COCAÍNA EN MÉXICO: POR QUÉ EL NARCO ELIGIÓ LA SIERRA DE GUERRERO PARA SEMBRAR UNA PLANTA ENDÉMICA DE LOS ANDES
La
mañana del 9 de agosto el ejército mexicano descubrió siete hectáreas de planta
de coca (tres plantíos) y un intento de laboratorio para aislar el alcaloide.
Se trató, en conjunto, del cultivo más grande de ese tipo hallado hasta la
fecha en suelo mexicano. Pero para nadie fue una sorpresa.
En
el último año y medio, el 109 batallón de infantería, a cargo del teniente
coronel Benito Hilario García Vázquez, han encontrado 21 plantíos de hoja de
coca únicamente en la zona serrana del municipio de Atoyac de Álvarez, en el
estado de Guerrero.
El
primero de estos hallazgos en la entidad, y el segundo en suelo mexicano, se
registró en febrero de 2021. Los militares descubrieron seis plantíos (cuatro
hectáreas) de coca en las inmediaciones del poblado Río Santiago. “En el estado
de Guerrero no se había tenido registro alguno de este tipo de plantíos... Por
eso es algo relevante”, declaró entonces el coronel Enrique Benítez Campoy.
En
otras palabras, desde comienzos del 2021 el narco mexicano dejó claro que está
incursionando en la producción de cocaína y que está plantándole cara al
monopolio de la coca que tradicionalmente le ha pertenecido a los países
andinos: Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, etc.
Los
cárteles de México llevan años tomando un papel activo en el tráfico
internacional de cocaína. Tan solo en la década de los noventa, el Cártel de
Sinaloa, bajo el mando de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se benefició enormemente
del llamado “boom cocainero”. Pero es raro que la intenten producir desde cero
en su propia tierra.
El
profesor y director de proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia en
la consultora Strategic Affairs, Armando Rodríguez Luna, explicó a Infobae
México que el crimen organizado empezó a experimentar con cultivos de hoja de
coca en territorio mexicano desde los años setenta. El mismo Cártel de Sinaloa
lo habría intentado en la década de los noventa.
Pero
la poca tecnología con la que contaban, sumado a las condiciones geográficas y
climáticas que exigía la planta, hicieron que aquellos experimentos fracasaran.
Sin embargo, los recientes hallazgos en Guerrero parecen sugerir que el narco
tomó aliento para volver a intentarlo con más fuerza.
“Probablemente
están en una fase de experimentación. Tuvieron que haber primero estudios de
suelo, de altitud, de orografía, de humedad, clima y demás características para
poderla plantar. Yo creo que descubrieron que ahí se podía. Y empezaron a
experimentar. Es ahí donde estamos parados ahorita”, dijo en entrevista para
este medio el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Federico San Juan
Rosales.
“No
hemos encontrado laboratorios hasta ahorita, al menos bien hechos, bien
montados, lo que hemos encontrado es cerca de los plantíos, ahí donde
seguramente pretenden empezar a deshojar las plantas para empezar a juntar la
hoja y hacer el proceso, pero hasta ahí han llegado”, detalló el general
A
pesar de que los narcotraficantes, según las evidencias, todavía no han podido
superar la fase de experimentación para poder llegar al proceso de la
transformación de las hojas en polvo de cocaína, los recientes hallazgos
preocuparon a las autoridades. Algunas de las plantas de los primeros cultivos
rebasaban los dos metros de altura, lo que indica que llevaban ahí por lo menos
un par de años.
“Es
un asunto muy importante al que debemos ponerle mucha atención. Es un problema
grave para México. Lo hemos visto en otros países de Sudamérica. Todo lo que
implica: el aparato de las organizaciones delictivas, el empaquetamiento, el
transporte, el tráfico... Esto va ocurrir en México, si nosotros se los
permitimos”, advirtió el general.
Las
partes altas de la sierra de Guerrero tradicionalmente han sido zonas de
cultivo de amapola y marihuana, sobre todo después de que el Ejército, a través
de la Fuerza de Tarea Marte, diera en los años noventa varios golpes a los
productores que se habían asentado en la zona serrana del Triángulo Dorado
(Sinaloa, Durango y Chihuahua).
Pero
no es normal que una planta endémica de Los Andes, separados por más de 4 mil
kilómetros de Guerrero, crezca en la Sierra Madre del Sur de México,
específicamente en Atoyac, a menos que alguien la haya sembrado con intenciones
muy específicas. ¿Qué tantas posibilidades hay de que tengan éxito? ¿Qué
similitudes tiene Guerrero con las zonas de donde es endémica la hoja de coca?
Semejanzas
entre Guerrero y Los Andes
La
postal de la zona serrana de Atoyac no es muy diferente a los Yungas de
Bolivia. En ambas regiones hay laderas, húmedad, nieblas que rodean las crestas
de las montañas, ríos y una extensa vegetación que lo cubre todo.
Las
dos áreas, curiosamente, también son fértiles en cultivo de café, una planta
que por sus características es muy similar a la hoja de coca. Las dos necesitan
crecer entre los 500 y los 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar.
Precisamente los 21 plantíos encontrados hasta el momento en Guerrero, según la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han sido localizados entre los 600
y los mil 100 metros de altitud.
Todo
parecería indicar que el narco encontró un lugar idóneo para el cultivo de la
planta de coca, y que solo es cuestión de tiempo para que la “cocaína mexicana”
irrumpa en el mercado internacional de drogas.
Existen
versiones en el sentido de que en Guerrero ya circula una cocaína de
denominación mexicana. Sin embargo, al parecer el producto todavía no alcanza
los estándares de calidad para hacerle competencia a la coca colombiana o
peruana.
Pero
para el profesor Rodríguez Luna, el aparente parentesco que hay entre Los Andes
y esa región serrana de Guerrero en realidad no lo es tanto, pues no solo es el
clima ni la geografía, sino múltiples factores los que se necesitan para
igualar lo que por naturaleza se designó como el territorio fértil y endémico
para la planta de coca.
“En
términos geográficos, el problema con México siempre ha sido la altitud, y la
convergencia con estas condiciones climáticas que requieren el cultivo de esta
planta de coca. La fertilidad de la tierra también tiene mucho que ver. Me
parece que si bien en esas zonas hay buenas condiciones climáticas, no existe
necesariamente la misma tierra, la cual permite justamente tener una buena
producción”, señaló el consultor.
“Creo
que tiene más que ver con la tierra. Y es ahí donde insisto que va a ser muy
difícil que se pueda lograr un proceso de cultivo de cocaína mexicana que
compita realmente con las otras ofertas que hay”
Otra
diferencia importante, según el experto, es que las condiciones más agrestes
del Pacífico mexicano y de la Sierra Madre del Sur impiden tener una extensión
amplia de cultivos, un factor importante si se compara con el caso de Colombia,
que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
en 2021 fue el principal productor de cocaína en el mundo.
De
acuerdo con los datos del último año, en Colombia se produjeron cerca de 149
mil hectáreas de cultivo de coca, es decir, un rendimiento aproximado de entre
mil y mil 200 toneladas métricas de cocaína. En el caso de Perú y Bolivia, los
rendimientos anuales de la droga oscilan entre las 40 mil y 60 mil hectáreas.
“No
solamente es el clima, ni la geografía en términos de altitud y demás, sino
también las condiciones orográficas”.
Otro
tema a considerar es la accesibilidad. Si hay algo que caracteriza a los
cultivos que hay en México de marihuana, y también a los de coca, como pudo
constatar Infobae, es que se encuentran en lugares remotos y poco accesibles
para evitar la presencia de las fuerzas de seguridad.
“No
es muy redituable depender demasiado de eso en tus procesos de cultivo. Creo
que hay más diferencias que similitudes en el caso de México con los países
andinos en general, y con Colombia en particular”, señaló el investigador.
Donde
sí habría una semejanza importante entre los Andes y México, indicó, sería en
la poca capacidad de los gobiernos de los estados, tanto en el caso de Colombia
como de México, para controlar su propio territorio.
“México
y Colombia han reducido sus acciones y operativos de interdicción por mar,
tierra y aire, particularmente en el tema de la cocaína. Básicamente todo se ha
centrado en el fentanilo.
“Creo
que eso es una similitud, quizá más importante, que permite no solo la
emergencia de grupos criminales, y en el caso de Colombia, también de
guerrillas, sino también la falta de control de los procesos sociales,
políticos y económicos que dan pie para que surjan grupos criminales que
controlan cultivos y que incluso se convierten en actores claves como autoridad
de ciertas comunidades”, dijo.
Los
escenarios a futuro
Los
grupos criminales que están detrás del cultivo de hoja de coca tendrían que
encontrar un espacio territorial más adecuado para la producción en grandes
proporciones. Además, para que México se convirtiera en un actor relevante en
la producción de coca a nivel internacional, tendría que haber una baja
considerable en la producción de coca andina, lo cual no ha sucedido.
Si
bien Colombia ha registrado una tendencia a la baja en los últimos tres años,
su capacidad de producción sigue siendo considerablemente grande y ha sido
complementada por el incremento registrado en Perú, que junto con Bolivia, los
tres países casi llegan a las 2 mil toneladas métricas de producción por año.
México
aún está muy lejos de alcanzar a los países andinos en materia de producción,
rendimiento y calidad final del producto; pero la evidencia de sus intenciones
está ahí. “Lo que vamos a ver en el futuro es la emergencia por aquí y por allá
de plantíos con estas extensiones mínimas”, pronosticó Rodríguez Luna.
“El
hecho de que estén experimentando en México quiere decir que a las
organizaciones delictivas esto les va a dejar más dinero y con menos riesgos,
porque ya no es lo mismo que tengan que transportar el producto desde
Sudamérica hacia el mercado de consumo, que ya queda muy cerca de México”,
indicó el general Rosales.
El
peor de los escenarios en el futuro, y que justamente el Ejército mexicano
busca evitar, es que el narco mexicano se convierta en un productor
internacional de cocaína, y ya no solo en un país de tránsito. (https://bit.ly/3dMtSj3)
JOSÉ
RODRÍGUEZ ELIZONDO: EVO Y LA REVOLUCIÓN INDIGENISTA
Cuando
se creía que la implosión de la Unión Soviética, la exitosa economía de mercado
de China y la desastrosa performance de Nicolás Maduro marcaban el fin
definitivo de las revoluciones marxianas, un combinado de ideólogos y políticos
jóvenes extraía de sus rescoldos un nuevo fantasma: la revolución indigenista y
plurinacional, que hoy recorre la región.
EL
Líbero de Chile (https://bit.ly/3ADni7j)
Del
prejuicio de la inferioridad de la raza indígena empieza a pasarse al
extremo opuesto: el de que la creación
de una nueva cultura americana será obra de las fuerzas raciales autóctonas.
José
Carlos Mariátegui, 1929.
Hay
quienes afirman que la revolución latinoamericana de inspiración marxista hoy
sólo es tema para memoristas.
Creo
que es un buen deseo -un wishful thinking, para que me entiendan- de los
demócratas variopintos. Parafraseando el lema castrense “el mando nunca muere”,
esos procesos nunca desaparecen. Mutan en proyectos del mismo espíritu con
nuevas encarnaciones, mientras sus jefes derrotados procrean a sus
descendientes o sobreviven como “samuráis cesantes”, según la cruda descripción
del excastrista Regis Debray.
Una
retrospectiva simple lo confirma. En poco más de medio siglo hubo tres grandes
proyectos frustrados: la transición revolucionaria desde las instituciones,
liderada por Salvador Allende; la revolución armada continental, catalizada por
Fidel Castro, y la revolución bolivariana de Hugo Chávez, con elecciones
intervenidas y ejército militante.
Por
lo dicho, cuando se creía que la implosión de la Unión Soviética, la exitosa
economía de mercado de China y la desastrosa performance de Nicolás Maduro
marcaban el fin definitivo de las revoluciones marxianas, un combinado de ideólogos
y políticos jóvenes extraía de sus rescoldos un nuevo fantasma: la revolución
indigenista y plurinacional, que hoy recorre la región.
Bolivar
lo anunció
La
percepción de los Pueblos Originarios (PP.OO.) como fuerza contestataria viene
de nuestros libertadores. Bernardo O’Higgins quiso incorporarlos a la emergente
nacionalidad en modo jurídico. Por decreto de 1818 dispuso que “respecto de los
indios no debe hacerse diferencia, sino denominarlos chilenos”. Simón Bolívar,
en cambio, fue fríamente realista.
En
1819, ante el Congreso venezolano, asumió que los patriotas triunfantes
enfrentarían el más complicado de los conflictos: “el de disputar a los
naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio
nacer”.
Durante
dos siglos, el mestizaje redujo la crudeza de ese conflicto. Pero, por déficit
de políticas públicas integracionistas y superávit de mala onda, hoy
coexistimos con PP.OO. ajenos a la nacionalidad y conservadores de sus
culturas. Algunos con densidad demográfica mayoritaria, y todos entre
descontentos e indignados con los políticos del establishment.
De
ahí que, mientras Fukuyama fantaseaba con el fin de la historia, ideólogos
neomarxistas descubrían en los indígenas la fuerza social necesaria para mutar
de caciques solitarios en líderes de masas.
Eran
la alternativa revolucionaria a la democracia liberal y a ese “comunismo de
academia”, que seguía fiel a la utopía del “futuro radiante para la humanidad”,
con base en los obreros y el desarrollo del capitalismo industrial.
Como
contrapunto, instalarían en sus cenáculos la utopía arcaica del “buen vivir” de
los PP.OO., respetuosos de la Pachamama, de la “sintiencia” de los animales y
del cuidado de los ecosistemas.
Teoría
de la indigenidad
El
pistoletazo inicial lo dio el coronel Hugo Chávez en 1999. Antes de asumir la
Presidencia de Venezuela, decidió que el primer deber de un revolucionario
socialista era terminar con las constituciones de impronta democrático-liberal,
levantar una a su pinta y hacerlo antes de que la opinión pública recapacitara.
Lo
dijo en su histórico juramento de toma de posesión: “Juro por esta moribunda
Constitución”.
Las
tesis indigenistas que vinieron con ese impulso, lideradas por jóvenes
criollos, son refritos del marxismo congelado, frases aisladas de Mariátegui,
actualizaciones de Antonio Gramsci e incrustaciones recientes de Rosa
Luxemburgo (esto, quizás como homenaje al paritarismo).
Formalmente,
canjean la voz “revolución” por la voz “refundación” y postulan el reemplazo
del Estado nación por un Estado plurinacional.
El
objetivo estratégico es rehacer la mala historia real, abriendo paso a
“sociedades posneoliberales”, que liquiden la “mentalidad colonizada”,
presuntamente contagiada a “los comunistas de cátedra” (léase
socialdemócratas).
A
estos se les reprocha haberse aferrado a las reglas del juego
democrático-liberal con la fórmula “un ciudadano, un voto”, y ponen como
ejemplos a la Concertación chilena, el PT brasileño, el kirchnerismo argentino
y el Frente Amplio en Uruguay.
Como
contrapartida, los refundadores exaltan las movilizaciones de los PP.OO., con
énfasis en la ecuatoriana de octubre 2019, liderada por Leonidas Iza, indígena
con estudios superiores y coautor del libro El Estallido.
Según
el prologuista Hernán Ouviña, Iza postula un “comunismo indoamericano”, con
acción directa, autodeterminación territorial, revitalización de los símbolos,
crítica de la herencia colonial y un proyecto civilizatorio en el que destacan
el “buen vivir”, la plurinacionalidad, la diplomacia de los pueblos, la
soberanía alimentaria, y la interculturalidad.
Evo
con todo
Tras
el fallo de Corte Internacional de Justica (CIJ) de 2018, que denegó su
pretensión de soberanía marítima e incidió en su abrupta salida del poder, Evo Morales
no arrojó la toalla.
Por
el contrario, inició una segunda fase, geopolítica, de su estrategia
“recuperacionista”: potenciar y proyectar a la región el proceso plurinacional
que había iniciado en Bolivia con la Constitución de 2009.
Para
ese efecto, su exvicepresidente Álvaro García Linera ya había escrito el
programa de una revolución indigenista continental, con un paradójico colofón
nacionalista, según el cual aquella suponía “la resolución del tema marítimo”.
A
sabiendas o no, esto implicaba iniciar una estrategia de aproximación
indirecta, que comenzaba por licuar en la plurinacionalidad el tratado
chileno-peruano de 1929. Esto es, el que garantiza la continuidad geográfica de
ambos Estados nacionales.
El
problema es que ese empeño exigía un liderazgo continental y Morales ya no era
Jefe de Estado. Sin embargo, ejerciendo un voluntarismo de alta intensidad,
decidió que podía asumirlo por default.
Desaparecidos
Castro y Chávez, desacreditado Maduro y empecinados en dura lucha interna los
peronistas Alberto y Cristina Fernández, no había otro dirigente de nivel
presidencial a la vista. En todo caso, la realidad le exigía actuar al toque,
por si en Brasil volvía Lula y porque en Bolivia había otro presidente.
Así
fue como, en diciembre pasado, Morales quiso oficiar como sumo sacerdote de una
América Latina plurinacional, convocando a líderes de PP.OO. a un gran evento
en el Cusco -sede emblemática del imperio inca-, con el tácito visto bueno del
presidente peruano Pedro Castillo.
En
esos trajines estaba, cuando diez prestigiados excancilleres y vicecancilleres
peruanos emitieron una fortísima declaración que le reventó el tema: “No se
puede permitir y menos apoyar a políticos extranjeros para realizar eventos que
propician la división entre peruanos y buscan la destrucción del Estado de
derecho”.
Agregaron
que Morales pretendía “desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida
soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión
territorial boliviana”. Aunque los diplomáticos peruanos no lo expresaron, tal
declaración defendía, de manera elegante, el tratado de 1929.
Por
lo dicho, la penúltima esperanza de Morales para seguir ofreciendo mar soberano
a sus connacionales y así recuperar su poder político, estaba en que la
Convención Constituyente chilena aprobara la plurinacionalidad indigenista,
cosa que sucedió en febrero de este año.
Por
eso, no sólo felicitó calurosamente a los convencionales ese mismo día. En
paralelo, asumió la causa del “apruebo”, que es su última esperanza y debe definirse
el próximo 4 de septiembre.
Continuará
Al
parecer, nuestros jóvenes neorrevolucionarios ignoran dos temas clave: Uno, que
reiniciar negociaciones marítimas con Bolivia siempre ha ocasionado problemas
graves con el Perú.
Difícil
sería que esto lo solucione una revolución plurinacionalista exitosa. El otro,
que Mariátegui, el indigenista mayor de América Latina, no miraba a los PP.OO.
con lirismo de intelectual blanco.
En
su libro Peruanicemos el Perú dice que “los indios no entenderán de veras sino
a individuos de su seno, y del blanco, del mestizo, desconfiarán siempre”.
Sobre
el tema segundo, está claro que en los PP.OO. de Chile hay diversidades
políticas gruesas. Por ello, no todos se sintieron representados por sus
convencionales étnicos. Incluso hay lonkos que repudian, por igual, las débiles
democracias vigentes y el proyecto refundacional de los neorrevolucionarios.
Algunos,
incluso, han iniciado acciones armadas con métodos terroristas, que los medios
informan o publicitan y el gobierno soslaya.
Quede
para otra ocasión, entonces, el planteo de una interrogante de carácter
decisivo: hasta qué punto los indígenas de los once pueblos que la Propuesta
reconoce como naciones, están dispuestos a subordinarse a la conducción de los
neorrevolucionarios “chilenos”.
Es
el nuevo tema de si procede que deschilenicemos a Chile y el viejo tema de
quién manipula a quién. El Líbero de Chile (https://bit.ly/3ADni7j)
DEMOCRACIA
Y ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA
El
Expreso de Perú (https://bit.ly/3KasL8O)
En
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, el 18 y 19 de agosto pasado se
llevó a cabo el I Encuentro Internacional “Democracia y Elecciones en América
Latina y el Caribe: entre avances, riesgos y desafíos”, con el auspicio del
PNUD, el Tribunal Supremo Electoral del Bolivia, el CEELA – Consejo de Expertos
Electorales de Latinoamérica y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de
dicha ciudad.
Fuimos
invitados, junto con otros representantes de más de 14 países de la región,
entre los que se encontraban magistrados y exintegrantes de organismos
electorales, así como analistas políticos de esta parte del continente, para
desarrollar ejes temáticos orientados al fortalecimiento de la democracia en
nuestros Estados.
Los
temas que destacaron en el análisis especializado fueron: “Lecciones que nos
dejaron los ciclos electorales en nuestros países”; “Retos políticos y técnicos
que enfrentan los organismos electorales”; “Retos y desafíos de los procesos
electorales en América Latina”; “Elecciones y consultas bajo el asedio de las
noticias falsas” y, entre otros, “La participación política de las mujeres;
entre el acoso y la violencia”.
Respecto
a las comentarios y opiniones que se dejaron escuchar, y que merecieron
comentarios de los participantes, así como de las personas que se conectaron
por el aula virtual destaca el que, como lo indicamos en nuestra exposición, la
democracia como forma de gobierno debe entenderse no únicamente como ello, sino
como forma de vida política.
Razón
por la cual la democracia tiene, con los procesos electorales y las consultas
populares, importantes instrumentos para hacerla funcionar pero no son los
únicos; pues existe uno que es al que poca atención se le otorga.
Me
refiero a la ciudadanía; que es la que, con su voto, toma las decisiones que
orientarán el funcionamiento de la administración del Estado.
La
opinión de la población, manifestada a través del voto, es la que tiene en sus
manos posibilitar la realización de sus aspiraciones. Por lo tanto, debe ser un
tema de permanente preocupación no solo de los organismo electorales, sino de
los centros educativos en todos los niveles, procurar que la educación política
del pueblo se haga realidad, dando lugar a alcanzar un mejor nivel de
desarrollo cultural en esta materia.
Es
una constante, en el tratamiento que los países le dan a las reformas políticas
y electorales, cuando con innecesaria regularidad se cambian o modifican las
normas electorales, inclusive en épocas cercanas a los procesos electorales,
contraviniendo el principio de “no tocar” las normas que los regulan, por lo
que indudablemente solo responden a satisfacer los intereses de las
organizaciones políticas que las promueven, y en contra de la aspiración
general.
La
democracia, como forma de vida política, requiere que la ciudadanía tenga la
oportunidad de ser consultada no únicamente cuando tenga que elegir a sus
autoridades, sino también en variadas oportunidades en las que la autoridad
gubernamental, sea Ejecutivo o Legislativo, necesite legitimar su decisión, de
manera tal que ella sintonice con lo que aspira o desea la población.
Pero,
para que esa sintonía o coincidencia sea fructífera, y beneficie al común de
las personas, se hace necesario que los ciudadanos, sin necesidad de estar
vinculados formalmente a un determinado partido político, cuando tengan que
opinar a través del sufragio, lo hagan con criterio y responsabilidad.
Para
ello, el sufragante debe ser “más ciudadano”; es decir, una persona que actúa y
se comporta políticamente con criterio de conciencia, en el entendido que, con
su manifestación individual, vía el voto, trazará el derrotero que tendrá su
país.
Razón
tenía don Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera presidente de Argentina
1868-1874), al afirmar que: “Si el pueblo es el soberano, hay que educar al
soberano”.
“LOS
MALDITOS DEL TREN DE ARAGUA”, LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE OPERA EN PERÚ Y QUE
TIENE MÁS DE 2.500 MIEMBROS
Esta
megabanda delictiva, procedente de Venezuela, ha ido acrecentando su presencia
en países latinoamericanos como Perú, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina.
Infobae
de Argentina (https://bit.ly/3wl2q2n)
La
sanguinaria organización criminal “Los Malditos del Tren de Aragua”, en tan
solo una década de existencia, han podido sembrar e impartir el terror en sus
diferentes facetas delictivas como la extorsión, el secuestro, la trata de
personas, el tráfico de drogas y el sicariato.
Según
la periodista venezolana Ronna Rísquez -quien está preparando un libro
detallado sobre la historia y la forma en que opera esta organización criminal-
refiere que esta agrupación delictiva llegó al Perú a mediados del 2018; desde
entonces hasta la fecha, el sangriento accionar de estos delincuentes se ha
hecho sentir hasta el presente mes de agosto del vigente año.
Extorsionando
El
19 de julio del 2022, una intervención por parte de efectivos policiales de la
comisaría de La Victoria llegaron hasta el décimo piso de un edificio donde
capturaron a tres mujeres y a un hombre, quienes se identificaron como miembros
activos de la organización delictiva venezolana. En un cuaderno tenían el
registro de meretrices que eran extorsionadas por los detenidos y que, según
precisó el jefe de la región policial Lima, el general Manuel Lozada, allí
había la orden de matar a una de las víctimas.
La
hipótesis preliminar, por parte de la policía, en cuanto a aquel caso de
extorsión, era que esta organización tenía la orden de acabar con la vida de la
mujer que, al parecer, no habría accedido con las exigencias de los
extorsionadores.
Un
día después, pero esta vez en el distrito de Ate, los “Los Malditos del Tren de
Aragua” acribillaron en el pórtico de la vivienda a un distribuidor de cerveza,
el cual venía siendo amenazado por un grupo de ciudadanos extranjeros, quienes
decidieron arremeter contra el empresario que se había negado a pagar una
extorsión de 50 mil soles.
Los
pertenecientes a esta organización criminal dispararo hasta en 14 ocasiones y
en una de ellas, uno de los proyectiles terminó impactando a la altura del
pulmón izquierdo de uno de los sobrinos de la víctima de dichas extorsiones.
Hasta
la fecha se desconoce el paradero de estos delincuentes que, sin el más mínimo
reparo, muestran la facilidad con la que pueden llevar a cabo su devastador
accionar.
2.500
miembros y van en aumento
Infobae
conversó con César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC y especialista en
seguridad, advirtió cómo es que esta organización criminal va tomando poder en
los diferentes países latinoamericanos y la alarmante cifra sobre la cantidad
de miembros que a la fecha forman parte de esta sanguinaria agrupación que ha
llegado a enfrentarse con asociaciones terroristas.
“Lo
primero que hacen es enfrentarse a las bandas criminales de los países a los
que llegan, son muy sanguinarios en el mundo del hampa; actualmente hay, al
menos, 2.500 miembros en esta agrupación”, aseguró.
En
otro momento, el especialista mencionó que el Covid-19 le cayó bien a estos
criminales porque el contexto fue más que propicio para poder llegar a tierras
peruanas y colombianas.
“Se
han ido expandiendo de a pocos en la última década; aprovecharon la pandemia
donde encontraron una facilidad de ingreso, así sucedió con Perú y en Colombia,
allí fue un tanto más complicado, en la frontera de Bolivia y Argentina también
van teniendo presencia; en Chile también hemos visto que ya han detenido a
algunos miembros de esta agrupación”, manifestó.
Irónicamente,
la inestabilidad política que padecemos actualmente, contribuye a que
organizaciones tan peligrosas como “Los Malditos del Tren de Aragua” hacen más
simple posicionarse, ya que estudian los flancos débiles y lo ven como
oportunidad para operar impunemente.
“Ellos
ven la debilidad de las autoridades en lo que refiere a seguridad pública y
seguridad ciudadana y ven cuando un país está en medio de crisis políticas y
hay casos de corrupción. Se vuelve aun más fácil poder expandirse al ver que
hay tanta inestabilidad. Esta organización está creciendo de una manera
vertiginosa, las autoridades y la Policía Nacional no puede descuidar esta
advertencia; hay que tener mucho cuidado”, dijo.
La
trasnacional del crimen ya ha registrado enfrentamientos con agrupaciones
terroristas en la frontera con Colombia en disputa por la trata de migrantes
venezolanos. Sin embargo, no implica que no vean con buenos ojos tener alianzas
o asociaciones con el narcoterrorismo, ya que es otro rubro donde ya ha estado
presente la megabanda, liderada por Héctor ‘Niño’ Guerrero.
“Ellos
no son terroristas, hacen violencia extrema, pero como no tienen el armamento
que sí tienen en Caracas, aliarse con gente ligada al narcotráfico no sería
nada ajeno o extraño para ellos”, sostuvo Ortiz Anderson.
“Los
Malditos del Tren de Aragua” van tomando presencia en la parte sur del
continente. El historial que manejan habla por sí solo y, hasta la fecha, el
terror que imparten es una de las tantas aristas que se han ido colando en las
instituciones policiales de los 5 países (Perú, Colombia, Chile, Bolivia y
Argentina) en los que se han ido expandiendo, pero aún no son la organización
criminal más peligrosa según considera el especialista en seguridad.
“Aún
no tiene la presencia como para considerarse la organización más poderosa en
Latinoamérica, pero va camino a ello debido a su accionar extremamente
sanguinario. A comparación de ‘Los Maras’ aún no están a ese calibre”, comparó.
Esta
organización criminal que, recientemente, ha sido vinculada con una mafia para
el cobro de pasajes en la línea 1 del Metro de Lima sigue operando
indiscriminadamente y la Policía Nacional del Perú hace el intento por acortar
distancia con esta agrupación que, desde su origen en los centros
penitenciarios de Venezuela, mueven los hilos y pisan más fuerte en cada rincón
que van tomando.
COMENZÓ
EL JUICIO AL HOMBRE QUE SE FUGÓ A BOLIVIA CON UNA ADOLESCENTE
Cuando
ya se encontraba en Cochabamba, las autoridades argentinas lo localizaron y
lograron convencerlo para que trajera de regreso a la chica. El acusado se
hacía pasar por médico, politólogo, representante de un banco y vicecónsul.
Página
12 de Argentina (https://bit.ly/3pC5bbA)
En
la ciudad de Tartagal, ante la jueza Asusena Margarita Vásquez, de la Sala II
del Tribunal de Juicio, comenzó la semana pasada el juicio contra el ciudadano
venezolano Wuisthon Antonio Díaz Solano (26), acusado por el delito de
"privación ilegitima de la libertad agravada por la minoridad de la
víctima y en perspectiva de violencia de género", por el secuestro de una
adolescente de 17 años, de la localidad de Aguaray, en el norte salteño.
La
desaparición de la chica fue denunciada por su madre. Según precisó, no sabía
de ella desde el 17 de febrero de 2021. La mujer había conseguido localizar el
celular de su hija en General Mosconi, a una hora de la frontera con el Estado
Plurinacional de Bolivia, y luego el del Díaz Solano, cuando ya se encontraban
ambos en la ciudad de Yacuiba, ya en el país vecino, pero a solo 5 kilómetros
de la frontera internacional.
En
ese momento intervino en el caso el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando
Cazón, quien dio intervención a la Brigada de Investigaciones de Tartagal,
cuyos investigadores establecieron contacto con Díaz Solano y tras días de
conversaciones lograron convencerlo para que restituyera a la chica. El 24 de
febrero el hombre y la adolescente reingresaron al país por el pueblo de Aguas
Blancas, que limita con la ciudad de Bermejo, en Bolivia. El fiscal lo esperaba
junto a miembros de la Brigada de Investigaciones de Tartagal, que detuvieron a
Díaz Solano.
En
el inicio del juicio que se realiza ahora, tras la lectura de la acusación
fiscal, que sostiene la fiscala Lorena Martínez, Díaz Solano, que es asistido
por la defensora oficial Lorena Babicz, se abstuvo de declarar. Entonces se
leyó la declaración indagatoria que dió ante la fiscalía en el inicio de este
trámite judicial. En aquel momento dijo que la chica le había pedido que se
fugaran porque recibía maltratos de su madre y admitió que ingresaron a Bolivia
por pasos ilegales.
En
la primera jornada comenzó también la ronda de testimoniales, con la
declaración de la madre de la adolescente. El Poder Judicial de Salta indicó
que solo estuvo "unos momentos" y luego pidió retirarse.
Luego
declaró la adolescente, que ya es mayor de edad. Para este trámite se retiró de
la sala a Díaz Solano. La ahora joven contó que lo conoció en un merendero y
tras un mes de amistad iniciaron una relación sentimental. Y lo contradijo:
aseguró que la decisión de escaparse de su casa e irse al extranjero fue del
ahora acusado, y que una vez que cruzaron la frontera por pasos no autorizados,
viajaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y luego a Cochabamba. Agregó
que cuando le pidió volver, el hombre se negó, pero finalmente accedió cuando
estableció comunicación con el fiscal Cazón.
En
la investigación que siguió al secuestro se supo que el hombre hacía tiempo que
andaba en el norte salteño, donde había en engañado a las autoridades de
Aguaray; se hacía llamar Sebastián Solano Guzamana y se presentaba como por
médico generalista, politólogo, representante de un banco y vicecónsul de la
Embajada de Venezuela en Ecuador, lo que fue desmentido por la Embajada
venezolana en este país, en un comunicado del 20 de mayo de 2020.
Díaz
Solano tiene además denuncias por estafas en Quevedo, Ecuador, a donde llegó en
2019, y se hizo pasar por un abogado perseguido político. Un ciudadano
venezolano con residencia en Ecuador contó a Salta/12 que este hombre llegó a
entrar a la Asamblea Nacional en Ecuador, habló con diputados y diplomáticos.
De
Quevedo, donde fue denunciado, Díaz Solano se fue a la localidad de Durán,
donde armó una oficina de atención al migrante venezolano y se cree que estafó
a más personas. Después se fue a Perú, se cambió el nombre por Walter Sebastian
Díaz, se hizo pasar por presidente de la fundación Nos Mueve Venezuela en Perú,
a través de la cual gestionaba recursos y pedía "ayuda humanitaria".
Otra
imputación
En
Aguaray, con el cuento de que era médico y representante de Banesco, Banco
Universal, de Caracas, Díaz Solano llegó a reunirse formalmente con el Concejo
Deliberante, y con el entonces intendente Jorge Enrique Prado, que fue
destituido, y luego condenado, a raíz del robo de caños del Gasoducto NEA.
El
ex jefe comunal terminó imputado en diciembre de 2021 por sus negocios con el
ciudadano venezolano. El fiscal Cazón le atribuyó estafa agravada y
falsificación de instrumentos públicos y privados, porque en octubre de 2020
anunció, junto a Díaz Solano, la construcción de una clínica de alta
complejidad en su municipio con aportes de capitales de Venezuela y para ello
pidió al Concejo Deliberante que aprobara la donación de un predio de dos
hectáreas en el centro del pueblo.
Además,
en aquel momento se difundió un audio de una reunión con vecinos de Aguaray en
la que Prado presentó a Díaz Solano "como un inversor con intenciones de construir
una clínica privada de nivel 3 de complejidad", de 8 pisos en la que
trabajarían profesionales argentinos y de otros países con el objetivo de
“captar pacientes en la región”. “La noticia la dio Prado acompañado por quien
identificó como médico y politólogo venezolano ‘el doctor Sebastián Solano
Guzamana'”, que en realidad era Díaz Solano, reseñó el fiscal.
Luego
el entonces intendente envió una nota al Concejo Deliberante pidiendo que
avanzara en la donación de un predio de 2 hectáreas a los supuestos inversores
extranjeros.
Pero
poco después Banesco publicó un comunicado advirtiendo que estas afirmaciones
eran "falsas, como así también la documentación y firmas concertadas en
dicha documentación”, que habían sido difundidas por internet. El banco incluso
informó que había iniciado acciones legales ante la justicia venezolana, y
había presentado una denuncia ante el fiscal superior del Ministerio Público
del Área Metropolitana de Caracas en contra de Díaz Solano, "atento a que
dicha entidad no tiene ningún tipo de actividad en la República Argentina ni
directa ni a través de terceras personas”.
EL
INTERÉS ESTRATÉGICO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL LITIO ARGENTINO EN SU BATALLA
CONTRA CHINA
Un
informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington
refleja que el litio argentino es un recurso fundamental para EE.UU. en su
carrera con China. El país aparece como el mejor lugar para desembarcar porque
es el menos regulado de la región.
Público
de España (https://bit.ly/3CmV7uE)
El
Consejo de las Américas dejó una foto de hiperconectividad: tres llamadas por
semana entre el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y su par
en Buenos Aires, Marc Stanley. También dos paquetes de viajes a Estados Unidos,
Alberto Fernández y Sergio Massa, que incluyen contactos con Joe Biden, FMI,
club de petroleros en Houston y rueda de negocios para diez gobernadores. Y la
guinda del pastel, el embajador norteamericano interfirió en asuntos internos,
con la mirada puesta en el estratégico litio. "Estados Unidos quiere tener
una relación con Argentina para que sea líder en América Latina, su intensión
es ayudar con la infraestructura, alimentos, energía, litio", dijo. Y
disimuló: "Nosotros no lo necesitamos, pero queremos ayudar al mundo y
asociarnos con ustedes".
Página
12 accedió al informe sobre el tema del influyente Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington. Un ejercicio de maestría
de la Harvard Kennedy School destinado a la Oficina de Recursos Estratégicos
del Departamento de Estado. El texto llegó al Instituto Patria, donde lo
desmenuzó una autoridad científica argentina y ahora es insumo para repensar la
normativa del país: el único desregulado para la extracción de litio en la
región, un dato que el informe no para de celebrar. El texto recomienda ir a
por el litio argentino, entre otras cosas, porque es el más desregulado.
También desnuda a Stanley: Estados Unidos sí lo necesita.
"Argentina
tiene las segundas reservas de litio más grandes del mundo y es el cuarto mayor
productor de carbonato de litio, detrás de Australia, Chile y China, y
contribuyó el 6 por ciento a la oferta mundial con 33.000 toneladas métricas en
2021", señala Andrew Sady en su informe. "De los países
latinoamericanos que poseen reservas de litio, Argentina opera en el mercado
más abierto a la inversión del sector privado". Y dice: "El gobierno
federal no ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el
sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la
industria". Por este motivo, "varias proyecciones y expertos
coinciden en que, dentro de la próxima década, se espera que sea el país que
implemente la mayor producción adicional de litio. Benchmark Mineral
Intelligence prevé un aumento del 360% en 2025".
Otro
tramo explica por qué en realidad Estados Unidos necesita a Argentina, y no al
revés: en el tablero donde el mineral conocido como el oro blanco es cada vez
más demandado para la transición hacia energías limpias --producción de coches
en el medio--, se prevé una posible escasez global para 2030, justo cuando
China controlará el 80% de la cadena de producción. Y Argentina, con los
vecinos latinoamericanos, continuarán siendo las únicas reservas de rápida
extracción.
Dice
así: "Dado el conflicto comercial geopolítico con China, ésta podría usar
su posición para dirigir el futuro de la transición mundial a una energía
limpia. En vistas del estado actual de la cadena de suministro de litio,
Estados Unidos se encuentra muy poco preparado para satisfacer el aumento
exponencial de la demanda durante la próxima década y con posterioridad".
Se requerirán inversiones y coordinación con los aliados y los socios de
Estados Unidos, señala, "como se recomienda en la revisión de 100 días
efectuada por la Casa Blanca en la Orden Ejecutiva 14017 sobre las cadenas de
suministro".
El
tema es para Estados Unidos una cuestión de seguridad nacional. Política de
Estado.
Chile
impredecible, Argentina predecible
Andrew
Sady concluyó su informe en abril de 2022. Sady es menos conocido que Ryan
Berg, a quien agradece en su trabajo y con quien publicó el año pasado un
artículo del mismo CSIS, un think tank especializado en análisis estratégico,
industria-militar y ahora crisis enérgica. La tesis no es ni un documento de un
funcionario, ni una política de Estado, pero es un insumo del que se nutren los
que deciden, aunque todo luego se tamiza políticamente, contempla un estudioso.
¿Es determinante? No. ¿Es muy importante leerlo? Sin duda, dice el mismo
estudioso, especialista en relaciones internacionales. Otro experto lo dice
distinto: es una usina que nutre de teoría a Estados Unidos para la desconexión
del mundo con China.
El
Chile de Gabriel Boric aparece en el informe como "impredecible". En
él hay que hacer lobby. Y Estados Unidos debe presionar. "Dado que el
nuevo gobierno es bastante impredecible, Estados Unidos debe presionar a los
funcionarios del gobierno chileno para que garanticen el acceso continuo a las
empresas del sector privado estadounidense".
Argentina
es, en cambio, la mejor decisión de inversión aunque su relación con China es
un problema. "Incluso si las empresas argentinas prefieren trabajar con
empresas estadounidenses, las empresas chinas suelen ser la única opción.
Argentina se incorporó oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta
(BRI) el 6 de febrero de 2022, con la visita del presidente Alberto Fernández a
Beijing, como resultado de la creciente participación de China en toda América
Latina, a lo que se suma la grave situación económica del país", señala y
agrega: Scott Hynek, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, afirma que
"Argentina es, de lejos, la mejor decisión desde el punto de vista de una
inversión geopolítica, pero presenta la menor efectividad en términos de
mantener China a raya".
El
papel de los aliados y la estabilidad política
El
informe pretende plantear recomendaciones para el abastecimiento a futuro del
litio en Estados Unidos. Entre las novedades, usa el término
"ally-shorin" que es el que utiliza la administración de Biden para
definir su estrategia de "apuntalamiento con países aliados" para el
abastecimiento de productos estratégicos. La palabra seguridad nacional,
aparece dos veces. China, más. Y su presencia, representa un cuello de botella
para el abastecimiento de Estados Unidos. De hecho, es uno de los tres riesgos
que pondera como amenazas.
Uno
es la brecha entre oferta y demanda, que se calcula pasará de 430 toneladas
métricas a 1,8 millones de toneladas en 2030; otro es la localización de las
reservas ubicadas en el Cono Sur y Australia; y finalmente China. Estados
Unidos, dice, debe "abastecerse de materiales esenciales en países que
comparten los mismos valores democráticos que Estados Unidos, como una solución
que la Oficina de Recursos Energéticos (ENR) del Departamento de Estado de
Estados Unidos debe implementar para resolver el cuello de botella del
litio".
La
estabilidad política es otro eje central. La conflictividad, un problema. ¿A
eso se refería Stanley en su intervención? El texto dice: "En una cadena
de suministro compleja y estratégica, la concentración geográfica (en el Cono
Sur) aumenta la dependencia norteamericana de los países que producen litio.
Así, las relaciones con esos países y la estabilidad política de sus gobiernos
se vuelven todavía más importantes". Y también: "Los acontecimientos
en los principales países productores que derivan en dificultades económicas o
restricciones al comercio pueden tener un impacto importante en la cadena de
suministro en su totalidad e interrumpir la cadena de litio de los Estados
Unidos".
Toda
una declaración.
Los
modelos de Chile, Bolivia y ¿Argentina?
El
litio es uno de los elementos críticos para el futuro, según la Cepal. No sólo
por la transición a energías limpias, sino por los enormes negocios que
promete. Un teléfono necesita 1 gramo de litio, 1 auto 6 kilos. "Es decir,
se necesitan unos 17 mil teléfonos para hacer un auto, esa escala es la que se
va a reflejar en la explotación y demanda del litio", dijo Ernesto Calvo,
investigador del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Bolivia
tiene la producción nacionalizada. Chile la considera un recurso estratégico.
Argentina está desregulada. Aquí, Salta, Jujuy y Catamarca integran el
triángulo del litio. La propiedad del suelo es de las provincias. Las empresas
negocian con gobernadores presionados por las magras arcas de la caja. Un dato
que corrobora la Cepal: "Los precios de las exportaciones de Argentina y
Chile son significativamente inferiores a los precios de mercado reportados en
cada año, observándose diferencias promedio de un 58% en Argentina y un 21% en
Chile. Ello lleva a concluir que los precios de transferencia que fijan las
empresas en sus ventas a partes relacionadas juegan un rol importante en las
utilidades y los impuestos que pagan en cada jurisdicción. Por lo tanto, es
fundamental que los países tomen resguardos para evitar estas prácticas
elusivas por parte de las empresas".
Hace
días estuvo en el país Gonzalo Gutiérrez, encargado de la situación litífera en
Chile. Pasó por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde contó novedades
que inspiran el proyecto en Argentina. ¿Qué pasó en Chile? La dictadura
nacionalizó las reservas de litio pensando en la producción nuclear, pero
entregó la producción a empresas privadas.
Michelle
Bachelet impuso un impuesto del 40% de las ganancias; retuvo 25% de la
producción para el mercado interno; impuso 25 millones de dólares anuales de
aportes de cada compañía para investigación y otros 25 para las comunidades
locales. Piñera dio pie a una era de resistencia de las empresas. Ahora, Boric
busca crear empresas públicas nacionales en torno al litio emulando a Bolivia.
Es la misma situación que ensaya México y que Argentina empieza a mirar.
¿Qué
quiere hacer Chile? Por un lado, un Instituto del Litio en Antofagasta, donde
está el Salar de Atacama y donde existe tradición de investigación con una
universidad pública. El Instituto estará financiado por la renta del litio. Por
otro, una empresa pública con participación en proyectos ya existentes. Es una
propuesta más osada de lo que se creía. "Además de razones evidentes,
Atacama representa 90 por ciento del litio extraíble en Chile, de modo que no
tenía sentido ir sobre otros salares con menor cantidad. Las empresas privadas
no serían reticentes a esa participación, aparentemente porque en el año 2030
finalizan los contratos y deberían volver las tenencias al Estado",
explican quienes lo escucharon.
La
OPEC del litio
Argentina
mira esa experiencia. Un sector del kirchnerismo analiza una reforma normativa
al menos con dos claves: comprometer al sector privado para que deje una parte
de la producción en el país y agregue valor. Y un acuerdo de reinversión en
desarrollo y tecnología. El modelo, eso sí: contempla no tocar el dominio del
suelo de las provincias, sagrado desde la reforma menemista. No quieren a los
gobernadores en contra. El ministerio de Economía, en paralelo, continúa
alentando la creación de la OPEC del litio.
"Se
viene hablando de la firma de un acuerdo con Bolivia para crear una especie de
OPEC del litio, pero Bolivia declaró estratégico el litio y está en manos del
Estado. Acá no es estratégico", dice una autoridad científica que impulsa
el cambio en la normativa. "Acá todo sigue enmarcado en el Código de
Minería y la Ley de Inversiones Mineras del menemismo y el Estado no tiene hoy
acceso al litio: está en manos de empresas extranjeras. Es decir, por un lado,
tenemos el marco regulatorio del litio, que es el más neoliberal de la región.
Por otro, hay quienes hablan de producir baterías o autos pero sin el más
mínimo atisbo de entender que hay que transformar el marco regulatorio si se
busca darle viabilidad al agregado de valor. Y para transformar el marco
regulatorio hay que ir contra el lobby de las empresas extranjeras".
Esa
será parte de la próxima pelea.
Bonus
Track
La
comidilla del cuerpo diplomático argentino se entretuvo el jueves por la tarde
con el lapsus del embajador en Argentina, Jorge Argüello, que le puso el título
de presidente al ministro Sergio Massa.
"Eso
le pasa por jugar a dos puntas", dicen los más malos, activistas de
pasillo en el glamour algodonado del Alvear. "Venía de venderle el paquete
Estados Unidos a Alberto Fernández, con Joe Biden y los petroleros de Houston
para fin de septiembre, y después le vendió el mismo paquete de Houston a
Sergio pero para dos semanas antes, ¡eso no se hace!".
Al
resbalón le dicen "patinada del inconsciente freudiano", según la
cual el embajador argentino en Washington hablaba de Alberto y no del ministro
de Economía cuando dijo lo que dijo del Presidente. Tanta confusión, tal vez,
le dio pie a Marc Stanley para interferir en asuntos internos, y procurar
coaliciones y gobernabilidad para garantizar una lluvia de dólares.
¿DESPERDICIARÁ
WASHINGTON SU OPORTUNIDAD DE UN NUEVO COMIENZO EN COLOMBIA?
Gustavo
Petro podría ayudar a Estados Unidos a poner fin a una guerra fallida contra
las drogas, y posiblemente incluso a resolver la crisis en Venezuela.
Responsible
Statecraft.org (https://bit.ly/3dNKZ3O)
Gustavo
Petro ha tenido un comienzo rápido. En sus primeras dos semanas en el cargo, el
nuevo presidente colombiano ya restableció las relaciones con Venezuela,
reemplazó a varios altos funcionarios de seguridad y se movió para reiniciar
las negociaciones con uno de los grupos rebeldes más notorios del país. Y, con
reformas fiscales ambiciosas y políticas climáticas en la agenda, no muestra
signos de desaceleración.
Para
muchos en Colombia, la agenda de reformas de Petro es una oportunidad para
alejar a su país de la pobreza, la corrupción y una guerra contra las drogas de
décadas que ha provocado casi medio millón de muertes sin hacer mella en la
producción de coca. Pero los expertos dicen que el impacto de estos cambios de
política podría ir mucho más allá de las fronteras de Colombia, ofreciendo
nuevos enfoques para temas importantes, desde el tráfico internacional de
drogas hasta la crisis en Venezuela.
En
otras palabras, la administración de Petro representa una oportunidad única
para un nuevo comienzo en la relación de Washington con Bogotá, con posibles
efectos dominó en toda América Latina.
“Existe
la oportunidad de cambiar tal vez las cosas que no funcionan bien”, dijo Gimena
Sánchez, directora para los Andes en la Oficina de Washington para Asuntos
Latinoamericanos. “Estados Unidos no debería ver esto como algo negativo, sino
como algo positivo, como una forma constructiva de ajustar políticas que realmente
no han funcionado para cumplir con los objetivos de Estados Unidos”.
Pero,
¿aprovecharán los Estados Unidos esta oportunidad? La respuesta corta es: es
complicado. El presidente Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken se
apresuraron a felicitar a Petro por su elección en junio, pero ninguno ha dicho
mucho sobre él desde entonces. Y, como señaló Sánchez, el Pentágono podría
estar preocupado por los esfuerzos del nuevo presidente para reformar los
servicios de seguridad de Colombia dada la relación de larga data entre los dos
ejércitos. (En una declaración a Responsible Statecraft, un portavoz del
Pentágono dijo que el Departamento de Defensa “espera continuar su estrecha
cooperación con Colombia bajo la nueva administración de Petro”).
Luego,
por supuesto, está el Congreso. Los legisladores demócratas han tenido una
reacción positiva al nuevo liderazgo en Colombia. Los advenedizos progresistas
como Ilhan Omar (D-Minn.) ofrecieron un fuerte apoyo a la victoria de Petro, y
los abanderados como el Senador Patrick Leahy (D-Vt.) dijeron que la nueva
administración ofrece una "oportunidad de evitar repetir los errores del
pasado" en la política estadounidense. .
En
el otro lado del pasillo, los republicanos no se han andado con rodeos en sus
ataques contra Petro, con el senador Ted Cruz (republicano de Texas)
criticándolo como un ideólogo marxista y diciendo que su elección podría hacer
que Bogotá “se una a las filas de los anti -Fuerzas estadounidenses en América
Latina”. Y el senador Marco Rubio (R-Fla.) ya se asoció con Cruz para presentar
un proyecto de ley destinado a desbaratar la nueva política antinarcóticos de
Petro. Con el Partido Republicano como favorito para ganar las elecciones
intermedias de noviembre, existe una posibilidad real de que estas voces más
agresivas pronto asuman un papel central en la política estadounidense hacia
Colombia.
Si
bien los desafíos para la cooperación son significativos, la potencial ventaja
para Washington puede valer la pena la lucha política. Como dijo Omar Ocampo,
del Instituto de Estudios Políticos, “sería prudente que Estados Unidos tuviera
un papel de apoyo en lo que sucede en Colombia”.
En
junio, Colombia y Estados Unidos celebraron 200 años de relaciones
diplomáticas. A pesar de algunos obstáculos en el camino, los dos países casi
siempre han tenido una relación sólida, respaldada por un amplio apoyo
bipartidista en el Congreso.
Bogotá
y Washington han tenido una asociación particularmente estrecha cuando se trata
de dos temas relacionados: seguridad y drogas. A través de un programa conocido
como Plan Colombia que comenzó en 2000, Estados Unidos entregó al país más de
$10 mil millones en ayuda, la mayor parte de los cuales se destinaron a armar y
capacitar a los servicios de seguridad de Colombia. Esa iniciativa terminó en
2016 luego de un acuerdo de paz entre Bogotá y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero de izquierda que había
estado luchando contra el gobierno colombiano durante décadas.
Los
lazos bilaterales alcanzaron su punto máximo a fines de la década de 2010,
cuando el presidente Donald Trump encontró algo así como un espíritu afín en el
presidente de extrema derecha de Colombia, Iván Duque. Bajo Duque, Colombia se
unió a Estados Unidos para rechazar a Venezuela después de una elección
disputada, una tarea nada fácil para un país que comparte una frontera porosa
de 1,400 millas con Caracas. (Había límites para la fiesta del amor entre Trump
y Duque: en comentarios improvisados en 2019, Trump dijo que Duque “no ha hecho
nada por nosotros”, y culpó a su homólogo colombiano por el aumento de las
exportaciones de drogas).
Las
relaciones disminuyeron un poco cuando Biden asumió el cargo, lo que puede
haber tenido algo que ver con el hecho de que algunos en el partido de Duque
respaldaron abiertamente a Trump en las elecciones de 2020. Pero incluso eso no
impidió que Biden nombrara a Colombia un importante aliado fuera de la OTAN,
una designación compartida por solo otros 18 países.
Entra
Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Ingresó a
la política en 1990, cuando un grupo guerrillero al que pertenecía hizo las
paces con el gobierno. Petro pasó los siguientes 20 años como legislador antes
de hacer su primera candidatura a la presidencia en 2010, cuando terminó
cuarto. Regresó a la prominencia con un mandato difícil como alcalde de Bogotá,
lo que lo llevó a otra candidatura fallida a la presidencia en 2018.
En
el período previo a las elecciones de este año, la fortuna de Petro cambió repentinamente.
Su ideología militante había dado paso hacía mucho tiempo a una sensibilidad
socialdemócrata, pero nunca perdió su atractivo populista y marginal. Cuando el
país se vio sacudido por las protestas del año pasado, muchos colombianos
arremetieron contra el gobierno de Duque por su corrupción e ineficacia. Duque
respondió con fuerza, matando al menos a 42 manifestantes en el proceso. La
brutal respuesta dejó a la gente buscando a alguien que pudiera romper con una
maquinaria política que consideraban corrupta y rota, alguien como Gustavo
Petro.
En
muchos sentidos, el ascenso de Petro al poder fue impulsado por las mismas
políticas que Washington apoyó o decidió ignorar. Como parte del acuerdo de paz
de 2016, el gobierno nombró una comisión de la verdad para investigar el
conflicto. El informe final de la comisión culpa a Estados Unidos de gran parte
de la destrucción y señala que las “consecuencias de este enfoque concertado y
en gran medida impulsado por Estados Unidos” dieron como resultado un “endurecimiento
del conflicto”. Y las fuerzas de seguridad que Washington pasó décadas
entrenando y armando a través del Plan Colombia y otras iniciativas estuvieron
involucradas en los ataques a los manifestantes el año pasado. (En lugar de
utilizar su influencia para buscar justicia para las víctimas, la
administración de Biden optó por “instar a la policía colombiana a la máxima
moderación”).
A
pesar del pasado incompleto de Estados Unidos en Colombia, Petro se esfuerza
por evitar provocar la ira de los funcionarios y políticos estadounidenses.
Habiendo visto cómo Washington ha tratado con los advenedizos de izquierda como
Evo Morales de Bolivia , el presidente colombiano se ha esforzado por disipar
las preocupaciones sobre su política evitando la retórica antiestadounidense y
nombrando a una serie de funcionarios centristas, según Sánchez. Uno de esos
nombramientos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, economista de
centroizquierda y exprofesor de la Universidad de Columbia en Nueva York,
indica que Petro podría incluso retractarse de sus promesas anteriores de
renegociar el tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos.
El
movimiento más grande de Petro es un nuevo enfoque a la política de drogas,
conocido como el plan de “paz total”. Estos esfuerzos irán mucho más allá de
las fronteras de Colombia, con Petro diciendo que quiere crear una “discusión
global” que también discutirá el consumo de drogas en los países desarrollados.
Pero el centro de la iniciativa es alejarse de la guerra —incluida la
fumigación aérea de cultivos y las batallas con grupos guerrilleros— y
acercarse a las negociaciones.
“El
éxito en seguridad nacional se mide por cuántos guerrilleros ha matado el
ejército, o cuántos arrestos pueden hacer, o cuántas personas pueden extraditar”,
dijo Ocampo, y agregó que el enfoque del nuevo presidente apunta a tener “la
menor cantidad de muertos posible.”
Para
que eso suceda, Petro ya ha tomado medidas para reiniciar las negociaciones con
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un importante grupo guerrillero de
izquierda. Las nuevas conversaciones serán desafiantes, en parte porque EE. UU.
considera al ELN una organización terrorista, como señaló la directora de la
Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, poco
después de la toma de posesión de Petro.
“Algunos
de los grupos que continúan cometiendo actos violentos aquí, uno de ellos en
particular, por supuesto, es una organización terrorista extranjera”, dijo
Power en una conferencia de prensa, y agregó que esto “informará el enfoque de
Estados Unidos”.
En
la práctica, eso puede ser más un desafío que un factor decisivo, especialmente
dado que Washington consideró a las FARC un grupo terrorista hasta el año
pasado , mucho después de que la organización firmara un acuerdo de paz
respaldado por Estados Unidos. El mayor problema probablemente será que el ELN
opera en ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que
significa que cualquier acuerdo necesitaría la ayuda del presidente Nicolás
Maduro, la actual bestia negra de Estados Unidos en la región.
Y
Maduro será una figura clave en otras áreas, incluida la búsqueda de una manera
de lidiar con los aproximadamente 2,5 millones de venezolanos que han huido a
Colombia en los últimos años. También será crucial para los esfuerzos por
revitalizar el comercio entre los dos países, que se ha debilitado en medio de
la crisis en Venezuela.
Si
bien la apertura a Venezuela sin duda será una fuente de tensión en las
relaciones entre Estados Unidos y Colombia, también representa la mayor
oportunidad para un cambio a gran escala. Petro ya abrió conversaciones
informales con Juan Guaidó, a quien Estados Unidos aún reconoce como presidente
de Venezuela. Con el apoyo adecuado, esas conversaciones podrían convertirse en
una solución a la crisis política en Caracas.
“En
un mundo ideal, Petro podría servir como un mediador importante, o alguien que
inspire algún tipo de negociación positiva entre el Partido Socialista en
Venezuela y la oposición venezolana que resulte en algún tipo de transición
democrática o acuerdo para compartir el poder”, dijo Ocampo. .
Pero
también es importante recordar que Petro tiene un espacio de maniobra limitado.
“Si insiste demasiado en eso, fácilmente podría poner en peligro la voluntad de
Venezuela de facilitar o apoyar las conversaciones entre Colombia y el ELN”,
agregó Ocampo. “Así que sí, puede volverse muy delicado”.
Por
supuesto, Estados Unidos puede ser el único estado que está en condiciones de
ayudar a Petro a lograr este acto de cuerda floja. Dado que Washington es el
principal patrocinador de Guaidó y mantiene una serie de sanciones contra el
régimen de Maduro, los funcionarios estadounidenses tienen influencia más que
suficiente para ayudar a Petro a mantener todos sus esfuerzos diplomáticos en
marcha. Por ahora, depende de la administración de Biden decidir si hará que
eso suceda.
GUSTAVO
PETRO AVISA A LOS MILITARES Y POLICÍA QUE SE ALISTEN PARA LA TRANSFORMACIÓN
Colombia.
Presidente Gustavo Petro pide a las tropas cambiar concepto de guerra y anuncia
su decisión de diálogo con el ELN.
La
República de Perú (https://bit.ly/3R5qWwl)
El
presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este fin de semana, frente al
nuevo alto mando militar, que las tropas deben prepararse para ser un “ejército
de paz”, tras décadas de conflicto interno que su gobierno quiere extinguir
mediante negociaciones con grupos armados.
En
una ceremonia celebrada en una escuela de cadetes en el norte de Bogotá,
Gustavo Petro fijó un nuevo rumbo para las Fuerzas Armadas, que por primera vez
juraron lealtad a un exguerrillero.
El
primer mandatario de izquierda de Colombia, que se rebeló en armas en los
setenta contra el Estado antes de firmar la paz en 1990, avisó a las tropas que
deben cambiar la concepción de guerra ante su decisión de dialogar con el ELN,
la última guerrilla reconocida, y plantear acuerdos con los demás grupos para
que cesen la violencia a cambio de beneficios penales.
Cambios:
FF. AA. y policía
“Se
trata de cambiar la concepción misma (...) lo que se le demanda por parte del
pueblo colombiano (...) es un ejército que empiece a prepararse para la paz,
que termine, ojalá si lo logramos, como un ejército de paz”, declaró Petro en
presencia de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, que nombró el 12 de
agosto.
También
el presidente anticipó una “transformación” profunda de la Policía, cuestionada
por la sangrienta represión de protestas y su actuación en la lucha antidrogas.
“Estamos
ante problemas más complejos que los de la vieja doctrina de seguridad fundada
en la creencia falsa de que existe un enemigo interno en Colombia (…) No existe
enemigo interno en la sociedad colombiana”, advirtió el mandatario.
PETRO
DA PRIMER PASO PARA LIMITAR AL EJÉRCITO DE COLOMBIA
Petro
dijo frente al nuevo alto mando militar que las tropas deben prepararse para
ser un “ejército de paz”, tras décadas de guerra que el gobierno busca terminar
El
Sol de México (https://bit.ly/3QI2zoE)
El
ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pidió al Ejército que suspenda
definitivamente las llamadas “batidas”, una práctica de reclutamiento forzado
para aquellos jóvenes que no han resuelto su situación militar, como por
ejemplo al declararse objetores de conciencia, y que está considerada ilegal
por el Tribunal Constitucional.
“El
Ejército no puede retener y conducir a ningún ciudadano a cuarteles o distritos
militares para incorporarlos al servicio. Es una práctica ilegal que debe ser
suspendida de inmediato”, dijo el ministro a través de su cuenta de Twitter.
La
concejal por Bogotá para Colombia Humana-Unión Patriótica, Heidy Sánchez, que
envió una carta al ministro para que se pronunciara al respecto, aplaudió el
mensaje.
“Estas
declaraciones traerán tranquilidad. Ya los jóvenes no van a tener miedo de
encontrarse con un militar y estar con la preocupación de que se lo lleven para
incorporarlos a que presten el servicio, sino que puedan transitar con
tranquilidad y seguir el procedimiento como lo estipula la ley”, indicó a
Caracol Radio.
El
sábado, el presidente Gustavo Petro afirmó frente al nuevo alto mando militar
que las tropas deben prepararse para ser un “ejército de paz”, tras décadas de
conflicto interno que su gobierno quiere extinguir mediante negociaciones.
En
una escuela de cadetes en el norte de Bogotá, Petro fijó un nuevo rumbo para
las Fuerzas Armadas, que por primera vez juraron lealtad a un exguerrillero.
“Se
trata de cambiar la concepción misma (...) lo que se le demanda por parte del
pueblo colombiano (...) es un ejército que empiece a prepararse para la paz,
que termine, ojalá si lo logramos, como un ejército de paz”, declaró Petro en
presencia de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, que nombró el 12 de
agosto.
Con
la designación de los nuevos mandos, Petro precipitó de manera inédita el
retiro de una treintena de generales del Ejército y la Policía.
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