LA ONU ALERTA DE LA "AMENAZA" POR UNA MAYOR PUREZA Y TRÁFICO DE COCAÍNA

El organismo plantea que con la relajación de las medidas contra el Covid, "los traficantes han movido las existencias que se habían ido acumulando tras la implantación de dichas restricciones". La cadena de suministro se ha diversificado y hecho más eficaz, con lo que ha provocado "un aumento del suministro, un producto más puro y precios más bajos".

La producción y el tráfico de cocaína siguen aumentando por la flexibilización de las medidas de contención contra el covid-19 que en 2021 permitieron mover las reservas de droga -de mayor pureza- que se acumularon el año anterior, advierte un informe de la ONU publicado este jueves.
"Preocupa especialmente el acusado aumento de la producción y el tráfico ilícitos de cocaína", señala el reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados contra las drogas.
Además, recuerda que también hay más disponibilidad de la cocaína de gran pureza, lo que "plantea una creciente amenaza para la salud pública".
La JIFE indica que hay expertos que consideran que con la relajación de las medidas contra la pandemia, "los traficantes han movido las existencias que se habían ido acumulando tras la implantación de dichas restricciones".
Aunque no hay datos precisos sobre la cantidad de cocaína incautada en 2021, el informe indica que sólo los alijos interceptados por la oficina de Aduanas de Estados Unidos crecieron ese año casi un 70 por ciento, hasta las 40 toneladas.
Igualmente, se indica que los datos preliminares en varios países europeos en 2021 muestran que se volvió a superar el récord de 215 toneladas en 2020, hasta las 240 del año pasado.
En Europa, las mayores remesas de cocaína se localizaron en buques de carga, en los puertos belga de Amberes y neerlandés de Róterdam.
Con todo, la JIFE señala que se han incautado alijos en otros lugares de Europa, lo que puede indicar que los traficantes están probando puntos de entrada donde los controles no sean tan estrictos.
De hecho, la vía marítima, la principal usada por los traficantes desde hace años, creció en 2021. Ese año, la cocaína incautada en esas rutas representó el 89 por ciento del total mundial, frente al 78 por ciento en 2020.
Entonces se intensificó el transporte por aeronaves privadas procedentes de América Latina para sortear las restricciones relacionadas con la pandemia.
También hubo incautaciones importantes en América del Sur, como las 15 toneladas en Venezuela, la mayor cantidad en quince años, o las 20 toneladas de Bolivia, un aumento del 26 por ciento respecto a 2020.
Otros incrementos de droga confiscada se registraron en Panamá, Costa Rica o República Dominicana, países de tránsito en la ruta desde los centros de cultivo de hoja de coca en Perú, Colombia y Bolivia hacia Estados Unidos.
La JIFE señala que la cadena de suministro se ha diversificado y hecho más eficaz, con lo que ha provocado "un aumento del suministro, un producto más puro y precios más bajos".
De hecho, el informe recuerda que el grado de pureza de la cocaína en Europa ha aumentado un 40 por ciento en los últimos diez años.
El informe recoge datos de producción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que muestran que el cultivo ilícito mundial del arbusto de coca aumentó un 50 por ciento entre 2015 y 2020, cuando se llegó a las 234.200 hectáreas.
La producción de cocaína se duplicó entre esos dos años, hasta las casi 2.000 toneladas de 2020.
Colombia, con 143.000 hectáreas, siguió siendo el principal productor de hoja de coca, seguido de Perú (61.800) y Bolivia (29.400), señala la JIFE. Radio Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3La44Mv)
 
 
 
 
 
JIFE PIDE A PERÚ Y BOLIVIA INFORMES DE CULTIVO DE COCA "VALIDADOS" POR LA ONU
 
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3IVM31q)
 
La JIFE, el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados antidrogas, pidió este jueves a los Gobiernos de Perú y Bolivia informes sobre cultivos de hoja de coca "validados" por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
La petición se ha realizado en el informe anual difundido hoy en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano independiente formado por 13 expertos que verifican el cumplimiento de las Convenciones Internacionales sobre drogas.
"La Junta reitera su recomendación a los Gobiernos de Bolivia y Perú de que reanuden los estudios e informes de monitoreo de los territorios afectados por cultivos ilícitos que son elaborados y validados en su totalidad por la ONUDD", señala el informe.
"Ello permitirá llevar a cabo un monitoreo comparativo adecuado entre esos países andinos, además de asegurar el apoyo a los esfuerzos de los Gobiernos de Bolivia y el Perú en la lucha contra el tráfico de drogas", agrega el informe.
En otra parte del documento se indica que tanto Bolivia como Perú "no han publicado datos validados por la comunidad internacional correspondientes a 2021" sobre cultivos ilícitos.
"Ambos países habían trabajado previamente con la ONUDD para llevar a cabo estudios periódicos sobre la superficie abarcada por los cultivos ilícitos, así como sobre la erradicación", agrega la JIFE.
Según los informes de las autoridades bolivianas y peruanas, en 2021 los dos países habían erradicado 9.458 y 5.775 ha de cultivo ilícito de arbusto de coca, respectivamente.
Según las estimaciones de la ONUDD, el cultivo ilícito mundial del arbusto de coca aumentó de 156.500 hectáreas en 2015 a 234.200 en 2020.
En 2020 Colombia continuó siendo el país con la mayor superficie de arbusto de coca -143.000 hectáreas, seguido por Perú -61.800- y Bolivia -29.400-.
En 2021 la JIFE ya expresó "preocupación" porque en Perú en 2018 y 2019 no se hubiera medido la superficie de cultivo ilícito de arbusto de coca, a lo que las autoridades de Lima respondieron que sí se realizó la evaluación con la presencia de la ONUDD.
En esta ocasión la JIFE reconoce que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas del Perú (Devida) publicó el pasado septiembre un informe sobre cultivo de hoja de coca con una superficie total de 80.681 hectáreas.
 
 
 
 
 
HOJA DE COCA EN MÉXICO: LA SEDENA HA HALLADO HASTA AHORA 107 PLANTÍOS EN GUERRERO Y MICHOACÁN
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3T07kvM)
 
Desde que se descubrió el primer plantío de hoja de coca en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha descubierto 107 plantíos de hoja coca en esa zona serrana y en Michoacán.
Los hallazgos más recientes fueron cinco plantíos de hoja de coca descubiertos entre el pasado 21 de febrero y el 6 de marzo; que en total sumaron más de 13 mil 560 metros cuadrados de superficie, así como un laboratorio para procesar el alcaloide de la hoja de coca.
De acuerdo con las cifras del Ejército mexicano, en total se han descubierto 107 plantíos, es decir, cerca de 440 mil 641 metros cuadrados de superficie, así como tres laboratorios para procesar la planta en el polvo blanco conocido como “cocaína” y 34 almácigos o semilleros.
Infobae México viajó en agosto de 2022 a la zona serrana de Atoyac para presenciar la destrucción de plantíos de hoja de coca. Hasta entonces solo se habían encontrado 21, por lo que en los últimos siete meses se quintuplicaron los hallazgos.
A pesar de que la planta es originaria de los Andes Amazónicos y debe de permanecer en un clima húmedo, en el último año se ha descubierto que fue transportada hasta la sierra del municipio de Atoyac de Álvarez, ubicado a unos 180 kilómetros al suroeste de la ciudad costera de Acapulco, y más recientemente en el estado de Michoacán.
Tuxtla Chico, un municipio de Chiapas ubicado en el linde de la frontera con Guatemala, fue el primer lugar en todo México donde hace ocho años se encontró por primera vez un pequeño plantío de 250 metros cuadrados con mil 639 plantas.
Sergio Ernesto Martínez Rescalvo, comandante de la 36 Zona Militar, aseguró en aquel entonces que era el primer plantío que se localizaba “a nivel nacional de este tipo de planta”.
Tuvieron que pasar otros siete años para que se volviera a tener noticia de un hallazgo similar, pero ahora en la costa del Pacífico (Guerrero y Michoacán), y ya no en un espacio tan limitado, sino en cuatro hectáreas y junto a un precario laboratorio para transformar las hojas en la droga.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que salir a decir que ya estaba al tanto: “Ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de coca”.
Entonces se hicieron todo tipo de especulaciones. Incluso se llegó a decir, sin muchos fundamentos, que México ya era un productor importante de cocaína a nivel internacional y que los países de donde es endémica la planta —Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, etc.— tenían que empezar a preocuparse por la llegada de un nuevo actor en el mercado que amenazaba con arrebatarles el negocio que por décadas han ostentado.
Dos cultivos relativamente pequeños, sin embargo, no eran suficientes para afirmar que se trataba de un cambio sustancial en la producción internacional de drogas estimulantes.
Las implicaciones de que en México se esté experimentando con el cultivo de hoja de coca son variadas. Para las organizaciones delictivas significa más dinero y menos riesgo porque ya no será lo mismo transportar el producto desde Sudamérica hacia los Estados Unidos —América del Norte es la región que más consume cocaína en el mundo según la ONU— que desde su propio territorio.
El peor escenario, sin duda, sería que el narco mexicano esté en medio de un proyecto cuyo objetivo sea que en el futuro ya no sea solo un país de tránsito.
 
 
 
 
 
PUNO: LANCHEROS SE SUMAN A HUELGA E IMPIDEN SALIDA DE LANCHAS A LA FRONTERA CON BOLIVIA
 
La oficina provisional de Migraciones que se había instalado en el lugar suspendió la atención.
 
Diario Correo de Perú (https://bit.ly/3T0yrqk)
 
Lancheros del puerto lacustre de Puno, decidieron acatar una paralización que se prolongará hasta el día jueves. El presidente de la Asociación de Lancheros, Juan Ramos, dio a conocer esta decisión a raíz de acusaciones en contra de su organización por parte de un grupo de huelguistas, quienes los amenazaron con quemar sus embarcaciones por, supuestamente estar prestando servicio a la isla de Los Uros. “Nosotros no estamos trabajando”, sostuvo.
El dirigente señaló, en cambio que, algunas lanchas sí han estado prestando servicio a la localidad de Kasani (Yunguyo). “Se trata de agencias de viaje”, comentó. Ante esta situación, los lancheros decidieron paralizar sus actividades y además, advirtieron que no dejarán salir ninguna lancha hasta hoy jueves. “Estamos amargos, hemos quedado no salir”, remarcó.
La mañana del miércoles, varios viajeros llegaron hasta el puerto muelle de Puno, pero se dieron con la ingrata sorpresa de que no podrán viajar por vía lacustre, que se había convertido en una alternativa para llegar a la frontera con Bolivia. Ante este anuncio, la oficina provisional de Migraciones suspendió la atención.
 
 
 
 
 
EL HILO DE TWITTER QUE DESNUDA LOS NEGOCIOS DE FLORENTINO PACO, EL TESTAFERRO DE EVO MORALES EN GUAYMALLÉN
 
Una trama que destapó Diario Mendoza Today y que explotó por la muerte de un niño de 6 años.
 
Mendoza Today de Argentina (https://bit.ly/3yuJWwI)
 
Fuimos los primeros, hay que decirlo. Y los únicos que denunciamos los negociados de Daniel Paco Vega en Guaymallén, a través de varios curros, principalmente la construcción. Fue hace casi dos años, en 2021, mucho antes de que muriera el pequeño de 6 años que cayó en un pozo de su propiedad.
El hombre se instaló en el terruño de Marcelino Iglesias a efectos de blanquear dinero que presumiblemente pertenece a Evo Morales, como han revelado a Diario Mendoza Today calificadas fuentes de información, una de ellas del mismísimo consulado de Bolivia.
Es una trama donde aparecen dolares “a rolete”, y lavado del mismo, y mucha corrupción para tapar todo. Por eso lo venimos contando, porque no hay nada más periodístico que esto.
Y de pronto apareció Desdémona y viralizó la historia, replicando lo ya publicado, pero también agregando información propia. Siempre inquietante.
Entonces aparecen las preguntas usuales, la más relevante: ¿Quién corno es Desdémona? Es una tuitera muy famosa, con miles y miles y miles de seguidores en redes sociales y una capacidad de investigación que supera al mismísimo Hugo Alconada Mon.
Uno le agradece a la “influencer” por posar su interés en este humilde periodista, y en su investigación sobre el departamento comandado por Iglesias. Básicamente, porque logró que esa revelación cruzara las fronteras de Mendoza.
Mucho más podría decir al respecto, pero prefiero dejarlos con el imperdible “hilo” de Twitter de Desdémona. Solo una recomendación: pueden leerlo mientras comen algo de pochoclo.
 
 
 
 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: CUANDO EL ESTADO LAS AGREDE
 
El acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en América Latina parece bastante oscuro. Un caso emblemático en Bolivia pone en primer plano la tendencia de los Estados de la región a revictimizar a las mujeres que buscan protección y justicia.
 
El Espectador de Colombia (https://bit.ly/3Fbv5v8)
 
Ya transcurrió más de un siglo desde que las mujeres empezaron a reclamar sus derechos y su condición de igualdad frente a los hombres. Este 8 de marzo se celebra nuevamente el Día Internacional de la Mujer, reconocido por Naciones Unidas en la década del setenta.
Aunque se ha avanzado mucho, todavía falta, incluso en lo referente a la violencia contra las mujeres y a su acceso a la justicia. Los países en Latinoamérica cuentan con leyes e instituciones para atenderlas y protegerlas, pero el avance legislativo no es suficiente para solventar o menguar los ataques contra ellas. El principal problema es cultural y, por ello, los funcionarios encargados de aplicar la ley frecuentemente la violan. Así, los Estados se convierten en los segundos agresores de las mujeres.
El caso conocido como Angulo Losada Vs. Bolivia se ha convertido en emblemático. Una reciente sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) pone nuevamente la luz en la revictimización, una de las principales causas de impunidad de la violencia contra las mujeres.
En julio de 2002, el padre de Brisa de Angulo Losada denunció en Bolivia a su sobrino por violar a su hija reiteradamente durante siete meses. El caso pasó de un tribunal a otro, el acusado regresó a Colombia, su país natal, y 20 años más tarde aún no hay una sentencia en firme. Por ello Brisa, actualmente abogada y activista, denunció en julio de 2020 a la Corte IDH la actuación del Estado boliviano en su caso. En noviembre de 2022 la Corte le dió la razón y la sentencia se hizo pública el 19 de enero de 2023.
En su fallo, la Corte no deja muchas dudas acerca de las atrocidades cometidas por los funcionarios judiciales. “El 31 de julio de 2002 Brisa (de 16 años) fue sometida a un examen médico forense, lo cual fue realizado por un médico de sexo masculino, con la asistencia de cinco estudiantes de medicina, todos hombres, y sin la presencia de sus padres”, relata la sentencia del Tribunal. Y continúa: “Para la Corte la utilización de fuerza durante el examen e ignorar las señales de dolor e incomodidad de la víctima constituyeron un acto de violencia institucional de índole sexual. Adicionalmente, la Corte consideró que, en las circunstancias de este caso, no fue justificada la necesidad de realizar el segundo examen ginecológico forense, en 2008, pues no constituía una prueba útil”.
También señaló que los funcionarios obligaron a Brisa a narrar reiteradamente la violencia sexual de la cual fue objeto. En la sentencia, “el Tribunal estimó que el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer distintos actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional y deben calificarse, teniendo en cuenta la entidad del sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante”.
Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer (Bolivia) explicó a CONNECTAS que en 2013 el congreso aprobó una ley contra la violencia de género y que ella contempla varias de las órdenes que la Corte IDH hace a este país en su sentencia. “A pesar de esto, vemos que hay todavía mucho por avanzar en torno a la atención que deban dar los servicios que son parte del sistema de justicia”.
Georgia Rothe, consultora en violencia de género en Latinoamérica para Pro Mujer, Women in Nuclear y el National Democratic Institute, explica que “la situación de Brisa Losada es la situación de todas las mujeres en Latinoamérica”. La experta señala que solo el 10 % de las víctimas denuncian el hecho y, luego, muchas abandonan el proceso, porque la revictimización es transversal en todo el aparato de justicia, desde los policías hasta los jueces y magistrados. “Las pocas que no desisten y llegan a las audiencias preliminares o de juicios orales, pues ahí entonces también sucede una doble y triple revictimización por parte del Poder Judicial”.
La cultura
Una relatoría sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicada en 2007 lo expresa claramente: “Es ilustrativa la situación que se produjo respecto a dos niñas menores de 12 años, agredidas sexualmente durante varios años por su padre. Los peritajes del Servicio Médico Legal mostraban claros signos de actividad sexual. Los peritajes psiquiátricos indicaban abuso sexual y todas las declaraciones con los profesionales de la Unidad de Víctimas mostraban un uso severo de la violencia. El imputado fue sometido a prisión preventiva por largo tiempo y a medida que los meses pasaron y faltó el sustento económico, las niñas se retractaron de sus declaraciones. La fiscalía determinó no llevar el caso a juicio y terminarlo por ‘la facultad de no perseverar’. La lógica fue que las niñas mentían y no se las podía llevar a juicio. Diferente opinión sostuvo la Unidad de Víctimas, que buscaba ir a juicio, aún sin las niñas, puesto que había suficientes pruebas periciales”.
La relatoría concluye que la respuesta judicial en estos casos es “notablemente deficiente y no corresponde a la gravedad e incidencia del problema”. Y señala como una de las principales irregularidades el inadecuado tratamiento que reciben las víctimas cuando intentan acceder a la justicia.
Y hay más: el proceso de investigación marcha con lentitud exagerada, no se respeta la dignidad y privacidad de las víctimas, estas son interrogadas en espacios públicos, deben narrar los hechos hasta seis veces y frente a varios funcionarios que con frecuencia retardan la peticiones de las pruebas mientras las que presentan la víctimas y su familia no quedan entre las evidencias… incluso la Comisión explica que en algunos países los fiscales solo deciden llevar a juicio los casos de agresión que tienen altas posibilidades de ganar.
Entre 2007 y 2017 varios países de América Latina edificaron la estructura institucional para prevenir y atender la violencia contra la mujer. Sin embargo, 16 años después, las expertas consultadas señalan hoy los mismos desafíos que planteaba la relatoría.
Y es que crear un marco jurídico es apenas un primer paso. Sobre los obstáculos por superar, Sánchez apunta lo siguiente: “No debemos olvidar que una reforma legislativa pasa porque debe haber también una reforma judicial. En varios temas han creado nuevas instancias, pero con el mismo personal. Es importante que las leyes vayan también acompañadas de transformaciones culturales, porque un juez o un funcionario policial no cambian su forma de pensar de un día al otro y esa justamente es la pelea”.
Rothe explica que a pesar del avance legislativo las mujeres en Latinoamérica siguen expuestas a ser estigmatizadas y denigradas al denunciar. “Se les cuestiona dónde estaban, cómo se vestían, por qué estaban allí. También hay un alto componente religioso que sigue reforzando y perpetuando que las mujeres pertenecen al espacio privado… Hacen que las propias víctimas desconfíen del sistema de justicia y por eso este ya de por sí es revictimizante y carente de efectividad”.
Formación, sanción y presupuesto
Las expertas coinciden en que para que las leyes garanticen la protección y derechos de las mujeres víctimas de violencia hay que atender principalmente tres frentes: aumentar el presupuesto y las capacidades de las instituciones; educar y sensibilizar a la sociedad sobre las verdaderas causas de este tipo de violencia y sancionar a los funcionarios que incurran en prácticas revictimizantes.
Una investigación de CONNECTAS reveló que en varios países de la región los presupuestos para atender la violencia de género no se ejecutan por la incapacidad institucional, los recursos asignados son apenas unas décimas del presupuesto de la Nación y, en algunos países, incluso han disminuido. “Es que no importa si son países pobres o de clase media, el presupuesto ministerial casi nunca supera el uno por ciento”, señala la investigación. La excepción es Perú donde los recursos se incrementan en forma sostenida, pero las estadísticas de agresiones se mantienen.
Para Sánchez “siguen faltando, por ejemplo, mayores recursos para las fuerzas de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para que haya más fiscales. O sea, sabemos por ejemplo que un fiscal atiende al año alrededor de 900 casos… Hay toda una cadena que todavía hay que reforzar”. La experta agrega: “Una ley no cambia todo el sistema. Y no se va a lograr solamente por campañas, ni por incorporarlo en los sistemas formales de la educación. Debe ser un esfuerzo integral porque la base estructural del patriarcado es el ejercicio de la violencia”.
Además, Rothe señala que en los instrumentos legales que abordan la violencia de género siempre se establece el principio de no revictimización. Pero resalta que no está tipificado como delito ni se contempla ninguna sanción específica para este tipo de conducta.
Los Estados, concluye Rothe, deben evitar que las víctimas terminen por acudir a la justicia internacional por no contar con los mecanismos en sus países, como ocurrió con Brisa. “Creo que el Estado termina siendo el responsable de la revictimización del Poder Judicial. Pero también creo que el Estado en aras de garantizar que esto no sea así tiene que establecer procedimientos específicos para los funcionarios y las funcionarias que abordan este tipo de temas. Y no tiene que ser solamente sancionatorio, porque debe venir acompañado de educación permanente y constante evaluación y capacitación”.
 
 
 
 
 
BOLIVIA BUSCA CALMAR EL TEMOR A LA ESCASEZ DE DÓLARES MIENTRAS AUMENTA LA PRESIÓN CAMBIARIA
 
El pánico entre los ahorristas se desencadenó por la fuerte caída de las reservas del Banco Central de Bolivia; filas para comprar la divisa
 
La Nación de Argentina (https://bit.ly/3mDl3MW)
 
Bolivia lucha por calmar los temores de ahorristas y empresarios ante la escasez de dólares en el país, que motivaron largas colas fuera de los bancos, sacudió los bonos locales e hizo subir el precio de la divisa en los mercados informales.
El pánico, desencadenado por la fuerte caída de las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) en los últimos años debido al aumento de precios internacionales, la caída de las exportaciones de gas y el mayor gasto público para apuntalar la economía, ha hecho que algunas casas de cambio se queden sin dólares, reforzando aún más la preocupación.
“Estoy acá buscando dólares, porque la anterior semana he ido a las casas de cambio en El Alto, pero no hay nada”, dijo Paulina Mayta, que seguía buscando divisas.
“Todos me dicen no hay, no hay. Yo debo en dólares y tengo que devolver dólares”, añadió.
El BCB advirtió de una demanda inusualmente alta de dólares debido a “ataques especulativos”, y ha ofrecido vender dólares directamente al tipo de cambio oficial de 6,86/6,96 bolivianos por dólar, el que está fijado desde 2011.
“La población que no haya logrado satisfacer su demanda en dólares, ya sea en el sistema financiero o en las casas de cambio, que venga al Banco Central de Bolivia”, dijo el presidente del BCB, Edwin Rojas.
“Lamentablemente, hemos advertido que persisten estos ataques especulativos en redes sociales”, agregó.
El país sudamericano ha visto caer sus reservas de divisas desde un máximo de algo más de 15.000 millones de dólares en 2014 a 3800 millones de dólares a finales de 2022, ante el aumento de la inflación mundial, las exportaciones más débiles y el gasto para proteger la paridad de la moneda.
La incertidumbre reciente ha hecho que el dólar suba a hasta 7,8 bolivianos en mercados paralelos no oficiales.
Los analistas afirman que el BCB parece estar actuando para asegurar el suministro de dólares y seguiría gastándolos para mantener estable el tipo de cambio oficial, aunque esto implique liquidar aún más las reservas.
“Vamos a garantizar la provisión de los dólares estadounidenses, no tienen que tener mayor preocupación”, dijo la gerente de tesorería del BCB, Claudia Soruco, en una conferencia de prensa el martes.
“No es necesario que la población haga estas largas colas porque puede venir en el transcurso de los siguientes días”, aseguró.
 
 
 
 
 
LAS LUCHAS SE AVECINAN MIENTRAS BOLIVIA PREPARA UN NUEVO PLAN PARA LIMPIAR SU PROBLEMA DE MERCURIO
 
El fracaso de Bolivia para combatir la minería ilegal de oro provocó protestas internacionales el año pasado, ya que la deforestación y la contaminación por mercurio continuaron desenfrenadas. A principios de este mes, el gobierno anunció dos planes para formalizar operaciones de minería de oro ilegales y de pequeña escala e introducir tecnología que podría ayudar a reemplazar el mercurio. Sin embargo, algunos críticos dicen que el gobierno tiene un mal historial en la implementación de regulaciones radicales de la industria, que pueden verse bien en el papel pero fracasar en la práctica. Las grandes inversiones viales en áreas mineras también podrían aumentar la actividad ilegal al mismo tiempo que el gobierno implementa regulaciones, ya que será más fácil para la maquinaria pesada acceder a las zonas rurales.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/3F5Iqov)
 
El fracaso de Bolivia para combatir la minería ilegal de oro generó un acalorado debate nacional el año pasado. Numerosos sitios de noticias publicaron investigaciones sobre la deforestación, la contaminación y la corrupción vinculadas a la industria minera, mientras que los principales funcionarios del Congreso y de la ONU hicieron llamados públicos a la acción por parte del gobierno central, que en gran medida se había mantenido en silencio sobre el tema.
La mayor preocupación era que las operaciones mineras utilizan mercurio, un químico que separa las partículas de oro del suelo, a pesar de que el país firmó una convención internacional para prohibir el químico tóxico hace una década. También existía la preocupación de que la minería se estaba realizando en tierras que no habían sido aprobadas legalmente por los reguladores, lo que permitía operaciones para dragar ríos, talar árboles y delegar el trabajo a empresas extranjeras sin la supervisión adecuada.
“En Bolivia, la minería de oro a pequeña escala es la fuente de emisiones de mercurio. Cada año se liberan cientos de toneladas de mercurio en los territorios indígenas, lo que representa un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente y genera graves injusticias ambientales”, dijo el año pasado Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos .
El gobierno del presidente Luis Arce respondió a las críticas este enero al anunciar planes para mejorar las regulaciones sobre la minería de oro y mercurio, a un costo de más de $6,5 millones. Pero tanto a los conservacionistas como a los funcionarios les preocupa que los planes no sean suficientes.
Uno de los proyectos es un plan de acción nacional sobre minería, que aún necesita dos años para ser desarrollado. Los funcionarios no han comentado en detalle qué incluirá el plan más allá de que aleja al país del mercurio, probablemente prohibiendo las importaciones. El plan está siendo desarrollado por la Fundación MEDMIN, un grupo boliviano que desarrolla prácticas sostenibles para las industrias extractivas.
El segundo proyecto, llamado “Planeta Oro”, tiene como objetivo formalizar la minería ilegal y de pequeña escala en los próximos cinco años, mejorar la transparencia en las cadenas de suministro de oro e introducir tecnología minera para reemplazar el mercurio. También brindará capacitación a los mineros.
La formalización de la minería ilegal y de pequeña escala debería, en teoría, conducir a una mayor regulación de esas operaciones, que en este momento funcionan en gran medida bajo el radar. También aumentará los ingresos del gobierno al mantener una mayor parte del oro fuera del mercado negro.
Los proyectos están siendo ejecutados por el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Salud y Deporte, y cuentan con el respaldo de la Organización para el Desarrollo Industrial, una agencia de la ONU que ayuda a las naciones con el desarrollo industrial.
“El Gobierno Nacional está comprometido en buscar el bienestar y la salud de nuestra población y por eso tenemos que seguir trabajando de manera coordinada con las diferentes instituciones”, dijo en una rueda de prensa de enero Juan Santos Cruz, Ministro de Medio Ambiente y Agua. conferencia.
Muchos países de América Latina ya prohibieron la importación de mercurio y restringieron su uso industrial de conformidad con el Convenio de Minamata, un tratado internacional que regula el comercio de mercurio. Aunque Bolivia fue signataria durante la convención de 2013 y el congreso la ratificó dos años después, el país no hizo casi nada para implementar las regulaciones sobre el mercurio. La importación y exportación de mercurio sigue siendo legal, lo que fomenta un mercado negro para el resto de la región.
Los observadores están preocupados porque hay demasiado en juego financieramente para hacer cambios tan radicales en el sector minero, que tiene suficiente influencia social y política para detener los cambios de política si no siente los beneficios económicos.
“Existen alternativas [al mercurio]”, dijo a Mongabay Oscar Campanini Gonzales, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia, una ONG. “Han existido durante mucho tiempo. Pero tienen cierta complejidad que requiere algún conocimiento, alguna inversión mínima, que no creo que el gobierno esté en condiciones de apoyar”.
Otra preocupación es que el desarrollo económico del país en otros sectores podría conducir a un aumento en la extracción de oro que abrumaría a los reguladores gubernamentales.
Una serie de proyectos de carreteras y puentes en el norte del departamento de La Paz, donde se desarrolla parte de la peor minería ilegal, se encuentran actualmente en etapa de licitación y preinversión. Un proyecto conectaría las áreas rurales con el prominente pueblo minero de Apolo, a solo unas pocas millas del Parque Nacional Madidi, que protege casi 19,000 kilómetros cuadrados (7,300 millas cuadradas) de bosque. El pueblo se ha convertido en un centro de cooperativas, que no solo realizan minería no regulada con mercurio, sino que también controlan quién puede y quién no puede ingresar para hacer cumplir sus actividades, incluidos los funcionarios gubernamentales.
Otros proyectos viales en La Paz la conectarán con los departamentos de Beni y Pando. Los caminos están preparados para facilitar la minería (así como otras industrias extractivas como la madera) porque permiten que más personas ingresen con maquinaria pesada, según Federico Magueño, consultor sobre actividades ilícitas en Bolivia.
“Debido a que Bolivia es un país subdesarrollado, las actividades ilegales como el movimiento de contrabando, el narcotráfico y el trabajo informal son algunas de las mayores fuentes de empleo”, dijo Magueño. “Sobre todo los jóvenes. Estas nuevas rutas permitirán que más de ellos trabajen en madera y oro”.
Agregó: “Siendo la burocracia en Bolivia lo que es, las regulaciones impuestas por el gobierno probablemente se quedarán cortas”.
 
 
 
 
 
AISLARÁN A BOLIVIANOS CON SÍNTOMAS DE DENGUE EN LA FRONTERA DE SALTA
 
Tal como lo había adelantado por Profesional FM, el Ministro de salud Pública, empezarán a medir la temperatura de quienes quieran ingresar al país, y en el caso de presentar síntomas, podrán ser atendidos en el hospital de Salvador Mazza.
 
Radio FM Profesional de Argentina (https://bit.ly/3T1tE85)
 
Con más de 200 casos de dengue registrados la última semana en Salta, y habiendo llegado a los 400 casos desde el inicio del 2023, el Ministerio de Salud Pública se ve obligado a tomar medidas para reforzar los cuidados y la prevención, fundamentalmente en la frontera con Bolivia.
Es por ello que, tal como lo había adelantado por Profesional FM, el titular de la Cartera, Federico Mangione, anunció que se comenzará a tomar la temperatura a las personas que quieran ingresar al país desde Bolivia; y en caso de presentar síntomas, deberán ser aislados.
En este mismo sentido, aseguró que no se les negará la atención médica a los bolivianos que sean controlados en la frontera, y que pueden atenderse en el hospital de Salvador Mazza.
Por último, el Ministro se refirió a la mortalidad infantil en el Norte Provincial, y dijo que se intensificó el trabajo desde su gestión y buscarán llegar a la tasa cero.
 
 
 
 
 
SIN MUCHOS INTERNADOS, SAN MARTÍN Y ORÁN CONCENTRAN LOS CASOS DE DENGUE
 
Los hospitales atienden gente de Bolivia.
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3yq6Sxb)
 
En la retina de todos los salteños todavía persiste el terrible brote de dengue que sacudió al departamento de Orán en 2016. Ese año Salta tuvo más de 5.000 enfermos en un brote que también sacudió al país. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, Salta se convirtió en la quinta provincia con más casos registrados.
Pero una de las peores epidemias que hubo en Salta, descartando la de coronavirus, enseñó a los gobernantes que hay que plantear políticas y acciones no solo para bajar la cantidad de casos, sino también para que la situación no vuelva a desbordarse.
Sacando las grandes diferencias que hay con el 2016, en el norte provincial se comienza a sentir una tensión por el brote de dengue que están sufriendo los departamentos de San Martín y Orán.
En la última Semana Epidemiológica, los departamentos que más tensión tienen por esta enfermedad en el sistema sanitario son San Martín y Orán, donde se registraron 120 y 70 casos, respectivamente, significando el 90,3% de los que se dieron en todo el territorio provincial.
Según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, durante la Semana Epidemiológica 9 (SE9), comprendida entre el domingo 26 de febrero y el sábado 4 de marzo, se han confirmado 213 nuevos casos de dengue serotipo 2 (DEN2), llevando el acumulado del año 2023 a 400 casos.
Francisco García Campos, director general de Coordinación Epidemiológica, expresó a El Tribuno que de los 400 casos que se registraron en la provincia, 24 necesitaron internación. Las personas que se encuentran en cuidados intensivos son dos y, según los reportes del Ministerio de Salud, el resto de los pacientes está en sala común, sin complicaciones.
El funcionario provincia aclaró que la mayoría son pacientes adultos en edad productiva, aunque también remarcó que hay pacientes pediátricos que están internados en Orán y Tartagal.
"Fuera de esos pacientes, sí tenemos uno con una comorbilidad severa que continúa internado, pero ya pasó por la situación de dengue. Luego tenemos también en recuperación una puérpera a la que ya se le hizo el traslado de Tartagal al Materno Infantil. Se le practicó la cesárea y su bebe nació bien. Ella se encuentra recuperación, se le hicieron los estudios primarios del niño y hasta ahora son negativos", expresó el funcionario provincial.
Francisco García Campos explicó que en la provincia hay tres departamentos que hay que tener en cuenta por la cantidad de casos de dengue registrados y son Orán, San Martín y Güemes.
"Son los tres departamentos donde tenemos la mayor cantidad y concentración de casos y en la medida que se aumentan, ya sean de ambulatorios o internados, se van a incrementar todas las acciones e intervenciones que hacen los equipos de salud para controlar estos pacientes y los controles que hay que realizar hasta los diez días de iniciado los síntomas", expresó.
Cuando una persona contrae dengue se debe hacer un control de seguimiento día a día para observar los síntomas que pudieran aparecer entre tercero y séptimo día. Si aparecen, la persona debe ser alertada y derivada al servicio de salud y se evalúa la internación o no.
"Por el momento no hay reporte de desborde, sí hay una sobrecarga de trabajo y de seguimiento de casos. Se está teniendo la atención normal en esta situación de brote", expresó el director general de Coordinación Epidemiológica.
Recomendaciones
El representante del Ministerio de Salud recomendó a las personas que si entre el tercero y séptimo día presentan nauseas y vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, principalmente en la boca del estómago, tienen alteraciones de la conciencia como en un estado de irritabilidad o cualquier manifestación hemorrágica o un descenso brusco de la temperatura pasando de un estado de hipertermia a hipotermia, son signos de alarma y tienen que consultar a un médico.
"Esa persona tiene que ser tratada en un servicio de salud para evaluar su internación y evitar de esta manera las formas graves de dengue. Esa es la parte de prevención cuando se tiene la enfermedad instalada", destacó el funcionario provincial.
Situación en Bolivia
García Campos expresó que a los hospitales de Orán y Tartagal llegan muchas personas que tienen documento argentino y boliviano.
Bolivia sufre una epidemia de dengue, con epicentro en el departamento de Santa Cruz, y ya registró 40 muertos y 13.228 contagios, de los cuales 9.727 están en esta región. En Bolivia circulan actualmente tres serotipos de dengue: el DENV-1, el DENV -2 y el DENV -3, pero prevalece el segundo, más contagioso y grave.
Los medios bolivianos muestran que el fin se semana hubo un "aumento significativo" de casos de dengue en el departamento de Tarija (límite con Salta), que suma un total de 1.220 casos, de los cuales 579 fueron notificados en Yacuiba y 429 en Bermejo.
En Bolivia plantean el uso de vacunas para combatir la peor epidemia de dengue. La nueva droga denominada "QDENGA", de la empresa Takeda, la convierte en la segunda aprobada contra esta enfermedad.
 
 
 
 
 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES FRONTERIZOS
 
Por fin hoy nuestro Ejército cumplirá con el papel que corresponde al de a un país pacífico, no agresivo y democrático: defender sus fronteras.
 
El Dínamo de Chile (https://bit.ly/3F9Rl8L)
 
No soy ni visionario, ni genio geopolítico, solo un simple ciudadano que trata de mantenerse informado en un mundo actual, donde las millones de noticias y desinformaciones hacen casi imposible formarse un cuadro que se acerque a lo que ocurre en realidad. Sin embargo hay cosas tan simples y lógicas que hasta uno como yo puede deducir las necesidades o verdades en ciertos ámbitos y situaciones. Hablo de nuestras fronteras.
Modestia aparte, el primero de octubre de 2021 se publicó en este prestigioso diario virtual mi artículo en Opiniones, titulado “Qué hacer con nuestras fronteras”. No pretendo asumir que alguien del Gobierno actual haya leído esas líneas pero por fin, bajo la presión pública y desistiendo de ciertas convicciones ideológicas, se decidió llevar a cabo lo que a gritos pedí – y pedía mucha gente sensata – hace años: el ejército controlando la frontera. Cito una pequeña parte de ese artículo de hace año y medio:
“Las policías son para garantizar el orden y la seguridad, perseguir el crimen y controlar el cumplimiento de leyes de convivencia; no están preparadas ni destinadas para defender nuestros confines. Chile tiene un ejército moderno y bien dotado para esta tarea. Una fuerza armada que, aparte de sus maniobras y ejercicios, está vacante, y por lo tanto disponible. ¿Quién sino ella para patrullar, controlar la frontera? … ¿Cómo no se le ocurre a ninguna de nuestras autoridades esa evidente, lógica y fácil solución?”
Algunas otras ideas expresadas en ese artículo por suerte también se realizaron. No porque yo los escribí, sino porque así lo dictaba la sensatez.
Por fin hoy nuestro Ejército cumplirá con el papel que corresponde al de a un país pacífico, no agresivo y democrático: defender sus fronteras. Pero, según mi modesta opinión, lo ideal sería entrenar una parte de la fuerza armada para tal tarea específica, creando una tropa – o fuerza – especializada en ella, con poderes afines de actuar en forma independiente y en contacto directo con la justicia, las fiscalías correspondientes.
Los ilegales que tratan entrar a Chile solo en su minoría son ciudadanos de países fronterizos: Perú, Bolivia y Argentina. La inmensa mayoría de ellos viene de más lejos: Ecuador, Colombia, más que nada Venezuela, etc. etc. Sin embargo para llegar a nuestros límites debe primero cruzar a alguna de las naciones vecinas en forma tan ilegal cómo sería su entrada a Chile. Y estos países poco o nada hacen para impedir que entren por sus fronteras, atraviesen todo su territorio y lleguen sin dificultades – o, lo que sería peor, quizás con ayuda – a nuestros confines, donde son empujados para entrar a territorio chileno.
Bolivia ya anunció que no recibirá ningún expulsado que no sea boliviano y es de esperar que Perú haga algo similar. Esa medida parece una burla: no recibir ilegales que cruzaron los países limítrofes sin ser detenidos es una medida que puede considerarse hostil hacia Chile. Nosotros no podemos hacernos cargo del resultado de la incapacidad de nuestros vecinos: si ellos no pudieron controlar sus fronteras; no somos nosotros que debemos ser el castigo final, léase quedarnos con los migrantes que Bolivia o Perú no podían – ¿o no querían? – controlar. Si nuestro Gobierno acepta esa condición impuesta (por el momento solo) por Bolivia, entonces la presencia del ejército solo mermará una insignificante parte de la inmigración ilegal. Cualquier ciudadano o ciudadana con nacionalidad boliviana, peruana o argentina puede ingresar legalmente a Chile; las/los que lo hacen de forma furtiva, casi siempre son delincuentes perseguidos por su justicia.
Es menester entonces que nuestra Cancillería se sienta urgentemente a dialogar con los gobiernos vecinos y convencerlos – ya sea a las buenas, ya sea por medio de algunas presiones – que acepten la “devolución” de cualquiera que fue pillado tratando de entrar a Chile ilegalmente. Estoy convencido que se dispone de suficientes argumentos diplomáticos para lograr tal fin. De lo que no estoy convencido es si tenemos diplomáticos capacitados para tal tarea…