PERÚ NECESITARÁ OTRO CAMISEA PARA ATENDER CRECIENTE DEMANDA DE GAS

EL NUEVO PRESIDENTE DE BOLIVIA DESIGNA A SU EQUIPO DE GOBIERNO

El Mundo de España (www.elmundo.es)

El presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, ha designado hoy al gabinete de ministros de la gestión de transición que lidera para convocar elecciones generales anticipadas. Por su parte, comerciantes, campesinos y estudiantes han vuelto a manifestarse en La Paz en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos del país.
El gobernante nombró también a los nuevos integrantes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.
En un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de La Paz, Rodríguez tomó juramento a sus colaboradores, entre los que hay dos mujeres y dos ministros del anterior Gobierno, y dejó por designar a los responsables de tres carteras. El mandatario boliviano fue nombrado el pasado jueves por el Congreso en sustitución de Carlos Mesa, después de una ola de protestas que duró casi un mes y que finalizó con la muerte de un minero en un confuso choque con las fuerzas del orden.
En el discurso posterior a la toma de juramento del nuevo gabinete, subrayó que la misión de su mandato es "la preservación del orden democrático" y la convocatoria de "un proceso electoral que nos permita a través de las urnas lograr la representación ciudadana y las aspiraciones en las que se ha venido concentrando en el último tiempo".
"El trance de esta solución democrática excepcional ha demostrado que el sometimiento a la Constitución y a las leyes es la mejor lección que podíamos haber recibido", dijo Rodríguez, quien hasta el jueves fue presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Objetivo a cumplir
Recalcó que "es la solución de la ley la que impone la convivencia pacífica y armónica" al definir el objetivo de su gestión. Asimismo, invocó a los ministros "a servir con dedicación" a la nación y "a la colectividad a que, en un sentido de unidad y esperanzas comunes, podamos trabajar por una mejor Bolivia, por una convivencia armónica que es la que va a señalar el futuro de nuestros hijos".
En el nuevo gabinete destaca la presencia de María Cristina Mejía y Naya Ponce, a cargo de los Ministerios de Educación y Participación, así como la de dos ministros de Mesa, responsables de las carteras de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Pedro Ticona, y de Hacienda, Luis Carlos Gemio.
El presidente dejó sin designar a los ministros de Desarrollo Económico, Desarrollo Sostenible, Trabajo, y Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
Creó, además, la función de Delegado Presidencial de Asuntos Políticos, que recayó en el analista político Jorge Lazarte y cuya función será "apoyar los procesos parlamentarios y electorales".
En el mismo acto, nombró al nuevo mando de las Fuerzas Armadas, formado por Marco Antonio Justiniano, como comandante en jefe de la institución castrense; Carlos Delfín, jefe del Estado Mayor; Marcelo Antezana, comandante general del Ejército; Andrés Quiroz, comandante de la Fuerza Aérea, y Jorge Botello, comandante de la Fuerza Naval.



ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE BOLIVIA



OBSERVATORIO GLOBAL:

BOLIVIA REVOLUCIONARIA

Es tal vez el más dramático resultado de la descomposición de las sociedades latinoamericanas, provocada por unas políticas neoliberales.

La Nación de Chile (www.lanacion.com.cl)

Bolivia está una vez más inmersa en una revolución social y política. Y el drama boliviano puede afectar seriamente no sólo a ese sufrido pueblo, sino a la estabilidad de la región andina en su conjunto. El Presidente Carlos Mesa, intelectual respetado, personalidad independiente con talante negociador, intentó durante veinte meses encontrar una salida institucional a las reivindicaciones sociales y a las exigencias políticas contradictorias planteadas desde distintos sectores y bajo liderazgos diversos.
Incluso llegó a ganar un referéndum que aprobó sus propuestas. Pero la fuerza de los movimientos sociales de uno y otro signo bloqueó el funcionamiento del país y llegó a un límite que Carlos Mesa siempre rehusó cruzar: la represión violenta de los manifestantes. Por eso ha dimitido la semana pasada, rogando al Congreso que elija un Presidente provisional que convoque nuevas elecciones. A efectos prácticos, el Estado ha dejado de funcionar en Bolivia, con excepción de las Fuerzas Armadas, último recurso para restaurar el orden. Pero ése es un recurso que podría desencadenar la violencia generalizada en el país.
La incontenible explosión social en Bolivia surge de la voluntad popular del control de las riquezas naturales que encierra su tierra, de la reivindicación de autonomía de su región más rica y empresarial (Santa Cruz), de la afirmación identitaria indígena, de las reivindicaciones de los cultivadores de coca asediados por las exigencias estadounidenses de erradicación de sus plantaciones y de la crisis de legitimidad de una clase política tan desprestigiada como en casi toda América Latina. Y todo ello instrumentalizado y manipulado por intervenciones extranjeras de diverso orden. Lo paradójico es que la revuelta popular iniciada hace casi dos años tiene como origen una buena noticia: el descubrimiento de inmensos yacimientos de gas en la sureña provincia de Tarija (no en Santa Cruz, como se suele informar). Una explotación eficiente de este gas podría sacar a Bolivia de su pobreza, porque habría podido tener a dos mercados ricos y ávidos de gas: Chile y California, mediante un gasoducto al Pacífico a través de Chile.
Pero al ser éste el territorio que Chile arrebató a Bolivia hace más de un siglo, los bolivianos rechazaron la opción. Por otro lado, el anterior Presidente, Sánchez de Lozada, cedió la explotación futura a compañías extranjeras, principalmente a Repsol y a Petrobras. Y aquí funcionó la memoria histórica. Ya se llevaron los españoles el oro y la plata, y los estadounidenses el cobre y el estaño, y los brasileños el gas y el petróleo. Y así todas las riquezas que la Pacha Mama (la Madre Tierra) otorgaba a los bolivianos se convertían en fuente de expoliación y nuevo sufrimiento para beneficio de los extranjeros. Ante ese sentimiento, ampliamente compartido por todas las regiones y todos los sectores populares, de nada sirvieron las llamadas a la racionalidad económica, a la necesidad de tecnología, inversión y canales de comercialización, al posicionamiento de Bolivia en la globalización. Lo que primero fue una exigencia de regalías y altos impuestos, que las empresas petroleras denunciaron como leoninos, acabó en el clamor por la nacionalización del gas y de todos los recursos naturales. Como se hizo con las minas tras la revolución de 1952. Pero sobre ese trasfondo de independencia económica se proyecta una compleja trama de intereses contradictorios.
El movimiento indigenista aymara, liderado por Felipe Quispe, se hace fuerte entre los pobres inmigrantes de El Alto, la gran ciudad de poblacines pobres en torno al aeropuerto de La Paz, y plantea la creación de una nación aymara. En el otro extremo del país, las elites empresariales de Santa Cruz, provincia rica (tiene petróleo y gas, pero en menor cantidad que el descubierto ahora), dinámica, autosuficiente, y con fuertes vínculos económicos con Brasil, reclaman una amplia autonomía que en algunos discursos se convierte en amenaza de secesión.
Y los cruceños recuerdan la revolución de 1952, cuando las milicias obreras y campesinas del oeste de Bolivia entraron a sangre y fuego en su ciudad para “aplastar a la oligarquía”. Pero los campesinos e indígenas del Oriente boliviano también se oponen a las elites de Santa Cruz han ocupado campos petrolíferos y ya se ha producido choques con los militantes separatistas cruceños.
En el ojo del huracán se encuentra el más influyente líder político de la protesta popular: Evo Morales, también aymara, pero opuesto al nacionalismo aymara, y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), el punto de conexión entre los movimientos sociales y el sistema político.
Morales debe buena parte de su prestigio a la enemiga Estados Unidos, tras el llamamiento del embajador a votar contra él en las últimas elecciones presidenciales. Pero su fuerza en algunos sectores sociales no se traduce en popularidad. Según una encuesta reciente, su apoyo es tan sólo de 23% en Occidente y de 11% en Oriente. Además, Felipe Quispe es su enemigo y la poderosa Central Obrera Boliviana lo mira con desconfianza. En cambio, Evo Morales representa ideológicamente a la revolución bolivariana y tiene el apoyo material y moral de Chávez y, a través de él, de Fidel Castro.
Lo cual internacionaliza el conflicto en caso de victoria de Morales, que es hoy por hoy el más poderoso actor político: fue él quien hizo dimitir a Mesa. Para acabar de complicar las cosas, no hay que olvidar los intereses de los narcotraficantes (que no son lo mismo que los cocaleros), que quieren acabar con la interferencia estadounidense. Y las estrategias de las compañías petroleras (y de los gobiernos que tienen detrás, España y Brasil), que no quieren perder un negocio redondo. Y el nerviosismo de Estados Unidos ante una Bolivia que extienda la fiebre revolucionaria ya presente en Colombia y Ecuador y que amenaza en Perú.
Y las inquietudes de Chile ante una radicalizacion del nacionalismo boliviano en su frontera norte. Y la preocupación argentina por asegurarse un suministro de gas en una provincia fronteriza como Tarija. Además, la Iglesia aparece como mediadora de los conflictos y Benedicto XVI se juega su prestigio en su primer contacto con una crisis social en un país católico donde aún conserva influencia.
¿Y el Ejército? Su larga tradición golpista se interrumpió en 1982, cuando Estados Unidos se dio cuenta de que los militares bolivianos en el poder (García Meza) formaban parte esencial del narcotráfico. Desde entonces, el Ejército se ha mantenido en posiciones constitucionales. Y se sigue manteniendo neutral porque corre el peligro de dividirse si opta por una u otra opción. Pero puede haber intervención militar en dos situaciones. La primera es la amenaza de secesión de una parte del territorio nacional, ya sea Santa Cruz o el altiplano aymara. En este caso, sin lugar a dudas, habrá golpe. Por otro lado, si el caos se apodera del país y se produce un vacío institucional.
En ambos casos, la intervención militar no pondrá fin a la crisis. En realidad, puede radicalizarla. Y es que Bolivia está más allá de una lógica política. Ha entrado en una lógica revolucionaria, hecha de múltiples intereses y contradictorios proyectos, de sufrimiento, rabia y esperanza a la vez. Es tal vez el primer y más dramático resultado de la descomposición de las sociedades latinoamericanas provocada por unas políticas neoliberales que, tras su hundimiento, sólo han dejado ruinas en torno suyo.



¡Ni un paso atrás! entrevista a Ana Esther Ceceña

“BOLIVIA HA ESTADO DESDE HACE MUCHO TIEMPO EN REBELIÓN”

Diario Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)

El llamado zapatista a la construcción de “un mundo donde quepan muchos mundos”, pareciera ser uno de los motores de la insurrección popular, obrera, indígena y campesina que sacude en estos días a la república de Bolivia. Esto se desprende del diálogo mantenido con Ana Esther Ceceña, en programa radial Ni un paso atrás! (9-06-05). Cuando aún no había sido designado presidente el hasta ese momento titular de la Corte Suprema de Justicia, esta investigadora mexicana integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y autora del libro Bolivia, la guerra por el agua y por la vida -editado por la editorial Madres de Plaza de Mayo conjuntamente con la revista América libre-, desmenuza las aristas más sobresalientes de este nuevo capítulo de insurrecciones populares en el continente.
¿Qué similitudes y qué rupturas hay entre aquella rebelión zapatista de enero del 94 y esta hoy en Bolivia?
Mira, similitudes hay muchas porque son poblaciones que tienen un altísimo componente indígena y que en esa medida mantienen muchas tradiciones comunitarias, formas organizativas propias que, en parte son herencia y en parte son construidas a lo largo del tiempo, pero sí mantienen un componente colectivo muy fuerte. En parte porque también se trata de poblaciones muy castigadas por el desarrollo económico de los últimos 500 años, y que en esa medida han tenido que mantenerse unidas como para poder sobrevivir, como estrategia realmente de sobrevivencia, a la vez que es herencia de culturas. Entonces eso da un componente muy interesante porque son formas de organización que de repente rompen con todas las tradiciones políticas que se habían ido siguiendo en el continente. Todo este tipo de organización vertical, partidaria, que más o menos se tenía con las organizaciones revolucionarias de los años ´70 por ejemplo, es algo que es puesto en cuestión por estos nuevos movimientos y, a la vez que tienen una propuesta organizativa completamente distinta. Ahora lo interesante, por ejemplo en Cochabamba, es que esta otra manera de organizarse muy horizontal, muy respetuosa incluso de la diversidad de opiniones y de maneras de hacer las cosas y de pensar las cosas permitió en Cochabamba, cuando la guerra del agua, una articulación muy amplia entre diferentes sectores de la población y dentro de cada sector entre diferentes posiciones que había sin negar ninguna, pero confluyendo todos en la lucha en contra de la privatización del agua. Y esto es algo que el zapatismo también hace. Cuando el zapatismo convoca al mundo donde caben todos los mundos, pues de algún modo lo que te está diciendo es eso, o sea, no es que queremos hacer prevalecer nuestra idea de las cosas, sino que lo que queremos es lograr que cada quien con su idea tenga su propio espacio, y tener un espacio propio nosotros también.
Esa articulación hoy en Bolivia a nivel no ya de Cochabamba hace unos años sino a nivel nacional es la que está poniendo en jaque al gobierno actual, a la burguesía, a los sectores de poder. Pero también hay aparentemente diferencias en ese bloque, ¿cómo pensás que se podrá desarrollar en los próximos días esta alianza entre campesinos, indígenas, diferentes etnias indígenas y sectores políticos con representación parlamentaria?
La pregunta es dificilísima porque la verdad que en Bolivia hoy las cosas están muy complicadas de entender. Entre otras cosas porque efectivamente sí hay una confluencia muy grande en torno a algunas demandas como la Asamblea Constituyente y la estatización de los hidrocarburos, pero a partir de ahí hay una serie de diferencias que se están marcando incluso en los ritmos y las maneras como cada quien se está insertando en la lucha. Ahora yo lo que veo es que este recrudecimiento de los últimos dos, tres días va a tender necesariamente a unir fuerzas de los dos lados, y entonces muy seguramente eso ayude a que las diferencias de opinión, la fragmentación que se estaba viendo desde hace unos dos o tres días, otra vez encuentre cauces más o menos unitarios. Pero hay muchos escenarios enfrente, muchas posibilidades de salida de este conflicto y dependiendo de cómo se muevan las fuerzas va a apuntar hacia un lado o hacia el otro.
¿A qué me refiero? Sobre todo a qué va a pasar con el ejército y qué va a pasar con la Embajada de Estados Unidos, porque la embajada de Estados Unidos es un actor político de primer nivel en el caso de Bolivia. En general en América Latina tiene una importancia muy fuerte, pero en el caso de Bolivia, esa embajada es un poco el lugar donde se deciden muchas de las políticas y aparentemente no estaba muy clara todavía la negociación de las cúpulas ¿no? Entonces no está muy claro cómo van a jugar estas dos fuerzas: el ejército y la embajada. A mí me parece que ahí un punto clave es la resolución de lo de Vaca Diez porque él representa un cierto sector de la clase dominante, pero un sector que ni a la propia embajada parece que está convenciendo. Entonces, si aumenta la represión, como parece se que está ocurriendo, pues seguramente esto puede ir hacia salidas muy complicadas como un golpe de estado militar o como un estado de emergencia más o menos fuerte durante un tiempo, muchos arrestos, no sé... Podría haber un escenario muy represivo y eso complicaría mucho las cosas. Y ahí, independientemente de cómo se estén poniendo de acuerdo las fuerzas populares entre sí, pues sería más o menos tabla rasa y golpearían fuertemente hacia todos lados.
Si tomamos esta rebelión de Bolivia de la actualidad en comparación con dos rebeliones previas: una la del 20 de diciembre aquí en Argentina, y otra, la de octubre de 2003 también ahí en Bolivia. ¿Qué nuevos elementos tiene esta rebelión? Yo lo que noto es que hay una claridad en el pueblo boliviano en impedir que la burguesía se vuelva a acomodar. En esas dos rebeliones previas sí se volvió a acomodar la burguesía y ahora en Bolivia vuelve a estallar.
Pero no es solamente un problema de percepción sino también de acumulación de fuerzas del lado del sector popular porque Bolivia lo que pasa es que está en rebelión desde hace muchísimo, pero muy claramente desde 1999. La guerra del agua fue como una especie de experimento en pequeño de lo que después ocurre en octubre a escala nacional, y hoy absolutamente toda Bolivia está movilizada de una manera o de otra. Entonces no es solamente una percepción de que tenemos que empujar hasta lograr la Asamblea Constituyente que sería el modo de establecer realmente un nuevo pacto que reconozca el avance de las fuerzas populares, no es solamente la percepción de que tienen que empujar más, sino que sin esa Asamblea Constituyente la única posibilidad que hay es la salida represiva en más corto o mediano plazo. Y entonces no pueden permitir que esto ocurra, el reordenamiento de la burguesía en ese caso es mucho más grave porque además se han hecho mucho más visibles las fuerzas populares, entonces pues los líderes están identificados, la manera en que se mueven también. Ha sido un proceso acumulativo en el que están jugando una de las últimas batallas para lograr ese cambio en la correlación de fuerzas.
Por estos días se ha hablado también de una suerte de veedores internacionales que es lo que está pidiendo el renunciante Mesa. A partir de ahí, ¿podría colarse la posibilidad de una intervención militar de una fuerza multinacional, obviamente comandada por Estados Unidos?
Pues es una de las amenazas que en Bolivia quieran, y ya están incluso los de las Naciones Unidas ahí en Bolivia, que quisieran implantar una cosa parecida a la que ocurrió en Haiti que supuestamente se mandan fuerzas de paz que son en realidad fuerzas de ocupación. Yo creo que en el caso de Bolivia sería muy costoso, sería muy difícil porque en realidad instalar fuerzas de paz ahí es abrir un período de guerra civil porque la población no va a aceptar como en Haiti. Ahí no le quedó otro remedio a la población, estaba mucho menos organizada, mucho más rota en términos de sus articulaciones antes de la ocupación. Y en cambio en el caso de Bolivia no, al contrario, la población está completamente movilizada y además esas organizaciones que han ido creciendo y acumulando están en posibilidad de mantenerse mucho más tiempo movilizadas. Entonces la entrada de una fuerza de paz sería allí un mensaje de guerra civil. Pero además, incluso los ejércitos de la región no se si aceptarían tan fácilmente una segunda aventura. Porque la de Haití les ha valido, en el caso de Brasil que es la que comanda las fuerzas de paz, le ha valido una crítica muy fuerte al gobierno por parte de amplios sectores de la población que han estado cuestionando, exigiendo el retiro de tropas, si a eso le agregan la entrada en Bolivia, la situación interna y más ahora que están con las acusaciones de corrupción, no sería tan sencilla de manejar.




CÓMO MIRARSE EN UN ESPEJO BOLIVIANO DEL AGUA AL GAS

Diario Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)

Bolivia aparece hoy como un punto de máxima tensión en América latina, pero en realidad es un espejo que reproduce maximizadas todas las constantes de la región tras el fracaso del Consenso de Washington.
“Qué Oriente ni Occidente, aquí la cosa es entre ricos y pobres.” La afirmación fue hecha por uno de los principales actores de la trama boliviana, el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. Fue la respuesta a un corresponsal extranjero que intentaba desentrañar una realidad compleja, donde las contradicciones sociales se entrecruzan con determinantes étnicos y disparidades regionales, pero, como dejó entrever el dirigente cocalero, su raíz se encuentra en la exclusión social agudizada por las reformas económicas iniciadas a mediados de los años ’80 y profundizadas en la última década. La crisis actual surge como una nueva muestra de sus peores efectos, realidad con no pocos puntos de contacto y similitudes con las restantes economías de la región.
En Bolivia, al igual que en otros países latinoamericanos, las ideas fuerza emergentes del Consenso de Washington –apertura comercial, desregulación financiera y privatizaciones– consiguieron el desarrollo de un pequeño sector de la economía vinculado a la producción primaria, la soja, y la explotación de los recursos naturales, hidrocarburos y minería (zinc, estaño y oro), sectores que en conjunto representaron el último año cerca del 90 por ciento de los 2350 millones de dólares de exportaciones totales (contra importaciones por 2200). Según explica la economista paceña Silvia Escobar, las reformas aceleraron al mismo tiempo la desaparición de producciones campesinas tradicionales, ahora incapaces de adaptarse a los nuevos estándares de productividad internacional inducidos por la apertura, con lo que Bolivia comenzó a importar muchos de los alimentos que antes producía. Un reflejo de este proceso se encuentra en el déficit comercial que el país mantiene con Argentina.
Siguiendo la clásica secuencia de ajuste estructural promovida por los organismos internacionales, el proceso evolucionó sin desarrollar mecanismos de contención social. Adicionalmente, cuando los campesinos desplazados llegaron a la periferia de las grandes ciudades no encontraron allí un proceso de desarrollo industrial que los incorporara como trabajadores asalariados, sino una vida de marginación que los obligó a variadas estrategias de supervivencia. De los nueve millones de bolivianos, el 60 por ciento es pobre, un universo que prácticamente coincide con el 63 por ciento que se autodefine como indígena. Del total de pobres, la mitad es indigente. Del 37 por ciento de la población blanco-mestiza restante, es la minoría blanca la que detenta el poder económico y, al menos hasta ahora, también el político.
En este marco, los procesos de privatización de los servicios públicos agravaron las condiciones sociales de las mayorías empobrecidas. En su afán por atraer las consideradas deseables inversiones extranjeras, el Estado garantizó las ganancias de las nuevas prestadoras de servicios, entre ellos el agua. En poco tiempo las tarifas se incrementaron hasta en un 300 por ciento, sin que existieran, a cambio, inversiones que extendieran las redes de provisión. Los suburbios pobres fueron los más afectados. Javier Gómez, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) de La Paz, destaca que, sabedoras de “las dificultades de estos sectores sociales para hacer frente a sus tarifas, las empresas privadas no se interesaron por tenerlos como clientes”. La imposibilidad de acceder a servicios tan básicos como el agua desató en 2000 la llamada “guerra del agua” en la ciudad de mayoría aymará de El Alto, una suerte de Gran Buenos Aires de La Paz y uno de los suburbios que, junto a los de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, se convirtió en uno de los principales receptores de las migraciones internas. La consecuencia inmediata de la guerra del agua fue la expulsión de la empresa estadounidense Bechtel, que todavía mantiene pretensiones indemnizatorias ante el Ciadi, el “tribunal arbitral” del Banco Mundial. En enero pasado, la reacción popular también provocó la salida de la francesa Suez.
Sin embargo, la privatización más crítica fue la de los hidrocarburos, que despertó en la población la memoria atávica de una nación despojada de sus riquezas naturales, como ocurrió en el siglo XVI en la sureña Potosí. Carlos Villegas Quiroga, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, destaca que este despojo se produce hoy por la vía “de un proceso de generación y uso del excedente económico a favor de las empresas trasnacionales”. Explica también –como quedó evidenciado con los acontecimientos de octubre de 2003, la “guerra del gas” en Cochabamba y en la reciente salida del presidente Carlos Mesa– que el principal reclamo del pueblo boliviano sea “la recuperación de los derechos de propiedad de los hidrocarburos”, transferidos a unas pocas multinacionales por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997.
Sólo de gas, Bolivia exportó en 2004 más de 600 millones de dólares, el equivalente a 9500 millones de metros cúbicos. Los compradores fueron Brasil y Argentina. Los operadores, las mismas empresas que se encuentran a ambos lados de las fronteras. De acuerdo con datos del Idicso-Usal, las reservas comprobadas de gas natural de Bolivia se encuentran en alrededor de 800.000 millones de metros cúbicos, que representan el 10,6 por ciento del total de las de América latina (contra el 8,7 que posee Argentina). Según reseña el investigador Ricardo De Dicco, la propiedad del 98 por ciento de estas reservas se concentra en cuatro conglomerados extranjeros: 43,6 por ciento pertenece a Repsol-YPF, 35,2 a Petrobras, 12,6, a Total y 6,5, a British Gas. Estas mismas empresas controlan a su vez el transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos, un negocio que suma más de 2000 millones de dólares en un país cuyo Producto Interno Bruto (PIB) ronda los 9000 millones.
A la vez, los capitales transnacionales, especialmente los bancos españoles, controlan también las finanzas. En una población que recurre poco al crédito para financiar la actividad económica, el previsible negocio de los bancos es prestarle al Estado. Los déficit crónicos del sector público no fueron financiados solamente con deuda con los organismos multilaterales, sino especialmente con deuda interna vía la colocación de bonos entre las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP). Lo notable es que –siguiendo cifras de la Cepal– del 7,9 por ciento de déficit sobre el PIB registrado en 2004, 4,9 puntos, más del 60 por ciento del total, estuvo vinculado al hueco dejado por la privatización del sistema previsional. Mientras la deuda externa es de unos 8000 millones de dólares, la interna está cerca de los 4000 millones.
La producción de soja se concentra en el oriente y es controlada por grandes latifundistas locales, brasileños y también argentinos. Firmas como las multinacionales Monsanto y Cargill están instaladas en la región. Los descubrimientos gasíferos también se encuentran en esta zona, lo que explica la concentración regional de la riqueza. También las mal interpretadas ambiciones autonomistas, el segundo punto de la agenda nacional tras la nacionalización de los hidrocarburos. Gustavo Moreno, director de Integración Económica Latinoamericana de la Cancillería, explica que la organización política unitaria de Bolivia determina que los prefectos departamentales, el equivalente a los gobernadores provinciales, sean elegidos por el Poder Ejecutivo central. Las demandas autonomistas son así el resultado de la ambición de las clases políticas locales por una mayor autodeterminación, no proyectos secesionistas. Según relata Javier Gómez, ello no quita que el autonomismo haya sido exacerbado por algunas oligarquías locales temerosas del poder que puedan lograr los movimientos campesinos indígenas del oeste. Cuando se pone en la balanza el poder relativo de los actores de la crisis boliviana, grandes multinacionales del petróleo, las finanzas y los alimentos, con sus embajadas, versus los movimientos sociales que coparon las calles, parece claro que no son ni las etnias ni los regionalismos quienes definirán el conflicto. Claudio Scaletta Página/12




Opinión:

DOS PODERES EN PUGNA

Diario Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)

En Bolivia la situación evoluciona de hora en hora y actualmente sólo se pueden sacar conclusiones generales. Allí no se enfrentan el Altiplano y el Oriente sino, por una parte, los trabajadores y los pobres, que viven en la zona andina, pero también son minoría en el Oriente y, por otra, la oligarquía cruceña (y tarijeña) más la derecha histórica boliviana, bloque que tiene el apoyo de Estados Unidos, del capital internacional, de las grandes empresas de Brasil y de Argentina y de la mayoría de las clases medias urbanas (y blancas) de Santa Cruz.
Son dos bloques no étnicos -aunque tienen una expresión étnica- sino de clase. El de la reacción es más sólido y homogéneo, y el de los explotados está en continua afirmación y consolidación en el proceso mismo de lucha. Son dos poderes, el de las instituciones que se tambalean y fragmentan, y el de los campos y las calles urbanas, que aún no ha podido arrastrar consigo al polarizado sector de las clases medias urbanas del Altiplano que esperaban algo del presidente Carlos Mesa.
El hecho de que la Iglesia trate de mediar, pero sobre la línea de los movimientos sociales, o sea, pidiendo la renuncia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, para que el de la Suprema Corte convoque a elecciones generales anticipadas, a la Asamblea Constituyente y al referéndum sobre la autonomía, muestra que la relación de fuerzas se inclina del lado de los trabajadores, los campesinos, las clases subalternas. O sea, étnicamente, de los indígenas, que aunque se reconocen como tales hacen hincapié en sus reivindicaciones nacionales y ciudadanas, como la estatización de los hidrocarburos y los recursos naturales, y la Asamblea Constituyente para imponer la reconstrucción del país sobre bases democráticas y sociales, nacionalistas y anticapitalistas. Otro ejemplo de lo mismo es el apoyo tácito a las elecciones generales y la no intervención del ejército, que está profundamente afectado por las reivindicaciones nacionalistas de los movimientos sociales y por el origen social y étnico de sus cuadros de base, lo cual divide a los mandos y les hace temer el estallido de las fuerzas armadas -un nuevo 1952- si deciden una represión salvaje.
Los instrumentos tradicionales y comunitarios son la base para la organización general, pero para imponer otra modernidad, una democracia que combine la representación directa asamblearia con la indirecta, en la elección de un congreso preparatorio de la Constituyente y de la Constituyente misma, con sus partidos ad hoc y bloques políticos, que no son una cooptación por el aparato político sino que son herramientas de la política que reside en la movilización nacional y en la organización independiente de los explotados. Además, la Constituyente que piden los indígenas incluiría un representante de cada una de las etnias existentes en el país, desde Oriente hasta las fronteras con Perú y Chile, elegido por usos y costumbres, en un total de 34, independientemente de la población que pueda tener cada grupo.
Estamos así a años luz del repudio "a la política" y de la decisión de no hacerse cargo del aparato del Estado. Con sus sindicatos obreros y campesinos, y hasta con sus partidos que se reclaman de clase y socialistas, y apoyándose en su historia de luchas indígenas pero también de luchas clasistas, los oprimidos bolivianos agrupan tras de sí a las muchedumbres desorganizadas, les dan un objetivo político nacional: una Bolivia incluyente, construida por los indígenas en su condición de explotados, una Bolivia multicultural, plural. Eso es lo que rechazan las empresas internacionales que son el eje del capitalismo en Bolivia, y los agentes de ellas, y lo que rechazan también los gobiernos de los países vecinos, porque puede resultar socialmente contagioso.La capacidad de hacer política, de hacer un frente político-social no ignorando las diferencias entre sus componentes (Quispe, Morales, COB) sino construyendo en cambio en torno a las necesidades y objetivos comunes y la capacidad de unir la construcción del poder de los oprimidos con el intento constante de permanecer dentro de la legalidad y de utilizar las instituciones y los mecanismos estatales sin caer en el cretinismo estatalista, caracteriza a los movimientos sociales bolivianos y da el más alto ejemplo político a todo nuestro continente.
Al mismo tiempo, es fundamental el deseo de mantener la autonomía, que se expresó en el repudio al llamado a formar un gobierno cívico-militar (repudio alentado por la comprensión no sólo de los errores de la Conaie ecuatoriana con Lucio Gutiérrez, sino también por un buen balance de la historia boliviana, con sus militares nacionalistas como Busch, Toro, Villarroel, Torres).
Nada está resuelto en Bolivia porque no se ha aprobado la nacionalización de los hidrocarburos ni se ha resuelto el problema de la Constituyente y de las autonomías. Se velan las armas. Y, si se entrase en un periodo prelectoral (para la renovación del Parlamento y para la Constituyente), el frente de los movimientos sociales podría fragmentarse y perder fuerzas y se recompondría nuevamente el mapa político-social con una nueva relación entre movimientos y lucha legal. En ese sentido los días que vendrán serán tan decisivos como "los cinco días que conmovieron el Altiplano".



Opinión

TURBULENCIAS AMERICANAS

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com)

Descifrar de qué manera pueden los bolivianos construir espacios comunes de entendimiento que conduzcan a consensos que les permitan avanzar en la resolución de sus problemas y encarar el futuro de su país con un mínimo optimismo es extremadamente difícil. Todo indica que ni los mismos bolivianos saben cómo salir de la turbulencia.
Para los países de la región que no han podido poner su casa en orden, la inquietud por lo que sucede en Bolivia no deja de ser apremiante y legítima. La debilidad de sus instituciones, el desapego al estado de derecho, así como los vínculos étnicos o ideológicos entre grupos de inconformes en los distintos países andinos, hacen temer el contagio y presentan retos serios a su estabilidad política y bienestar económico.
El desasosiego se siente también en países que hace tiempo pusieron la casa en orden y hoy disfrutan de una prosperidad envidiable y una sólida estabilidad política. En Chile, por ejemplo, la preocupación por la turbulencia regional es profunda. Más allá de los intratables problemas de carácter histórico entre Bolivia y Chile, el temor actual de los chilenos es que la permanencia del desorden en la región minan la estrategia de desarrollo ordenado que con esmero han venido construyendo desde hace varias décadas.
Con unidad de propósito y clara visión de sus objetivos como nación, Chile ha desarrollado su política interna y externa con enorme coherencia con el fin de posicionar a su país como puerto de entrada de los países asiáticos al hemisferio sur. Hoy, la pregunta que se plantean los chilenos es ¿quién va a querer venir a negociar, vender, comprar o invertir en países que viven en perpetua rebelión?
El caso más reciente es Bolivia, pero no hace mucho el gobierno depuesto por la turba fue el de Ecuador. Colombia lleva décadas en guerra contra una guerrilla enriquecida por el narcotráfico. En Venezuela, el ex golpista presidente cada día acapara más poder y amenaza con extender su ''revolución'' al resto del continente. En Perú la apuesta es si Alejandro Toledo logra terminar su mandato.
Que todo este proceso de descomposición regional suceda en un momento en el que liderazgo estadounidense está siendo cuestionado en todo el hemisferio sólo añade un nivel más de incertidumbre al futuro del continente.
La lista de fracasos de la administración de George W. Bush en su política hacia América Latina es impresionante. En Bolivia, por ejemplo, fue la torpeza de un embajador estadounidense la que le dio estatura de líder nacional con poder de veto presidencial a Evo Morales. En Haití, el partido republicano logró deshacerse del presidente Jean-Bertrand Aristide para luego abandonar el atribulado país dejando a Brasil, Chile y Argentina a cargo del caos.
La pérdida por partida doble de los candidatos apoyados por Estados Unidos a la secretaria general de la OEA fue una patética demostración de debilidad. Tanto como el mal manejo de la reciente Asamblea de la misma institución, donde el otrora mandón no logró convencer a nadie de la necesidad de darle vigencia real a la Carta Democrática.
Los desencuentros de la administración con los gobiernos de Brasil en materia de comercio y la falta de seguimiento en asuntos pendientes: con México en inmigración y con América Central en el Tratado de Libre Comercio, muestran que el descontrol empieza por la cabeza de la administración. Bush no parece estar dispuesto a invertir capital político para tratar de ayudar a los países del hemisferio.



Bolivia y Ecuador

IMPLOSIÓN SOCIAL

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Como si les sobrara, Bolivia y Ecuador dilapidan capital político. La cuota de asombro que pareció colmada en 1997 cuando Hugo Banzer fue electo presidente, devino perplejidad al acceder al poder Sánchez de Lozada, segundo mandatario latinoamericano, después del cubano Tomás Estrada Palma que hablaban castellano con acento inglés y alarma cuando se llamó de 'de izquierda' a Lucio Gutiérrez. Muy preocupantes fueron las bengalas que saludaron la llegada al poder de Carlos Mesa.
El hecho de por sí muy extraño e incluso discutible, de derrocar a un presidente oligarca e impopular para poner en su lugar al vicepresidente, igualmente oligarca, aunque menos impopular por no haber sufrido el desgaste de gobernar, es un magro resultado de vastas movilizaciones populares.
El hecho de que más de medio siglo después el movimiento popular boliviano, por medio de la insurrección, instale en el poder a elementos que están a la derecha de Juan Lechín y son menos radicales que Paz Estenssoro, son, como mínimo, incoherentes con la lógica de la historia.
Las movidas de Lucio Gutiérrez y Carlos Mesa me recordaron la revolución del 30 en Cuba, cuando un formidable movimiento popular echó a un sanguinario dictador y permitió que Batista se apoderara del poder. La diferencia es que aquellos hechos ocurrieron hace 70 años.
Desde entonces corrió mucha agua bajo los puentes y se derramó mucha sangre en las luchas sociales y políticas del continente, triunfó la revolución cubana y las oligarquías ligadas al imperio respondieron al movimiento de liberación nacional con dictaduras de orientación fascista, que a puro plomo contuvieron al movimiento popular para luego dar paso a las democracias tuteladas al estilo de las de Menem y Fujimori, Frei y otros.
Soy de los que creen que el movimiento revolucionario no tiene un destino único, sino que más bien se trata de un camino que cada proceso recorre a partir de sus realidades y prioridades hasta alcanzar sus propias metas. También son específicas las experiencias y los traumas que forman la historia política de cada país, sus victorias y fracasos y las cicatrices que recuerdan errores y malos momentos.
Incluso dentro del capitalismo todavía se puede luchar contra la pobreza, poner fin a la dependencia y el satelismo, aumentar las cuotas de participación popular y terminar con la escandalosa exclusión de las mayorías, establecer márgenes aceptables de justicia social y realizar una obra social que no es incompatible con la propiedad privada ni con la democracia representativa.
En esos empeños puede haber espacios para las burguesías nativas, los militares honestos, la clase media y el empresariado nacional y existen zonas para el populismo de buena ley e incluso para algunos raros políticos tradicionales ligados a enfoques patrióticos.
En la lucha revolucionaria y popular son legítimos los programas mínimos, cuya consecución obran como peldaños en el ascenso histórico y aunque lamentables existen también las derrotas y los retrocesos.
Lo que no tiene futuro es la demagogia estilo Gutiérrez ni pueden haber confusiones acerca de quiénes son aliados estratégicos y quiénes compañeros de viaje y aunque en determinadas coyunturas pueden ser eficaces, los reajustes palaciegos y los enroques cortos o largos, raras veces lograron satisfacer las necesidades y aspiraciones de las masas. De la experiencia cubana rescato los desvelos de los hermanos Castro y del Che Guevara, extremadamente cuidadosos para no arriesgar a las fuerzas revolucionarias y a los cuadros en combates de escaso significado o dudosos resultados y su crítica a cualquier intento de involucrar a las masas en acciones no suficientemente justificadas. Lenin y Trotski cuidaban como la niña de los ojos a la organización y a los cuadros.
No hay excusa para la ingenuidad. La oligarquía y el imperio están vivos y alertas; el Cóndor y la CIA no son cosas del pasado y a su amparo crecen los bonapartistas degenerados prestos a convertir el sable del militar en cuchilla de verdugo.
No me gusta, porque es machista y pido perdón para recordar una sentencia que es aplicable también a los hombres ingenuos: 'Ni a las naciones ni a las mujeres se les perdona el momento de debilidad en que una aventurero pudo seducirlas'. Por: Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info).



Análisis:

BALANCE DEL ÚLTIMO CONFLICTO: LOS GRUPOS OLIGÁRQUICOS Y LAS TRANSNACIONALES MANTIENEN INTACTOS SUS PRIVILEGIOS E INTERESES

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

La reciente crisis por la que atraviesa el país es resultado del sistemático manoseo del que son objeto las demandas legitimas del pueblo boliviano por parte de los burócratas parlamentarios y el gobierno de Carlos Mesa, que después de 20 meses (desde octubre de 2003) fueron incapaces de recuperar la propiedad de los hidrocarburos tal y como demandaron las organizaciones en su debido momento.
Nueve años de aplicación de un modelo de saqueo de los recursos hidrocarburíferos y más de veinte años de neoliberalismo empobrecieron al país al extremo de que más de un 66% de la población se encuentra en situación de pobreza y un 36,55% en situación de extrema pobreza, como indican los datos del INE 2003. Junto con ello se ha profundizado la exclusión de las mayorías de parte de un aparato estatal cada vez más indolente e intolerante para con las demandas del pueblo que se ve obligado a asumir medidas de hecho en la búsqueda de solución a sus problemas.
El pueblo ha demostrado tolerancia a pesar de soportar los embates de la pobreza. Esperó que los poderes del Estado posibilitaran en más de veinte meses a partir de la crisis de Octubre de 2003 la recuperación total de los recursos energéticos, explica el CEDIB.
A lo largo del conflicto, las organizaciones populares movilizadas lograron aglutinar a la gran mayoría nacional en tormo al objetivo estratégico de la nacionalización de los hidrocarburos, conclusión a la que llegaron después de comprobar cómo el parlamento escamoteó la recuperación de los hidrocarburos mediante una la nueva Ley que legaliza los contratos petroleros inconstitucionales, y que consolida la entrega de toda la cadena productiva a las compañías transnacionales por cuarenta años adicionales.
La movilización de las organizaciones populares puso en evidencia el carácter antinacional del Estado y su subordinación a los intereses trasnacionales, motivo por el cual las organizaciones demandaron el cierre del parlamento como primer paso para alcanzar una transformación del Estado en su conjunto. A más de un mes de iniciadas las movilizaciones, se fortaleció la unidad de las organizaciones populares sobre la base de un consenso en torno a la nacionalización de los recursos naturales y principalmente de los hidrocarburos por la vía de la movilización.
Durante este proceso, el Estado eludió la búsqueda de soluciones de fondo, las mismas que pasan por la atención inmediata de las demandas de las organizaciones populares, optando más bien por el desgaste propio de un conflicto prolongado, alentando incluso acciones de grupos fascistas al mando del Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista en contra de Indígenas y campesinos. La radicalización que adquirió el conflicto sobrepasó los cálculos del gobierno y el parlamento, quienes se vieron rebasados por la contundencia de los bloqueos y marchas multitudinarias.
Con el afán de minimizar y postergar una solución real al tema de fondo, que para las organizaciones populares pasa por la nacionalización, urdieron un plan para retomar y controlar el Poder el Estado. Para ello se fijo dos alternativas: a) imponer un régimen fascista de represión a los sectores movilizados y b) sucesión constitucional que permita sostener al modelo hasta una nueva elección, periodo en el cual se pretenden rearticular las fuerzas de la derecha oligárquica y transnacional, interpreta el CEDIB.
Contradictoriamente a lo esperado, las fuerzas contra quienes se movilizó la población resultan ahora fortalecidas y/o cuando menos mantienen sus privilegios: Por un lado, las compañías petroleras continuarán saqueando indefinidamente los hidrocarburos al amparo de la nueva ley, que permitirá la vigencia de los 72 contratos inconstitucionales.
La megacoalición mantiene su poder intacto en el parlamento, por lo menos hasta que se produzcan las nuevas elecciones, con un Presidente sujeto a las decisiones de este órgano. Los grupos oligárquicos y los partidos neoliberales y electoralistas, ajenos a la movilización del pueblo, se alistan para asaltar nuevamente el Estado en el marco de una nueva legitimidad otorgada por las elecciones venideras.
Según el CEDIB, los grupos oligárquicos y las transnacionales obtuvieron la salida que desearon, ya que sus privilegios e intereses se mantienen intactos. Para el pueblo movilizado esto no representa una verdadera solución a sus demandas ni tampoco un freno a sus legítimas aspiraciones.
Por otro lado, las Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia asociadas a CIOEC Bolivia manifestaron que la convulsión social que vive el país es un reflejo de la injusticia social e inequidad a la que están sometidos los campesinos, indígenas, trabajadores y demás sectores excluidos. En esas condiciones, el cambio de presidente de la república no es la solución a la crisis social, económica y política; sino verdaderos cambios estructurales profundos en una Asamblea Constituyente participativa. Por: BOLPRESS



PERÚ NECESITARÁ OTRO CAMISEA PARA ATENDER CRECIENTE DEMANDA DE GAS

El pedido para atender a los países del Mercosur es un gran aliciente para la búsqueda de mayores reservas. Expertos consideran que lo importante es priorizar la interconexión sudamericana.

La República de Perú (www.larepublica.com.pe)

La gran demanda de gas natural de nuestros vecinos del Cono Sur significa en la práctica que los inversores privados tengan como meta encontrar en breve plazo nuevas reservas del hidrocarburo, similares a lo actualmente explotado en el Lote 88, ubicado en la selva de Camisea (Cusco).
Por lo menos esa es la meta más próxima si se toma en cuenta que el ministro de Economía y Energía de Chile, Jorge Rodríguez, informó en su país que la expectativa en cuanto a la construcción del “anillo de gasoductos” que unirá a los países sudamericanos es que esté listo a más tardar el primer semestre del 2007.
Las reservas existentes en el Lote 88, de Camisea, destinadas al consumo interno, alcanzan los 8.1 trillones de pies cúbicos (TCF). Los países del Cono Sur demandan 35 millones de metros cúbicos diarios, lo que en la práctica significa, en un periodo de 20 años, 8.4 TCF.
Según Aurelio Ochoa, analista en temas de hidrocarburos, ni siquiera el lote 56 destinado a la exportación puede abastecer al mercado mexicano, país con el que existe un preacuerdo. Los mexicanos requieren de 4.5 TCF y el citado lote tiene 3 TCF.
En total nuestras reservas de gas natural llegarían a 11 TCF, entre los lotes 88 y 56, cantidad insuficiente a toda vista ante la demanda de México y de los países del Mercosur.
Integración
Para Ochoa el gobierno deberá priorizar qué mercado abastecer. La decisión resulta difícil aunque resalta que el Perú, como presidente de la Comunidad Sudamerica de Naciones, debe asumir un rol integracionista.
“Los países de Europa iniciaron el proceso de integración a través de la interconexión de la energía”, refirió el experto.
Similar comentario de integración energética con los países del Cono Sur lo tuvo el ex ministro de Energía Carlos Herrera Descalzi. “Ello permitiría una integración energética en la región y la utilización del gasoducto, que se extendería, para llevar gas a zonas como Arequipa, Moquegua y Tacna y a todo el territorio nacional”, dijo.
Pero ambos expertos coincidieron en que existe un gran potencial de reservas de gas. Será cuestión de esperar un poco.
Gasoducto para las regiones
El Ministerio de Economía y Finanzas ratificó el Plan de Promoción de la Inversión privada destinado a entregar en concesión la construcción de gasoductos regionales, elaborado por ProInversión. De esta forma el sector privado se encargaría de la infraestructura necesaria para el transporte y distribución de gas natural por ductos al servicio de las regiones del Cusco, Ayacucho, Junín e Ica.

La norma, publicada ayer en el diario El Peruano, destaca que el pasado 19 de mayo del 2005 ProInversión aprobó el citado plan de promoción. El MEF indica que la referida infraestructura creará las condiciones para descentralizar el consumo de gas natural, mejorando la competitividad de las economías regionales.




OXIQUIM AVANZA EN SU PROYECTO DE GNL: INGRESÓ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

La empresa Oxiquim sigue avanzando en su proyecto de gas natural licuado. La compañía ingresó ayer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la construcción de una planta de regasificación, que le permitirá sacar partido al terminal portuario que posee en la V Región. La iniciativa compite con el proyecto que promueve la Empresa Nacional del Petróleo, que aún no ingresa su estudio a la evaluación de las autoridades ambientales. El proyecto de Oxiquim considera una inversión de US$ 263 millones y un almacenamiento de 360.000 metros cúbicos.
El proyecto
Los recursos estarán destinados a la ampliación del muelle para recibir la descarga de los barcos de GNL, tanques de almacenamiento y sistemas de regasificación.
En una primera etapa, se ampliará la extensión del Terminal Marítimo de Quintero en cerca de 600 metros para permitir el atraque de los Buques. En este terminal se instalarán tres brazos de descarga del combustible, el que se transportará a dos tanques de almacenamiento, a través de una cañería de aproximadamente 3.300 metros de longitud. Ambos estanques tendrán una capacidad de 180.000 metros cúbicos cada uno.
De acuerdo a las especificaciones del estudio que deberá evaluar la Corema de la V Región, el gas natural licuado (en estado líquido) almacenado en los estanques será bombeado hasta una zona de regasificación, en donde, por aumento de temperatura, el GNL pasará de líquido a gaseoso. En este punto el gas queda disponible para ser utilizado en el la red de gasoductos de la zona central del país.