
más de la mitad del litio del mundo. Tanto es así que ya se les denomina
coloquialmente "el triángulo del litio". Según los datos del Servicio
Geológico de Estados Unidos, Bolivia estaría a la cabeza con 21 millones de
toneladas de litio, seguido de Argentina con 20 millones y Chile con 11.
Esto hace que países como China o
Estados Unidos estén en la carrera por controlar este metal clave para fabricar
las baterías de los coches eléctricos, un mercado en ebullición en el que están
entrando cada vez más actores.
En declaraciones recogidas por BBC
Mundo, el director del Programa América Latina del Centro de Estudios Wilson
Center, Benjamin Gedan, las principales potencias del mundo "están
luchando por conseguir los minerales necesarios para la transición energética y
América Latina es su campo de batalla principal" en materia de diplomacia
y comercio.
La carrera la encabeza China en
materia de explotación. El 20 de enero, la empresa Contemporary Amperex
Technology (CATL) firmó un acuerdo con la empresa estatal de litio de Bolivia
para colaborar en minería, refinación, procesamiento y venta de las reservas de
litio del país.
A esto se suma la inversión de la
empresa Tibet Summit Resources, que anunció a finales del año pasado una
inversión de 2.200 millones de dólares en proyectos de explotación de litio en
tierras de Argentina.
Por su parte, en Chile existe el caso
de la adquisición del 24% de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de
manos de la empresa china Tianqui Lithium en 2018 y de la licitación para
exportar 80.000 toneladas de litio en territorio chileno durante siete años a
la empresa BYD. Un acuerdo cuya oferta ascendió a los 6 millones de dólares.
El que China esté ganando la carrera
del litio en Sudamérica no es algo casual. El gigante asiático está haciendo
una campaña diplomática enorme con la región.
A mediados del mes de abril, el
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó a Pekín y se mostró
decidido a estrechar lazos con el gigante asiático para "dar impulso al
sector industrial del país al amparo de nueva plantas de firmas chinas".
Este viaje se saldó con la firma de 15 acuerdos por valor de 10.000 millones de
dólares en inversión.
Pero el acercamiento más reciente fue
la Firma del Tratado de Libre Comercio entre el gigante asiático y Ecuador. Un
acuerdo que se suma a los que ya tenía firmados con Perú, Chile y Costa Rica.
Precisamente, el establecerse como principal socio comercial de los países de
la región hace que China siente un poso de confianza que le garantiza más favor
en el tema de las licitaciones de explotación.
Precisamente esto se está viendo
reflejado en los puertos chinos. Según los datos oficiales, el puerto de
Quindao, en el este de China, abrió 38 nuevas rutas el año pasado,
principalmente a países emergentes. A esto se suma que dichas cifras apuntan a
que el volumen de contenedores que salen de Shanghái, especializado en América
del Norte y Europa, cayó un 6,4% en el primer trimestre.
Los países de la Asociación de
Naciones de Asia Suroriental (Brunei, Tailandia, Birmania, Laos, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Camboya, Singapur y Vietnam) copan el 15,5% del comercio
total de China y los envíos se incrementaron un 24,1% con respecto al año
anterior. Por su parte, los envíos a América Latina se incrementaron un 11,2%,
a África un 36,9%.
Otro actor importante que ha entrado
recientemente en escena en el comercio chino es Turquía. Desde que empezó la
guerra en Ucrania, "Turquía se convirtió en la llave para transferir
bienes al puerto ruso del Mar Negro", aseguró el fundador de Huanshi
Logistics, especialista en comercio internacional, a la agencia Caixin.
Los envíos a Rusia se dispararon un
153,1% el mes pasado desde abril de 2022 después de un salto del 136,4% en
marzo, según muestran los datos de aduanas. Este crecimiento se debió, en gran
medida, a "una mayor demanda de vehículos", dijeron economistas de
Nomura Holdings en un informe a clientes.
Las señales son claras y China quiere
penetrar en los mercados emergentes dado que Occidente está haciendo la
tentativa de desconexión con el gigante asiático y quiere traer consigo a las
economías emergentes.
El G-7 mueve ficha
Tal es así que Japón invitó, junto a
los líderes del G-7 en la cumbre de Hiroshima, a los mandatarios de Brasil, la
India o Indonesia, entre otros países del "sur global" con los que
dice "compartir valores", y con el objetivo de ampliar el frente
común ante Moscú y de alejarlos de la órbita de Pekín.
Además, Estados Unidos está
empecinado en desprestigiar la campaña de armas diplomáticas emprendida por
China para acercarse a América Latina.
La jefa del Comando Sur de Estados
Unidos, Laura Richardson, aseguró en una comparecencia en un el Comité de
Servicios Armados de la Cámara de Representantes que "pareciera que China
está invirtiendo cuando en realidad está extrayendo", dijo refiriéndose al
área de América Latina y el Caribe.
Además, la responsable militar
reiteró que manera con la que China está entrando en el terreno y su
"juego con el litio" son "muy avanzadas y muy agresivas".
La competencia geológica y
geopolítica está servida en América Latina y China lleva la delantera, con
importantes inversiones en la región, igual que en África.
UN RECORRIDO POR EL GASODUCTO CADA
VEZ MÁS CERCA DE INAUGURARSE EN TIEMPO RÉCORD, TRAS DEMORAS, PARA REVERTIR EL
DÉFICIT ENERGÉTICO
En el municipio menos poblado de la
Argentina, a la par de la Ruta del Desierto, en La Pampa, enormes grúas
amarillas levantan polvo y entierran tubos del Gasoducto Néstor Kirchner. Tras
seis años de atraso y en una obra acelerada como nunca por soldaduras
automáticas, ahora ultiman detalles para que el gas fluya el 20 de junio. La
inauguración del ducto permitirá que este mismo año se reduzcan importaciones y
aumenten exportaciones a países vecinos. También surgen proyecto de embarcarlo
al mundo y de nuevas industrias.
El Diario de Argentina
(https://bit.ly/3q5vcDW)
La llaman Ruta del Desierto, en otros
tiempos menos revisionistas la conocían como Conquista del Desierto, pero es la
ruta provincial 20 de La Pampa, se la suele recorrer de camino de Buenos Aires
a Bariloche y está plagada de carteles que advierten: “¿No descansó? Hágalo”,
“No insista. Pare y descanse”, “No se duerma. Pare y descanse”. Pero por estos
días, aquí hay quienes no paran de sol a sol. A los costados, arbustos y suelos
arenosos y a la altura del pueblo La Reforma, el desvío hacia una obra
revolucionaria. Puede que este caserío sólo albergue a 280 habitantes e integre
el municipio menos poblado del país, Limay Mahuida, con 420 almas, pero la
semana pasada era el epicentro de una obra que en su pico máximo empleó a 3.000
trabajadores. Un camino de tierra con carteles de “Prohibido cazar” conduce
hacia donde están colocándose los últimos tramos bajo rutas provinciales y
rurales y ríos del Gasoducto Néstor Kirchner, ese que ya está en periodo de
pruebas con agua para que el 20 de junio, un día antes del invierno, esté
operativo.
“Techint-Sacde”, rezan las tapas de
las puntas de las tuberías que aún faltan por unir. Son las constructoras de
Paolo Rocca y Marcelo Mindlin. Grandes grúas amarillas levantan polvo y
entierran caños. Circulan por un sendero arenoso, por el que pasó la topadora,
depositan allí los tubos que fabricó otra empresa de Techint, Tenaris, en
Valentín Alsina, con acero importado de su propia planta en Brasil. Por allí
circulará en un mes gas de Vaca Muerta, que elevará así 30% su producción. Las
petrolera de Techint, Tecpetrol, y de Mindlin, Pampa Energía, son dos de las
cinco principales productoras de gas de la formación neuquina, junto con YPF,
la francesa Total y Pan American Energy (PAE, propiedad de la británica BP, la
china CNOOC y los Bulgheroni).
El pasado viernes 12 se transmitió
por TV la última soldadura automática, desde Buenos Aires con Alberto Fernández
y Sergio Massa y aquí en La Pampa con el presidente de Energía Argentina SA
(Enarsa, la empresa estatal que encargó la obra a Techint, Sacde y BTU),
Agustín Gerez. Por eso ya regresaron a su país los soldadores turcos que fueron
contratados para esta tarea clave para que el gasoducto se pueda terminar en un
plazo inédito para la Argentina. “Este proyecto tiene la particularidad de los
tiempos de construcción: es una obra que normalmente se podría ejecutar en 20
meses y actualmente se va a construir en un plazo de nueve meses”, destaca el
inspector de higiene y seguridad laboral de Enarsa, Mateo de la Mata, que vino
de Córdoba para la obra. “La obra tiene la particularidad de que involucra la
soldadura automática, que es una tecnología que no se había utilizado
anteriormente en otros gasoductos en la Argentina y agiliza mucho los tiempos
de obra”, agrega De la Mata. Los operarios trabajan 25 días y después descansan
cinco, con una jornada de viaje de ida a su tierra y otra de vuelta. Meses
intensos para De la Mata y sus compañeros de trabajo. Además de personal de
todo el país también lo hay de otros países, no sólo los especialistas de
Turquía sino también de Venezuela, Chile o España.
En la obra primero pasó la etapa de
topografía y apertura de pista, en la que se reconoció el terreno por donde
pasarían los 573 kilómetros de gasoducto, compuesto de 52.000 caños de 12
metros cada uno. En esa etapa participaron hasta arqueólogos porque se hallaron
piezas de pueblos originarios que vivían allí antes de que pasara la Conquista
del Desierto que rememora la ruta, la de Julio Argentino Roca. Después se
despejó vegetación y se la acumuló a un costado: de un lado se hizo la zanja
para colocar el caño y del otro, una calle para que circulen las grúas. Ahora
está depositando las últimas tuberías en el hueco. Se trabaja siempre que el
sol ilumine, entre polvo, cascos y guantes de seguridad. Todavía hay soldaduras
manuales de tramos que van por debajo de rutas provinciales o caminos rurales.
Al mismo tiempo, comenzaron ya las pruebas de agua: consiste en enviar líquido
por determinados trayectos del gasoducto para probar que se encuentran en
perfectas condiciones. Algunos operarios recorren el tubo para controlar que la
membrana que lo recubre se halle en buen estado. Cuando el trabajo esté listo,
la tierra y la vegetación levantada se pondrá en su lugar, algo que inquieta
sobre todo a los productores agropecuarios de tierras más fértiles que las
pampeanas, las dedicadas al forraje en la provincia de Buenos Aires. Todo se
pone a punto para que el 20 de junio, ante de la temporada alta en el consumo de
gas, el Gasoducto Néstor Kirchner funcione. Ya nadie duda de que se cumplirá
con la fecha comprometida. Si no se terminaba a tiempo, iba a ser un drama más
para la escasez de divisas que sufre el país y que se agravó con el impacto de
la sequía en la cosecha de soja y maíz porque iba a tener que importarse más el
caro gas natural licuado (GNL), que se trae en barco de países como Estados
Unidos, Trinidad y Tobago o la tierra donde se ganó el Mundial, Qatar.
Tanto en esa Copa del Mundo como en
esta obra, la Argentina ha demostrado que puede, en medio de tantas otras
frustraciones. Eso sí, el gasoducto se terminará en tiempo récord para nuestro
país, pero el proyecto en sí llevaba años de retraso. Expertos consideran que
ya a fines de 2016 era necesario empezarlo porque la producción de Vaca Muerta
venía creciendo en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y
continuó haciéndolo en el inicio del de Mauricio Macri, en ambas etapas,
gracias a subsidios. De hecho, en la actualidad estas subvenciones duplican los
fondos destinados a las energías renovables, como solar y eólicas, que reciben
desgravaciones impositivas. Pero volvamos a 2016. La capacidad de transporte
iba a llegar pronto a un límite que impediría seguir elevando la extracción.
Pero en 2018 por la nueva crisis económica y las exigencias de ajuste del Fondo
Monetario Internacional (FMI), se podaron las ayudas al gas, con la queja de
Techint, y la extracción comenzó a estancarse en 2019.
La administración Macri lanzó seis
meses antes de finalizar una licitación para que el sector privado construya el
caño, pero la terminó suspendiendo ante la inestabilidad financiera que
ahuyentaba inversores. En 2020, la producción se contrajo con la pandemia. En
2021, con el nuevo Plan Gas de subsidios, comenzó a recuperarse y ya comenzó a
hablarse en las petroleras de la necesidad urgente de retomar la iniciativa
para instalar el tubo. Ese año se recaudó el aporte extraordinario a las
grandes fortunas que en parte se destinaría a financiarlo. Ya no sería el
sector privado sino el público el encargado del emprendimiento. Pero este
gobierno, al igual que el de Macri, se demoró y entonces llegó 2022 con la
guerra de Ucrania, que disparó el precio del GNL que debía importarse y que
además abrió el apetito de países europeos como Alemania de suplir el gas ruso.
Sólo entonces el Gobierno puso manos a la obra, licitó la compra de caños y su
instalación y ahora sí está a punto de inaugurarlo.
En su despacho en Buenos Aires, la
secretaria de Energía que asumió con Massa en agosto pasado, la salteña Flavia
Royón, destaca la importancia del gasoducto Néstor Kirchner, que en su primera
etapa va de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires) pero que en junio se
licitará para que con fondos privados se expanda en 2024 hasta San Jerónimo
(Santa Fe), donde hay un nudo de tubos que unen a todo el país. “El Gasoducto
Néstor Kirchner es una obra estratégica que va a cambiar la matriz energética
de Argentina, además de lo que significó la obra en sí y el tiempo récord en que
se llevó a cabo con última tecnología y los puestos de trabajo que ha generado.
Su importancia es que esta primera etapa posibilita ya la sustitución de
importaciones. Este año todavía Argentina va a necesitar GNL porque esta
primera etapa va a estar terminada para la última semana de junio, ya con el
invierno comenzado, pero el año que viene ya va a tener un impacto pleno y va a
permitir ahorrar cerca de 4.200 millones de dólares en importaciones. Además el
gasoducto está inscripto dentro de un programa que se llama Transportar, que
prevé esta primera etapa del gasoducto va a permitir la evacuación de Vaca
Muerta hacia el centro del país. Después, habrá la reversión de otro gasoducto
que va a posibilitar que el gas de Vaca Muerta pueda llegar al norte argentino.
Hoy este ramal tiene un sentido de norte a sur porque está pensado para evacuar
el gas de la cuenca noroeste y las importaciones de Bolivia y abastecer el
norte argentino. Pero con el declino de la cuenca noroeste más el declino
también de Bolivia, la obra va a posibilitar no necesitar más de las
importaciones de Bolivia. Para julio, el volumen transportado va a ser de 11
millones de metros día. Después hay dos plantas compresoras: una va a estar
para agosto y la otra para noviembre, que van a posibilitar 10 millones de
metros cúbicos adicionales. Se incrementa la evacuación de Vaca Muerta en un
30%”, cuenta Royón.
“Cuando tengamos el segundo tramo, el
volumen va a ser ya de 44 millones de metros cúbicos día”, continúa la
secretaria. “Esto va a posibilitar que hacia 2024 o 2025 la Argentina pueda
hablar de autoabastecimiento en materia de gas, con un porcentaje de cobertura
de la demanda interna de un poco más del 95%. Se van a seguir requiriendo
importaciones simplemente en los picos de invierno, además de claramente no
necesitar importaciones ni de GNL ni de Bolivia. El gasoducto posibilita
también un salto de producción en Vaca Muerta. Que Vaca Muerta pueda ya
constituirse no tan solo en un abastecedor del mercado doméstico y regional.
Porque después del mercado doméstico, claramente hoy ya estamos trabajando en
exportaciones a los mercados regionales, como Chile, Brasil y Uruguay, pero
también esto va a permitir un salto cuantitativo de instalación de plantas de
GNL en la Argentina.”
Con la mira en ese desarrollo, el
Ministerio de Economía que encabeza Massa y en el que está Royón envió la
semana pasada a la Presidencia un proyecto de ley de impulso al GNL, que
difícilmente vaya a aprobar el Congreso en este año de disputa electoral.
Igual, la secretaria de Energía se ilusiona con la exportación del GNL al
mundo: “No es una realidad de largo plazo. Entendemos que puede ser una
posibilidad a mediano plazo. De hecho, ya está el proyecto de ley de GNL y
entiendo que esta semana el ministro la estaría enviando al Congreso porque
nosotros, con el potencial energético de Argentina y en particular de Vaca
Muerta, lo que aspiramos es pensar en grande y pensar mucho más que el mercado
interno de Argentina o los mercados regionales, sino transformarnos en proveedores
energéticos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una geopolítica
estable, tiene condiciones como para poder transformarse en un proveedor de
energía seguro para el resto del mundo”. Ya hay varios proyectos de GNL en
análisis: “Tenemos diversos proyectos dando vueltas, todos esperando, por
supuesto, a la ley. El más importante de ellos es el proyecto de Petronas (de
Malasia) e YPF. Es un proyecto ambicioso que podría estar siendo realidad hacia
2026 o 2027. Hay proyectos de menor escala que podrían estar exportando en
2025, pero todo depende. Lo que queremos es consolidar el GNL y el marco
jurídico como una política de Estado para que estos proyectos puedan avanzar”.
Pero el gasoducto no sólo posibilita
la exportación sino el añadido de valor en la producción interna. Por ejemplo,
hay planes de la fabricante de urea Profertil de usar el gas adicional para
invertir en elevar la producción de este fertilizante clave para el trigo.
“Este gasoducto también cambia la matriz energética argentina en dos sentidos”,
cuenta Royón. “Primero, encamina a una matriz energética más competitiva,
porque el gas de Vaca Muerta es muy competitivo en valor, tiene un precio
promedio 3,80 dólares hasta 2028, lo cual hoy es por lo menos seis veces más
barato que el gas importado. Esta competitividad tiene un impacto, un gran
impacto fiscal, porque va a permitir que el Estado Nacional se ahorre un monto
importante en subsidios energéticos. La Argentina viene subsidiando tanto a la
mayoría de su población residencial como a otro tipo de usuarios en materia
energética y, al tener una matriz más barata, claramente esto va a disminuir y
va a repercutir en el orden fiscal de nuestro país. Pero también esta nueva red
de gasoductos reconfigura el desarrollo industrial a futuro de nuestro país
porque va a permitir que industrias que son intensivas en el uso de energía
puedan tener acceso a una energía más competitiva. También tiene un impacto en
la matriz de generación eléctrica argentina porque posibilita dar futuro,
previsibilidad y accesibilidad al gas a otros lugares de nuestro país y va a
permitir también generación de energía eléctrica de base en base a gas, más
competitiva”. Hasta ahora, muchas centrales eléctricas, ante la ausencia de gas
en invierno, utilizan gasoil o fueloil, más caros y más contaminantes.
Royón no se detiene, igual que los
operarios que ultiman el gasoducto en La Pampa: “También este gasoducto tiene
una importancia vital en la balanza del sector energético. El sector energético
en la Argentina el año pasado tuvo una balanza negativa de aproximadamente
4.500 millones de dólares. Este año, estimamos, va a estar en equilibrio, pero
hacia 2030 va a haber una balanza positiva de aproximadamente 12.000 millones
de dólares y esto va a constituir al sector energético como el segundo sector
generador de divisas de la economía argentina. Claramente la Argentina tiene
una necesidad primero desarrollo y segundo de diversificación de su matriz
exportadora en otros sectores que no dependen y no estén concentrados fundamentalmente
en el agro. Hoy estamos atravesando la peor seca de los últimos 100 años y esto
está golpeando a la macroeconomía argentina. Ya con un sector energético
encaminado y desarrollado, esto va a permitir otra robustez de la matriz
exportadora y de la macroeconomía.”
Todas las petroleras están
ilusionadas con el gasoducto, incluida la alemana Wintershall Dea, que es socia
de Total, YPF y PAE en un par de áreas de Vaca Muerta que opera la firma
francesa. En Buenos Aires, su director general, Manfred Boeckmann, analiza el
impacto del ducto en línea con la secretaria de Energía: “El nuevo gasoducto es
un proyecto de transformación para la Argentina porque a través de la
ampliación de la capacidad del sistema de transporte de gas reducirá las
importaciones de gas de Bolivia, de GNL y de combustibles líquidos,
particularmente, en el alto consumo durante los inviernos, lo que llevará a un
autoabastecimiento en el futuro. De esta manera, el país puede aprovechar sus
abundantes recursos locales, pero no sólo va a suministrar todas las zonas de
demanda doméstica, sino también va a significar un ahorro importante evitando
las importaciones caras que resultan del contexto mundial. Al mismo tiempo, la
nueva infraestructura atraerá nuevas inversiones que van a aumentar la
producción local de gas. Con lo cual, si el cuelo de botella desaparece,
también habrá volúmenes de gas adicionales disponibles para la exportación”.
En principio, habrá más fluido para
Brasil y Chile, “pero a largo plazo hay algunas oportunidades para exportar
fuera de la región”; comenta Boeckmann. “Creemos que la exportación de GNL es
una gran oportunidad a largo plazo de la Argentina, que le posibilitará
potenciar sus recursos naturales mientras sea posible”, se entusiasma el
ejecutivo oriundo de Hamburgo, Alemania. Wintershall Dea está analizando la
idea de instalar una planta de GNL, pero depende de varias condiciones. “En
principio creo que el sector energético de este país está capacitado para
realizar este proyecto. Pero el desafío de la Argentina, una vez más es con la
propia Argentina, porque en este tipo de proyectos con gran envergadura son más
importantes las condiciones del contexto, como las macroeconómicas y
regulatorias, para así conseguir la cantidad significativa de financiamiento que
se requiere. Estamos monitoreando estas condiciones de manera de tener claridad
sobre las alternativas y estar listos para avanzar con aquellas que sean
factibles en este momento. Ya hay algunos proyectos o iniciativas en los cuales
se está avanzando y Wintershall Dea está interesada en participar en esta etapa
de análisis. Porque para nosotros es evidente que en las próximas décadas el
mundo necesita más fuentes de energía relativamente bajas en carbono, un futuro
con una matriz energética más limpia”, sostiene Boeckmann, en contraposición
con aquellos ecologistas y científicos que no sólo reclaman eliminar el uso del
carbón y el petróleo sino que rechazan la idea del gas como combustible de
transición. Mientras, las tuberías del Néstor Kirchner se ultiman para que en
un mes comience a fluir por allí el gas adicional que extraigan Wintershall Dea
y las demás petroleras que invierten en Vaca Muerta.
LULA ALISTA CUMBRE PARA RELANZAR
UNASUR ANTE PREOCUPACIÓN POR FORTALECIMIENTO DE LÍDERES DE EXTREMA DERECHA EN
LA REGIÓN
El Presidente de Brasil prepara una
cita con mandatarios para el 30 de mayo en Brasilia, que tendrá la modalidad de
"retiro". Según la prensa local, el Palacio de Planalto “sigue con
preocupación el fortalecimiento de líderes y partidos de extrema derecha en
países vecinos, con énfasis en Argentina, Chile y Paraguay".
La Tercera de Chile
(https://bit.ly/42Vu5Fh)
El Presidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, prepara una cumbre con sus pares de la región el 30 de mayo en
Brasilia, con el fin de revivir la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) como
un mecanismo regional influyente. Así lo dio a conocer el diario O Globo, que
señaló que el inquilino del Palacio de Planalto está enviando cartas a los
mandatarios para invitarlos a un encuentro al estilo de “retiro” en Brasilia,
con menos formalidades, delegaciones restrictivas y más intimidad para
conversar entre los jefes de Estado.
Según fuentes diplomáticas que
conversaron con el periódico carioca, prácticamente la totalidad de los
presidentes sudamericanos ya han confirmado su presencia en el evento, que se
realizaría en el Palacio de la Alvorada. El Presidente de Chile, Gabriel Boric
tiene considerada su asistencia a la reunión.
La Unasur fue creada en 2008 como
impulso a la integración regional en materia de energía, educación, salud,
ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Brasil suspendió su
participación en la organización en 2019, al mismo tiempo que Colombia, Perú,
Chile, Paraguay y Argentina, países que en ese momento se encontraban en manos
de gobiernos conservadores. Más tarde también la abandonaron Ecuador y Uruguay.
Tras abandonar el organismo, el
gobierno de Lenín Moreno en Ecuador decidió ocupar el edificio construido
expresamente en 2012 a las afueras de Quito para albergar la sede de la
organización y retirar la estatua que había a sus puertas de Néstor Kirchner,
el fallecido presidente argentino que fue el primer secretario general de la
Unasur y que también dio nombre al edificio. La estatua está hoy en el Centro
Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires.
Los mandatarios conservadores
impulsaron también, en 2019, el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur),
una organización que en la actualidad no se encuentra muy activa. Al igual que
el Grupo de Lima, un organismo de contacto informal creado en el 2017 para
hacer frente a la crisis en Venezuela.
Sin embargo, con el retorno de Lula a
la presidencia, en enero pasado, Brasil retornó a mecanismos regionales como la
Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Mientras
que el Presidente argentino, Alberto Fernández, anunció a comienzos de abril
que Buenos Aires hacía oficial su regreso al organismo sudamericano.
“La Unasur desempeñó un papel
importante y vale la pena el esfuerzo de su relanzamiento con nuevas bases. Y
esas bases incluyen el resultado del diálogo con los países miembros, para que
todos consideren el formato adecuado. Vamos a trabajar en ese sentido”, dijo a
EFE el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante la
Cumbre Iberoamericana realizada en marzo en República Dominicana.
En la carta enviada por Lula, el
mandatario defendió la necesidad de “revitalizar la integración en América del
Sur”. Además, pidió “que se dejen de lado las diferencias en nombre de un
destino común, habla de la necesidad de cooperar en materia de defensa, salud e
infraestructura, entre otros temas, menciona los desafíos geopolíticos del
mundo actual, la importancia de buscar soluciones colectivas y de reposicionar
a América del Sur como actor en el tablero global”, indicó O Globo.
EL GOBIERNO DE ARCE PIERDE APOYO
CERCADO POR LA CRISIS DE LA DROGA Y LOS DÓLARES
La escasez de combustible y de
divisas está paralizando a la economía de Bolivia. Las encuestas anticipan una
reducción dramática de las posibilidades electorales del MAS
Infobae de Argentina
(https://bit.ly/43hg5p7)
Por Humberto Vacaflor Ganam.- En el
territorio del Chapare, la policía encontró, en sólo tres días, 34 factorías de
cocaína y el ex presidente Evo Morales, líder de los productores de coca,
reaccionó acusando al gobierno de Luis Arce de estar dominado por la
corrupción.
El ministro de gobierno, Fernando del
Castillo, a quien el cocalero acusa de ser un agente de la DEA de Estados
Unidos, dijo que se trató del más grande operativo que se hace en Bolivia
contra el narcotráfico y que ahora se propone terminar su tarea.
Morales aseguró en radio Kausachum
Coca que en el próximo congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) propondrá la
expulsión definitiva de todos los militantes corruptos y afirmó que la
corrupción está destruyendo el gobierno de Arce.
El operativo policial destruyó 27
factorías donde se elaboraba la “pasta base” de cocaína (sulfato) y 7 fábricas
de clorhidrato de cocaína, la “diosa blanca”.
Los propietarios de las factorías de
sulfato estaban afectados ya por la escasez de combustibles, usados para la
reducción de las hojas de coca en fosas de maceración.
La escasez de diésel y gasolina fue
explicada por el vocero del gobierno, Jorge Richter, con mucha franqueza: el
Estado no tiene ahora los dólares suficientes para cubrir esas importaciones.
Los empresarios del sector legal de
la economía realizan protestas por la falta de combustible y cuando se proponen
importarlos ellos, chocan con el problema de no contar con dólares.
Esto está paralizando la economía,
denunciaron los empresarios, ante lo cual el gobierno dice que “pronto” se
normalizará la provisión de dólares.
Por el momento, incluso la
exportación de droga a bordo de avionetas piratas que operan desde pistas
clandestinas también está afectada, por la escasez de gasolina de aviación.
Todo se está paralizando.
El economista Antonio Saravia
califica como un absurdo que el gobierno, aquejado por la escasez de dólares,
no haya anulado la prohibición de exportaciones que dispuso para algunos
productos de la región de Santa Cruz, donde se critica las políticas del “centralismo
andino”.
La venta de dólares está muy
restringida y eso ha provocado una devaluación de facto de la moneda boliviana,
que se mantenía desde 2013 en una paridad de 6,96 con el dólar, y ahora sólo se
la puede adquirir en 8,10 en el mercado negro.
La moneda boliviana ha perdido
interés para el comercio regional a tal punto que en el norte argentino se la
rechaza y ha surgido el fenómeno de que algunos productos, como la carne de
cerdo, sea enviada, de contrabando, al Perú, donde el “sol” se mantiene estable
desde hace treinta años. En Perú, dicen los comerciantes, se puede vender
productos bolivianos y con mucha facilidad se cambian los soles por dólares.
La debilidad de la moneda boliviana
se refleja ahora en el encarecimiento de los productos que llegan desde los
cinco países vecinos y que solían ayudar a que se mantenga controlada la
inflación, que ahora se está disparando.
Según El Deber de Santa Cruz, ocho
productos de la canasta familiar tienen ahora precios más altos, como ser la
carne de res, de pollo, huevo, harina, azúcar y otros.
Estos precios suben no sólo porque
llegan más caros del exterior, sino también porque algunos de esos productos
son llevados de contrabando a países vecinos por comerciantes que buscan los
dólares.
Difíciles días para el economista
Luis Arce que solía ufanarse de haber logrado la “bolivianización” del sistema
financiero al reducir el uso dólar en los ahorros y los créditos. Acaba de
descubrir que la economía boliviana sigue muy dolarizada: las casas se cotizan
en esa moneda, los alquileres también, así como los autos.
Una señora que tiene 18.000 dólares
en un banco local nos dijo que debe esperar 45 semanas para recuperarlos,
porque sólo le permiten retirar montos de 200, dos veces por semana.
Los que tenían su dinero en el banco
Fassil, cerrado por el gobierno, y que tenían 556 millones de dólares, han sido
avisados que los podrán recuperar desde otros bancos, pero en moneda nacional,
con el cambio oficial.
Esto mismo hizo el gobierno de Hernán
Siles Zuazo en 1982 y se llamó “desdolarización”, porque el precio del estaño
se había caído tanto que fue eliminado de las cotizaciones de la Bolsa de
Metales de Londres.
Ahora, la crisis de los hidrocarburos
ha provocado que las exportaciones caigan en 800 millones de dólares en los
primeros tres meses del año y las exportaciones de gas natural a la Argentina
se hayan reducido en 16%.
La “nacionalización” del petróleo
dictada por Evo Morales y Luis Arce en 2006 provocó que cayeran las inversiones
petroleras y ahora Bolivia no tenga gas, que se agotará en dos o tres años.
El MAS ha creado una crisis económica
que está reduciendo dramáticamente sus posibilidades electorales, según
anticipan las encuestas.
VATICANO ENVÍA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN A BOLIVIA
La Conferencia Episcopal local,
consciente de la gravedad de la situación, solicitó la presencia de uno de los
hombres de confianza del Papa en la materia
El País de España
(https://bit.ly/3MObIfM)
El País publicó el diario del difunto
jesuita Alfonso Pedrajas, quien había documentado el abuso homosexual de
decenas de niños bolivianos. La indignación es muy grande, sobre todo porque el
régimen socialista en Bolivia está en una relación tensa con partes de la
iglesia. Desde entonces, apenas ha pasado un día sin que aparezcan nuevos
acusadores. También se amplía el círculo de jesuitas contra los que se levanta
la acusación de pederasta. Sin embargo, todos estaban activos en un mismo
internado en Chochabamba.
Las autoridades eclesiásticas y
seculares ya han hecho numerosas declaraciones. En algunos lugares hubo incluso
protestas. Ahora el Vaticano está respondiendo. La Santa Sede envía una
comisión de investigación a Bolivia para investigar el caso pederasta de
Pedraja y otros hermanos del Papa Francisco en la orden de los jesuitas . El
Fiscal General de Bolivia ya registró la casa de los jesuitas bolivianos para
obtener cualquier documento que pudiera ayudar a aclarar las acusaciones.
Como se dice en el contexto de la
Conferencia Episcopal Boliviana , la comisión probablemente ya llegará hoy al
país sudamericano. Para mañana está previsto un primer encuentro con los
obispos en Cochabamba.
Hasta el momento, la Fiscalía General
ha recibido al menos ocho denuncias de pederastia, no solo contra el padre
Pedrajas. Otros sacerdotes son criticados, como los jesuitas Luis María Roma,
Carlos Villamil y Francesc Peris. Peris parece haber sido una excepción entre
los abusadores homosexuales. También se dice que abusó sexualmente de niñas.
Lo que tienen en común todos los
presuntos autores es que son jesuitas y españoles. Y hay algo más en común:
todos los cargos se refieren al reformatorio Juan XXIII , regentado por
jesuitas.en Cochabamba. A principios de la década de 1970, esta escuela había
sido convertida de una escuela de élite en una "escuela para todos"
por los jesuitas con una teología de la liberación. Sin embargo, con la
apertura a los estratos socialmente más débiles, el abuso sexual aparentemente
también explotó. Los informes presentados hasta el momento se refieren a
finales de los 70 y especialmente a los 80. En total, se han hecho acusaciones
contra once jesuitas. Uno de los principales fiscales es el ex jesuita
paraguayo Pedro Lima. Dijo a los medios que tenía "pruebas sólidas"
contra los jesuitas acusados. La orden de los jesuitas le pidió que diera
nombres.
Pedro Lima había sido expulsado de la
orden de los jesuitas. Según él, porque había denunciado las fechorías de sus
hermanos. Como era de esperarse, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS
), encabezado por el cocalero Evo Morales, se ha subido al carro de la
acusación a la Iglesia. Una organización de derechos humanos cercana al MAS se
reunió con Lima. El presidente Luis Acre (MAS) habló de la necesidad de
convocar una "comisión de la verdad" para atender las denuncias.
Varios de los jesuitas informados ya
han muerto: Pedrajas murió en 2009, Luis María Roma en 2019, Carlos Villamil en
enero de 2023. Los procedimientos de derecho canónico contra los muertos están
fuera de discusión. Sin embargo, es posible una revisión.
Según Pedro Lima, el jesuita Antonio
GC apenas podía moverse hacia el final de su vida. Sin embargo, sus amigos
enviaron niños para cuidarlo, de quienes abusó descaradamente. Se sentía
"seguro" porque tenía excelentes contactos con los más altos jueces y
fiscales del país.
El catalán Francesc Peris, que
durante décadas dio clases en un internado de Barcelona, donde ganó notoriedad
bajo el sobrenombre de "Sexpenis", fue destituido de su cargo en
2005. Solo estuvo en Bolivia durante un año en la década de 1980, pero también
fue sexualmente activo allí, según el anuncio. También trabajó en el
reformatorio Juan XXIII , lo que alimenta la sospecha de que el internado era
conocido en ciertos círculos jesuitas como un lugar "adecuado" para
vivir perversiones sexuales. No está claro si Peris sigue vivo.
El Sindicato de Docentes Católicos de
Bolivia emitió un comunicado el sábado pidiendo una investigación imparcial,
independiente y completa de las denuncias. Al mismo tiempo, advirtió contra la
sospecha general de las instituciones educativas católicas, porque eso crearía
nuevas víctimas, a saber, los niños que asisten a estas instituciones y pueden
ser despojados de su educación.
En casos similares en el pasado,
Mons. Charles Scicluna, Arzobispo de Malta y Secretario Asociado del Dicasterio
para la Doctrina de la Fe ( anteriormente Congregación para la Doctrina de la
Fe), y su discípulo y colaborador más cercano, Mons. Jordi Bertomeu, ha sido enviado.
Scicluna se hizo bajo Benedicto XVI. un nombre como un cazador de pedófilos.
Sin embargo, no se ha anunciado nada sobre los integrantes de la comisión que
estará activa en Bolivia.
'SOLO PIDO JUSTICIA': DIARIO DE UN
CURA CON CONFESIÓN DE ABUSOS SEXUALES DESATA INVESTIGACIÓN EN BOLIVIA
La Nación de Argentina
(https://bit.ly/45jIjBt)
Las autoridades bolivianas están
investigando si algún funcionario de la Iglesia Católica en el país debe rendir
cuentas luego de la publicación de un diario de un difunto sacerdote jesuita
que contenía múltiples confesiones de abuso infantil.
El caso ha desencadenado denuncias de
exalumnos sobre otros abusos en escuelas dirigidas por religiosos en Bolivia,
incluidas las de jesuitas, pero también de dominicos, franciscanos y otras
órdenes.
Las revelaciones, publicadas por
primera vez por el diario español El País en abril, documentaron abusos
cometidos por Alfonso Pedrajas, conocido como el padre Pica, un sacerdote
español que vivió durante años en Bolivia, donde dirigía escuelas para
comunidades marginadas.
Tras su muerte en 2009, su sobrino
encontró en su computadora un diario de 300 páginas donde Pedrajas confesaba
haber abusado sexualmente de decenas de menores alrededor de la década de 1970,
según El País.
En el diario, Pedrajas escribió que
había hablado con sus superiores sobre lo que había hecho pero no hicieron nada
al respecto.
El fiscal general de Bolivia está
investigando el caso y analizando si se debe responsabilizar a algún
funcionario de la Iglesia.
Desde que se publicó el diario, unas
200 personas en Bolivia se han presentado para decir que Pedrajas u otros
sacerdotes abusaron de ellos, con protestas frente a las oficinas de los
jesuitas.
Los fiscales allanaron algunas
escuelas y edificios jesuitas como parte de las investigaciones preliminares
sobre las acusaciones y detuvieron a dos sacerdotes.
"Solo pido justicia, para que
nunca se repitan actos agresivos y abominables contra los indefensos",
dijo a Reuters Carlos, de 52 años, quien dijo haber sido abusado por Pedrajas
cuando era estudiante en la escuela Juan XXIII de Cochabamba.
“Estoy dispuesto a arriesgarlo todo.
Algunas personas preguntan: '¿por qué ahora?' Les digo que sus preguntas
duelen, no tienen sentido porque no saben el calvario que vivimos”.
Bernardo Mercado, un jesuita
boliviano que habló por la orden, dijo que el organismo estaba buscando
aclaraciones sobre las denuncias y estaba cooperando con las autoridades.
“No tengo absolutamente ninguna razón
para obstruir la investigación y confío plenamente en el fiscal general”, dijo.
Ricardo Centellas, vicepresidente de
la Conferencia Episcopal Boliviana, dijo que la Iglesia está dispuesta a
cooperar en cualquier investigación.
“Esperemos los resultados, para saber
cuáles son los delitos para que los responsables reciban la sentencia
correspondiente”, dijo.
El viernes, el gobierno de Bolivia
dijo que en el futuro exigirá verificaciones de antecedentes del Vaticano para
cualquier enviado religioso que vaya en misión al país.
En una de las protestas, la activista
América Maceda dijo que era importante que tanto las personas como las
instituciones rindan cuentas.
“Exigimos justicia para las víctimas.
No solo contra quienes cometen estos hechos, sino también contra quienes
sistemáticamente los encubren”, dijo.
PEAJE EN LA HIDROVÍA: BRASIL, URUGUAY
Y BOLIVIA SOLICITARON A LA ARGENTINA QUE DEJE DE COBRARLE “RETENCIONES” A
PARAGUAY
Revista Bichos de Cambio de Argentina
(https://bit.ly/3ootHjA)
Brasil, Uruguay y Bolivia se sumaron
al pedido de Paraguay para que la Argentina deje de aplicar de manera
unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada al transporte de
cabotaje que circule por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía
del Paraná, que es por donde pasan las barcazas con soja paraguaya que luego se
embarcan en terminales portuarias de la zona de influencia de Rosario.
El costo del nuevo peaje, tal como
sucede con la tarifa de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada en
el tramo inferior del Paraná, debe ser descontado por las empresas exportadoras
del precio de la soja recibido por los productores paraguayos, lo que implica
que se transformó, en los hechos, en una “retención” aplicada por un país a
otro del Mercosur.
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, se
llevó a cabo este viernes la LVIII Reunión de la Comisión del Acuerdo de la
Hidrovía Paraguay-Paraná en la que Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay abordaron temas inherentes al proceso de integración regional del
transporte fluvial internacional regulado por el Acuerdo de Santa Cruz de la
Sierra de 1992.
Entre los temas tratados se incluyó
el del peaje y el representante de Paraguay reiteró que el mismo constituye un
gravamen sobre el transporte internacional sin acuerdo de los países, que es discriminatorio
y no responde a servicios efectivamente prestados a la navegación en
contravención al acuerdo, los entendimientos y prácticas regionales que hacen
de la Hidrovía.
Los delegados de los demás países
solicitaron a la Argentina abstenerse de adoptar medidas que atenten contra la
normativa acordada en la Hidrovía Paraguay-Paraná y expresaron la disposición
de encontrar una solución en el marco del respeto del derecho internacional.
Las delegaciones de Paraguay, Brasil,
Uruguay y Bolivia coincidieron en la necesidad de analizar la información
técnica proporcionada por la delegación argentina el 16 de mayo de 2023, a fin
de su evaluación conjunta en el ámbito de la Comisión del Acuerdo en un plazo
no mayor de 15 días, y reafirmaron la solicitud de suspender la aplicación de
las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte argentino
hasta tanto se agote el tratamiento del asunto.
Los delegados de los cuatro países
sostuvieron que la aplicación del peaje significa una afectación directa a los
agentes económicos que utilizan la Hidrovía, que hasta la fecha ya ocasionó
perjuicios económicos considerables al comercio intrarregional, que tendrán que
ser cuantificados a efectos de su eventual compensación.
La Cámara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) estima que el sobrecosto
generado por el peaje para el comercio exterior del país sería de unos 40
millones de dólares anuales. Se trata de una cifra que, para una nación pequeña
como Paraguay, es mucho dinero.
ANUNCIAN QUE BOLIVIA SUMINISTRARÍA
ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS TOLDOS, EN SALTA
En diálogo con Nuevo Diario, el
director de Energía Eléctrica de Salta, Jorge Giubergia, habló en relación al
encuentro que se desarrolló con los representantes de la Empresa Nacional de
Electricidad Bolivia (ENDE), y la posibilidad de provisión para algunos pueblos
de Salta.
Nuevo Diario de Salta, Argentina
(https://bit.ly/42YiYv5)
Hubo una reunión entre responsables
de Relaciones Internacionales de Salta, instituciones públicas y privadas del
ámbito energético de la Provincia de Salta, y la Empresa Nacional de
Electricidad Bolivia (ENDE).
El motivo del encuentro fue avanzar
en la integración energética de la Provincia con el vecino país de Bolivia.
En ese sentido, hubo dos puntos sobre
los que giró el encuentro, uno en torno al interés de seguir desarrollando
proyectos de mutuo interés, entre los que se destacan la constitución de una
nueva línea de 500 kV en extra alta tensión, entre Yaguacua, Tarija y San
Juancito, Jujuy, pasando por Tartagal.
Este proyecto despierta el interés
desde el sector boliviano porque implicaría una línea de comercio energético
directo con territorio argentino.
Y el otro punto fue la posibilidad de
que el lado boliviano provea de energía a pequeños poblados fronterizos como el
municipio de Los Toldos, entre otras pequeñas localidades.
Este proyecto según Giubergia es de
principal interés para el gobierno salteño porque solucionaría uno de los
principales reclamos en la zona, donde actualmente la mayoría del
abastecimiento es a través de paneles solares o plantas de generación de energía
de Edesa a pequeña escala.
En el caso de Los Toldos, localidad
de mayor densidad demográfica, la energía se genera por parte de una planta que
funciona con combustible. Todas las semanas Edesa debe realizar trámites de
exportación e importación para abastecer de combustible a esta planta - dado
que para llegar a la localidad hay que salir al lado boliviano para volver a
entrar - y el servicio no es el óptimo como el que tienen los grandes centros
urbanos.
En ese sentido, según especificó el
funcionario provincial, se ha logrado concretar dos comisiones para el avance
en esta línea. Una técnica, evaluando los alcances del proyecto y una legal,
formulando los aspectos necesarios para avanzar en estos convenios. Este, según
señaló el funcionario, es de los principales inconvenientes para avanzar.
Solución a los poblados
"Venimos trabajando hace
bastante tiempo en esto. Desde la Provincia tenemos la iniciativa para comenzar
a darles solución a todos estos poblados. Esa solución se materializa con
intercambios de energía de media tensión, pero hay que circunscribir toda la
normativa. De hecho, sería la primera vez en todo el país que se da un
intercambio de media tensión entre países", detalló Giubergia.
El hecho es de que toda la normativa
legal vigente que habilita el comercio de energía está pensado para grandes
cantidades y no estipula qué hacer con líneas de media y pequeña tensión, qué
es lo que solucionaría el problema de abastecimiento de Los Toldos y los
poblados aledaños.
EL JOVEN FALLECIDO EN ARGUEDAS: PADRE
DE UNA HIJA DE 3 AÑOS Y TRABAJADOR DE AN AVÍCOLA MÉLIDA
Jhosmar Alex Zeballos Huanca era
natural de la ciudad boliviana de Cochabamba y lleva seis años en Navarra
Noticias de Navarra, España
(https://bit.ly/3IyZEwu)
El conductor fallecido este domingo
en un accidente de tráfico en Arguedas, Jhosmar Alex Zeballos Huanca, de 28
años y vecino de Murillo el Fruto, era natural de la ciudad boliviana de
Cochabamba, situada en el centro del país andino.
El joven llevaba afincado en Navarra
unos seis años y en la actualidad vivía con una tía materna en Murillo el
Fruto, mientras que en Carcastillo vive un tío paterno. Era padre de una niña
de 3 años, con la que estuvo el fin de semana en Tudela.
Según sus familiares, cuando se
produjo el fatídico accidente de tráfico en la noche de este pasado domingo,
Jhosmar Alex Zeballos se dirigía desde la capital ribera a trabajar en AN
Avícola Mélida, en la que llevaba tiempo empleado.
Muy aficionado a la informática,
tenía un hermano menor, de 26 años, que vive en Bolivia con su madre, que
viajará a Navarra para realizar los trámites para la repatriación de sus restos
mortales. Su padre falleció en 2019.
DIRECTOR DE HUMAN RIGHTS WATCH:
“BOLUARTE DEBE RECONOCER QUE HUBO VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LAS
PROTESTAS”
César Muñoz, director asociado de la
División de las Américas de la organización internacional, sostiene que la
posibilidad del diálogo se frustra mientras el gobierno se niegue reconocer su
responsabilidad en la represión que dejó más de 49 muertes. Además, resalta la
necesidad de la conformación de una comitiva internacional de expertos que
ayuden con la mediación de la crisis.
Infobae de Argentina
(https://bit.ly/3OzfECn)
El Perú vive un clima de
polarización, caída institucional y conmoción desde que entre diciembre del año
pasado se sucedieron, en menos de dos meses, las muertes de 49 civiles, entre
los que se incluyen ocho adolescentes. La mayoría de ellos falleció tras ser
heridos por proyectiles que fueron disparados por armas oficiales de las
fuerzas del orden. Ante esto, reconocidos organismos internacionales como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y, más
recientemente, la ONU han señalado que hay evidencias contudentes del uso letal
y desproporcionado de la fuerza ejercida por la Policía y el Ejército contra
los manifestantes que protestaron clamando por nuevas elecciones. Además, los
informes enfatizan en que el gobierno de Dina Boluarte no ha presentado
evidencias de que las marchas estén relacionadas con el terrorismo o
actividades ilícitas, como constantemente han argumentado a fin de evitar
responder por sus responsabilidad política.
En entrevista para Infobae Perú,
César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de la
organización internacional Human Rights Watch sostiene que resulta complicado
que el gobierno establezca un diálogo con las víctimas de la represión mientras
no se reconozca que tuvo responsabilidad por el alto número de muertes. Esto porque,
según argumenta, a fines del 2022 ya existían evidencias de violaciones contra
los derechos humanos, pero la gestión de Boluarte no tomó acciones para impedir
que hechos como la masacre de Juliaca, donde murieron 17 personas en un solo
día, ocurrieran, pese a que ya había advertencias de la comunidad nacional e
internacional.
En el informe de Human Rights Watch
ustedes recomiendan al gobierno, entre otras cosas, poner fin a la
estigmatización contra los manifestantes. ¿Consideran actualmente que esto se
está cumpliendo?
Yo creo que esa recomendación sigue
vigente. Yo no he visto declaraciones sobre las protestas del gobierno desde
que publicamos el informe, entonces no te puedo decir si lo están cumpliendo o
no, pero diría es que es muy importante que el gobierno respete el derecho a la
protesta pacífica, que tienen todos los peruanos y las peruanas.
Y las personas que han salido a las
calles tienen demandas legítimas que deberían ser discutidas a nivel nacional.
Debería haber un diálogo nacional sobre esto. Y estigmatizar a las personas,
asociarlas con el terrorismo, sin ninguna evidencia, es muy perjudicial.
Para citarle un ejemplo, hace un par
de días la presidenta se refirió a los fallecidos, pero trasladó la
responsabilidad hacia su antecesor Pedro Castillo. Y también se refirió a los
manifestantes como piquetes enviados por el expresidente, financiados por el
narcotráfico y actividades legales.
Sí, lo que diría es que el gobierno
insiste en tratar a los manifestantes como delincuentes. Y eso es muy perjudicial
porque realmente lo que sabemos es que, en realidad, la mayoría de las
protestas fueron pacíficas. Ese es el registro que hizo la Defensoría del
Pueblo.
Obviamente sí hubo actos de violencia
por parte de grupos de manifestantes, pero no fue la mayoría de la gente. Y esa
violencia por parte de los manifestantes se tenía que responder de forma
proporcional y dirigida solo a esas personas.
Y lo que vimos en la respuesta del
Estado fue una respuesta desproporcionada, indiscriminada, contra cualquiera que
estaba allá y brutal que resultó en una tragedia.
El informe de Human Rights y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cataloga las muertes masivas
que ocurrieron en Ayacucho y Juliaca como posibles ejecuciones extrajudiciales
y masacres, pero el gobierno calificó el uso de estos términos como
“simplistas. ¿Qué opinión tienen respecto a ello?
Sería muy importante que el gobierno
reconozca que ha habido abusos de derechos humanos porque toda la evidencia es
contundente y viene de muchas fuentes. Está nuestro informe, pero hay otros que
llegan básicamente a la misma conclusión.
El peor ciego es el que no quiere
ver. Y el gobierno ha tenido una ceguera voluntaria de mirar para otro lado
cuando ocurrían estos abusos.
Y el segundo paso es qué hacemos para
que no vuelvan a ocurrir y para que haya justicia en esos casos. Eso es
fundamental.
Obviamente la cuestión de la
investigación penal es muy importante para encontrar responsabilidades, pero
también son necesarias medidas de reforma, por ejemplo, de la Policía, para que
no vuelvan a ocurrir estos abusos. Y en eso el gobierno está absolutamente
callado.
No ha dicho a la sociedad cómo va a
prevenir que en futuras manifestaciones y protestas que puede haber en Perú, es
lógico pensar que pueden haberlas, no se van a repetir estos hechos. Eso es una
respuesta muy importante que el gobierno tiene que dar. Claro, entiendo.
Ahora que menciona el acceso a
justicia, en base a la información que ustedes han revisado y las conversaciones
que han tenido con las víctimas, ¿consideran que las investigaciones fiscales
se están desarrollando de manera independiente, como constantemente el gobierno
señala?
Nuestro informe identifica graves
problemas con las investigaciones. En los momentos iniciales especialmente. Hay
algunos casos, por ejemplo, el hecho de que no hiciesen las pruebas de
absorción atómica en las manos a las fuerzas de seguridad, un tipo de prueba
que si no se hace en las primeras horas se pierde. Es la prueba que va a demostrar
si una persona disparó un arma de fuego o no.
También vimos que en algunos lugares
la Fiscalía no fue a recoger las imágenes de las cámaras de seguridad. Y eso
también puede ser problemático porque esas imágenes no se quedan grabadas
permanentemente. Depende del sistema, del propietario, pero cuesta mucho
guardar todo. No ocurre así, por eso hay que ir a por ellas.
También vimos que no decomisaron las
armas de las fuerzas de seguridad. Entonces, para los informes de balística son
imprescindibles.
Human Rights Watch también recomienda
al gobierno invitar a un grupo de expertos internacionales que ayude en la
mediación de la crisis.
Ahora, la Fiscalía puede y debe
investigar imparcialmente y exhaustivamente lo que ocurrió. Y no solo a las
personas que dispararon, sino a sus superiores y a las autoridades civiles que
permitieron que eso ocurriera. Nosotros creemos que en ese sentido es
fundamental que el gobierno invite a un grupo de expertos internacionales para
coadyuvar en esas investigaciones.
Estos grupos de expertos han
funcionado muy bien en otras ocasiones, en otros países. En una situación
parecida en Bolivia, donde hubo protestas y muertes también hicieron un informe
excelente que ayudó, es el informe de referencia de lo que ocurrió en esos
hechos. Entonces, nosotros instamos al gobierno a que haga ese pedido porque no
puede ocurrir si el gobierno no invita a este grupo, que estaría enmarcado en
un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA).
¿Y qué organizaciones o expertos
participarían en una comisión de este nivel?
La forma en la que se ha organizado
en otros lugares ha sido a través de un acuerdo por escrito entre el gobierno,
la OEA y la CIDH, en la donde se determina el mandato de este grupo y la
elección de las personas que van integrarlo.
Estas personas no representan
organizaciones, están a título personal y son especialistas en derechos humanos
de gran reputación.
Por ejemplo, en el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia estaba Juan Méndez,
que ha sido relator de la ONU sobre tortura. En el grupo de México estaba
Francisco Cox, un abogado chileno de gran reputación de derechos humanos, por
ejemplo. Estas personas son escogidas por ser imparciales y por tener una
trayectoria en materia de DD.HH.
¿Considera que esto es vital porque
el diálogo dentro de Perú, entre la población, instituciones y gobierno está
quebrado?
Yo creo que Perú está en un momento
de muchísima polarización y es verdad que ha tenido comisiones de investigación
en el pasado. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al
final era una comisión de investigación o el grupo que dirigido por Mario
Vargas Llosa tras la muerte de los periodistas de Uchuraccay.
En Perú realmente hay juristas muy
valiosos y con una experiencia excelente, pero el problema es la polarización y
creo que sería muy difícil escoger a personas dentro de Perú que no fuesen
criticadas por uno u otro lado. De ahí la idea de escoger a personas de fuera
que sean imparciales, pero que tengan una experiencia reconocida en temas de
derechos humanos. Hay personas en América Latina que pueden hacer este papel.
Hay un aspecto que llama la atención
del gobierno, que por un lado invitan oficialmente a organismos internacionales
como la CIDH, por ejemplo, y la ONU más recientemente. Y tienen esta apertura
de darles información, de enviarlos con tales y tales autoridades, pero
finalmente tras la publicación de los informes y la emisión de las
recomendaciones o conclusiones, no las adaptan. ¿Esto debe generar preocupación?
No sé si ustedes lo han identificado.
No qué pasa por la cabeza de las
personas en el gobierno, ni sus objetivos, no puedo interpretar eso. Lo que sí
que diría es que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
es un informe muy valioso, que tiene recomendaciones importantes que deberían
ser adoptadas por las autoridades en nuestro juicio.
Ahora, yo creo que ahí está el papel
de la sociedad peruana y nosotros también, de pedir y presionar al gobierno
para que adopten esas medidas.
Y nosotros sabemos que, primero, la
Fiscalía puede tardar mucho tiempo en estas investigaciones, pues son muy
complejas. Por ejemplo, el caso de Inti y Brian, los dos jóvenes que murieron
en las protestas de 2020, continúa impune. Y entonces fueron solo dos muertes y
aquí estamos hablando de 49. Entonces, la respuesta que puede dar la fiscalía
puede demorar y en cierta medida es entendible porque es una investigación
compleja, pero no se puede quedar simplemente en eso.
Hay una cuestión de un evento
traumático en la historia residente del Perú que necesita respuestas y necesita
acciones inmediatas para prevenir que vuelva a ocurrir, para que haya, digamos,
una rendición de cuentas, incluyendo de los problemas estructurales que
llevaron a las muertes y a la violencia. Eso va más allá de la cuestión de las
investigaciones penales.
Por eso yo insisto que hay un papel
importante de este grupo de expertos independientes, para que ayuden a
identificar esos problemas estructurales y presentar recomendaciones para
fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de Perú. Eso
va más allá de lo que es una investigación penal.
¿Es lo que demanda este momento
histórico en el Perú, que está viviendo la sociedad peruana?
Yo creo que sí, es un momento muy
delicado de la historia de Perú. Tiene que haber respuestas adecuadas en este
momento porque si no las hay va a convertirse en un peso en la historia de
Perú. Va a ser siempre un momento en el que vamos a mirar atrás y dijimos, mira
lo que pasó y no se hizo nada, no hubo cambios. Hubo impunidad. Eso sería
terrible para Perú. Terrible.
Y continuaría con la división en la
sociedad. Lo que es necesario es justicia, primero.
Quien haya violado la ley tiene que
responder por eso, de todos los lados, más allá de cualquier ideología
política, eso es irrelevante.
¿A estas alturas consideran que el
gobierno ha condenado enfáticamente las muertes ocurridas más allá del discurso
o aún se queda corto en ese aspecto?
El gobierno numerosas veces ha dicho
que lamenta las muertes y obviamente hay que lamentarlo, pero lamentarlo no es
suficiente. Yo lamento las muertes, pero voy a hacer algo para que no ocurran
más. O voy a hacer algo para que haya justicia. Ese segundo paso es donde se
está quedando corto.
¿Y reconocen iniciativas de diálogo?
Es fundamental que haya diálogo, un
diálogo nacional en Perú. Y también regional a nivel de las distintas regiones
y lugares porque hay también quejas y reivindicaciones que son específicas de
los lugares.
Pero yo creo que para que haya ese
diálogo primero el gobierno tiene que dar unos pasos previos. Uno, un paso
previo es reconocer la violación de derechos humanos. Pues si no lo reconoce,
la gente que ha sufrido esos abusos no va a querer dialogar. O sea, ni siquiera
reconocen que hubo esas violaciones y en el discurso público se trata a los
muertos con sospecha en muchos lugares, como si fuese culpa de ellos que
murieron.
Eso es lamentable y las familias
están profundamente frustradas y enfadadas por eso, por ese trato que se hace a
los fallecidos. Volviendo a la idea inicial, el gobierno tiene que dar esos
pasos iniciales y después, dado el clima de polarización del país, nosotros
creemos que sería imprescindible tener una mediación en ese diálogo, que podría
venir de agencias de la ONU, agencias regionales o la comunidad internacional.
En cualquier gobierno o sociedad
democrática, ese alto número de muertes, entre las que lamentablemente se
incluyen ocho adolescentes, sostener un gobierno sería casi imposible. Desde su
percepción y experiencia,¿qué es lo que permite que en Perú suceda algo tan
extraordinario?
Eso realmente va más allá de lo que
sería nuestro expertise. Lo que sí me parece es que Perú está en un momento muy
delicado, no solo por las muertes que ocurrieron sino también porque hay una
degradación del sistema democrático en el país y lo estamos viendo con las
recientes decisiones del Congreso, la decisión de nombrar a un defensor del
Pueblo que no tiene trayectoria en derechos humanos, que es una persona de
cariz político para dirigir una institución que debería ser imparcial y velar
por los derechos humanos, que hizo un trabajo excelente durante las protestas.
Realmente es un intento de
neutralizar a la Defensoría, en lugar de cerrarla, la quieren acallar. Eso es
muy preocupante.
Y también la ley mordaza, que es un
intento de intimidar a la prensa.
Finalmente ¿Hay responsabilidad
política del gobierno de Boluarte sobre las muertes? Usted mencionó un término
que es “mirar al costado” mientras ocurrían.
Sí, para nosotros es claro que en
diciembre del año pasado ya había evidencia del uso desproporcionado de la
fuerza y de abusos. Nosotros lo dijimos en una nota de prensa que publicamos en
diciembre, después de lo que ocurrió en Ayacucho. Pero lo dijo la Unión Europea
también y lo dijeron muchísimas voces dentro del Perú.
Ahora el gobierno no puede decir que
no sabía y en ese momento no tomó medidas adecuadas para prevenir más muertes.
Eso es muy lamentable porque con una acción decidida en aquella época tal vez
no habría habido tantas muertes como hubo.
*POBRE PERÚ: Y AHORA CON UNA
USURPADORA MATA-INDIOS*
_*CUBA SI*_
Muy atenta al descabezamiento de los
dirigentes que se opusieron a la usurpación de su gobernanza, la presidenta
interina de Perú, Dina Boluarte, ha hecho aprobar por el tan abyecto como
sumiso Congreso la entrada de tropas norteamericanas al país, con el fin de
entrenar a la policía y al ejército, cuyos oficiales en su mayoría ya lo habían
sido en el propio Estados Unidos.
Las tropas estadounidenses estarán
allí desde el primero de junio entrante hasta el 31 de diciembre de este año, y
su permanencia está justificada oficialmente por el secretario de la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las
Drogas, el legislador Alfredo Azorín, quien aseguró que no hay intención de
establecer una base militar en la nación suramericana.
https://bit.ly/43eo0U6
Esta decisión se llevó a cabo horas
después que la “justicia” peruana calificara de ilegal las protestas sociales y
a dos semanas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) documentara graves violaciones por militares y policías contra quienes
protestaban contra el Congreso y Boluarte, con la muerte comprobada de 69
personas que no portaban armas, entre ellas 48 indígenas, sin contar que otras
se encuentran desaparecidas.
La presidenta de la CIDH, Margarite
Muy Macula, incluso declaró que esas muertes podrían constituir ejecuciones
extrajudiciales» en Ayacucho, una de las regiones donde se registraron los
actos más cruentos.
Mientras, el relator especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, Clemente Ovule, coincidió en que hubo “uso excesivo” de la fuerza
contra las manifestaciones.
LEY MORDAZA
Los medios de comunicación en Perú
están controlados casi totalmente por la derecha, y en este contexto apenas
surgen opiniones discordantes contra quienes mantienen a las fuerzas
progresistas en un puño. En este contexto, el Congreso aprobó una denominada
Ley Mordaza que castiga a quienes difamen a los legisladores, en su mayoría
sospechosos de corrupción.
Ello toca no solo a periodistas de
izquierda, y los pocos que tratan de actuar honestamente desde los propios
órganos de derecha.
Desde Nueva York, el director de
programas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés), Carlos Martínez de la Serna, analizó las recientes amenazas al trabajo
periodístico en Perú: la pretensión del Congreso de elevar las penas por
difamación, el hostigamiento judicial a periodistas de investigación, así como
los ataques de grupos de extrema derecha, sin que el gobierno de Baluarte tenga
la voluntad para proteger su labor.
Ello ha sido particularmente intenso
con periodistas que se han atrevido a cuestionar la decisión de la mandataria
interina de gobernar por control remoto, pretendiendo hacerlo si puede viajar
al exterior, ya que no tiene a vicepresidente que dejar.
Hasta una Comisión del Congreso
aprobó tal deseo de Dina, que hasta un miembro de la nada progresista
Organización de Estados Americanos lo calificó de descabellado y sin
precedentes.
Lo cierto es que Dina Baluarte se
aferra a un poder avalada por todo lo peor que vive en la nación, complaciendo
a quienes intentan hasta ahora a mantenerla en el poder hasta el 2026, no
obstante, el rechazo de casi el 80% de la población, junto a un Congreso aún
más detestado.
Y todo va de la mano, porque Boluarte
ha mantenido a Perú como baluarte del neoliberalismo y de quienes han cometido
crímenes y latrocinios dentro y fuera del país.
Por eso no es raro que delincuentes
van y vienen desde el vecino Ecuador, mientras persigue a los indígenas que
tratan de mantener contactos con sus familiares de Chile y Bolivia.
Dina Boluarte se ha dispuesto a
actuar contra estos indígenas como lo hicieron Alan García y Alberto Fujimori,
dos mandatarios detestables, porque se sabe protegida por poderosos círculos
económicos y políticos internacionales.
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