BOLIVIA TOMA CONTROL DE PETROLERAS

BOLIVIA EVALUARÍA SALIDA DE GAS POR PUERTO PERUANO

ADVERTENCIA • El embajador del país altiplánico en Lima, Eloy Avila, sostiene que reconsiderarían su decisión si no se incluye su participación en anillo energético. En tanto, viceministro de Energía, Juan Miguel Cayo, descarta que se excluya al referido país.

La República de Perú (www.larepublica.com.pe)

El entusiasmo del gobierno peruano para conformar un anillo energético entre los países sudamericanos estaría por ensombrecerse. Bolivia replantearía su decisión de exportar sus reservas de gas natural a México y Estados Unidos a través del puerto de Ilo si el Perú avanza en el proyecto sin la participación de Bolivia.
El embajador de Bolivia en Lima, Eloy Avila, sostuvo que su país está muy preocupado, debido a que el Perú avanza en el proyecto energético que solucionará el problema chileno de abastecimiento de gas, pero se estaría dejando sin piso la demanda marítima del referido país.
Explicó que su gobierno analiza cuidadosamente su ingreso al proyecto ya que con ello Chile superará su problema del gas y Bolivia no tendría ninguna opción de discutir su histórica demanda de salida al Océano Pacífico con ese país. “El Perú se está precipitando en firmar memorandos con Chile, Argentina, Brasil y Uruguay para avanzar con el proyecto que excluye a Bolivia, pese a que es el principal proveedor de hidrocarburos del cono sur”, comentó a la agencia Andina.
El diplomático señaló que esta situación incomoda al gobierno boliviano porque limita sus posibilidades de negociación con Chile. Sin embargo, el funcionario reconoció que el impase se podría solucionar a través de un diálogo de alto nivel entre las autoridades correspondientes de Perú y Bolivia.
Este hecho ya había sido advertido en anterior oportunidad por el diario La República cuando se le consultó sobre el tema al ex ministro de Energía y Minas del Perú Carlos Herrera.
Por su parte, el presidente boliviano, Eduardo Rodríguez, evalúa si asistirá a la Cumbre Andina de Presidentes que se realizará en Lima el próximo 18 de julio.
Hay que indicar que diarios bolivianos informaron ayer que el presidente Rodríguez aprobó una estrategia para ingresar al anillo energético, aunque no se precisó cuál sería.
Preocupación
Ante esta noticia, el viceministro de Energía, Juan Miguel Cayo, expresó su sorpresa y preocupación y aclaró que la propuesta no excluye a Bolivia. El próximo 4 de julio se reunirán en Lima los técnicos para analizar la iniciativa, para lo cual también se ha invitado a los representantes de Bolivia y de Paraguay.
“El presidente Toledo conversó con su homólogo boliviano para invitarlo a participar en esta iniciativa, y obtuvo una respuesta positiva”, refirió.
Esencial
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros, dijo que para el Perú es esencial la participación del país altiplánico en la conformación del anillo energético mediante el cual nuestra nación proveerá de gas natural a los países del Mercosur y Chile. “No se está en la fase de decisión sino de estudio del proyecto”, aclaró.
El secretario permanente del Mercosur, Eduardo Duhalde, afirmó desde Bolivia que sería ridículo e inaudito pensar en un anillo energético si no estuviera Bolivia dentro del sistema de gasoductos.
Participación de Bolivia debe ser una condición
Aurelio Ochoa Alencastre, experto en temas energéticos y ex director general de hidrocarburos, señaló que en la próxima reunión que sostendrán los ministros interesados en la formación del anillo energético del sur, para examinar aspectos jurídicos, el Perú debe poner como condición la participación de Bolivia, país cuyas reservas de gas son cinco veces más grandes que las nuestras, para evitar alguna disputa entre ambos.
Si bien en la primera reunión que sostuvieron los ministros de Energía de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay el pasado 13 de junio, el presidente Alejandro Toledo se comunicó con su homólogo boliviano para informarle sobre el proyecto, Ochoa indicó que es entendible la susceptibilidad y frustración de dicho país, teniendo en cuenta que el Perú no ha tenido un pronunciamiento sobre este tema, ya que toda la propuesta fue iniciativa de los países del Mercosur, y de Chile, sin participación de nuestro país.
Por otro lado, Ochoa manifestó que tomando en cuenta las modestas reservas de gas con las que nuestro país cuenta en la actualidad, el Perú debe comprometerse a exportar todo el gas que se encuentre de aquí en adelante en los alrededores de Camisea a los países del sur. Así mismo, el experto advirtió que el Perú debe tener mucho cuidado con las declaraciones del embajador boliviano en nuestro país Eloy Avila, ya que se pone en riesgo todo lo avanzado sobre el tema de la exportación de gas boliviano por el puerto de Ilo. “Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Energía y Minas deben actuar con mucho tino para no echar a perder todo lo alcanzado hasta la fecha“, sostuvo.



BOLIVIA EN LA ENCRUCIJADA

A fuerza de empeño y laboriosidad, Santa Cruz se ha convertido en un ejemplo de desarrollo en Bolivia, contrapeso a cierta radicalidad altiplánica.

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

En uno de los capítulos de un libro publicado en 1969, el profesor Huntington se refirió a la diferente evolución político-gubernativa de México y Bolivia en la respectiva fase post-revolucionaria. El sistema del PRI, con todas sus deficiencias, le dio estabilidad a México, descartando al militarismo y prohibiendo la reelección presidencial. Y en Bolivia los cambios revolucionarios implantados por el MNR a partir de 1952 coincidieron con una regularidad gubernativa, pero que sólo duró doce años por el afán del presidente Paz Estenssoro de reelegirse en 1964, lo que desembocó en un nuevo militarismo agravado después de la aparición del libro de Huntington.
Paz Estenssoro había gobernado en el cuatrienio 1952-56, y retornó al poder en 1960 al concluir el período de Siles Zuazo (1956-60). Llevó como vicepresidente en 1964 al general Barrientos, a fin de contar con el apoyo de las fuerzas armadas que recuperaron influencia por la necesidad de controlar al aguerrido sindicalismo minero. Una vez reelecto, lo derrocaron su vicepresidente y el general Obando, comandante en jefe del Ejército. Hubo elecciones en 1966, que ganó Barrientos. Murió en 1969 en un accidente aéreo. Su vicepresidente civil fue pronto puesto de lado por el general Obando.
Este último expropió las instalaciones de la Gulf Oil. Operaba desde 1956 en la región de Santa Cruz, dentro de la política de promover la actividad petrolera para compensar la declinación de la minería.
Un golpe militar entronizó en 1970 al general Torres. Su gestión fue todavía más radical. Esto provocó en 1971 un alzamiento en Santa Cruz, dirigido por el Coronel Bánzer Suárez, cruceño. Triunfó con el respaldo del MNR y de su rival la Falange Socialista Boliviana (FSB). Bánzer se mantuvo en el poder un septenio, hasta su caída en 1978. Un veintenio después fue presidente constitucional (1997-2001). La importancia política que estaba adquiriendo Santa Cruz se basó en su creciente progreso económico. La ciudad y la comarca salieron del aislamiento en 1954 al inaugurarse la carretera a Cochabamba. Afluyeron inmigrantes de la región andina; y además de la actividad petrolera se desarrolló la agricultura comercial. Se construyeron los ferrocarriles a Corumbá (Brasil) y a Yacuiba (Argentina). Y Santa Cruz, antes la sexta ciudad del país, paso a ser la segunda. Finalmente, empezó y tomó cuerpo la producción de gas. El Oriente boliviano, una auténtica y pujante frontera, contrapesa al negativo radicalismo de ciertos sectores del Altiplano.



TECNICOS VISITARON LUGAR DE PROSPECCIONES

EN TRES MESES CONCLUIRÁ YA EL PRIMER POZO

A fines de setiembre ya estaría finalizando la perforación del nuevo pozo en las inmediaciones del "Independencia 1" y, por ende, Minas y Energía y las compañías que están a cargo de los trabajos contarían ya con los nuevos elementos que podrán determinar si el volumen de gas existente en el área es suficiente, para encarar su explotación comercial.

Diario ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

Técnicos de la compañía exploratoria y autoridades del Viceministerio de Minas y Energía realizaron este fin de semana una visita de inspección a la zona de obras. La empresa Primo Cano Martínez tiene actualmente a su cargo la excavación del prepozo, es decir, los primeros 50 metros del futuro yacimiento.
El mismo está ubicado a unos 200 metros del "Independencia 1", donde Cano Martínez halló gas natural y que, actualmente, ya está siendo utilizado en el campamento para la provisión de energía eléctrica del local. El yacimiento tiene unos 650 metros de profundidad y en la nueva perforación se pretende llegar a los 2.800 y 3.500 metros. Cano Martínez, a través de la empresa 9 de Junio vinculada a esa firma, tiene a su cargo las tareas previas. Ya concluyó la excavación de un pozo de agua. Continúan recibiendo los materiales desde el exterior, que serán empleados en los cinco nuevos pozos que se excavarán dentro del programa de reactivación del proyecto de hidrocarburos.
El obrador principal del consorcio paraguayo-inglés está instalado en La Patria, donde fueron conducidas ya unas 700 toneladas de los enormes caños y otros elementos recibidos desde el Brasil y Estados Unidos. El fin de semana arribó una nueva partida de estos caños en una barcaza, que será despachada hoy en el puerto privado Temport, de San Antonio.
Tanto El consorcio que está al frente del nuevo emprendimiento lo integran Primo Cano Martínez, Morrison y Paraguay & Gas, encabezados por CDS Energy que financia las tareas. El viceministro de Minas y Energía, Ing. Héctor Ruiz Díaz, como David Morrison, presidente de CDS Energy, y Diego Cano Coscia, de la empresa pionera paraguaya en las prospecciones Cano Martínez, coincidieron en afirmar que a fines de setiembre se calcula que concluirá la excavación del nuevo pozo.
"En base a los nuevos datos que recabaremos podríamos hablar ya con mas propiedad cuando podríamos explotarlo comercialmente. Ya tenemos la prueba de la existencia del gas con el ‘Independencia 1’; nos resta ahora determinar el volumen del yacimiento", dijo Morrison.
La delegación del Viceministerio de Minas y Energía estuvo integrada, además de Ruiz Díaz, por los geólogos Rafael Franco, Atilio Medina, Narciso Cubas y Derlis Turlan. Por CDS Energy, David Morrison, y por Primo Cano Martínez, los hermanos Antonio, Diego y David Cano Coscia.
LA LLAMA DE LA ESPERANZA
Así se denominará una serie de notas que aparecerá desde mañana en nuestro diario. La misma será elaborada por nuestros enviados al lejano rincón chaqueño, donde se vienen desarrollando las nuevas exploraciones de hidrocarburos. Las vivencias de los operarios, dificultades y el encomiable esfuerzo de una familia, la de Primo Cano Martínez, todo un ejemplo de la perseverancia en la lucha por alcanzar el ansiado objetivo: hallar y explotar gas y petróleo en territorio paraguayo.



BOLIVIA: ARRANCA LEY DE HIDROCARBUROS

El gobierno de Bolivia anunció que auditará a las empresas petroleras que operan en el país y fijará un tributo más alto por la explotación de los recursos minerales como parte de la ejecución de la Ley de Hidrocarburos, promulgada el pasado 17 de mayo.

BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america)

El anuncio fue hecho el lunes por el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, en un breve comunicado.
La acción del Ejecutivo "apunta a mejorar sustancialmente la fiscalización de la producción hidrocarburífera considerando los factores de volumen y calidad", especifica el comunicado. La reglamentación impone la realización de "auditorías por parte de la Contraloría General en las áreas financieras, operativa, jurídica y técnica a las empresas petroleras emergentes de la capitalización". Asimismo, el Gobierno ordenó al Servicio de Impuestos Nacionales la aplicación del régimen impositivo acordado en la ley, que mantiene la regalía o pago fijo por explotación del 18% y que fija un nuevo tributo del 32%.
Recursos de la discordia
La forma de explotación de los recursos energéticos ha sido motivo de controversia en Bolivia en los últimos años y el detonante de las revueltas sociales causantes de la caída de los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y Carlos Mesa (2003-2005).
En Bolivia operan actualmente 12 empresas petroleras extranjeras como resultado de 72 contratos suscritos en la última década. Estos acuerdos reconocían la propiedad de los hidrocarburos "en boca de pozo" a cambio de inversiones que a la postre posibilitaron multiplicar por diez las reservas de gas natural del país, a un nivel actual de 52 trillones de pies cúbicos, las segundas más grandes en la región detrás de Venezuela.
Pero los montos reales de inversión y las cantidades exactas de producción y exportación de esas compañías han sido puestos en duda por algunos sectores. Uno de ellos es el Movimiento al Socialismo, cuyo dirigente Evo Morales, ha señalado reiteradamente que el Estado no conoce lo que sucede en la industria petrolera. Morales, así como los grupos indígenas que lo apoyan, piden una nacionalización de los hidrocarburos. Esta demanda quedó en evidencia durante la ola de protestas que el mes pasado provocó la renuncia del presidente Mesa y su reemplazo por Eduardo Rodríguez.
La nacionalización planteada por Morales consiste básicamente en la toma de control efectivo de las instalaciones y la producción de petróleo y gas de las compañías extranjeras, según lo explicó el propio dirigente y parlamentario del MAS en una reciente entrevista con la agencia de noticias Reuters.
Compartir ganancias
Los decretos permitirán un incremento en los beneficios que obtiene el Estado de la explotación del petróleo y del gas, tal como lo estipula el referendo del 12 de julio de 2004 que consultó a la población sobre cuál debía ser el rumbo de la política estatal en materia de energía.
"Habiéndose recuperado la propiedad de todos los hidrocarburos por mandato del referéndum del 12 de julio del 2004 (...) corresponde crear condiciones para el ejercicio efectivo de ese derecho por parte del Estado en beneficio de todos los bolivianos", dijo Avilés al presentar el decreto.
De esta forma, "se incrementarán en aproximadamente un 106%" los beneficios que el Estado obtiene de la explotación del gas natural y el petróleo, aseguró el Ejecutivo.



BOLIVIA TOMA CONTROL DE PETROLERAS

El gobierno boliviano anunció anoche la decisión de tomar el control de las instalaciones petroleras de todo el país para "garantizar el dominio del Estado en los yacimientos de hidrocarburos", y anunció que comenzará a cobrar de inmediato un polémico nuevo impuesto. Esta decisión, que algunos de sus impulsores habían calificado como "nacionalización", fue encomendada a los ministerios de Hidrocarburos, de Defensa y de Gobierno, dijo el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, al término de una reunión del gabinete del Presidente Eduardo Rodríguez. Los decretos sobre el control físico, la fiscalización y el cobro de impuestos fueron aprobados un día antes de que el Congreso abra un período extraordinario de sesiones Esta medida era una de las principales exigencias de los manifestantes durante la crisis que terminó con el gobierno anterior.

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

El gobierno de Bolivia anunció ayer que auditará a las petroleras que operan en el país, la mayoría de ellas extranjeras, y que comenzará a aplicar la subida tributaria establecida en la ley de hidrocarburos aprobada recientemente, lo que significa un aumento del 18% al 50% de los ingresos.
Con ese paso se pone en vigor la legislación que promulgó el 17 de mayo el Congreso y que las 20 petroleras que operan en Bolivia, entre ellas Repsol de España, British Petroleum, Total de Francia y Petrobras de Brasil, calificaron de confiscatoria de sus derechos establecidos en 1996. La nueva Ley de Hidrocarburos dispone la modificación forzosa de los contratos petroleros.
En un breve comunicado leído por el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, en el Palacio Quemado, sede de Gobierno, en la ciudad de La Paz, el Ejecutivo presentó los decretos que contienen los reglamentos de dicha Ley de Hidrocarburos.
El Gobierno ordenó al Servicio de Impuestos Nacionales la aplicación del régimen impositivo acordado en la ley, que mantiene la regalía o pago fijo por explotación del 18% y que fija un nuevo tributo del 32%, desde el día en que se promulgó la norma.
Estos decretos reglamentarios "permitirán asegurar ingresos del 50% señalados en el referéndum", añadió.
De esta forma, "se incrementarán en aproximadamente un 106%" los beneficios que el Estado obtiene por la explotación del gas natural y del petróleo, aseguró el Ejecutivo.
Asimismo, la reglamentación impone la realización de "auditorías por parte de la Contraloría General en las áreas financieras, operativa, jurídica y técnica a las empresas petroleras emergentes de la capitalización", un proceso de privatización parcial de las firmas estatales que atrajo a la inversión extranjera durante la década pasada. Desde 1996, el Estado boliviano suscribió 72 contratos de riesgo compartido con compañías multinacionales energéticas que permitieron el hallazgo de enormes reservas de gas natural, las segundas en tamaño de Sudamérica, por detrás de Venezuela.
Los decretos, aprobados después de una reunión del gabinete ministerial, derivarán en el "fortalecimiento" de la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos "a fin de que participe de todas las actividades petroleras", y en la creación de un Centro Nacional de Medición y Control de la Producción y Transporte.
"Se está dando inicio, arranque real y efectivo a la nueva empresa YPFB", dijo el ministro, uno de los planteamientos principales del referéndum que en julio de 2004, cambió el rumbo de la política estatal en materia de energía y que luego se transformó en la normativa reglamentada ayer.
La acción del Ejecutivo "apunta a mejorar sustancialmente la fiscalización de la producción hidrocarburífera considerando los factores de volumen y calidad", especifica el comunicado. Instruyó también a los ministerios de Hidrocarburos, de Gobierno y de Defensa "a coordinar tareas y acciones con la finalidad de garantizar el dominio del Estado en los yacimientos de hidrocarburos". Este control "se ejecutará otorgando las condiciones de conservación y seguridad necesarias que se harán extensivas a las instalaciones y bienes de la actividad petrolera", especificó.
La forma de explotación de los recursos energéticos ha sido motivo de controversia en Bolivia en los últimos años y el detonante de las convulsiones sociales causantes de la caída de los Presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y Carlos Mesa (2003-2005). La producción boliviana actual de gas natural se destina principalmente a los mercados de Brasil y Argentina. "Se está dando inicio, arranque real y efectivo, a la nueva empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos"



BOLIVIA VALORA DISPOSICIÓN DE ABANDERADA A TRATAR TEMA MARÍTIMO

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

"Como un hecho positivo de la señora (Michelle) Bachelet, aunque depende del Estado chileno definir esas prioridades", calificó ayer el canciller boliviano, Armando Loayza, que el programa internacional de la abanderada de la Concertación proponga abordar la histórica demanda marítima de su país.
Según el texto, que aún debe ser negociado con la DC, la ex ministra de Defensa plantea mantener un diálogo "amplio y sostenido" con Bolivia que "contemple todos los temas de la relación bilateral, incluidas aquellas condiciones necesarias para facilitar el acceso de nuestro vecino al Océano Pacífico".
El documento establece, además, que los esfuerzos hacia Bolivia "deben considerar los necesarios consensos internos, las propuestas unilaterales que Chile pueda hacer y las soluciones concretas que se requiera aplicar".
El diplomático altiplánico también aseguró que su país analizará si vincula su centenario reclamo marítimo al ingreso de Bolivia al proyecto energético propuesto por los países del Mercosur.
"Las modalidades para vincular este tema al proyecto del anillo energético son algo que Bolivia va a ver a la luz de sus compromisos internacionales y a nivel técnico y político", dijo el canciller.
Loayza, en todo caso, precisó que como el "anillo energético" es aún un proyecto que no ha sido plasmado en convenios que lo habiliten, el ingreso de Bolivia se mantiene en estudio.



GBNO. DE TRANSICIÓN DEFINIRÍA LICITACIÓN DE EL MUTUN - BOLIVIA

BN Américaswww.bnamericas.com)

El gobierno de transición de Bolivia espera elegir durante este año a la empresa encargada de desarrollar el depósito de hierro El Mutun, ubicado en el departamento boliviano de Santa Cruz.
"La intención es poder concretar la licitación de El Mutun en este período de transición, ésa es la meta y ojalá la podamos cumplir", dijo a BNamericas el ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Dionisio Garzón.
En ese sentido, Abelardo Valenzuela -ejecutivo del banco francés BNP Paribas a cargo del proceso- señaló a BNamericas que se encuentran junto con el Gobierno de Bolivia en la fase de definir los tiempos más adecuados para lanzar la licitación.
"El proceso va salir adelante y de que va a salir este año estoy seguro", indicó Valenzuela.
Según estimaciones del gobierno del presidente Carlos Mesa, el proceso de licitación de El Mutun debería concluir en agosto del 2005 y para iniciar su explotación e instalar plantas acereras destinadas a procesar el mineral se requerirá una inversión de US$300mn.
La licitación ofrecerá a los potenciales inversionistas acceso a Puerto Busch -en el río Paraguay- y suministro de gas gracias a la cercanía del gasoducto que va a Brasil, el que pasa a 18km del yacimiento, por lo que allí el gas tendrá precios muy competitivos internacionalmente.
En ese sentido Valenzuela destacó que El Mutun es un proyecto que realmente busca industrializar el gas natural, explotar el mineral de hierro y transformarlo dentro del territorio boliviano, "lo que hace que sea un proyecto dentro de las políticas que están tratando de promover a nivel país", comentó.
Las protestas en contra de la exportación de gas natural y el llamado a nacionalizar la industria de hidrocarburos motivaron la renuncia del presidente Mesa este mes y la expatriación de su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003. El presidente interino, Eduardo Rodríguez, se comprometió a celebrar elecciones de aquí a fin de año.
Valenzuela señaló además que sigue en pie el interés en el proyecto de empresas como el conglomerado minero carioca CVRD (Nyse: RIO) y el grupo de recursos londinense Rio Tinto (Nyse: RTP).
En la licitación también participarán las empresas que compraron los pliegos de licitación en el proceso anterior. Éstas son el Grupo Techint (Argentina), Sidersul (Brasil), Lurgi (Alemania, de la finlandesa Outokumpu) y una sociedad de empresarios bolivianos, argentinos y estadounidenses, denominada Fermy Investment.
El Mutun, una de las mayores reservas de hierro del mundo -calculada en 40.000Mt con un contenido promedio de 50% del mineral- se localiza en la frontera entre Bolivia y Brasil, a 41km al sur de la ciudad de Puerto Suárez.



TRANSNACIONALES O AMÉRICA LATINA

Diario Rebelión (www.rebelion.org)

Los presidentes sudamericanos, pero, principalmente, Hugo Chávez de Venezuela, Lula da Silva de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina o impulsan la integración energética de las empresas estatales de “Nuestra América”, dentro del proyecto bolivariano, o, como se resolvió en el MERCOSUR, encomiendan esta tarea a las petroleras europeas y norteamericanas. El primer camino llevará a Chávez, Lula y Kirchner a coadyuvar en la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o, por el contrario, a ser cómplices de la desintegración de Bolivia, como pretenden Repsol, Total, British Gas y la Enron, que sigue operando en el país. La pugna se produce en momentos en que el Congreso paraguayo ha aprobado el tratado de inmunidad para las tropas norteamericanas. Inmediatamente después, EEUU anunció que instalará una base militar en territorio paraguayo, a cien kilómetros de los mega campos de Tarija.
Chávez es el eje de la resistencia al poder petrolero foráneo en nuestra región. Millones de latinoamericanos confiamos en que no abandone esta trinchera. Kirchner, en cambio, se ha sumado a las presiones de Repsol y Pluspetrol para obtener gas boliviano al precio “solidario” de un dólar el millar de pies cúbicos (MPC), en tanto el consumidor local, con apoyo de subsidios estatales, paga siete dólares por la misma cantidad. Kirchner y Repsol han exigido que Bolivia amplíe sus ventas de 6 millones a 30 millones de MCD, a $US 0.60 el MPC, precio que paga Pluspetrol Argentina a su filial, Pluspetrol Bolivia, de cuya suma el Tesoro General de la Nación (TGN) percibe el 18 % en regalías, o sea diez centavos de dólar. Cómo no envidiar a los norteamericanos cuando venden gas a México o Canadá a 7 dólares el MPC.
Lula y Petrobrás, así como sus socias norteamericanas y europeas, que tienen el 35 % de acciones en la estatal brasileña, están utilizando un lenguaje imperial para obligar a Bolivia a integrar el anillo energético de las transnacionales. La Ministra de Lula, Dilma Roussef, ha declarado que Brasil no permitirá que se cambien los contratos suscritos por Gonzalo Sánchez de Lozada , quien rebajó las regalías a las petroleras del 50 al 18 %. Todos sabemos que las reservas peruanas de gas son insuficientes para atender las necesidades de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además del compromiso de venta a México. El gobierno de Asunción ha dicho que no podrá comprar el gas de Perú a $US 8, cuando debería adquirirlo de Bolivia a $US 1.50. Los proyectos que las transnacionales están llevando a cabo dentro del tratado argentino-chileno de minería están basados en el barato gas boliviano. En el año 2001, ya se trató de obtenerlo, con el pretexto de enviarlo de Bolivia a California. No es casual que el Presidente Lagos hubiera lanzado la iniciativa del “anillo”. El transitorio gobierno boliviano está muy mal preparado para resistir las presiones foráneas. El nuevo Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé fue Sub Contralor de la República, cuando Antonio, hermano de GSL, era el Contralor. El Ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, contribuyó a desmantelar a YPFB, en el primer gobierno de GSL. Luego fue ejecutivo de Gas Petro, empresa de servicios petroleros, subsidiaria de Petrobrás. Volvió a YPFB para ayudar a vender las refinerías, en el gobierno de Hugo Banzer (1997 – 2001). Fue uno de los beneficiarios del “anexo D” (pagos de las petroleras a funcionarios estatales).
El canciller Armando Loaiza fue cónsul general en Santiago, cuando GSL pretendía, en 1993 y 1994, construir el gasoducto Tarija (Bolivia) a Tocopilla (Chile), donde están las minas de la inglesa Río Tinto Zinc (RTZ), socia del ex Jefe de Estado. El nuevo presidente de YPFB es Carlos D’Arlach, quien trabajó 23 años para la Occidental Petróleum. El Vicepresidente de YPFB es José Kreidler, cuya empresa de servicios es cliente de las transnacionales. Cierran el lote, el Ministro de Desarrollo Económico, Carlos Díaz, vinculado a Petrobrás, el Ministro de Economía, Juan Carlos Jemio, hombre del BID, y el Ministro de Gobierno, Gustavo Avila Bustamante, ejecutivo en Bolivia de la farmaceútica “Bagó”, en la que tienen acciones Petrobrás, City Bank, Dow Chemical, Bank Boston, Techint, Repsol y otras joyas por el estilo. El movimiento popular no sólo tiene que vigilar a las petroleras, sino, con mayor ahínco, a su propio gobierno. Andrés Soliz Rada



VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO BOLIVIANO

Diario Rebelión (www.rebelion.org)

Fuera Repsol y las multinacionales de Bolivia. Por la devolucion a Bolivia, sin indemnizacion, del gas y todos los recursos energeticos. Por la condonacion de la deuda externa.
Los trabajadores y el pueblo boliviano han vuelto en estos días a mostrarnos a los trabajadores/as del mundo su enésimo ejemplo de dignidad y coraje. Se han echado a la calle, han paralizado el país, han cercado la capital y con ello al Gobierno, al Parlamento y a las embajadas de los estados que manejan como marionetas al Gobierno títere de turno. El pueblo boliviano ha vuelto a explotar con la profunda indignación que produce la injusticia y el hambre, para defender la soberanía sobre sus recursos naturales no renovables, reclamando la nacionalización de su gas y su petróleo, que les están siendo saqueados por las multinacionales de las grandes potencias imperialistas a cambio de muerte, hambre, miseria, exclusión social y destierro.
Bolivia y América Latina están sometidas a un saqueo colonial
Bolivia cuenta con reservas gasíferas estimadas en más de 100 mil millones de dólares (12 veces su PIB anual), las segundas más importantes de Latinoamérica. Y tiene reservas petrolíferas valoradas en más de 27 mil millones de dólares. Sin embargo Bolivia es hoy el país más pobre de Latinoamérica. El 63% de su población vive por debajo de la línea de pobreza y el 35% no puede cubrir ni siquiera sus necesidades alimentarias.
Mientras las multinacionales españolas como Repsol, Telefónica o BBVA hacen su agosto, al pueblo boliviano se le ha condenado a perecer de hambre o emigrar.
La inversión de capitales en Bolivia ha ido acompañada de pérdida de puestos de trabajo y expolio de los recursos. Entre 1998 y el 2002, 1 de cada 3 bolivianos perdió su trabajo. Las privatizaciones impuestas por el FMI, han sido el mecanismo del expolio. En 1997 el último año de su primer mandato, Sánchez Lozada apodado “el gringo” y algunos líderes del Congreso aprobaron en secreto un Decreto que privaba al Estado la propiedad de los hidrocarburos y permitió la propiedad multinacional del gas natural en su “origen”, lo cual significaba que el gas era “boliviano” mientras permanecía bajo tierra, pero de propiedad extranjera cuando se bombeaba y se vendía.
Para el imperialismo, el control de los hidrocarburos y las fuentes de energía es un tema de primer orden. Si continúa su nivel de consumo actual, EE.UU. va hacia una crisis energética y de abastecimiento interno de hidrocarburos en pocos años. Por esa razón EEUU no ha escatimado esfuerzos en ir desde promover la guerra contra Irak a los intentos de golpe en Venezuela.
EEUU impulsó una serie de políticas y herramientas como la privatización (sobornización) de las empresas petroleras estatales, por ejemplo, en Argentina, donde Repsol compró YPF. En otros países, las empresas continuaron siendo estatales, pero se impuso una privatización indirecta, con concesiones de áreas de explotación, procesamiento, transporte y comercialización. Una parte creciente del negocio pasó a estar en manos de empresas extranjeras, como en Venezuela, Ecuador, México y Brasil.
Junto con esto, el imperialismo impulsa los proyectos PPP (Plan Puebla-Panamá) e IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana) que buscan garantizar la infraestructura para la extracción, el procesamiento y el transporte de esos recursos naturales.
El ALCA (Asociación de Libre Comercio de América) se dirige en el mismo sentido, como un marco político y jurídico que “legaliza” todo el proceso colonizador: su estatuto dice que los recursos naturales son de “propiedad continental”.
Los Gobiernos locales corrompidos por las multinacionales y los gobiernos que las respaldan sellan acuerdos de autentico latrocinio. En Bolivia el acuerdo original con las multinacionales estipulaba un reparto a medias entre el Estado y las corporaciones privadas, pero el entonces presidente Sánchez de Lozada incluyó una cláusula secreta en la que los “nuevos pozos” serían explotados con un porcentaje para el Estado boliviano de sólo el 18%, mientras que el 82% restante sería para las multinacionales.
Después de que Sánchez de Lozada hubiera cedido los derechos de explotación del gas, los geólogos a sueldo de las multinacionales “descubrieron” que el gas boliviano y las reservas de petróleo eran diez veces superiores a las estimadas con anterioridad a la firma de los contratos con esas multinacionales. El robo estaba consumado.
Repsol y los gobiernos español, yanki y británico al frente del expolio
Con este panorama es de entender el entusiasmo de Repsol en Bolivia. "La rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares", declaró recientemente Roberto Mallea, ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia. Con absoluto descaro hablan, en medio del hambre del pueblo boliviano, de una rentabilidad del 1000%. En el mismo sentido se felicitaba Edward Miller el presidente de British Gas, cuando afirmaba que las proyecciones de Pacific (British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF) establecen que el ingreso previsto para las transnacionales serán de 1.369,6 millones de dólares en promedio anual, mientras que el pago de impuestos y regalías a las arcas bolivianas oscilará de 40 a 70 millones de dólares.
El celebre “España va bien” de Aznar y el ahora “España va muy bien” de Zapatero son inexplicables sin el expolio de las multinacionales españolas a Bolivia y a toda América Latina. Cuando algunos cínicamente se quejan de la “llegada masiva de inmigrantes” deberían tomar buena nota de que el hambre y la miseria no son catástrofes naturales sino el producto del expolio que un puñado de países, entre ellos España, someten al mundo.
La recolonización española de América Latina tiene en Repsol una empresa emblemática cuyo rastro no termina en Bolivia, Argentina o Venezuela, como muestra la denuncia de Amnistía Internacional a Repsol por financiar a grupos paramilitares en el departamento de Arauca (Colombia), que asesinan indígenas; por causar enfermedades graves como la hepatitis y el cáncer, como sufren los indígenas Huaroni en Ecuador y los Mapuches en Argentina a consecuencia del consumo de agua contaminada por los pozos de Repsol y por el aumento de metales pesados en la sangre por la explotación petrolífera sin control.
Es la devastación ecológica, expolio y generación de sufrimiento humano al servicio de una codicia insaciable.
Los trabajadores/as y el pueblo boliviano en el centro de la escena
Los mineros, la clase obrera boliviana y los campesinos se han colocado en el centro de la vida del país y han acaudillado la lucha de todo el pueblo hasta echar al Gobierno. Con su lucha los trabajadores y el pueblo bolivianos reivindican la propiedad estatal de los hidrocarburos y que su explotación y comercialización se realice en beneficio del país y del pueblo.
El heroísmo y la abnegación de los trabajadores y el pueblo boliviano se ha demostrado en innumerables ocasiones. Fue esa lucha la que enfrentó la política del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de consolidar y profundizar la entrega de los hidrocarburos y lo derribó, en octubre de 2003. Y es esa lucha la que de nuevo obliga a dimitir al Gobierno Mesa.
La actual situación boliviana al igual que la reciente caída de Lucio Gutiérrez, en Ecuador, muestran que la clase obrera y la lucha popular están vivas y que Latinoamérica continúa siendo uno de los centros de la lucha de clases en el mundo.
Quienes dieron por enterradas las revoluciones y por finiquitada la clase obrera como sujeto social de los cambios, deberían bajar de sus ciber- tribunas y tomar buena nota de Bolivia.
Contra los que no ven en la clase obrera y en el pueblo más que ciudadanos que ejercen el voto cada cuatro años y que tienen que votar a éste o aquél para “cambiar las cosas”, Bolivia ha demostrado que la acción directa de las masas en la calle es la única garantía para conquistar derechos, para alcanzar una democracia real. Como señala una de las declaraciones de la Asamblea popular de la ciudad de El Alto -donde dio comienzo el levantamiento popular- "Los trabajadores y vecinos rechazamos todas las maniobras de la clase dominante de sucesión constitucional o elecciones entre los mismos politiqueros” "Estamos luchando por recuperar los hidrocarburos y no por cambiar un payaso por otro".
El pasado 6 de junio, cientos de miles de trabajadores, campesinos y estudiantes tomaron La Paz y realizaron un gigantesco “cabildo obrero y popular” (asamblea), con la presencia de la COB, los mineros, las combativas organizaciones de El Alto y federaciones campesinas. En es asamblea se acordó crear una “Gran Asamblea Nacional y Popular” y “forjar un nuevo gobierno del pueblo que sustituya el vacío de poder (...) bajo la línea de la nacionalización de los hidrocarburos".
Las Asambleas Populares de El Alto “no aceptan ni las elecciones ni la sucesión constitucional, no quieren ni a Vaca Diez-Presidente del Parlamento y representante de la extrema derecha pro golpista- ni a Rodríguez”.
Como ocurriera en el 2003, el proceso revolucionario boliviano vuelve a colocar de forma recurrente en las filas de la Central Obrera Boliviana, de la Federación de Mineros, de Maestros Urbanos, de la Federación de Campesinos de La Paz y de la Central Obrera y la Federación de Juntas Vecinales lo que está en el centro de la situación política: ¿Quién debe gobernar? ¿Quién debe tener el poder?
De nuevo Evo Morales hace de bombero
El heroísmo de los trabajadores bolivianos ha ido siempre acompañado del titubeo cuando no de la traición –como en tantos lugares del mundo- de sus dirigentes. Tras la caída de Sánchez de Lozada, quien representaba la opción popular mayoritaria, el MAS, con Evo Morales al frente, frenó la lucha y permitió que asumiera Carlos Mesa, al que dio apoyo explícito con su voto, en un Parlamento no representativo, para que garantizara la “continuidad institucional”. La dirección de Jaime Solares en la COB (Central Obrera Boliviana) y el dirigente campesino Felipe Quispe (del Movimiento Indigenista Pachakutik), se declararon “opositores”, pero definieron una larga tregua, que permitió pasar el fraudulento referéndum sobre el gas y consolidar al gobierno de Mesa. Este año, ante la primera renuncia presentada por Mesa al Congreso, meses atrás, los diputados del MAS y los de Pachakutik votaron por la permanencia de Mesa.
El Gobierno de Mesa, como su predecesor fueron gobiernos suspendidos en el aire, sin más apoyo social que el que le garantizaba el freno impuesta a la movilización popular por los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, en especial la de Evo Morales.
En esta ocasión, de nuevo el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, demandó públicamente a las organizaciones sociales y populares dar una tregua a Eduardo Rodríguez, el nuevo presidente de Bolivia.
Rodríguez, hasta ahora era jefe del Poder Judicial, un poder carcomido por la corrupción y caracterizado tanto por legalizar el saqueo que hacen las transnacionales de las riquezas de Bolivia, como por conceder impunidad a la alta burocracia estatal que roba las arcas públicas. Rodríguez había asumido el cargo en la Corte Suprema, gracias al apoyo del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Según la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Rodríguez fue asesor jurídico de la Embajada de Estados Unidos y socio en el bufete del abogado Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada y responsable directo de las masacres de febrero y octubre del 2003 en contra del pueblo.
Con semejantes credenciales, Rodríguez llega a la Presidencia, con el entusiasta apoyo de la Iglesia, los empresarios, los grandes medios de comunicación y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
No es de extrañar pues que un gran conocedor de la situación latinoamericana como es James Petras afirme: “Es una farsa. El primer arreglo de Evo en el 2003 cuando vuelve de Europa, en el último momento durante la insurrección, exige aceptar a Mesa como un presidente temporal que queda 23 meses. Es como invitar a alguien a casa y que se quede dos años y pico. Entonces Evo repite esta vez la misma cosa. Durante las grandes movilizaciones que él está frenando siempre con sus políticas, denunciando la nacionalización del petróleo y últimamente cuando lo sobrepasaron sus propias bases da un pequeño viraje y después vuelve a su política común que es simplemente olvidarse de la nacionalización, pensar en las elecciones futuras y todo lo demás. Y aceptar a Rodríguez. El señor Rodríguez es exactamente el clon de Mesa.”.
La reaccionaria y proimperialista burguesia de Santa Cruz de la Sierra
La crisis boliviana ha provocado la división inter-burguesa. La burguesía de Santa Cruz de la Sierra exige la autonomía y esa exigencia comienza a extenderse también a otra zona, Tarija.
Esta exigencia de autonomía se aprovecha de un sentimiento autonómico de los pueblos del interior contra el centralismo político-administrativo paceño. Pero la propuesta tiene profundas razones económicas y políticas. Santa Cruz y Tarija suman apenas el 20% de la población boliviana, pero generan el 40% del PIB nacional y el 60% de las exportaciones. Poseen los principales yacimientos de hidrocarburos y, en Santa Cruz, además, están los más grandes terratenientes y se desarrolla una intensa producción de soja. Una parte importante de esta riqueza va a parar a manos de la burguesía del altiplano y del gobierno central de La Paz, por intermedio de los impuestos nacionales.
Detrás de la pelea por la autonomía, entonces, está la intentona de estas burguesías regionales de lograr una “tajada” mucho mayor, en perjuicio del altiplano “pobre”. Al mismo tiempo, la autonomía les permitiría tener las “manos libres” para acordar directamente con el imperialismo y, a la vez, proteger sus latifundios de la toma de tierras por los campesinos pobres.
Que gobiernen los trabajadores y el pueblo
Los campesinos pobres y las nacionalidades indígenas reclaman la convocatoria a una Asamblea Constituyente porque la ven como una forma de discutir los grandes problemas del país y de ser protagonistas de esas decisiones nacionales, de la cuestión de la propiedad de los hidrocarburos, la reforma agraria, los derechos de las naciones indígenas o la unidad del país. Desde este punto de vista se trata de una aspiración democrática totalmente legítima.
Sin embargo, cuando el poder en Bolivia se está dirimiendo en las calles, la burguesía y el imperialismo, con la colaboración de Evo Morales, tratan de utilizar estas expectativas para llevar el proceso revolucionario a la vía muerta de las instituciones burguesas y saldar el proceso actual con unas nuevas elecciones que restablezcan la paz social y con ella el proceso de colonización del país.
Una reciente resolución de una masiva reunión ampliada de dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales y de la Central Obrera de El Alto, que contó con la participación de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las principales organizaciones movilizadas en La Paz decía: "Se ha decidido constituir a la ciudad de El Alto como cuartel general y bastión de la revolución boliviana", “Las organizaciones sociales han decidido levantar la Asamblea Popular Revolucionaria en todos los rincones del país para organizar a la población empobrecida y a los trabajadores del campo y las ciudades, con el fin de ponerlos en pie de combate contra el neoliberalismo y las clases dominantes”
Con seguridad que la tarea no es nada fácil, pero el camino de una alternativa de clase a la situación boliviana pasa por la unidad de todas estas organizaciones obreras y populares y que con la COB al frente formen un Gobierno que nacionalice los hidrocarburos sin indemnización, deje de pagar la deuda externa, entregue la tierra a los campesinos, rompa con el FMI y convoque a una Asamblea Constituyente democrática que apruebe estas medidas. No habrá independencia nacional, libertades democráticas plenas, ni dignidad para Bolivia sin que la clase trabajadora y los oprimidos bolivianos se hagan con el poder y rompan con el imperialismo, en una lucha unida con todos los pueblos latinoamericanos.
Nuestro apoyo a la justa lucha de los trabajadores y el pueblo boliviano
Contra los que ven en los acontecimientos de Bolivia una razón para “unirse” en defensa de “los intereses españoles” amenazados, Corriente Roja reafirmamos nuestra solidaridad y nuestro pleno apoyo a la lucha de los trabajadores y el pueblo boliviano. Las tropelías de las multinacionales españolas han traído sufrimiento para los trabajadores bolivianos y para los españoles. La expansión por América Latina de Repsol ha ido acompañada aquí de más precarización del empleo y condiciones tan vergonzosas de trabajo que llevaron a la muerte, entre otros, a los 10 trabajadores en Repsol Puertollano.
Denunciamos por tanto la política de saqueo de América Latina que las multinacionales españolas como Repsol, BBVA, Telefónica, etc. llevan a cabo.
Denunciamos la política del Gobierno Zapatero que, con el apoyo de sus socios de gobierno (IU y ERC) y la burocracia sindical de CCOO y UGT, sigue el hilo recolonizador de América Latina. Un hilo que inauguró el Gobierno de Felipe González y mantuvieron con vehemencia los Gobiernos de Aznar. Una política, recuérdese, que se complementa con una Ley de extranjería contra los trabajadores que se ven obligados a emigrar como consecuencia del hundimiento económico al que las multinacionales abocan a su país.
Apoyamos por tanto la justa reivindicación de las organizaciones y el pueblo boliviano de renacionalización sin indemnización del gas y todos los recursos energéticos y exigimos la condonación de la Deuda externa.
¡¡Viva la lucha de los trabajadores/as y el pueblo boliviano!!



LA SEGUNDA BATALLA POR LA NACIONALIZACIÓN DEL GAS (PARTE III - FINAL)

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

La lucha por el poder estatal
La expansión de la demanda de nacionalización de los hidrocarburos fue de tal magnitud que a la tercera semana de paro, el Estado perdió el control de las vías de comunicación, de la actividad social en la ciudad de El Alto y del control de la regularidad de la actividad económica del país. El Estado comenzó a colapsar generando inmediatamente una crisis de gobierno.
La única manera de intentar retomar el control del estado requería la intervención de las fuerzas armadas, convertidas para entonces en la única organización de carácter nacional y estable que poseía el estado y el gobierno. Esta vía hubiera implicado el uso de la violencia, muertos y el riesgo de la propia división interna del ejercito, último bastión de la unidad estatal, por lo que Mesa prefirió dejar el gobierno, produciendo un vacío de poder. Es sabido que el poder estatal, por principio no puede quedar vacío por mucho tiempo y tiene que ser 'ocupado', gestionado de una u otra manera, y eso lo supieron las clases dominantes y las antiguas facciones políticas conservadoras (MNR, ADN, MIR, NFR), por lo que desde hace tiempo prepararon un operativo de retorno gubernamental ante la creciente debilidad del gobierno manifiesta ya desde enero de 2005. De esto modo, comenzó a darse desde el sábado 4 una posibilidad paradójica: que la sublevación de los sectores vecinales indígenas y campesinos del país en su capacidad de colapso del poder, pero ante la ausencia de una alternativa propia de poder, habilitaran el camino de regreso al poder de los sectores derrotados y desplazados por la sublevación de octubre del 2003.
Se abrió así una posibilidad, un tipo de enajenación política en la que el esfuerzo del bloque revolucionario diera paso, sin desearlo ni buscarlo, al retorno al gobierno del bloque conservador, tal como en la producción en la enajenación económica, el trabajo del obrero da lugar al capital del empresario que luego domina al obrero.
La posibilidad de esta paradoja fue posible por dos motivos. El primero, porque si bien los movimientos sociales lograron paralizar el país, mostrando su fuerza de movilización nacional, el control de la institucionalidad parlamentaria seguía en manos de las fuerzas conservadoras por la presencia mayoritaria de la colación MNR-MIR-NFR-UCS-NFR (que gobernó con Sánchez de Lozada).
Resulta que mientras que los movimientos sociales ganaban en las calles provocando una vacío de poder, en el parlamento ganaban los conservadores proyectándose de manera inmediata y desesperada como salida constitucional a ese vací. Lo que las masas ganaban en las calles en base a la movilización y la legitimidad de su demanda, en el parlamento ganaban las élites en base a la legalidad y la mayoría parlamentaria. En segundo lugar, esta posibilidad de una retoma conservadora del gobierno estaba facilitada por la ausencia de una alternativa de poder propia de los movimientos sociales. Los vecinos, los comunarios e indígenas se habían lanzado de manera vigorosa y sacrificada a luchar por la nacionalización pidiéndole al gobierno constituido que nacionalice, pero en el camino, el gobierno se derrumbaba y en ese borde cuando la realización de la nacionalización planteaba quien detentaba la titularidad del poder político, los movimientos sociales no se habían preparado para ello y se detuvieron sin animarse a dar un paso más. En un acto de lucidez histórica impidieron el acceso al gobierno de Vaca Díez, lo que representó una victoria secundaria, pero no se lanzaron a ocupar, o a preparar la ocupación-construcción de un nuevo poder. Y es que la consigna de la nacionalización no sólo es un proyecto de economía estatizada, es también un proyecto de poder realizable mediante una transformación del sistema político y de la estructura del poder estatal, y ese ha sido la dificultad que ha experimentado el movimiento social en esta primera oleada en la larga lucha por la nacionalización. Los movimientos sociales le han planteado nacionalizar los hidrocarburos a un soberano, el gobierno, pero ante el rechazo y luego el vacío de poder, los movimientos no se animaron a sumir esa soberanía, lo que hubiera requerido verse a sí mismos como soberanos, lo que no sucedió.
Y es que para producir poder, para luchar por el poder que es en el fondo lo que van a requerir los movimientos sociales para llevar adelante su consigna de nacionalización, no basta simplemente movilizarse, cercar y paralizar al Estado. Ã?sa es una estrategia de resistencia importante para obligar a los gobernantes a tomar en cuenta tal o cual demanda, pero no para obligarlos a tomar decisiones que van en contra de su existencia como clase.
La lucha por el poder, por su producción social capaz de lanzar a los movimientos sociales a la lucha por el poder estatal, es mucho más que una declaración panfletaria o un discurso encendido. El poder es capacidad de convencimiento, de dirección de la sociedad y, ante todo de fuerza coercitiva, por lo que su conquista requiere trabajar los tres requisitos de todo poder estatal.
Primero, un proyecto, un horizonte, un discurso movilizador de la sociedad. Eso ya existe, es la demanda de nacionalización de los hidrocarburos y está claro que el debate político de los siguientes meses girará en torno a él. El segundo componente del poder es la capacidad de gestión territorial, de administración y regulación de la vida económica, social y política de una región y del país. Ahí, los movimientos tienen límites en la formación de los comités de abastecimiento que hubieran hecho que Fejuve controlara y regulara la distribución de los carburantes, no solo hubiera logrado afianzar los aliados urbanos de la ciudad de La Paz que se sintieron reconocidos en la demanda alteña, sino que hubiera sido un hecho de gestión política autónoma que mostraría a las organizaciones sociales como instituciones con poder de gestión alternativa, de regulación de un nuevo orden y régimen de gobierno, pues gobierno es gestión y legitimidad. Por último, el tema de la fuerza. Todo poder en el fondo es monopolio de fuerza física y mientras los movimientos sociales no asuman de manera pública y con la seriedad necesaria el tema de la resolución de esa temática, la lucha por el poder estará bloqueada y la propia nacionalización efectiva de los hidrocarburos imposibilitada.
La rebelión de mayo-junio ha colocado en el orden del día el tema del poder. Históricamente sólo hay dos vías para llegar a él: de manera electoral o mediante una insurrección. En cualquiera de los casos sin una fuerte cohesión de la totalidad de los movimientos sociales, sin un liderazgo unificado de todas sus tendencias, sin portavoces creíbles y preparados, los gigantescos y generosos esfuerzos de los cientos de miles de sublevados quedarán inconclusos.



Bolivia

EL SUPERESTADO TRANSNACIONAL

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

En momentos en que se espera que la solución a los principales problemas que definen la actual situación de crisis estatal que vive Bolivia será producto de un proceso eleccionario, donde el soberano manifieste su voluntad democráticamente, conviene apuntar algunos aspectos que limitan este objetivo tanto por razones objetivas derivadas del proceso de globalización de la economía mundial y el alto grado de dependencia financiera de la economía boliviana, como por razones subjetivas de gobernantes de turnos que no osan por vías de dignidad y autodeterminación, sometiéndose voluntariamente más allá de lo requerido por los esquemas de condicionalidad del superestado transnacional.
En la lógica del poder transnacional, no importaría si más del 50% de la población boliviana se manifestará a favor de la nacionalización efectiva de sus reservas en gas natural ya que una mentada seguridad jurídica construida con bases ilegales debido a su no respeto a normas constitucionales nacionales -además en connivencia con las mismas empresas petroleras que fueron juez y parte en todo el proceso de elaboración de este marco jurídico- garantizaría que nada cambie. Para ello se invoca Tratados de Protección Recíproca de Inversiones, que hacen parte de todo un andamiaje jurídico supranacional, que escaparía a cualquier posibilidad de acción y control del soberano boliviano, del cual por supuesto el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos vendría a constituir la referencia más acabada. Lo más curioso de estos tiempos de globalización es que sus propias contradicciones -proceso generador de concentración económica y exclusión social- están provocando que se empiece a contemplar la figura de la intervención militar como una garantía para mantener los privilegios obtenidos mediante su aparato jurídico supranacional, puesto que existe un límite para ignorar la voluntad soberana de los pueblos, manipularla o tildarla de irracional. En el terreno práctico de la implantación de políticas públicas, éste superestado transnacional se traduce en parcelas de la administración pública directamente administrado por ellos, como por ejemplo lo que ocurre este momento con el Ministerio de Hacienda donde los Presidentes Mesa y Rodríguez poco tuvieron que ver en la designación de los señores Cuevas y Jemio que fueron colocados en esa responsabilidad por sus principales mandantes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer caso y el Corporación Andina de Fomento (CAF) en el segundo. Es así que no causa ninguna sorpresa que luego de dos 'guerras del gas' en menos de dos años, el actual ministro de Hacienda tenga la percepción de que el TLC es más importante del gas, que a todas luces refleja las opinión de un técnico de línea de una entidad financiera multilateral de estas características, pero que de ninguna manera son aceptables en una autoridad con responsabilidad pública.



Opinión:

EL ANILLO ENERGÉTICO

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

En la Cumbre del Mercosur celebrada en Asunción se tomó la decisión política de concretar el anillo energético que involucra a los países miembros de este mercado -en su calidad de socio pleno o asociado- siendo el anuncio más importante de la declaración de los jefes de Estado que lanzaron esta iniciativa. ¿Cuánto le conviene a Chile involucrarse en esta iniciativa? ¿ se tendrá la seguridad que el suministro de gas se respetará? Son las dos preguntas que resulta útil ocuparse de ella.
El proyecto del anillo energético tiene a Perú como el eje abastecedor de gas desde sus yacimientos, considerándose básicamente que Camisea es el nutriente principal. En este cuadro, Chile es una pieza vital de conexión para concretar esta iniciativa. La iniciativa pretende contrarrestar la escasez de energía que afecta a los países de esta parte de la región.
Sin embargo, para convertirla en realidad y evitar las amargas experiencias recientes con el suministro del gas, Chile debe primero asegurarse que los estudios técnicos que se realicen sobre la real magnitud de las reservas de gas, disponibilidad y horizonte de explotación en el tiempo sean realizados por organismos especializados, bajo la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya ofreció sus servicios en esta dirección. Estos estudios y conclusiones son relevantes para dimensionar el tamaño del “anillo energético”, enfrentado incluso frente a las tasas de crecimiento y demanda de energéticos que tienen las naciones para atender una mayor demanda de gas. Estos estudios nos darán las certezas sobre la magnitud de la oferta energética que se tendría al alcance.
Segundo, la base de traducir en tratados acuerdos que le den vida a un proyecto de esta envergadura, debe discurrir dentro de un marco institucional por medio del cual los países involucrados ofrezcan y cumplan con garantías jurídicas reales y den certidumbre jurídica de cumplimiento de que las inversiones quedarán debidamente protegidas, que las demandas serán satisfechas según los protocolos, y que las restricciones no podrán quedar atadas a los complejos cuadros internos de cada nación. Participar en este proyecto debe llevar el compromiso fehaciente que los contratos que surjan de esta iniciativa serán honrados, respetados y cumplidos.
Con esos elementos se podrá concurrir a facilitar los acuerdos que se requieren para que con el “anillo energético” se logre la autonomía energética regional y contribuya el crecimiento económico sostenido de los países de América del Sur. Esta es la mejor manera de realizar la integración física regional que tanto se pregona. El proyecto contempla el tendido de un gasoducto de 1.200 kilómetros desde Pisco, Perú, hasta Tocopilla en el norte chileno con un costo estimado de US$ 2.500 millones que sería financiado por el BID.
También es preciso advertir que no sólo se debe esperar que Perú sea el principal país que suministre el gas. Con sus reservas y proyecciones de exploración de nuevos pozos no es suficiente, para atender la creciente demanda actual y futura de las economías de las naciones concurrentes al propósito. Esto nos lleva a plantear la necesidad de insertar a Bolivia en esta iniciativa y ahí si se tendrían las fuentes y reservas de gas –esto es lo tienen que determinar los estudios técnicos de factibilidad del proyecto. Parte de la ecuación energética de este anillo es Bolivia. En alguna fase del proyecto es pertinente incluirlos, idealmente lo más pronto posible. Junto a ello se debe sumar todas las reservas hidroeléctricas, gasíferas y de petróleo de los países participantes en el plan. Esta suma de exploración, explotación de esos recursos, es lo que entendemos como un anillo energético. La condición básica de participar en este proyecto debe estar vinculada a que sea el BID, el que dirija los equipos técnicos de trabajo, que construya el marco institucional que debe proteger, y servir de paraguas a las inversiones asociadas, el que apoye con el financiamiento, de manera que sea con sus instrumentos el garante que requiere este proyecto para evitarnos sobresaltos, como los que se han vivido con el suministro de gas.



NADA FRENA LA CONSTRUCCIÓN DE REGASIFICADORAS EN MÉXICO

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

Economist Intelligence Unit /The Economist

Durante dos años la ciudad de Long Beach, California, ha evaluado la instalación de una terminal de energía con valor de 450 mdd, sopesando preocupaciones ambientales y de seguridad, contra la demanda de nuevos empleos y los altos requerimientos de gas natural. El 8 de junio el ayuntamiento de la ciudad resolvió que eran necesarias más evaluaciones ambientales respecto de la planta que importaría gas natural licuado. A los promotores del proyecto sólo se les garantizó una cosa: muchos meses más en el limbo. Pero mientras a los estadunidenses les preocupan tales proyectos, el gobierno de México los está aceptando. La misma semana de la resolución de Long Beach, la Secretaría de Energía mexicana reveló que el gigante español de la industria energética, Repsol YPF, había propuesto construir una terminal de gas natural en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas: uno de media docena de proyectos similares destinados a las costas del Pacífico mexicano.
''Asegurar un suministro suficiente de energía con normas internacionales de calidad y precios competitivos es el primer objetivo estratégico del sector energético del gobierno mexicano'', dijo Carlos Garza Ibarra, subsecretario de Energía.
Las terminales costeras de gas natural, dijo, son claves en los esfuerzos del país para garantizar el suministro futuro, ''sin presionar el mercado estadunidense, que ya tiene un déficit en la materia''.
De alguna manera, la oposición pública que ha detenido varios proyectos en California está presente en México; las preocupaciones crecientes de muchos ciudadanos bajacalifornianos son un eco de las que se han escuchado en Long Beach. Sin embargo el sistema judicial, que con frecuencia desecha tales protestas, privilegia a las autoridades federales, las cuales fomentan las importaciones de gas natural licuado en respuesta a la apremiante necesidad del combustible.
El gas es refrigerado hasta convertirlo en líquido, con lo cual se reduce su volumen y se facilita su transporte a bordo de enormes buques tanques. A su arribo al puerto de recepción, el líquido es ''regasificado'' y conducido por gasoductos a los consumidores. Ante el crecimiento del consumo mundial y de los precios del gas, los promotores ven en la licuefacción un medio cada vez más atractivo de conectar los suministros lejanos con los mercados hambrientos de energía.
El proyecto de Repsol YPF implicaría conducir gas desde el campo exploratorio de Camisea, en la región amazónica peruana, a México.
Para los funcionarios mexicanos, la demanda actual y la proyectada justifican los nuevos proyectos. Garza dice que el consumo de gas natural en México podría crecer hasta 50% en los próximos ocho años. El grueso de los nuevos suministros, dijo, tendría que provenir de las importaciones, en la medida en que se han rezagado los esfuerzos del país para desarrollar las reservas domésticas de gas. El gas licuado es el medio más efectivo para manejar esos costos de importación, aseguró.
Actualmente México importa cerca de 19% de los 148 mil 400 millones de metros cúbicos de gas que consume al día, dijo Garza. Para 2013 las importaciones podrían representar 40% de los 260 mil 400 millones de metros cúbicos que se consumirán diariamente, según las proyecciones internas de la Secretaría de Energía. La decisión del ayuntamiento de la ciudad de Long Beach, que continúa estudiando la propuesta de Mitsubishi Corp y de su socio estadunidense, ConocoPhillips, para construir una planta regasificadora en el puerto de la ciudad, ha generado otras consecuencias. Los ciudadanos se oponen por motivos de seguridad, aludiendo al riesgo de explosiones e incluso terrorismo, mientras los interesados en el negocio hacen proyecciones de mil empleos en la construcción, además de los beneficios energéticos. El proyecto Long Beach es la única terminal terrestre de gas que permanece en análisis, luego de que la oposición pública acabó con otros proyectos.
En México, la planta Repsol YPF se construiría en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y suministraría gas por una red de tuberías a la ciudad de México, hambrienta de energía. Otras terminales de regasificación están en construcción al norte de Ensenada y en Baja California -la primera en la costa del Pacífico- y en Altamira, Tamaulipas, en el Golfo de México.
Otras tres terminales propuestas, entre ellas una segunda planta en Ensenada y otras en los puertos de Manzanillo y Rosarito en el Pacífico, están en diversas etapas del proceso de aprobación.
Sempra Energy de San Diego, matriz de Southern California Gas Co y de San Diego Gas & Electric Co, desarrolla la primera planta de Ensenada. La compañía planea vender más de la mitad del gas en EU. La construcción comenzó este año y la planta está programada para comenzar a regasificar el combustible enviado de Indonesia a finales de 2007. Sempra también pretende obtener permisos y convenios de suministro para construir terminales en Port Arthur, Texas, y en Lake Charles, Luisiana.
La planta de Altamira, que construye el grupo Royal Dutch/Shell, venderá todo su gas en México. A principios de este mes, Repsol YPF y Hunt Oil Co. de Texas acordaron con SK Corp de Corea del Sur construir en Perú la tubería necesaria y una planta de licuefacción en la costa de ese país. Por su parte, Repsol YPF informó que el gas sería destinado a México, pero no ofreció más detalles.



BUSH IMPONDRÁ SU POLÍTICA DE GAS NATURAL A GOBIERNOS ESTATALES

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

Economist Intelligence Unit /The Economist

Así como el siglo XIX se construyó a partir del carbón y el XX del petróleo, los industriales afirman que este siglo le pertenecerá al gas natural. Pero, a juzgar por la batalla sobre legislación energética que empezó en días pasados en el Congreso estadunidense, eso no se dará tan fácilmente.
Compañías internacionales de energía, el gobierno de Bush y los de países ricos en gas natural pugnan intensamente por la creación de un mercado global para el gas natural, con Estados Unidos a la cabeza como el importador más grande. Todos promueven este combustible afirmando que es más abundante y menos contaminante que el petróleo, y necesario para sostener el crecimiento económico.
Pero de la misma manera en que la producción petrolera de EU empezó a menguar desde la década de 1960 y ha ido disminuyendo de forma constante como fuente de energía, su producción de gas natural empieza ya a escasear. Para llenar los huecos habrá que importar grandes cantidades de gas -en su forma líquida- en buques tanques que llegarán a las costas de EU o a cualquier otra parte de Norteamérica.
Igual que el petróleo, las reservas de gas natural se encuentran lejos de los grandes mercados del combustible, en países como Qatar, Irán, Rusia, Angola, Yemen y Argelia. La competencia por los proyectos de gas en estos sitios ha originado una carrera frenética entre las compañías internacionales para satisfacer la demanda de gas de los países ricos e industrializados.
En EU, dichas ambiciones enfrentan fuerte resistencia. Voces oficiales de algunos estados donde las compañías de energéticos planean construir terminales a las cuales llegarían los barcos tanques -Alabama, California, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, entre otros- afirman que estos lugares podrían ser víctimas de una catastrófica explosión, accidental o causada por terroristas.
El presidente Bush, tratando de esquivar a sus opositores, ha propuesto nueva legislación que permitiría al gobierno federal imponerse a los estados. Dicho proyecto se debate en estos días en el Senado,.
''El Congreso debe mostrar a la Comisión Federal Regulatoria de la Energía su autoridad para escoger los sitios de las nuevas terminales, de manera que podamos extender nuestro uso del gas natural licuado'', dijo el presidente en abril.
Pero Bush también enfrenta una batalla en el Congreso. Varios senadores, entre ellos Dianne Feintsein, demócrata por California, promueven una enmienda que se oponga a dar mayor autoridad a la federación. En febrero, en Houston, el presidente de la comisión federal, Patrick Wood III, dijo a los industriales de la energía que esperaba que se construyeran al menos ocho nuevas terminales para 2010. Ahora existen cuatro: en Georgia, Luisiana, Maryland y Massachusetts, las cuales se construyeron durante las primeras aventuras con el gas natural, en las décadas de 1960 y 1970.
Oposiciones a las terminales
Compañías de energéticos desean construir más de 40 terminales a un costo de entre 500 millones y mil millones de dólares cada una. El conflicto surge porque algunos científicos y ambientalistas afirman que la nación otra vez pone muy poco énfasis en mejorar la eficiencia energética e invertir en otros métodos de producción de energía y calor, como el viento, la biomasa y la energía nuclear.
Mientras tanto, las instancias que compran gas alertan que, de volverse más dependiente del gas natural del extranjero, EU correría el mismo riesgo que cuando llegó a depender del petróleo de fuentes inestables en Medio Oriente.
Para el año 2025 se prevé que el gas natural supere al carbón y a su rival, el petróleo, como combustible fósil líder del mundo. El gas natural representa 24% del consumo de energía de EU. Más abundante y menos contaminante que el petróleo, el gas natural, cuyo consumo también produce gases de invernadero, se volvió mucho más popular en la última década tras su utilización como combustible para las nuevas plantas de energía.
Sin embargo, el creciente consumo de gas natural llega con un costo significativo. ''Estamos en la misma situación con el gas natural a la que tuvimos alguna vez con el petróleo'', afirma Donald E. Felsinger, presidente de Energía Sempra, de San Diego, que planea importar gas natural de Rusia a Texas, Luisiana y el norte de México. ''Ya no somos autosuficientes y vamos a depender de las importaciones para que la gente siga consumiéndolo.''
El precio del gas natural se ha duplicado en EU en los últimos cinco años, lo cual ha vuelto visible la dependencia vulnerable y la posibilidad de precios más altos de no incrementarse la provisión. De hecho, aun con el mercado global del gas en su primera infancia, algunas naciones desean fungir como cárteles para controlar el precio del energético, de manera muy parecida a cómo la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha manipulado a veces el mercado del petróleo.
Los esfuerzos por importar más gas natural han disparado ya una disputa política en California, donde ha crecido la resistencia a los planes de construir varias terminales de gas natural licuado, incluyendo una en Long Beach y dos en la costa, una cerca de Oxnard, al norte de Los Angeles, y la otra cerca de Camp Pendleton, al norte de San Diego.
Compañías energéticas, como Cheyron y BHP Billiton de Australia, financian un grupo llamado Californianos por Energía Limpia, Costeable y Segura, con objeto de persuadir a la gente de la necesidad de usar gas natural licuado.
Pero el escepticismo persiste. ''Si uno arranca una industria de esta manera y trae abundante gas natural, crea una adicción a algo que no existía'', dice Susan Jordan, directora de la Red de Protección Costera de California, grupo ambientalista con sede en Santa Bárbara, el cual hace campañas en contra de las terminales de gas natural licuado. ''Esto ocurre sin que se haga ninguna mención a la conservación y sin siquiera una miradita a otras alternativas renovables."
A diferencia del petróleo, el gas natural puede ser sumamente difícil y costoso de transportar por el mundo. Para licuarlo debe enfriarse a 260 grados bajo cero, comprimiendo su volumen por un factor de cerca de 600. Una vez que llega a su destino, necesita que lo calienten otra vez antes de poder ser utilizado como combustible.
La mitad del costo del petróleo, o menos
Pero el gas natural tiene muchas ventajas, en particular en términos de conveniencia y costo. El costo actual en el mercado mundial de un barril normal de petróleo es de cerca de 50 dólares, mientras mil 680 metros cúbicos de gas natural, su equivalente en energía, resultan mucho menos caros. Aún si se le envía desde un país cardinal de Medio Oriente como Qatar, probablemente costaría de 18 a 24 dólares, de acuerdo con Bernard J. Picchi, analista de la empresa Foresight Research Solutions de Nueva York.
El gas natural, alguna vez escarnecido por las compañías petroleras, que lo consideraban una molestia cuando lo encontraban junto con las reservas petrolíferas, ahora parece ser incluso más abundante que el petróleo. BP, el gigante energético de Gran Bretaña, estima que, a la tasa de producción actual, las reservas de gas dan para 67 años de abasto, comparadas con las reservas globales del crudo, equivalentes a 41 años.
Estados Unidos, durante buena parte del siglo XX, fue el productor de petróleo más grande del mundo, y satisfacía con facilidad sus necesidades. Pero con una economía en rápido crecimiento y la dependencia cada vez mayor del automóvil, empezó a importar más petróleo después de la Segunda Guerra Mundial. En 1973, cuando el embargo petrolero a los países árabes lanzó los precios aún más arriba, las importaciones de petróleo sumaban sólo 36% del consumo doméstico del energético. Ahora representan cerca de 60%.
Como con el petróleo, la producción estadunidense de gas natural ya no es suficiente para satisfacer la demanda local. La dependencia del gas natural se incrementó fuertemente después de que, en la década de 1990, las compañías de electricidad diseñaron más de 90% de sus plantas de energía para funcionar con gas natural. En tanto, las importaciones de Canadá, cuyos grandes yacimientos de gas natural están conectados con EU por oleoducto, empiezan a acabarse también.
Una fuerte demanda de gas natural se da no sólo en EU, sino también en economías de rápido crecimiento industrial como China e India, las cuales están resueltas a competir por el abasto. Se espera que EU se convierta en el mercado más grande para el gas natural. Antes, sin embargo, necesitará construir las terminales adecuadas para recibir gas natural licuado.
En marzo, las compañías de energéticos miraron con interés cuando una pequeña empresa de Houston, Excelerate Energy, completó el primer proyecto de este tipo en más de 20 años en la costa de Luisiana, cerca de Cameron, soñolienta comunidad parroquial.
Varios residentes han dado la bienvenida a la terminal por ser fuente de empleos. Pero la entrada de Cameron en el negocio del gas natural contrasta con la posición de comunidades como California y otras a lo largo de la costa este, donde la demanda de gas natural es mucho más fuerte y se ha propuesto a la mayor parte de los puertos.
Entre esas propuestas están la sonda de Long Island, a 14.4 km de Rocky Point, Nueva York; Providence, Rhode Island; Logan, al sur de Nueva Jersey, y Harpswell, Maine. La preocupación sobre la posibilidad de daño por accidentes o explosiones terroristas que tengan como blanco terminales o buques tanques ha impedido que dichos proyectos despeguen en estas comunidades costeras.
Un reporte reciente de los Laboratorios Nacionales Sandia concluyó que, si terroristas hicieran un boquete a un buque tanque, producirían un derrame de gas licuado que podría recalentarse y producir un incendio que causaría quemaduras de segundo grado a personas situadas kilómetro y medio a la redonda.
La industria y su historial de seguridad
La industria del gas licuado argumenta que el historial de seguridad de sus buques cisternas excede con mucho a cualquier otro sector de la industria naviera. Sólo unos cuantos accidentes pequeños han ocurrido en las últimas tres décadas, y la industria sostiene que un derrame accidental o un ataque suicida es en verdad improbable. Japón y Corea del Sur, en este momento líderes del mercado de gas licuado, nunca han experimentado un accidente grave ni ataque alguno.
Aun así, la preocupación persiste. En mayo, en un análisis realizado por el procurador general de Rhode Island, Richard A. Clarke, antiguo asesor en contraterrorismo de los gobiernos de Clinton y Bush, concluye que grupos terroristas podrían atacar fácilmente un puerto urbano o un buque tanque de gas natural que llegara a él, y señala las áreas alrededor de Providence y Fall River, Massachussets, como las que podrían estar en ''alto riesgo de generar un daño catastrófico'' por explosiones e incendios.
En respuesta a la urgencia de la industria de la energía, el Congreso agregó a la amplia legislación energética aprobada esta primavera en la Cámara, y ya aceptada por la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado, una disposición que anulará la autoridad de los estados para bloquear las terminales de gas natural licuado.
Seis gobernadores de estados costeros, entre ellos Arnold Schwarzenegger, de California, y Mitt Roney, de Massachussets, se dirigieron al Senado, solicitando que la autoridad de los estados permanezca en las mismas condiciones en cuanto a la evaluación de esas terminales.
Mientras tanto, gobiernos extranjeros que fundan sus esperanzas en la exportación de gas natural licuado a EU invierten en la construcción de terminales. Un proveedor de Africa del Oeste, Angola, ha adquirido parte de una empresa llamada Gulf LNG Clean Energy, la cual planea un puerto en Mississippi. Qatar, pequeño país del Pérsico, el cual será el mayor exportador de gas natural licuado del mundo en la siguiente década, ha mostrado gran interés en la iniciativa energética que está a consideración del Senado estadunidense. Esa nación y otras 12 ricas en gas, como Irán, Egipto, Nigeria y Venezuela, se reunieron en abril para hablar sobre las posibles formas de mantener los precios del gas satisfactoriamente altos. El grupo, llamado Foro de Países Exportadores de Gas, está aún en la infancia y por ahora es incapaz de seguir el modelo de la OPEP, pero sus miembros acordaron establecer una oficina de coordinación en Doha, en Qatar. A pesar de las preocupaciones, las importaciones de gas natural hacia el puñado de terminales que existen en EU se elevaron 29% el año pasado y se incrementarán de manera muy rápida a lo largo de esta década.