CONSTRUCCIONES ILEGALES DE COLONIA MENONITA AFECTAN ÁREA PROTEGIDA Y HUMEDAL RAMSAR EN BOLIVIA

Los menonitas deforestaron cerca de 3000 hectáreas para abrir una vía y luego construyeron un puente de 150 metros de largo sobre el río Parapetí, afectando a los Bañados del Izozop y al parque nacional Kaa Iyay. Ninguna de estas obras, que iniciaron en 2020, tiene permisos ambientales. Nadie las frenó pero las autoridades nacional, regional y local se lavan las manos.

Todo empezó en octubre de 2020. Una colonia menonita en Bolivia inició una gran depredación de bosque en suelo boliviano. Varios tractores iban derribando árboles para lograr un camino recto con la meta de llegar a las orillas del río Parapetí, en plena tierra chaqueña del departamento de Santa Cruz. El objetivo de la vía era llegar a un puente de acero que se construyó silenciosamente durante un año, sin permiso de ninguna autoridad y sin el obligatorio estudio de impacto ambiental. Esta obra, realizada por una colonia menonita, tiene el apoyo de pocos indígenas guaraníes pero ha sumados nuevas preocupaciones a los ambientalistas: aumento de la deforestación, la caza de animales silvestres, el cambio de uso de suelos y la afectación de 7000 hectáreas al interior de los Bañados de Izozog, que junto al río Parapetí, es un humedal catalogado como sitio RAMSAR.
La revista Nómadas de Bolivia llegó en enero de este año a la comunidad Cuarirenda y descubrió que el puente ya se había levantado encima del río Parapetí. El medio boliviano comprobó que la inversión fue hecha por los menonitas.
Mongabay Latam llegó a la zona después de la revelación. Allí habita una comunidad indígena guaraní y es en ese lugar donde los menonitas construyeron, con sus propias manos, el puente de 150 metros de largo y 150 toneladas de peso con el objetivo de sacar sus productos agrícolas hacia el área urbana. Este pueblo, que alberga a 2000 habitantes de la comunidad indígena y está a 290 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sufre por el olvido y la desatención estatal. En este lugar la colonia menonita compró 14 400 hectáreas de tierra en 2018 a un empresario boliviano, en un área privada cerca del Parque Nacional Kaa Iya.
Cuarirenda es parte de un Territorio Comunitario de Origen (TCO), que en Bolivia son los espacios en los cuales los pueblos y comunidades indígenas han tenido tradicionalmente acceso con su organización económica, social y cultural; sin embargo, este reconocimiento no significa que tengan una gestión autónoma ni propia de los recursos naturales, ya que están sujetos a leyes nacionales.
Jhonny García Melgar es el capitán comunal de esa población indígena. Está en su sexto año consecutivo como autoridad en su comunidad. Camina pausado y habla en guaraní con sus vecinos. La construcción del puente lo tiene preocupado, ya que fue la propia comunidad de Cuarirenda —en una asamblea— la que decidió autorizar la obra. Pero no hay nada escrito, menos documentado. “Ese fue un error”, reconoce al admitir que no se cumplieron las normas básicas ambientales de Bolivia.
Sin embargo, García trata de explicar los beneficios que otorga el puente a Cuarirenda. Habla sobre todo del acceso a la salud. “Al frente de la banda (al otro lado del río Parapetí) hay una posta de salud y muchas veces no podemos llevar a nuestros enfermos por el río, sobre todo en época de lluvias”, dice. El capitán del pueblo asegura que fue toda la comunidad la que aprobó la construcción; pero, al consultarle sobre los impactos ambientales, esquiva el diálogo.
Bajo el puente, que está a 15 kilómetros en un camino recto desde Cuarirenda, el capitán guaraní insiste en que la obra “es una necesidad” para el pueblo y que los menonitas pidieron permiso para iniciar la edificación. “No es solo un beneficio para los menonitas, sino también para la comunidad (de Cuarirenda). La gente de acá trabaja y sin el puente no se puede transitar. Este puente lo necesitamos más que nunca y pedimos que las autoridades se sienten para poder legalizarlo”, relata García a Mongabay Latam.
Riesgos para un sitio Ramsar y un área protegida
Para los expertos, uno de los problemas del puente es que une las dos orillas del río Parapetí, que era el límite natural que defendía al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) Kaa Iya Gran Chaco de invasiones de agricultores o ganaderos. En época de lluvias el río muestra sus aguas caudalosas y en sequías sus arenas deleznables que hacían difícil el tránsito.
Pero no solo se trata del puente. De las 14 400 hectáreas que compraron los menonitas en Cuarirenda, 7000 son parte de los Bañados de Izozog, un sitio RAMSAR. Estos humedales son de prioridad internacional y son de alta importancia en Bolivia, ya que alimentan a otros cuerpos de agua como la laguna Concepción —en la Chiquitania de Santa Cruz—, que paradójicamente, también se ha visto afectada por la incursión de menonitas en suelos aledaños.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) ya había alertado en 2020 de algunos desvíos en el río Parapetí para el beneficio de zonas agrícolas. Según han dicho, esas acciones podrían llevar a la desaparición de los bañados y se verían afectadas las aves migratorias que utilizan la laguna de Concepción como un paradero de descanso. Además, este espejo de agua es la principal fuente de abastecimiento de la fauna silvestre, especialmente durante los periodos de sequía.
Rosa Leny Cuéllar, directora técnica de la FCBC y coordinadora del consorcio de Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles (ECCOS), explica que la construcción del puente en Cuarirenda y las afectaciones en la laguna Concepción tienen en común el daño a los humedales de la región por la incursión de las colonias menonitas con fines de expansión agrícola.
“La situación empeora con la construcción del puente en Cuarirenda en la región de los Bañados del Izozog y el río Parapetí. Este humedal (los Bañados del Izozog y el río Parapetí) sufre el avance de la agricultura de los menonitas y su importancia también radica en que enlaza con el río Quimome, que es el principal alimentador de la laguna Concepción, la más grande de Santa Cruz”, relata Cuéllar.
Oswaldo Maillard, responsable del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, de la FCBC, confirmó que entre el 30 % y el 40 % de la propiedad menonita en Cuarirenda está dentro del área de los bañados y que un 5 % se encuentra en el interior del ANMI Kaa Iya Gran Chaco.
“El Parapetí y los Bañados del Izozog son muy importantes. Si aquí se reduce el nivel del agua, es seguro que afectará a otros lugares. Además, con la deforestación, el bosque va a quedar fragmentado, como una isla desconectada de los otros ecosistemas y eso es algo que se tiene que evitar”, advierte Maillard.
Un puente con sello menonita
La tierra todavía tiene olor a humedad. El camino que se abrió desde la comunidad de Cuarirenda para llegar al puente de metal sobre el río Parapetí devoró miles de árboles. Fueron 15 kilómetros lineales y cerca de 3000 hectáreas deforestadas, según cifras de la Gobernación de Santa Cruz. La vía tiene 25 metros de ancho y a los costados se observan algunos menonitas que trabajan en sus terrenos.
Según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, entre el 14 y 24 de octubre de 2020, los menonitas iniciaron la apertura del camino al interior de la TCO de Cuarirenda. Toda la operación terminó en octubre de 2021 y culminó la construcción del puente, hecha por los propios menonitas. La FCBC asegura que no se respetaron las normas ambientales para abrir la vía hacia el puente.
En la comunidad de Cuarirenda se ven pocos miembros de la comunidad menonita, pero algunos llegan a las dos tiendas que hay en la zona para abastecerse de algunos alimentos e insumos. Peter Martins es el “ministro” de la colonia menonita Cuarirenda. Baja de un automóvil antiguo sin placas de control para dialogar con Mongabay Latam. No deja de sonreír. Dialoga primero con algunos comuneros y pregunta: “¿Qué saben del puente?”. Alicia Molina, la dueña de uno de los pequeños negocios, le cuenta que días antes había llegado el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a verificar su construcción. Martins le vuelve a preguntar: “¿Y qué dijo?”. La comunera le relata que la autoridad llegó, vio el puente y se fue rápido. El menonita baja la cabeza y no pierde su sonrisa.
El “ministro” tiene 52 años y garantiza que el puente es seguro, pero no sabe si su construcción vulnera normas ambientales.
—¿Cuánto costó el puente?”—, le pregunto.
—500 mil dólares—, responde el líder de la colonia menonita.
—¿De dónde salió el dinero?
—De acá—, dice Martins agarrando sus bolsillos.
—Hemos preguntado a unos abogados si era necesario un permiso de construcción. Ellos dijeron que si se llega a un acuerdo con el pueblo indígena es suficiente. Eso hicimos. Hemos hecho un convenio con el pueblo, hemos hecho reuniones—, comenta Martins al asegurar que el puente “es necesario para traer víveres”.
El “ministro” alaba su trabajo. Relata que todo el puente fue construido por los menonitas y que, en la colonia, que está alejada de la comunidad indígena de Cuarirenda, se hizo parte del trabajo. También comenta que lo duro se hizo en el municipio de Charagua, a seis horas de Cuarirenda y, luego, con una grúa diseñada por ellos mismos, terminaron de montar la infraestructura.
Le vuelvo a preguntar por qué no se hizo un estudio de impacto ambiental y ahora responde: “Era respetar eso (el estudio de impacto ambiental), pero como no teníamos conocimiento, no lo hicimos. Además, nos dijeron que era suficiente consultar al pueblo. Nuestra intención no era saltar la ley, pero la hemos pasado sin querer”, lamenta.
Cornelio Eins es la mente detrás del diseño del puente. El menonita hizo los planos, pero admite que fueron otros los que lo construyeron. Mira la estructura y también asegura que será “de una gran utilidad”, no solo para las colonias menonitas, sino para las comunidades cercanas a Cuarirenda: Aguarati, Coropo, Iyobi, Aguaraigua, Rancho Viejo o Cerro Colorado, los poblados vecinos al puente donde viven indígenas guaraníes. Eins es de pocas palabras y solo insiste en que la obra es segura y que no habrá perjuicios ambientales.
Peter Martins me invita a visitar el puente mientras sigue preguntando a los comuneros sobre las repercusiones de la obra. Está sorprendido por la polémica que se armó en Bolivia por la construcción del puente, que es una mole de acero que cruza el río Parapetí.
Las aguas del Parapetí ahora están calmadas. Martins explica que los cinco pares de columnas de la edificación tienen una profundidad de siete metros y que en cada una de ellas ingresaron por lo menos 150 bolsas de cemento. “El puente es muy seguro”, insiste sonriendo.
Cerca de 3,5 kilómetros más allá de la infraestructura está su colonia y es necesario pasar el puente para llegar. En su propiedad construye, junto a toda su familia, una segunda casa de dos pisos en medio del bosque. La primera quedó pequeña, relata. Al lado de sus viviendas está su parcela, donde se observa una línea larga que se pierde en el horizonte y que muestra los efectos de un tractor que devastó los árboles que estaban en su camino.
Sin ficha ambiental
El gran problema del puente de metal es que no cuenta con una ficha ambiental, la cual es otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. Según Jhonny Rojas, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, los pilares de esta obra actúan como diques que atajarán palos arrastrados por las aguas poderosas del Parapetí, lo que perjudicaría el tránsito regular del río. Pero según los pobladores indígenas guaraníes y los menonitas, desde noviembre del año pasado hasta ahora, el agua ha seguido su curso con normalidad.
En la zona parecen no estar conscientes del daño mayor. De acuerdo con Rosa Leny Cuéllar, de la FCBC, en un futuro la deforestación por la construcción del puente y la apertura del camino pueden afectar al parque nacional Kaa Iya del Gran Chaco, el área natural más grande de Bolivia que se encuentra en una zona de transición de la región del Chaco con la Chiquitania y cuenta con grandes recursos hídricos.
Es por eso que Martins no se preocupa por el agua. En su parcela tiene un pozo de 93 metros de profundidad. Sigue sonriendo y asegura que el agua no es un problema en las colonias menonitas de la zona. La meta es llegar a 110 pozos en la colonia, dice Martins, y agrega que ya van en la mitad del objetivo.
Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la cuenca del río Parapetí es de “extrema importancia” porque contribuye con “flujos a los Bañados de Izozog de la parte alta de la cuenca. Siendo esta cuenca responsable de la recarga de acuíferos importantes en la región y provee agua para la vida silvestre y para la gente”. Además, el parque Kaa Iya Gran Chaco alberga una gran variedad de especies de fauna vertebrados: entre ellos 108 de mamíferos, 226 de aves, 72 de reptiles, 43 de anfibios y 105 especies de peces. Es el hogar de especies amenazadas o en peligro de extinción como lo son el guanaco (Lama guanicoe), el chancho solitario (Parachoerus wagneri), el tropero (Tayassu pecari), el pejichi (Priodontes maximus), el corechi (Tolypeutes matacus), el jaguar (Panthera onca) y el anta (Tapirus terrestris).
Los expertos también consideran que la construcción del puente pone en riesgo a la fauna silvestre debido al incremento en la caza de animales para el consumo de las colonias y comunidades. Además, Oswaldo Maillard afirma que la deforestación que causó la apertura del camino para llegar a la gran obra sobre el río hizo que varias especies busquen otro hábitat, como también estaría pasando con los pueblos indígenas aislados voluntariamente que viven allí.
Juan Carlos Catari es el presidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz y, como muchos, quedó asombrado por la construcción del puente en el río Parapetí. El biólogo no entiende cómo se hizo esta obra ante la mirada esquiva de algunas autoridades departamentales y nacionales y se une a la opinión de los ingenieros de la gobernación de Santa Cruz acerca de que sus columnas no están diseñadas para un río y pueden funcionar como diques donde se acumularían palos y demás objetos que obstruyen el paso del agua.
Catari añade que el puente es el inicio de una carrera que busca expandir la frontera agrícola, la toma de tierras de propiedad del Estado boliviano y un parque Kaa Iya que se verá afectado por la deforestación. “Además, esta brutal deforestación, que no tiene permiso de nadie, obliga a que la fauna del área natural se traslade a otras zonas. Incluso las comunidades indígenas no contactadas se ven afectadas por esta obra”, destaca, compartiendo la opinión de Oswaldo Maillard.
Jhannise Vaca Daza es activista ambiental y cofundadora del colectivo Ríos de Pie, grupo que lucha en Bolivia por la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas. Ella califica como un “monumento a la inutilidad gubernamental” la construcción del puente en el río Parapetí. Vaca Daza es radical, pide que el puente sea derribado y lanza duras críticas al Gobierno boliviano y a los gobiernos subnacionales.
“El puente de Cuarirenda debe derrumbarse. El puente y la deforestación están asesinando lentamente a los Bañados del Izozog y las miles de especies que ahí coexisten desde mucho antes que nosotros les pongamos nombre. Estos humedales son los más grandes de la región del Chaco, la cual es internacional. Cada día que ese puente sigue erguido es un día más que se comprueba la irresponsabilidad y corrupción estatal”, reprocha Vaca Daza.
El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua, al que pertenece la comunidad de Cuarirenda, también rechazó la construcción del puente y le pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia que realice una auditoría ambiental para verificar los daños que la obra pudo ocasionar al parque Kaa Iya debido a la deforestación para la construcción del puente y de la vía que lleva a la obra. Hubert Rivero, representante de esta entidad, dice que los menonitas buscan devastar el bosque del Chaco para sus propios intereses.
Leonardo Tamburini es director de la Organización Oré, entidad que asesora jurídicamente a pueblos indígenas de Bolivia, y explicó que esta obra traerá deforestación, caza de animales silvestres y afectación a los humedales catalogados como sitio RAMSAR. Asegura que, además, hay una violación a la vida de los indígenas aislados voluntariamente.
“Nosotros hicimos un estudio sobre avistamiento de familias ayoreas en aislamiento voluntario, en coordinación con instituciones del Chaco paraguayo. Toda esa región, como el Kaa Iya, el Ñembi Guasu y el Otuquis, son zonas de avistamiento. Además, la Ley 450 de Protección de pueblos de alta vulnerabilidad recomienda generar una política de sensibilización y comunicación social para evitar que se acerquen a la zona donde fueron avistados, porque tienen el derecho constitucional a no ser contactados”, explica Tamburini.
Una obra que causó una pelea política
La construcción del puente en el río Parapetí se ha convertido en un asunto caliente para las autoridades nacionales y locales. Mongabay Latam habló con Omar Quiroga, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), quien aseguró que pidió información a la regional de Santa Cruz y que en los próximos días se elevará un informe sobre esta construcción, luego de que se realice una inspección a la zona.
“Vamos a tomar algunas acciones. Una de ellas es hacer una inspección en el lugar para verificar el cumplimiento de los instrumentos de planificación que hayan sido aprobados, si es que hubo aprobación. Una vez que se haya verificado en campo lo que está aconteciendo vamos a tomar las medidas administrativas que el caso amerite y que puede consistir en anulación de instrumentos, si es que están mal aprobados, paralización temporal de actividades y realizar lo que enmarca la ley”, afirmó Quiroga.
Sin embargo, Tamburini está seguro de que en 2021 llegó personal de la ABT para verificar la construcción del puente y que a nivel estatal se conocía que la obra empezaba a despegar. Para él, ahora las autoridades callan y se culpan entre ellas. “La obra se construyó con la mirada de entidades nacionales y departamentales, pero ahora se lavan las manos porque no existe una denuncia que haya podido paralizar la construcción”, asegura.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien es opositor al gobierno nacional, llegó a la zona a principios de febrero y luego de la visita anunció una acción penal —que hasta la fecha no se ha ejecutado— contra quienes construyeron el puente de metal. “Santa Cruz y sus autonomías indígenas no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales, la única autoridad competente para autorizar este tipo de obras es el Gobierno Departamental”, resaltó Camacho.
Mientras que el departamento culpa a las autoridades locales, el gobierno nacional culpa al departamento. Al frente de la batalla política está el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien es militante del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), y deslindó su responsabilidad en la construcción del puente sobre el río Parapetí, acusando a la Gobernación de Santa Cruz de ser la única responsable del proyecto. “Con mucha claridad lo tengo que decir, se enoje quien se enoje, aquí la responsabilidad es de la Gobernación cruceña, porque si no hubiera habido la denuncia (de medios bolivianos en enero de 2021), nadie se iba a enterar, y el señor Camacho iba estar de viaje en viaje, de departamento en departamento, buscando el federalismo”, dijo Montaño.
El ministro también visitó Cuarirenda a mediados de febrero y en su estadía prometió obras a los comuneros y alentó a que se legalice el puente. “Como no hay licencia ambiental, lo que se debe realizar es un manifiesto ambiental (instrumento legal en Bolivia que permite reparar la vulneración de la norma ambiental si la obra cumple con las medidas establecidas por ley)”, dijo el ministro ante los pobladores guaraníes.
A pesar de todo, el trabajo de los menonitas ya está ejecutado. Hay extensas franjas deforestadas, casas construidas en ambos lados del camino y más de 50 pozos ya perforan la tierra en una zona llena de humedales.
Según estudios realizados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), una organización dedicada a la defensa del medio ambiente en Bolivia, el 31 % del territorio boliviano está conformado por ecosistemas acuáticos, abarcando más de 34 millones de hectáreas. “Sin agua no hay posibilidades de vida, los humedales son fundamentales para la reproducción de la flora y fauna. Las funciones ecológicas de los humedales son vitales al ser reguladores de los regímenes hidrológicos por ser un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. Esa desgracia está latente en el Chaco boliviano y sin respuestas políticas”.
El futuro de Cuarirenda es incierto. En un inicio el puente les llevó un suspiro de desarrollo, pero ahora, cuando se mostraron los riesgos ambientales, recién asimilan los devastadores perjuicios que pueden llegar a su territorio. Por ahora son más de 3000 hectáreas desmontadas, un puente ilegalmente construido sobre el río Parapetí, y las afectaciones del desarrollo agrícola menonita en más de 14 000 hectáreas cercanas al Parque Nacional Kaa Iya.
*Imagen principal: Según los menonitas, la construcción del puente demoró un año y fue concluida en octubre de 2021. Foto: Iván Paredes Tamayo. https://bit.ly/3vSHD5X
 
 
 
 
 
LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN DE CHILE ES MUCHO MÁS INDIGENISTA QUE LA DE BOLIVIA
 
En Chile la población que se define indígena es el 12,4%, mientras que en Bolivia es 62%. Sin embargo la propuesta de Constitución de la Convención es más “radical” en esta materia. “La intención del texto es colocarse a la vanguardia del indigenismo latinoamericano”, dice Felipe Lyon, director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán.
 
Libero de Chile (https://bit.ly/3BVAPrX)
 
¿Es el nuevo texto de Constitución chilena una copia de la Constitución de Bolivia que impulsó Evo Morales?
Es una pregunta que ha sido abordada por diversos especialistas, y ha estado en el debate público en las últimas semanas.
Para el abogado y profesor constitucionalista de la Universidad de Valparaíso, Lautaro Ríos, “la Constitución chilena quedó embarrada con la imitación servil de la Constitución boliviana, con artículos prácticamente idénticos”.
En una carta a El Mercurio, Ríos sostuvo que el texto emanado de la Convención Constitucional era “una copia imitativa de la Constitución de Bolivia”.
Luego, en el Especial Mirada Líbero enumeró las similitudes entre la Constitución de Bolivia y la propuesta constitucional de Chile, con conceptos en común como plurinacionalidad, pluralismo jurídico, autonomía, autogobierno, salud indígena, entre otros.
Pero ¿es una copia o una versión 2.0 del país altiplánico? Esta última opción sería la respuesta.
Población indígena en Chile: 12,4% mientras que en Bolivia es el 62%
Solo dos países contemplan el concepto de «Estado Plurinacional» en sus constituciones: Bolivia y Ecuador. Si la propuesta de nueva Constitución de la Convención se aprueba, Chile se sumará a esas naciones.
Siguiendo el paralelo Chile-Bolivia, mientras en nuestro país la población que se define indígena es el 12,4%, en el caso boliviano es del 62%, según los últimos censos de ambas naciones.
La reciente encuesta CEP que abordó temas de la Macrozona Sur consultó a 2.915 personas y de ellas 1.374 se autodefinieron como mapuche. De este último grupo, solo un 12% se manifestó a favor de «un Estado plurinacional donde conviven los diferentes pueblos y naciones». Un 22% dijo estar de acuerdo con «un Estado multicultural donde conviven las diferentes culturas», mientras que un 48% se sumó al concepto: «Un Estado nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones».
La Convención Constitucional optó por redactar así el primer artículo de la propuesta de Constitución: «Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico» (inciso primero).
Constitución chilena es como la de Bolivia pero con “esteroides”
La exconvencional Carol Bown viajó a fines de julio a Bolivia para estudiar el tema de la plurinacionalidad. Tras varias reuniones y conversaciones, concluyó: “Nos dijeron que la propuesta chilena es como la boliviana, pero con esteroides, y que es mucho más grave todo lo que se plantea en materia de plurinacionalidad”.
En conversación con El Líbero, Bown también relató una reunión con el diputado boliviano José Manuel Ormachea. «Nos dijo que cuando el Presidente Boric afirmó que Álvaro García Linera era su gurú, Chile había caído en la trampa». Dijo el diputado: «¿Cómo puede alguien que odia a Chile ser el gurú del Presidente de Chile?».
Lo anterior, en alusión al exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, quien estuvo detrás del proceso constituyente en Bolivia, y se le considera «ideólogo» de la plurinacionalidad como tema político.
Y en más de una ocasión el Presidente Gabriel Boric ha manifestado como admirador del pensamiento político de García Linera. De hecho lo invitó al cambio de mando en marzo pasado.
«Vanguardia del indigenismo latinoamericano»
En este escenario, la Fundación Jaime Guzmán (FJG) comparó el texto de la Convención, que se votará el 4 de septiembre, con la actual Constitución de Bolivia. Si bien analizaron distintos temas, la «sorpresa» se da en el tema indígena.
Felipe Lyon, director del programa constitucional de la FJG, y quien hizo el estudio, afirma a El Líbero: «Para nuestra sorpresa, además de comprobar las similitudes, nos percatamos de que el borrador de la Convención es -en muchos temas- bastante más radical en sus propuestas que el texto promulgado por Evo Morales el 2009«.
Agrega que, a su juicio, la intención del proyecto de Carta Magna es «colocarse a la vanguardia del indigenismo latinoamericano. Dicho de otra forma, este borrador de Constitución es sin duda el más indigenista y plurinacional del mundo, y el catálogo de privilegios que establece para estos grupos es inédito, superando con creces a constituciones como la boliviana o la ecuatoriana».
Por ejemplo, mientras Bolivia es un Estado unitario; Chile sería un Estado regional.
Así se aprecia en el artículo 1 de ambos textos. «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país».
En la propuesta de la Convención, el inciso primero del artículo 1 dice: «Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico».
En Chile será vinculante la consulta indígena, en Bolivia no
Otro aspecto que recoge el estudio es que «Bolivia tiene un derecho de consulta indígena, pero no consagra la necesidad de consentimiento; Chile sí».
En en artículo 30 de la Carta Fundamental de país altiplánico, se lee: «En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habita».
Por su parte, la propuesta chilena en su artículo 191 establece: «Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución».
Sistemas de justicias solo para indígenas ¿o para indígenas y chilenos?
Sobre justicia, el estudio destaca que «en Bolivia los sistemas de justicia indígena aplican solo para indígenas; en Chile también podrían ser juzgados chilenos no indígenas».
El texto boliviano es explícito en esta materia: «La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino». Agregan que «están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos».
En la propuesta que se votará en septiembre, este tema queda abierto. Opina Jorge Jaraquemada, director ejecutivo dela Fundación Jaime Guzmán: «En materia de pluralismo indígena la Constitución boliviana restringe la aplicación del estatuto jurídico indígena solo a quienes son parte de esa etnia. En la propuesta chilena, en cambio, tiene un alcance amplísimo, sin limitaciones de ningún orden. Es decir, un chileno no indígena puede ser sometido a un estatuto jurídico indígena que le es completamente ajeno, que no está escrito y que se basa en las costumbres y tradiciones de ese pueblo indígena en particular».
El artículo referido a esta materia es el 309 de la propuesta de la Convención, señala: «El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte».
Y en el inciso siguiente se lee: «La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales».
Para Felipe Lyon, director del programa constitucional de la FJG, este punto es clave: «En el texto boliviano se aclara que solo están sometidos a la jurisdicción indígena los miembros del respectivo pueblo indígena. Esta distinción en la propuesta de la Convención no solo no se incorporó, sino que se rechazó en repetidas oportunidades, abriéndose la puerta a que chilenos no indígenas queden sometidos a los sistemas de justicia indígena».
 
 
 
 
 
NUEVO ESCÁNDALO PARA PEDRO CASTILLO: LA SALIDA AL MAR DE BOLIVIA LE PODRÍA COSTAR EL CARGO
 
France 24 (https://bit.ly/3SEYmn3)
 
El Congreso de Perú propone un documento en el que pedirá la inhabilitación política durante 5 años para el presidente Pedro Castillo. Se le acusa por presuntas infracciones a la constitución y de “traición a la Patria”. A esto se le suman las investigaciones a su esposa y cuñada.
Este martes el medio local 'Epicentro TV' reveló un informe presentado por el congresista Wilson Soto en el cual se busca la inhabilitación política de Pedro Castillo tras unas declaraciones sobre una eventual salida al mar para Bolivia. El documento sería entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En el informe de 89 páginas se explica que Castillo habría hecho declaraciones que “no encarnan el deseo de la Nación”, luego de señalar su intención de preguntarle a los peruanos sobre si se le debería dar salida al mar al país vecino.
En una entrevista en enero de este año, el periodista Fernando del Rincón de la cadena 'CNN' le preguntó a Castillo sobre una opinión que el mandatario había hecho en 2018, donde manifestaba que estaba a favor de que Bolivia tuviese salida al mar.
“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, dijo el primer mandatario a comienzo de año.
“Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia”, agregó Castillo. Por su parte, el congresista Soto aseguró que las declaraciones del presidente las hizo sin pensar que “el territorio nacional es inalienable e inviolable, declaración que vulneraría mandatos constitucionales, como los denunciados y analizados, poniendo en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”.
La defensa de Castillo rechazó vigorosamente el informe presentado por Soto. "Tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurídico serio", dijo Benjo Espinoza, abogado del presidente peruano.
Durante una visita de trabajo a la ciudad de Arequipa, Castillo aseguró que no responderá sobre el tema
El delito por el que el presidente peruano es acusado, se encuentra consignado en el artículo 325 del Código Penal de Perú y, según Soto, fue cometido en grado de tentativa. Al conocerse la propuesta, la legisladora Gladys Echaíz, del partido ultraderechista Renovación Popular, se declaró a favor de la denuncia contra Castillo, porque según ella, es un hecho grave.
"No estamos tras la persecución de una persona, simplemente analizamos hechos, verificamos comportamientos y aplicamos el ordenamiento legal", expresó Echaíz.
Frente a las declaraciones de Castillo, el Gobierno boliviano reaccionó inmediatamente. El presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Fredy Mamani Laura, celebró la “predisposición” de Castillo por tener la intención de realizar la consulta.
Bolivia perdió acceso al mar, entre el desierto de Atacama y los valles de Moquegua, en la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. Los aliados Perú y Bolivia se enfrentaron en contra de Chile dando como resultado el aislamiento de Bolivia frente al océano.
Desde 1992, Perú le cedió una playa de 20 kilómetros a Bolivia, la cual se puede recorrer en su totalidad en 20 minutos en auto y se encuentra a 462 kilómetros de La Paz. Esta salida al mar se denomina Bolivia Mar o Boliviamar, sin embargo, está abandonada por parte de los dos Estados.
El incierto futuro de Castillo al mando 
El nivel de desaprobación del exprofesor llega al 76%, la peor cifra desde que asumió el mando hace poco más de un año. Actualmente, el mandatario peruano afronta cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía por casos de presunta corrupción, delitos de organización criminal o tráfico de influencias, entre otras.
Para que la propuesta presentada este martes prospere y sea un hecho, debe ser evaluada y votada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En caso de ser aprobada, el Congreso tendrá que pasar a debatirla para tomar la última decisión.
El pasado 4 de agosto, el dirigente peruano asistió a la Fiscalía General de la Nación para declarar en un interrogatorio sobre supuestas interferencias en el proceso de ascensos de personal de las fuerzas militares.
Allí, el mandatario insistió en su inocencia y se negó a responder el cuestionamiento en el caso que lidera la recién elegida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
“El presidente ha negado los cargos, ha ratificado su inocencia y luego ha señalado que más adelante, cuando se le convoque, va a declarar pero que, por este momento, va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio”, dijo el abogado Espinoza.
De igual manera, su defensa pidió reprogramar otras dos citaciones por investigaciones de licitación indebida en contratos de biodiesel y un supuesto encubrimiento a exfuncionarios.
Como piezas de dominó, su círculo más cercano se empieza a ver afectado 
No solamente el presidente se ha visto salpicado por las acusaciones. Este martes, la Fiscalía de Perú interrogó a Lilia Paredes, la primera dama, por una investigación de un "presunto cobro indebido en agravio del Estado", ya que ella y su esposo presentaron una tesis que se investiga por plagio.
A la pareja de docentes se le acusa de plagio en una tesis de maestría presentada en la Universidad César Vallejo, en la ciudad de Trujillo. Este caso fue abierto en mayo, cuando un programa de televisión dijo haber encontrado 54% de coincidencias con otros autores no mencionados en la bibliografía.
La Fiscalía les acusa por los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado.  "Me siento feliz por haber encaminado (una maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría. El trabajo lo hicimos en los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. No creo que se haya dado otra investigación con esos niños y esa comunidad. La investigación la hicimos con mi esposa Lilia", dijo Castillo en junio.
Una medida para la cuñada de Castillo
La Justicia peruana ordenó la detención durante diez días de la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias en una obra de la región de Cajamarca, de donde es oriundo Castillo.
Las autoridades peruanas acudieron en la noche de este martes (hora local) al Palacio de Gobierno con el fin de detener a Paredes, sin encontrarla en las instalaciones. Un equipo especial de la Fiscalía ha pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad de la última semana. 
La investigación de la cuñada de Castillo se abrió cuando el programa de la cadena América Televisión difundió un video en el cual la joven dialogaba con pobladores de una comunidad para informarles que necesitaba censarlos con el fin de realizar una obra de saneamiento, a pesar de no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.
Por este caso, Paredes y la primera dama acudieron a declarar ante el Ministerio Público. A este escándalo se le suma la salida del ministro del Interior el viernes pasado, quien lideraba la investigación.
Cambios en el Ejecutivo de Castillo
El pasado viernes el presidente peruano reorganizó su gabinete, realizando seis cambios en los dirigentes de los ministerios de  Relaciones Exteriores, Trabajo, Transporte, Economía y Vivienda.
Entre tanto, mantuvo al primer ministro Aníbal Torres en su cargo, quien había presentado su renuncia hace unos días pero Castillo negó irrevocablemente. La permanencia de Torres en su cargo significa que el Ejecutivo no tendrá que buscar un nuevo voto por parte del Congreso, con el cual muy difícilmente contaría.
La declarada guerra entre Pedro Castillo y el Congreso de la República
Durante un año, el Ejecutivo y el Legislativo se han visto constantemente enfrentados. El pleito más reciente sucedió la semana pasada, cuando el Congreso no autorizó su viaje a Colombia para asistir a la posesión del recién electo Gustavo Petro.
Los legisladores negaron su permiso de salida del país argumentando que Castillo no representaría bien al país por tener tantas investigaciones en su contra y una inestabilidad en su Gobierno.
La decisión ha sido vista por la opinión pública como una gran medida que no se veía desde el Gobierno de Alejandro Toledo en los primeros años de la década del 2000. Así se demuestra la dificultad en la relación, al tener 67 votos en contra y 24 a favor para que pudiera viajar a Bogotá.
A esto se le suman los dos intentos de la oposición por sacarlo del poder: la primera vez fue en noviembre de 2021, cuando fue acusado de “permanente incapacidad moral”, sin lograr la fuerza necesaria para apartarlo del poder. 
A pesar de la tensa relación con el Congreso, el 28 de marzo de este año fue absuelto luego de obtener 55 votos para que saliera de los 87 que se necesitaban para que se apartara de su cargo.
Entre escándalos e inestabilidad política, Pedro Castillo continuará su fracturado mandato mientras las instituciones competentes realizan las investigaciones por los casos en los que se le acusa.
 
 
 
 
 
¡TRAICIÓN A LA PATRIA!
 
El Expreso de Perú (https://bit.ly/3AcUQZG)
 
En su vasta superficialidad, un simplón presidente Castillo aceptó ser entrevistado –al inicio de su gestión- por CNN, en interviú conducida por el periodista Fernando del Rincón. Aún estaba fresca la indignación general, producto del cuestionado resultado de las elecciones supervisadas por un sujeto apellidado Salas Arenas. En su euforia, Castillo respondía con sus habituales incoherencias y con esa marca de fábrica que le caracteriza como incapaz para manifestarse coherentemente en idioma español. ¡El único idioma que conoce! ¡Aunque someramente! Aparte, ni por suerte habla o escribe en alguno de los dialectos autóctonos.
La entrevista transcurría preñada de respuestas que no contestaban las preguntas, aunque matizadas con sonrisas más nerviosas que satisfactorias. Se sentía pigmeo delante del cuate entrevistador: No obstante, lo que le animaba a seguir respondiendo tontería y media era alucinar que su imagen la vería el mundo entero, a través de una cadena internacional. Y así siguió adelante hablando más incoherencias haciendo papelón tras papelón. Pero el pugnaz gacetillero tocó un hecho sensible: “Usted le ha ofrecido acceso al mar a Bolivia.” Al chotano casi se le cae el sombrero que le hacía verse más pequeñejo, patético de lo que es. Balbuceaba palabras inconexas, ininteligibles. ¡Hasta que se sintió mejor! Y tras hacer una pausa, tomó aire para responderle: “Claro, esto es lo que piden los hermanos de Bolivia.”
Del Rincón insistió, “¿Pero sabe usted que en su país esto es considerado traición a la patria?” Un eufórico Castillo le respondió: “No, porque le consultaré a mi pueblo”. Es decir, “estoy de acuerdo, pero me parapeto tras el pueblo.” Esto acabó involucrándolo en el delito de traición a la patria penado por nuestra Constitución. La razón es simple. La describe con elocuencia el ex canciller Francisco Tudela. ¡La primera vez Castillo ofreció cederle territorio a Bolivia estando en suelo boliviano, siendo un ciudadano de a pie! Fue durante un aquelarre sindical, conocido en el Perú días después de llevarse a cabo en Bolivia. En esos momentos Evo Morales presidía Bolivia. ¡Las izquierdas siempre decididas a darse una mano entre ellas, a costa de sacrificar a Juan Pueblo! Retomemos la interviú con CNN.
¡Para esa fecha, Castillo ya era presidente electo de la República del Perú! No obstante, ante los ojos del mundo ratificó que concedería territorio peruano a Bolivia, en respuesta al comentario del periodista del Rincón. ¡En ese preciso instante Castillo se colocó al margen de la ley! Según la Constitución, es el primer obligado a proteger -y a hacer respetar- la integridad de nuestro territorio. Por lo tanto, al haber actuado al revés, se hizo acreedor a un juicio político ante el poder Legislativo, como todo funcionario público que atente contra los intereses nacionales.
Esto último lo desarrolla el Informe Final entregado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales por el congresista Wilson Soto Palacios, convalidando la Denuncia Constitucional 219 contra Pedro Castillo presentada por los parlamentarios Norma Yarrow y José Cueto, solicitando a la Comisión Permanente que imponga a Castillo inhabilitación por cinco años para ejercer toda función pública.
 
 
 
 
 
TRAS REVISAR ACUERDO CON PETROBRAS, BOLIVIA APUNTA A NUEVOS CLIENTES EN BRASIL
 
Renegociación de contrato con estatal brasileña abre espacio para que YPFB venda gas a mejores precios a Argentina y nuevos compradores en Brasil.
 
EP-BR de Brasil (https://bit.ly/3p7dITF)
 
Al renegociar los términos del contrato de exportación de gas natural a Petrobras, la boliviana YPFB garantiza, en la práctica, mayor seguridad para seguir vendiendo su gas a Argentina durante el invierno. Pero no solo. Bolivia también tiene planes para explorar oportunidades  en el mercado brasileño , donde ha dado pasos importantes este año para diversificar su base de clientes.
En resumen, la nueva modificación contractual firmada entre Petrobras e YPFB reduce la exposición del país vecino a sanciones por reducir los envíos de gas a la estatal brasileña en 2022.
Al mismo tiempo, el acuerdo renegocia los plazos para que la petrolera brasileña retire los volúmenes contratados a largo plazo. Petrobras tendrá hasta 2025, y ya no hasta 2024, para importar los volúmenes previstos en el contrato, según un ejecutivo boliviano a epbr , bajo condición de anonimato.
“[El acuerdo] tiene como objetivo generar certeza sobre los volúmenes comprometidos de suministro de gas de Bolivia al mercado brasileño hasta el final del contrato. Y nos permite minimizar o prácticamente eliminar la posibilidad de multas por fallas de suministro en 2022, que muy probablemente tendríamos”, reconoció el gerente de contratos de exportación de gas de YPFB, Oscar Claros, en entrevista con el canal La Razón.
La fórmula del precio pagado por la estatal brasileña, por los volúmenes firmes previstos en el contrato, no cambia, según las fuentes. Pero los bolivianos esperan una apreciación de su gas en el mercado, trasladando parte de los volúmenes previamente comprometidos a Petrobras a otros clientes, a precios más ventajosos. Mejoran así el precio medio ponderado del gas exportado.
La renegociación contempla una mayor flexibilidad en la entrega del gas boliviano durante el invierno , período en el que YPFB se comprometió, este año, a aumentar las exportaciones a Argentina, a mejores precios.
Todavía no está claro si la flexibilidad también es válida para 2023 y 2024. Buscando aclarar el tema, Petrobras prefirió no comentar por razones de confidencialidad.
Como Bolivia tiene limitaciones en su oferta, el país no puede atender el aumento de la demanda argentina y, al mismo tiempo, mantener los envíos de gas a Brasil en los mismos niveles.
El acuerdo con Petrobras, por lo tanto, reconoce, en cierta medida, un llamado de los bolivianos para que el país pueda aprovechar oportunidades más ventajosas en el mercado durante algunos meses del año. Y, así, da seguridad jurídica a los bolivianos para seguir vendiendo más gas a la Argentina, como lo vienen haciendo en los últimos meses, sin los riesgos de las sanciones que ello implica.
Lo que dicen las autoridades:
YPFB: El acuerdo con Petrobras “permite un mejor ajuste de los volúmenes comprometidos para el mercado brasileño en la gestión actual, con el fin de minimizar la posible exposición a multas por fallas en el suministro”.
Petrobras: se mantiene el volumen máximo contratado de 20 millones de m³/día, pero habrá “flexibilidad de entrega y recepción de acuerdo con la estacionalidad y disponibilidad de la oferta, garantizando así un suministro en equilibrio contractual para las empresas”.
 
 
 
 
 
QUANTUM 3, EL PEQUEÑO AUTO ELÉCTRICO BOLIVIANO VA A LA CONQUISTA DE LA REGIÓN
 
Podría también ser fabricado en México.
 
Revista Noticias de Automóviles de Chile (https://bit.ly/3pbPCY5)
 
Recientemente Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México estuvo de visita en Bolivia para atender asuntos relacionados a la cooperación con el país andino.
Dentro de las numerosas actividades de su congestionada agenda, la que más llamó la atención, por lo menos de aquellos quienes nos dedicamos a cubrir la industria automotriz fue el anuncio de que el Quantum 3, un pequeño vehículo diseñado en Bolivia que será fabricado en México en 2023 y será el auto eléctrico más accesible del mercado.
Ebrard publicó un pequeño video en su cuenta de Twitter en los que textualmente dice: “Vehículo boliviano Quantum, eléctrico. Disponible en 2023 en México merced a la Alianza Quantum y la empresa mexicana Potencia Industrial. Será el vehículo eléctrico más económico en nuestro país. Enhorabuena!!”
Posteriormente, el funcionario publicó un segundo video en el que está conduciendo el vehículo y en el que argumenta sobre los enormes yacimientos de litio que tienen Bolivia y que el Quantum es un intento de no solo explotar el mineral, sino de procesarlo e incluso fabricar baterías en ese país.
Acerca de Quantum
Se trata de una empresa que inició en 2016 fabricando maquinaria eléctrica para la minería, para un año después empezar a desarrollar los primeros prototipos de movilidad urbana.
En 2019 se constituye formalmente Quantum Motors y se da inicio a la comercialización de los modelos E2 y E3 de transportación urbana de 4 ruedas. Y un año más tarde abren su primera tienda fuera de Bolivia, en Lima, Perú.
En 2021, Quantum y Potencial Industirial, empresa mexicana dedicada a desarrollar motores y generadores eléctricos anuncian el montaje de la primera planta fuera de Bolivia.
Este año, se anunció la construcción de la primera planta de fabricación de baterías de Quantum.
Acerca del Quantum E3
Capacidad: tres ocupantes
Potencia: 4 hp (3 kW)
Batería: 4.8 o 6 kWh
Autonomía: hasta 100 km
Velocidad máxima: 60 km/h
Frenos de disco en ambos ejes
Medidas:
Largo: 2.500 mm
Ancho: 1.100 mm
Alto: 1.500 mm
No se menciona en la ficha técnica la presencia de sistema de frenos ABS o bolsas de aire, con lo cual, muy probablemente la intención sea homologarlo como cuadriciclo.
El precio del Quantum 3 con batería de litio va desde 7.050 hasta 7.550 dólares. ¿Usarías uno asi en Chile?
 
 
 
 
 
ARGENTINA AVANZA CON BOLIVIA EN LA ELABORACIÓN DE CELDAS Y BATERÍAS DE LITIO
 
El ministro Daniel Filmus y el titular de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, dieron precisiones del acuerdo entre ambos países.
 
El Tiempo de Argentina (https://bit.ly/3SG6d3x)
 
El ministro de Ciencia Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el presidente Ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, participaron este lunes en una entrevista televisiva en el canal boliviano Abya Yala. Allí ambos brindaron detalles del avance de las actividades de cooperación científico-tecnológica para la producción de celdas y baterías de ion litio con tecnología autónoma.
Entre las actividades que destaca el convenio rubricado en julio pasado se cuentan la producción de materiales catódicos a partir de sales de litio producidos localmente; el desarrollo de una planta de producción; y la colaboración y capacitación técnica y científica de profesionales e investigadores, entre otras.
“Coincidimos con Bolivia en que el desarrollo de la ciencia y la tecnología son fundamentales para fortalecer la integración latinoamericana y para ejercer la soberanía”, manifestó el ministro Filmus, quien explicó: “El objetivo es avanzar en el desarrollo de tecnologías que nos permitan fabricar baterías y agregar valor, que no es solo contar con la materia prima”.
Filmus añadió que en la actualidad en Argentina “necesitamos para la fabricación de baterías, por un lado, tener un mayor desarrollo de tecnologías, y por otro lado, contar con una economía de escala. Estamos haciendo experiencias piloto para poder competir a nivel internacional, y estamos en un proceso de transición energética que nos va a permitir competir en la fabricación de baterías a partir de 2023”. Y remarcó: “La integración latinoamericana, especialmente con Bolivia, va a hacer que nuestra soberanía dependa, ya no de las armas, sino de los desarrollos científico-tecnológicos”.
El ministro destacó que Bolivia sea la sede de la próxima “reunión de los cuatro países, y allí definiremos la estrategia para el futuro. Mientras tanto, los investigadores están en contacto trabajando juntos de manera cotidiana” y precisó que se espera que el siguiente encuentro se realice en Catamarca, “que es otra de las productoras de litio en el país”.
En la ocasión, el presidente Ejecutivo de YLB, Carlos Ramos, aseguró: “Necesitamos reforzar el conocimiento y la relación que necesitamos para trabajar a futuro de manera coordinada. Tenemos una bendición en el sentido en la que estamos en centro de los recursos del litio a nivel mundial. Es nuestra potestad poder avanzar y hacer de este desarrollo no solamente un desarrollo boliviano sino regional para toda Sudamérica”.
Ramos reforzó además la necesidad de “ampliar la producción de litio a niveles industriales” y la “posibilidad de producir algunos insumos en Argentina y otros en Bolivia, para evitar importaciones”, como una de la estrategias de soberanía e integración tecnológica a nivel regional.
Desde el ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación destacaron que algunas cuestiones y actividades que se desprenden del convenio entre Y-TEC e YLB: Producción de materiales catódicos (LiFePO4 y LiNixMnyCozO2) a partir de sales de litio producidos localmente; Desarrollo de una planta de elaboración de celdas y baterías de ion litio de al menos 10 MWh/año de capacidad; Desarrollo del conocimiento necesario para la producción de celdas y baterías de ion litio para diferentes aplicaciones, incluyendo electromovilidad y sistemas estacionarios autónomos.
Además, se propone la innovación de celdas y baterías y diseño de prototipos para sistemas fotovoltaicos, packs para vehículos eléctricos u otros; el desarrollo de baterías de ion litio de performance avanzada en base a los prototipos de laboratorio que se lleve adelante en Argentina y Bolivia; la promoción de empresas del sector;  y la capacitación de técnicos, ingenieros y científicos en temas relacionados con la producción de estos materiales, entre otras temáticas.
 
 
 
 
 
DERRAME Y ALERTA EN EL RÍO PILCOMAYO: EL PELIGRO QUE CORREN COMUNIDADES ORIGINARIAS
 
Aunque desde el Gobierno boliviano aseguran que los líquidos contaminantes no llegaron al afluente, en Salta hay temor por la pesca.
 
Que Pasa Salta de Argentina (https://bit.ly/3vPK6xN)
 
Ayer la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta dio a conocer detalles del informe que recibió del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del cual se niega que el derrame de líquidos contaminante derramados en el vecino país llegaran al río Pilcomayo. Ahora se activó un sistema de monitoreo para evitar que comunidades originarias consuman peces y agua contaminadas.
Desde el Gobierno de Salta indicaron que se está realizando la toma de muestras en territorio local y se mantienen de manera preventiva las recomendaciones, solicitando no bañarse en el río, no tomar agua y no pescar, en resguardo de la población.
En cuanto a los resultados de los que se realizan, se espera contar con un informe en aproximadamente 15 días, luego de la toma de muestras.
Al respecto de esto, Rogelio Neron, intendente Santa Victoria Este, dijo que están trabajando junto a la Provincia y aguardan los informes.
En este sentido dijo estar muy preocupado ya que las etnias wichí, al menos cinco, viven de la pesca y aún siguen consumiendo peces del río ante la necesidad que tienen de ingerir alimentos.
Nerón se refirió a la difícil situación económica que atraviesa su pueblo ya que que de 100 familias 30 o 40 reciben módulos alimentarios, que son los habituales que mandan desde Provincia cada dos meses y en el 2021 sólo lo recibieron 7 veces. Los mismos son de 19 kilos y tienen aceite, azúcar y leche entre otros alimentos.
"Santa Victoria Este siempre es noticia cuando mueren niños desnutridos, pero hay que buscar la forma en la que no dependamos de los bolsones y se pueda ser noticia por la producción de alimentos. Para eso se necesitan herramientas", destacó el jefe comunal.
Finalmente recordó que próximamente sufrirán las altas temperaturas y el desborde del río Pilcomayo que hace más de 30 años desborda e inunda a las comunidades que pierden todo e incluso no saben si tras el verano seguirán viviendo en el mismo lugar o el río se llevará sus hogares.
 
 
 
 
 
POLÉMICA EN BOLIVIA POR EL SUPUESTO COBRO A LOS BENEFICIARIOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS HOGAREÑOS
 
Revista PV Magazine (https://bit.ly/3dnKM7a)
 
El viceministro de Electrificación y Energías Alternativas, Edgar Caero, desmintió que en el municipio de Zudáñez, una localidad en el departamento de Chuquisaca, al sur del país, se cobrase por modulo fotovoltaico entregado 330 bolivianos (cerca de 43,68 dólares) a familias que el viernes pasado recibieron sistemas fotovoltaicos domiciliarios, según se asegura circuló en redes sociales.
El ministro Caero dijo haber conversado sobre el tema con el alcalde de la ciudad, Cresencio Barriga, quien le afirmó que eso era información “engañosa, falsa”.
La polémica sucede días después de que se haya hecho entrega de sistemas fotovoltaicos domiciliarios a 664 familias que viven en la pobreza o extrema pobreza, y que habitan en zonas aisladas.
El reparto por municipios ha sido de 75 familias beneficiadas en Yamparáez, 51 en Icla, 393 en Zudáñez y 145 en Tomina, los tres primeros en la provincia de Jaime Zudáñez y el último en la de Tomina, todos en el departamento de Chuquisaca.
El marco de la entrega de estos sistemas es el programa que lleva adelante el Ministerio de Hicrocarburos y Energías de Bolivia, llamado Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD), que está implementándose desde 2020, y que además de poblaciones aisladas del departamento antes mencionado, involucra también a las de Potosí, en el suroeste del país, y Beni, en el noreste.
Los sistemas domiciliarios consisten en un panel solar de 50 Wp; una batería de litio de 11,5 AH, tres lámparas led de 420 lm y una lámpara portátil de 150 lm, más algunos accesorios.
Existen también sistemas sociales, compuestos de dos paneles solares de 275 W; un regulador de 50 A 12/24 V; una batería de de 200 AH; un inversor de 12 V dc 1200VA/1000 W; seis lámparas led de 12 W; seis tomacorrientes; seis interruptores y accesorios.
En el comunicado ministerial donde se hacen las descripciones de los equipos se aclara que “estos módulos fotovoltaicos se entregan de forma totalmente gratuita (en negrita en el original) a cada uno de los beneficiarios”.
“Por tanto -se agrega-, pedimos a la población no dejarse engañar por personas inescrupulosas que pretenden, a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, realizar cobros por estos módulos fotovoltaicos”.
 
 
 
 
 
TREN DE ARAGUA Y NARCOTRÁFICO DISPARAN HOMICIDIOS EN NORTE DE CHILE
 
Insight Crime (https://bit.ly/3zIaYkJ)
 
Hay conmoción en la arena política chilena con la oleada de homicidios en la región de Tarapacá, al norte del país, en la frontera con Bolivia, cuya tasa de homicidios alcanza niveles alarmantes.
El 5 de agosto, un venezolano fue acribillado en la ciudad portuaria de Iquique, corazón económico de la región de Tarapacá. Con este se cuentan 31 homicidios en lo corrido del año en la región de Tarapacá, que si sigue a este paso podría superar los 51 homicidios en 2021.
Esto es motivo de alarma, pues ya en 2021 Tarapacá presentó un abrumador incremento de 183 por ciento en los homicidios en relación con 2020. La tasa de homicidios en la región, que se sitúa en 14 por 100.000 habitantes, es actualmente casi cuatro veces superior a la media nacional de Chile.
Algunos congresistas demandan acciones concretas. A comienzos de agosto, los parlamentarios representantes del norte de Chile fundaron una nueva alianza política e instaron al gobierno a declarar un estado de emergencia.
Pero aunque la policía ha detenido a docenas de miembros de presuntas bandas dedicadas al microtráfico, a quienes se responsabiliza de los enfrentamientos con armas en Iquique, los homicidios en Chile siguen en aumento, como informó la plataforma Mega Noticias.
Los decomisos de narcóticos también siguen subiendo, pues constantemente hay cargamentos de diferentes sustancias ilícitas que cruzan la frontera desde Bolivia y desde altamar. El 3 de agosto, se encontraron casi 500.000 píldoras de éxtasis y más de 120 kilos de MDMA que habían sido introducidas por el puerto de Iquique procedentes de los Países Bajos. Y en junio, después de un decomiso de cocaína, base de coca y marihuana provenientes de Bolivia, el jefe de policía de Tarapacá, Sergio Telchi, anunció que los decomisos de drogas en la región iban camino a superar las 7,5 toneladas de drogas incautadas en 2021.
Las autoridades atribuyen gran parte de la ola de violencia y delito a bandas extranjeras. Como lo informó recientemente InSight Crime, la megabanda venezolana el Tren de Aragua ha consolidado su presencia en Tarapacá. Esta banda se introdujo en Chile con el tráfico de migrantes venezolanos, pero también se dedica al tráfico de drogas, armas y contrabando hacia Chile, según las investigaciones de InSight Crime.
El problema se ha convertido en tema de debate nacional, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha prometido perseguir a los miembros del Tren de Aragua y expulsarlos del país.
Análisis de InSight Crime
Son varias las razones para el incremento de los delitos violentos en Iquique y la región de Tarapacá.
En primer lugar, por su ubicación en la costa norte de Chile, Iquique ha sido clave para los traficantes bolivianos que trasiegan cocaína al otro lado de la frontera. Los traficantes de drogas sintéticas de Europa usan los puertos del norte de Chile como puntos de entrada para su producto, con la esperanza de ingresar a uno de los mercados más grandes de Suramérica.
El problema es que a la zona también ingresan armas. Las redes de tráfico de armas han empezado a usar el puerto de Iquique como destino. Es cada vez mayor el número de armas introducidas en Chile en medio de carga marítima, y los traficantes de armas han manejado operaciones por medio de los puertos del norte, como ya lo ha informado InSight Crime.
En segundo lugar, la mayor afluencia migratoria ha traído nuevos grupos interesados en controlar estas economías criminales transnacionales bien establecidas. Obligar a muchos migrantes venezolanos a ingresar drogas al país y coaccionar a otros para que trabajen en prostitución les da a las bandas como el Tren de Aragua abundantes flujos de rentas criminales. El grupo también ha adoptado la estrategia de formar alianzas con bandas de menor tamaño en todo Chile, para tercerizar eslabones del tráfico de drogas y prostitución. En eso sigue un modelo que ya había implementado en Perú.
 
 
 
 
 
RITUALES MECÁNICOS: MILES DE OJOS, DEL BOLIVIANO MAXIMILIANO BARRIENTOS
 
La Diaria de Uruguay (https://bit.ly/3AbI7ql)
 
En el breve texto que figura en la edición que Caja Negra hace de Miles de ojos –la novela del boliviano Maximiliano Barrientos antes publicada por la editorial El Cuervo, de Bolivia–, Mariana Enriquez ubica la obra entre referencias que van principalmente de JG Ballard a Mad Max. La escritora argentina fue precisa en su mapeo; las referencias permanentes a la saga apocalíptica de George Miller y a la obra ballardiana son evidentes y explícitas, pero resulta que la novela comienza pronto a ser muchas cosas más, que contiene otros mundos, que puede ser leída de muchas formas y, afortunadamente, descubrimos –algo que también anunciaba Enriquez– que estamos ante un autor que asume riesgos.
Un culto violento a la velocidad en Bolivia, persecuciones, maldiciones familiares heredadas, autos fetiches, motos, picadas, motores, adolescencia, amistad y black metal. Una novela de acción, pero también una de aventuras en la que hay que completar una búsqueda atravesando obstáculos y con enemigos que buscan lo mismo y, a su vez, con una mirada filosófica sobre la muerte, el tiempo, la velocidad, lo humano, la naturaleza, lo oculto, lo cíborg.
La novela de Barrientos parecería establecer diálogo también con una tradición latinoamericana, tanto a través de la búsqueda de algo que no se sabe muy bien qué es, que bordea lo espectral, que puede no existir –lo que recuerda a obras de Roberto Bolaño–, como de la relación entre lo espiritual, lo oculto y lo popular, muy presente en las obras de Leonardo Oyola o de la propia Mariana Enriquez (con cuya última novela, Nuestra parte de noche, la de Barrientos dialoga no pocas veces). Pero también, a la hora de escaparle a una Bolivia exotizable, áridamente salvaje y misteriosa, polvorienta, violentamente inexplicable, con una idea casi demoníaca muy explorada en la tradición del sertón latinoamericano de Graciliano Ramos, el Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, las películas de Glauber Rocha y hasta en las obras desérticas del mexicano Juan Rulfo.
Si bien no se hace un culto al entorno, lo que de alguna forma podría llevar a la novela a un lugar más superficial, es indudable que gran parte de la potencia de Miles de ojos está en esos escenarios que, como son tan reales, muchas veces son más pesadillescos que los de los malos sueños. Porque de la novela de Barrientos perfectamente se puede extraer la idea de que no existe una no realidad que sería todo lo que la supuesta realidad no es, sino que hay un todo que, más allá o más acá, tan ajeno como propio, puede ser tan bello como siniestro y terrible, y no es necesario irse muy lejos para encontrarlo.
En este contexto se desarrolla un entramado extraño entre las transformaciones de los personajes, y una red mayor de personas y acontecimientos. Por un lado, los personajes están, mientras empiezan a experimentar situaciones externas que los cambian, viviendo sus propios cambios relacionados con su edad, con sus vínculos, con su lugar en el mundo, con la masculinidad. Es interesante cómo, a pesar de que la trama que los empieza a integrar es extraña, multidiversa y compleja, nunca se ignora lo otro, las subjetividades, los crecimientos. Salen de la adolescencia a la misma vez que se meten en una aventura terrible de muerte y violencia, y ninguno de los relatos prevalece sobre el otro. Gracias a esto, es posible ver cómo algo tan complejo y difícil de procesar como la relación entre varones de clase media boliviana con sus pares –las pandillas y la forma en que estas crean y reproducen no sólo violencia de clase sino también de género y estereotipos de violencia masculina blanca y occidental, la desintegración de las familias de clase media, la soledad, los vínculos rotos, la forma en que el consumismo, la pertenencia, el deber ser social y los roles predeterminados deshumanizan una comunidad– termina siendo tan o más violento, tan o más inexplicable que el culto de unos metaleros por la velocidad, aunque este incluya sacrificios o muertes violentas o la idea de que es posible unir al cuerpo humano con la máquina.
Sumado a lo expuesto, la novela ahonda por momentos en cierta reflexión filosófica, con ideas que podrían relacionarse con el aceleracionismo o la dark ecology, donde lo robótico y lo maquinal es también naturaleza, la búsqueda de la unión y la simbiosis entre los tejidos humanos, sus fluidos y huesos con cables, combustible, aceite, bujías y luces. Algo que va mucho más allá de una simple adoración de las máquinas y que da cuenta de la relación entre la humanidad, la máquina y la tecnología, ya no desde una demonización quizás naif de lo creado por el ser humano sino, esta vez, desde la inminencia de la fusión, de la hibridez, de dejar de reconocer a las partes como distintas para asumir la integración. En este sentido, es interesante que también se integren en esa fusión otros mundos, relegados a las partes más bajas de la pirámide, como los hongos, el musgo, las bacterias, lo que termina por configurar un universo en el que el ser humano no ocupa el centro ni la cumbre.
Miles de ojos es una novela que se puede leer de muchas formas y que incluso se puede seguir desgranando en varias relecturas. Una novela que cuenta una historia apasionante, que dialoga con la tradición, pero que, a su vez, es un discurso pertinente e inteligente sobre la sociedad actual y sobre la que se viene a la vuelta de la esquina. Y que, además, se permite el valor de hacerlo asumiendo riesgos narrativos, de los que cada vez son menos comunes.