UN GOLPE CON SABOR A COCAINA PARA IMPEDIR UNA NUEVA CUBA
Un
estadounidense, un alemán y un boliviano entran a un bar y piden una bebida.
Podría ser el comienzo de una broma, pero no lo es. Porque es, efectivamente,
el comienzo de una (verdadera) historia teñida de terror. Es el comienzo del
golpe de estado de la cocaína en Bolivia en los años 80, víctima inconsciente
del plan Cóndor y trinchera inevitable de la Guerra Fría.
Parcelas
palaciegas en el país más inestable del mundo
En
1980, con 32 golpes en su haber, Bolivia ostentaba el título de país
políticamente más inestable del Hemisferio Occidental y el récord mundial de
golpes de estado, habiendo experimentado un total de 187 golpes exitosos y/o
fallidos. ser consumido ese mismo año, al día siguiente de elecciones “ganadas
por el partido equivocado” –una fuerza de izquierda– por un improbable comando
de soldados, narcotraficantes y veteranos del Tercer Reich.
La
llegada de 1980 había sido recibida con ingenua pero legítima esperanza por el
pueblo boliviano. La parte sana de las instituciones, los militantes feroces de
la Central Obrera Boliviana y la gente común se habían unido para combatir un
nuevo golpe de Estado, intentado por un grupo de militares al mando del general
Alberto Natusch a fines de 1979, logrando imponer la voluntad de la mayoría
contra los abusos de la minoría.
La
presidencia interina había sido encomendada por el Congreso a la boliviana
Evita Perón, Lidia Gueiler Tejada, tras lograr un acuerdo sobre el desencuentro
con el vencido pero no domado Natusch. El último socialista de América del Sur
habría tenido que conducir a Bolivia hacia nuevas elecciones, sin saber que un
estadounidense se había encontrado con un alemán y un boliviano en un
pintoresco bar de Santa Cruz de la Sierra, a principios de esa década de 1980
de la esperanza. para hablar de un negocio potencialmente multimillonario: el
golpe de la cocaína.
Un
dream team para un golpe sui generis
Santa
Cruz de la Sierra, enero de 1980. En un bar folclórico de nombre europeo,
Bavaria, conocen a un agente de la Agencia Central de Inteligencia, cuya
verdadera identidad nunca ha sido descubierta, un asesor militar de origen
alemán, un tal Klaus Altmann, y el narcotraficante más rico e influyente del
planeta, Roberto Suárez Gómez, comúnmente conocido como el "Rey de la
cocaína".
El
estadounidense tiene algo que ofrecer tanto a Altmann, quien desde la década de
1950 ha sido el brazo derecho de dictadores y entrenador de torturadores en los
servicios secretos bolivianos, como a Suárez, jefe del cartel de drogas
sudamericano más importante de la época, La Corporación. Ese algo es un golpe
de Estado que, si se lleva a cabo como es debido, podría producir una montaña
de beneficios para cada uno de los tres: la salida de Bolivia de la órbita
soviética -para la estadounidense-, una nueva dictadura a la que prestar
servicios - para el alemán, la posibilidad de construir un narcoestado, para el
boliviano.
Altmann
y Suárez no necesitan más estímulos. Aceptan la idea de la americana, que es,
en esencia, un plan de contingencia a implementar si el Movimiento Nacionalista
Revolucionario de Izquierda gana las elecciones presidenciales, previstas para
el 29 de junio. Seis meses para preparar un golpe que luego pasaría a llamarse
golpe de la cocaína.
Hay
mucho en juego, es decir, la prevención de ese efecto dominó tan temido por
Henry Kissinger, por lo que el estadounidense, el boliviano y el alemán inician
una campaña clandestina de reclutamiento. En los albores del golpe, en junio,
el jurado de la conspiración contra La Paz está integrado por Dina -la policía
secreta chilena-, de Side -los servicios secretos argentinos-, por elementos
corruptos de las fuerzas armadas bolivianas -un puñado de soldados bajo la
égida de Luis García Meza Tejada, primo del presidente interino- y por un
ejército de mercenarios europeos ideológicamente ultraderechistas, entre ellos
el italiano Stefano delle Chiaie, veteranos del Tercer Reich como Hans
Stellfeld y ex luchadores de la 'Oea como Jacques Leclerc.
Un
narcoestado defendido por los novios de la muerte
Altmann
había reunido al ejército de mercenarios neofascistas y neonazis, que se
llamaban a sí mismos los "novios de la muerte" entre ellos. Altmann
era un asesor militar de origen alemán que había trabajado anteriormente para
Hugo Banzer, dictador de 1971 a 1978, pero cuya fama estuvo ligada al papel
clave que desempeñó en la cacería de Ernesto Guevara, asesinado en las alturas
bolivianas de La Higuera en 1967. .
Los
novios de la muerte de Altmann eran el ejército del anti-estado, La
Corporación, y durante casi dos décadas habían estado protegiendo las
plantaciones de cocaína de Bolivia de ladrones, cárteles rivales y policías
corruptos. Su reputación de asesinos despiadados, labrada entre atentados,
asesinatos, desapariciones y torturas, le había servido a Altmann para
publicitarlos en las altas esferas del cono sur, a Suárez para convertirse en
el rey de la cocaína y a actores sin rostro ni nombre para escribir algunos de
los mayores misterios de la Guerra Fría - ver la conexión con Bolivia en las
investigaciones sobre la masacre de Bolonia.
Los
novios de la muerte habían hecho de Bolivia, en los albores del golpe de la
cocaína, una especie de gran área gris, el primer narcoestado del planeta, como
lo cuentan las cifras y los hechos de la época. Bolivia, Perú y Colombia
exportaban el 80% de la cocaína consumida en el mundo, pero el primero parecía
pertenecer a una liga propia: de las 134.000 toneladas de hojas y pasta
producidas en los tres, 111.000 eran de origen boliviano.
Las
enormes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de Erythroxylum coca,
protegidas a punta de pistola por las novias de la muerte, eran propiedad
privada, de la Corporación, de las que el público obtenía ingresos extra, no
consignados en el presupuesto, mediante la imposición de impuestos. . Pero,
evidentemente, los militares corruptos y los narcotraficantes querían más:
querían tener toda Bolivia bajo su control. El suyo era un sueño que se haría
realidad gracias a la paranoia anticomunista de Washington y al ejército
privado de uno de los hombres buscados más famosos de la Alemania nazi:
Altmann, o Klaus Barbie.
Miedo
y asco en La Paz
29
de junio de 1980. Llaman a los bolivianos a las urnas. Tienen que decidir a
quién confiar la presidencia: si a Hernán Siles Zuazo del Movimiento
Nacionalista Revolucionario de Izquierda, oa Ángel Víctor Paz Estenssoro del
Movimiento Nacionalista Revolucionario.
El
enfrentamiento lo ganó Siles Zuazo, que obtuvo casi el doble de votos que Paz
Estenssoro, pero los parlamentarios no habrían tenido tiempo ni forma de
sancionar el resultado. El 17 de julio, mientras la presidencia provisional de
Lidia Gueiler Tejada discutía el traspaso del cetro con el Congreso, los
edificios institucionales fueron conquistados por los golpistas del general
Luis García Meza Tejada y las vías de comunicación atacadas por escuadrones de
narcotraficantes y novios de la muerte. .
La
caída del caos sobre Bolivia en menos de veinticuatro horas. Los que pueden,
como el presidente saliente Tejada y el actual presidente Siles Zuazo, huyen al
extranjero. Los que fracasan, como el fundador del Partido Socialista, Marcelo
Quiroga Santa Cruz, son fusilados en la calle. Las fuerzas armadas no responden
a los llamados de las instituciones y de la población: los comandantes de
divisiones y regimientos han sido sobornados por la Corporación, que les ha
dado 50.000 dólares a cada uno para que se retiren.
El
miedo y el delirio reinarían en La Paz durante un año y un mes, del 17 de julio
de 1980 al 4 de agosto de 1981, convirtiéndose en la cotidianidad ordinaria y
normal del primer narcoestado del planeta. El prometido de la muerte pasaría su
tiempo persiguiendo a socialistas y comunistas, matándolos en la plaza pública,
como en el caso de la Masacre de Harrington Street del 15 de enero de 1981:
ocho ejecutivos de Mir torturados y finalmente asesinados. Los narcotraficantes
supuestamente cubrieron la superficie boliviana con cultivos de coca,
registrando más de 400 millones de dólares en ganancias durante esos trece
meses.
La
violencia de la narco-junta es impactante. Los prometidos de la muerte han
salpicado el país de campos de concentración, en los que están presos
opositores políticos, sindicalistas y gente del común "culpables" de
tener ideas de izquierda. Los militares, cegados por la avaricia, comienzan
disputas sobre la división de las ganancias del gigantesco tráfico de cocaína
construido tras el golpe. Se suponía que el golpe garantizaría el orden, pero
solo produce anarquía.
La
Casa Blanca, ya bajo presión para apoyar las brutales dictaduras militares de
Chile y Argentina, decide privar de fondos al régimen revolucionario. Se ordena
a la Agencia Central de Inteligencia que ponga fin a su cooperación clandestina
con La Corporación, cuyo comercio, según Michael Levine, un arrepentido de la
DEA, había sido facilitado por Washington en una vena anticomunista. Los
militares más razonables se animan a destronar a García Meza.
El
4 de agosto de 1981, luego de casi trece meses de tiranía, el narcogeneral fue
depuesto por un grupo de militares al mando del general Celso Torrelio Villa.
Pero será necesario otro golpe, en 1982, para que los bolivianos empiecen a
respirar aires de democracia y vean al presidente que habían votado masivamente
dos años antes: Siles Zuazo.
Bolivia
después del golpe de la cocaína
La
narco-junta duró poco, un año, pero la cicatriz que dejó en el rostro de
Bolivia quedó a décadas de distancia. La guerra contra la cocaína lanzada por
Siles Zuazo en 1982, acompañada de un apretón a la poderosa maleza nazi
-simbolizada por la extradición de la intocable Barbie- nunca habría llegado
más allá de la punta del iceberg.
A
fines de 1982, luego de casi un año de gobierno, la guerra contra las drogas de
Siles Zuazo había llevado a la exigua incautación de unos cien quintales de
pasta y clorhidrato de coca, o menos del 5% de la producción nacional anual, y
cero resultados de el punto de vista de la represión del narcotráfico: realidades
ya problemáticas como Cochabamba y Sinahota se habían convertido en
"ciudades privadas" con dueños de cárteles transnacionales, imanes
para el lavado de dinero ilegal y techos de plantaciones protegidas a punta de
pistola por los novios de la muerte y su descendencia.
En
cuanto a La Corporación, definida por Levine como la "General Motors de la
cocaína", se habría enfrentado al naufragio por la caída en desgracia de
su carismático jefe en el posgolpe, apremiado por la justicia y ya sin poder
corromper a los nuevos gobernadores – célebre el intento de 1983 de pagar la
deuda externa boliviana, equivalente a tres mil millones de dólares, a cambio
de la impunidad –, y del inicio de la era de los cárteles colombianos liderados
por Pablo Escobar, otrora discípulo de Suárez, posibilitada desde ese dramático
aumento en el suministro de cocaína en 1980-81. Inside Over de Italia
(https://bit.ly/42aSJBH)
“CONTEMPLAMOS
LA REGULACIÓN JUSTA Y RESPONSABLE DE LA HOJA DE COCA”: MINISTRO OSUNA
Tras
el evento “La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error
histórico”, organizado por Bolivia, el ministro de Justicia reconoció que
Colombia podría regular la hoja de coca, para encontrarle mercados y utilidades
en el marco de la “paz total”.
El
Espectador de Colombia (https://bit.ly/3TjgyDe)
Bolivia
tiene propuesta concisa y revolucionaria ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU): eliminar la hoja de coca de la lista de estupefacientes de esa
organización, en la cual está incluida desde 1961. Colombia participó del
debate en Viena (Austria), a través del viceministerio de Política Criminal y
Justicia Restaurativa, del ministerio de Justicia, y acompañó la iniciativa del
estado boliviano ante el mundo.
Asimismo,
el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer ante la opinión pública
las conclusiones de la intervención colombiana. “En la nueva política de drogas
orientada al cuidado de la vida contemplamos la regulación justa y responsable
de la hoja de coca y sus usos lícitos, como una prioridad. Para ello estamos
trabajando en los cambios normativos que faciliten los usos en el campo
medicinal, nutraceúticos, industrial, entre otros”, señaló.
Justamente,
el pasado 6 de febrero, el gobierno de Gustavo Petro presentó su Plan Nacional
de Desarrollo, en el cual se contempla una reforma a la política de drogas.
Entre los cambios se incluye, por ejemplo, cambiar la perspectiva punitiva con
respecto a la hoja de coca. Que deje de ser la denominada “mata que mata”, y
tenga un nuevo espacio como una planta que aporte al proyecto de “paz total”
del gobierno.
El
Ministerio de Justicia quiere dejar atrás la persecución penal contra los
eslabones débiles de la cadena del tráfico de cocaína, como los campesinos,
campesinas, indígenas productores de coca y, asimismo, los consumidores. Agregó
que la planta de coca forma parte de las tradiciones culturales de Los Andes en
toda Sudamérica, pero que el énfasis punitivo de los gobiernos habría
confundido las diferencias entre la hoja y la cocaína.
“Promoveremos
la investigación y la gestión del conocimiento de las plantas y de las
comunidades que las usan. También la innovación y la capacitación de buenas
prácticas de producción serán aspectos estratégicos con el fin de explorar
mercados para estos productos. Celebramos la posición valiente y el liderazgo
del estado hermano de Bolivia, por poner presente ante el mundo el valor de los
usos de la hoja de coca”, concluyó el ministro Osuna.
¿ES
SUFICIENTE CON LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE LA HOJA DE COCA?
Revista
Cambio de Colombia (https://bit.ly/3LpOAEc)
En
un discurso dado ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la
viceministra de asuntos multilaterales, Laura Gil, solicitó que la hoja de coca
desaparezca de la lista de sustancias ilícitas, en la que se encuentra desde
1961. Los expertos sostienen que la regulación debe incluir la cocaína.
“Nuestro
país está cansado de poner los muertos y de perseguir a sus campesinos en esta
guerra contra las drogas que fracasó”, señaló ayer la viceministra de asuntos
multilaterales, Laura Gil, durante la convención número 66 de la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena. “Este fracaso de la guerra
contra las drogas no representa una deuda pendiente de Colombia, encarna una
deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo”.
La
viceministra Gil pidió, en particular, que la hoja de coca sea retirada de la
lista de sustancias ilegales, en la que permanece desde 1961. "Señor
presidente, ubicar la hoja de coca en la lista de sustancias controladas de la
Convención Única de 1961 constituyó un error histórico contra los pueblos
autóctonos de Los Andes. La planta no es el problema; la planta es parte de
nuestra historia y nuestras tradiciones".
No
es la primera vez que el gobierno de Gustavo Petro se ha referido al fracaso de
la guerra contra las drogas. De hecho, durante el discurso que el presidente
dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del año
pasado, Petro aseguró que era necesario cambiar las dinámicas con las que se
enfrenta la política de drogas pues, hasta la fecha, habían demostrado ser un
fracaso.
La
despenalización de la hoja de coca, sin embargo, puede quedarse corta en el
propósito de vencer al enemigo del narcotráfico, que sigue tan campante después
de tanta guerra contra la droga. Así lo entiende María Alejandra Vélez,
directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la
Universidad de los Andes:
“Me
pareció contundente la propuesta de la regulación de la hoja de coca. Pero
regular la hoja de coca, y no la cocaína, no cambiaría mucho el estado de las
cosas".
La
clave es la regulación de la cocaína
la
viceministra Gil ratificó que Colombia acompañará la regulación no solo de la
hoja de coca sino de la marihuana con fines recreativos en el país, y reiteró
que la guerra contra las drogas únicamente ha logrado la persecución de los
campesinos y sumir al país en un conflicto interno, sin lograr afectar las
finanzas de los grandes narcotraficantes. En consecuencia, dijo Gil, una de las
medidas que asumirá el Gobierno para implementar la paz total es dejar de
criminalizar a los pequeños cultivadores del coca y de marihuana en el país,
pues se trata de una condena incoherente que no contribuye al fin del
conflicto.
Catalina
Gil, consultora en política de drogas y seguridad, opina que el discurso de
Laura Gil sentó un precedente muy importante sobre el tema. “Puede que, por
ahora, el discurso se quede en un discurso, pero fue importante que pasara.
Colombia usualmente es pasiva y tímida. Se comporta más como un alumno (de la
lucha contra el narcotráfico). Entonces es importante que estos discursos
pasen”.
Sin
embargo, considera que, más allá del discurso, Colombia debe consolidarse como
cabeza de ese cambio de paradigma y realizar acciones muy concretas al
respecto, como el de liderar el proceso de que, efectivamente, la hoja de coca
salga de la lista de sustancias ilegales. "No es que esto vaya a pasar en
este gobierno, pero hay que comenzar”.
Podría
ser –agrega– mediante la consolidación de un bloque regional que tenga como fin
un mismo objetivo: reformar la visión que se tiene sobre las drogas. Así opina
también Julián Quintero, director e investigador de Acción Técnica Social
(ATS), una organización enfocada en la regulación y la reducción de daños en el
consumo de drogas. Para Quintero, es esencial que se empiecen a asumir
políticas distintas a las de la guerra contra las drogas, como, por ejemplo, la
política de aprender a convivir con ellas.
Para
los expertos, no es suficiente el esfuerzo de descriminalizar las plantas:
también es necesario descriminalizar las sustancias. Tanto Vélez, como Gil y
Quintero están de acuerdo en que el gran reto es apuntar a regular también la
cocaína, si quiere realmente llegar a la paz total.
La
transformación del paradigma –dice Quintero– ayudaría a desmontar todo el
sistema de persecución al narcotráfico, aunque todos los que se nutren de él se
opongan al cambio: “Todo el aparato militar y todos los contratistas militares,
encargados de perseguir la erradicación se quedarían sin negocio. Además, toda
la moral prohibicionista se vería muy afectada, además de las redes
criminales”.
Justamente
por esta oposición, regular las sustancias sigue siendo un tema tabú. “En este
momento no hay ambiente internacional para una regulación de la cocaína. En ese
contexto, el alcance de la paz total será limitado. Incluso si estos grupos
ilegales actuales acceden a unirse a la paz total, otros entrarán a llenar el
espacio”, dice María Alejandra Vélez
Aun
en este escenario, Catalina Gil sostiene que las políticas internacionales no
tienen que ser, necesariamente, una camisa de fuerza que limite las acciones de
Colombia: “Aunque es verdad que este sistema internacional prohíbe algunas
cosas, también es cierto que algunas veces son los mismos países los que se
imponen su propia camisa de fuerza. Mira los casos de Portugal, Canadá,
Uruguay, Bolivia, Perú. En unos hay mercados regulados de cannabis; en otros,
despenalización de sustancias; y en otros, zonas legales para cultivar coca. Y
ahí siguen. Colombia puede comenzar por implementar realmente estrategias de
reducción de riesgo y daños, promover la investigación de la hoja de coca,
implementar programas de sustitución con gradualidad, hacer pilotos sobre
cultivos legales de coca, y un largo etcétera”.
LA
REVISIÓN DE LA COCA BUSCA IMPLICAR MÁS A LA OMS EN POLÍTICAS DE DROGAS
Qué
Pasa Media News de EEUU (https://bit.ly/3JjPi2V)
La
hoja de coca, usada durante siglos por los pueblos andinos, está catalogada en
los tratados sobre drogas como una sustancia tan peligrosa como la heroína o la
cocaína por un informe de 1950 con connotaciones racistas.
Ese
informe elaborado por la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca en 1950, tras
una breve estancia en Bolivia y Perú en 1949, relaciona la coca con el
analfabetismo, la desnutrición y sostiene que su consumo «degenera» el
carácter.
El
documento está plagado de comentarios arbitrarios y poco científicos llenos de
prejuicios contra los pueblos indígenas. El texto, en la actualidad, no pasaría
el más mínimo filtro académico.
Por
este motivo, la inclusión de la hoja de coca en la Lista I, la más estricta, de
sustancias bajo control internacional de la Convención de 1961, es considerada
por muchos, incluido el Gobierno de Bolivia, como «colonialista», al
criminalizar su uso tradicional y reprimir ciertas prácticas culturales.
Pero
pasados 73 años de aquel controvertido informe, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) no ha realizado ningún estudio para valorar la hoja de coca, y el
primero llegará por la iniciativa de Bolivia de pedir una «revisión crítica»
sobre la planta.
La
OMS elaborará así un informe tras estudiar sus propiedades, toxicología y
efectos nocivos, lo que llevará al menos un año, y en el que ofrecerán
recomendaciones a los 53 países de la Comisión de Estupefacientes, el órgano
rector de la ONU en materia de drogas, que puede adoptarlas o someterlas a
votación.
Se
espera que, como muy pronto, la decisión sobre la hoja de coca se pueda votar
-por mayoría simple- en la Comisión a finales de 2024 o principios de 2025.
COCA
NO, COCA-COLA SÍ
La
Convención de 1961 consagró una visión que no distingue entre coca y cocaína y,
por tanto, las trata exactamente igual. Y además incluye algunas decisiones
polémicas.
Por
ejemplo, mientras que en la Convención se pide erradicar los arbustos de coca y
acabar con las prácticas tradicionales, se incluye una excepción, el artículo
27, conocida como la «cláusula Coca-Cola» que autoriza el uso de la coca sin
alcaloides como «agente saporizante» para la conocida marca de bebidas.
Esta
semana en Viena, en la Comisión de Estupefaciente, numerosas voces, como el
alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, o la
directora de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Ghada Waly,
pidieron una política de drogas basada en la «evidencia científica».
Sin
embargo, algunos de los aspectos de los tratados se basan en valoraciones de
hace 70 años que no han sido revisadas.
IMPLICAR
MÁS A LA OMS
«Se
busca volver a poner este tema en la agenda. Y desafiar a la OMS para que, al
menos, se replantee claramente el papel que ha desempeñado en el pasado»,
explica a EFE Martin Jelsma, un experto del laboratorio de ideas Transnational
Institute que apoya el proceso para revisar la clasificación de la hoja de
coca.
«Desde
que la hoja de coca entró en los tratados nunca ha habido ninguna revisión
seria. Así se busca desafiar a la OMS para que asuma alguna responsabilidad»,
añade.
Jelsma
apunta a numerosas inconsistencias en los tratados, que no han puesto bajo
control internacional a plantas como el khat, que crece en África y tiene
propiedades estimulantes, pero sí a su alcaloide.
Lo
mismo sucede con la efedrina, un alcaloide estimulante bajo fiscalización. Sin
embargo, la efedra, la planta con la que se elabora la efedrina, no está
prohibida.
Recientemente
la OMS recomendó no situar bajo control internacional el kratom, una planta nativa
del sudeste de Asia con efectos similares a la hoja de coca.
«FÁCIL
EXTRACCIÓN»
El
experto reconoce que aunque la hoja de coca en su forma natural es un
estimulante inofensivo, existe el problema de la «fácil extracción» de la
cocaína, esto es, que la coca puede transformarse en esa droga ilegal.
Ese
es el principal argumento que se esgrime para mantener la prohibición de la
hoja de coca.
«Ese
será el punto más difícil de reconsiderar para la OMS. Pero tendrán que tomar
en cuenta argumentos sobre cómo se tratan otras plantas y extractos alcaloides
en todo el sistema de la ONU, así como la importancia de la medicina y los usos
tradicionales», expone.
Las
recomendaciones de la OMS sobre la hoja de coca probablemente se sometan a
votación en la Comisión, donde sus 53 estados miembros están profundamente
divididos.
Por
un lado están los países que abogan por enfoques innovadores y basados en la
ciencia, entre ellos la mayoría de la Unión Europea y numerosos de América, y
por otro, países que aplican políticas represivas, como China, Irán, Pakistán o
Rusia.
ENCONTRARON
EN EL CAUCA MÁS DE DOS TONELADAS DE MARIHUANA LISTAS PARA SER ENVIADAS A
ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA
Revista
Semana de Colombia (https://bit.ly/3yI95Ex)
Más
de dos toneladas de marihuana que estaban listas para ser enviadas al sur del
continente fueron encontradas en la vereda Córdoba del municipio de Inzá,
Cauca. El estupefaciente pertenecería a una disidencia de las Farc.
Tropas
de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional llegaron hasta el depósito
de marihuana gracias a información suministrada por una fuente. En el lugar
encontraron 73 costales que contenían aproximadamente 2.300 kilogramos de
marihuana.
Información
de inteligencia militar indica que la marihuana primero llegaría a Ecuador y
que luego sería distribuida a Perú y Bolivia.
Este
tremendo cargamento de drogas pertenecía, al parecer, a la disidencia Dagoberto
Ramos, la cual usaría el dinero de su venta para financiar sus actividades
delictivas.
La
marihuana incautada tenía un valor en el mercado ilegal que supera los mil
millones de pesos. En el procedimiento adelantado por el Ejército no hubo
capturas.
Recientemente,
las autoridades asestaron otro golpe contra el narcotráfico en el Cauca cuando
muy cerca de una vivienda ubicada en la zona rural del municipio de Buenos
Aires fue hallado un laboratorio de procesamiento de cocaína.
Dentro
del laboratorio instalado en la vereda El Mandarino había unos 800 kilogramos
de esta droga listos para comercializarse.
En
las pesquisas adelantadas por el Ejército Nacional y la Policía fueron
capturadas dos personas que al parecer se encargaban de la supervisión y el
control del laboratorio, que pertenecería a las disidencias de las Farc.
Además
de la droga y los sujetos, las autoridades encontraron más de 200 galones de
combustibles y elementos plásticos usados en el procesamiento de cocaína.
Los
dos detenidos y los materiales encontrados fueron puestos a disposición de las
autoridades competentes. Un juez definirá el futuro judicial de los implicados.
De
acuerdo con el Ejército, el desmantelamiento de este laboratorio afecta las
finanzas de las estructuras armadas ilegales en aproximadamente dos mil
millones de pesos y evita, al cortar esta fuente de financiación, la
adquisición de material de guerra, intendencia y comunicaciones utilizado para
atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.
“En
lo corrido de 2023, más de 17 toneladas de hoja de coca y cerca de siete más de
coca en proceso fueron incautadas por los soldados de esta unidad militar
principalmente en los municipios de Toribío, Corinto, Santander de Quilichao,
El Tambo y Argelia”, dijo la institución castrense.
Golpe
al ELN
Tropas
del Ejército Nacional desmantelaron hace un par de semanas una comisión de
finanzas del frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), en el departamento del Cauca.
Tras
un cruce de disparos con los criminales, en el corregimiento La Carbonera del
municipio de Bolívar, los uniformados lograron la captura de tres integrantes
de este grupo armado.
“Entre
los capturados se encuentra alias Feo, presunto cabecilla de finanzas de este
grupo armado. Según se pudo establecer, este peligroso sujeto es señalado de
ser el autor material e intelectual de múltiples asesinatos selectivos en el
municipio de Bolívar entre los años de 2020 y 2023, así como de dinamizar
actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, explotación ilegal de yacimientos
mineros y asonadas contra la Fuerza Pública”, explicó el Ejército Nacional.
Alias Feo llevaba seis años en las filas del ELN.
Otro
de los capturados es alias Grillo, quien habría participado en la incineración
de una maquinaria pesada en Bolívar en febrero de 2022.
En
el operativo fueron incautados dos revólveres, 12 cartuchos y cuatro celulares.
Estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al
igual que los sujetos capturados.
“Con
la desarticulación de esta comisión se afecta sustancialmente la organización
logística del ELN en el Cauca, al igual que su accionar delictivo y terrorista
en el sur del departamento”, añadió la institución.
ARCE
PREPARA UNA NUEVA ESTAFA ELECTORAL CON LA AYUDA DE OPOSITORES ACOMODATICIOS
La
Gaceta de España (https://bit.ly/3Lqsgua)
El
desafío para el futuro casi inmediato del Movimiento al Socialismo (MAS) no ha
comenzado recién, pero el inicio de la crisis económica ha empezado a marcar
ese camino con más claridad este año.
Por
cómo van las cosas, ponerse a pensar en lo que podría suceder hasta finales de
año podría no ser tan útil, pues la incertidumbre crece y en cualquier momento
podría suceder cualquier problema inasumible para el régimen de Arce y el MAS.
Sin embargo, la próxima prueba de aceptación de ambos vendrá cuando se sometan
a las Elecciones Judiciales que, aunque todavía no han sido convocadas, están
programadas para llevarse a cabo a finales de 2023, y cabe ensayar sobre cuál
es el escenario base de la campaña, que ya ha empezado.
El
primer elemento a destacar es que el MAS tiene divisiones internas cada vez más
marcadas entre los seguidores del jefe cocalero de Morales y el ala renovadora
de Arce. Más aún, estas divisiones están acompañadas de enfrentamientos cada
vez más violentos y con acusaciones temerarias de corrupción y cooperación con
el narcotráfico en los distintos niveles de afiliación al partido. Incluso se
ha registrado un rompimiento político muy importante de manera reciente, el de
Morales y García Linera.
Hace
solamente unos días, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Morales durante
13 años, ha afirmado que a pesar de que tiene un apego muy especial con él, le
gustaría ver a otro Evo, uno de mirada más nacional y menos localista como la
que tiene ahora, pero que afortunadamente existen otros líderes indígenas como
Andrónico Rodríguez y David Choquehuanca.
La
reacción del ala cocalera ha sido virulenta. En una reunión de Morales con sus
seguidores, Héctor Arce, asambleísta del partido, ha calificado duramente a
García Linera como “tibio, desleal y no se define” con el jefe cocalero, que se
encuentra cada vez más solo.
De
hecho, Luis Arce se ha dado el lujo en su visita más reciente a Nicolás Maduro
en Venezuela para celebrar el aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, que
busca la unidad del partido y que está dispuesto a apoyar al candidato en
elijan las bases para las próximas elecciones generales de 2025.
De
la misma manera, en una entrevista con los medios, el diputado masista del ala
renovadora, Rolando Cuéllar, acusó de tráfico de influencias en la
administración de las empresas del Estado, como Boliviana de Aviación, y de
interferir en todas las licitaciones con empresas como CAMC, donde Gabriela
Zapata, bajo la directa anuencia de Morales, Gabriela Zapata fue condenada a 10
años de prisión por enriquecimiento ilícito, aunque hoy se encuentra libre.
La
frágil memoria del público y la infame postura funcional de la oposición
En
este escenario, sería de suponer que la oposición se fortalece y se prepara
para tomar pronto el poder. No obstante, y para mayor colmo, la oposición en su
conjunto, pero más aún Carlos Mesa y su improvisada agrupación política en la
Asamblea Legislativa, parecen preparar un nuevo salvavidas para el MAS y su
pretensión de permanecer en el poder indefinidamente, como ha sucedido en
varias oportunidades al menos desde que el ex vicepresidente asistió al
derrocamiento de Sánchez de Lozada en octubre de 2003 con su pronunciamiento y
renuncia precipitada.
Indudablemente,
uno de los balones de oxígeno más importantes con los que Mesa ha asistido a la
izquierda radical en el país, ha sido el haberse presentado a las elecciones
generales de 2019 no sólo luego de prometer que no lo haría, sino sabiendo que
al presentarse estaría avalando la candidatura ilegal e ilegítima del cocalero
luego que el referéndum que perdió en 2016 para permanecer en el poder se lo
impedía; Mesa fue el primero en presentar su candidatura, luego lo siguieron
todos los demás.
Más
tarde, en las elecciones de 2020, cuando se enfrentaba con Arce Catacora, Mesa
no se aseguró ni exigió que el padrón electoral con el que Morales cometió
fraude en 2019 sea sometido primero a una auditoría con el mayor rigor posible.
Luego reconoció de manera sospechosa y apresurada la victoria de Arce en base a
encuestas en boca de urna y no a resultados oficiales del Tribunal Supremo
Electoral (TSE).
Por
si fuera poco, el presidente del TSE de las últimas elecciones, Salvador
Romero, que colaboró con el retorno del narco-comunismo al poder en Bolivia,
es, casualmente, ahijado de Carlos Mesa. Tal vez existe pues algún interés
particular del propio Mesa en el hecho de que la ex vocal del mismo órgano
electoral, Rosario Baptista, que hoy se encuentra en el exilio por el acoso y
persecución política que han implicado sus denuncias, sea absolutamente
ignorado. ¿Por qué Mesa no ha ordenado a sus asambleístas indagar en el asunto?
De
esta manera, y salvo honrosas excepciones, Mesa, su agrupación y el conjunto de
los representantes del voto opositores la Asamblea Legislativa, se preparan
para avalar las Elecciones Judiciales de fin de año sin primero cuestionar
elemento alguno de un proceso electoral que, con seguridad, será nuevamente
amañado con el objetivo del MAS por reafirmase en el poder en su peor momento
político hasta ahora, dados los distintos frentes de crisis nacional.
Es
que Mesa y su agrupación política no exigen que no se realice ninguna elección
en tanto el TSE permanezca bajo control de Arce y el MAS, como se sabe que
sucede al menos a partir del caso de Baptista. Mesa tampoco ha vuelto a hablar
de los perseguidos políticos –Áñez, Pumari, Camacho, entre los más
emblemáticos- y la violación sistemática de Derechos Humanos ni de trabajar en
su causa, sino que los ignora y se limita a plantear una Ley de Garantías para
que las Judiciales de fin de año sean anuladas si los votos blancos y nulos son
mayoría, detalle de forma y no de fondo que para el partido azul no sería
problema en absoluto.
En
realidad, lo interesante sería pues que Mesa y su improvisada agrupación en la
ALP trabajara en un programa con objetivos claros para poner en evidencia de
manera sistemática la enorme maquinaria de estafa electoral, judicial y
económica con la que Morales, Arce y el MAS han sometido al país durante ya 17
años, pero sus asambleístas se dedican a jugar al Pokémon Go o ver pornografía
en pleno Hemiciclo Parlamentario. Incluso han llegado al punto de humillarse
pidiendo disculpas a la población por su ineptitud.
Sucede,
pues, que bajo estructura del Estado Plurinacional que el MAS ha montado con
ayuda de varios otros como Mesa al menos desde la Asamblea Constituyente de
2006, en Bolivia no existe Estado de Derecho. Por eso, convocar a un referéndum
para reformar el Sistema Judicial, como también plantea alguien como Juan del
Granado, primer aliado del MAS para aprobar forzosamente la Constitución
Plurinacional, constituye un engaño más -¡un ordinario espectáculo!- como los
tantos a los que han sometido a la población durante tantos años. Lo único que
va a permitir iniciar el camino hacia la recuperación del Estado de Derecho en
Bolivia es enterrar el Estado Plurinacional y la Constitución Política del
Estado vigente y la liberalización de la economía.
Para
mayor colmo, estos opositores funcionales ya comienzan a invocar nuevamente la
espuria unidad política opositora para encarar las elecciones de 2025.
¿Quién
necesita protegerse de Arce, Morales y el MAS cuando tiene opositores de este
calibre?
FELIPE
MORRIS: ¿ADIÓS ‘MILAGRO ECONÓMICO BOLIVIANO’?
“El
supuesto ‘milagro’ se basaba en un modelo económico donde sectores generadores
de excedentes (hidrocarburos, minería y electricidad), controlados por el
Estado, redistribuían las rentas hacia otros sectores, a través de fuertes
subsidios”.
Perú
21 (https://bit.ly/3Lp6WF5)
Hace
menos de dos años, cuando Castillo llegó al poder, muchos izquierdistas
alababan el supuesto milagro económico boliviano. ¿Lo era? Es innegable que
tuvieron logros económicos y sociales importantes desde principios del siglo,
como resalta el FMI en un reciente informe, pero el Perú también tuvo avances
similares o mayores con políticas más sostenibles. Entre 2000 y 2021, la
economía boliviana creció por encima del promedio regional (como la nuestra),
redujo su pobreza de 66% a 36%, aumentó su expectativa de vida de 62 a 72 años
y aumentó la tasa de compleción de educación primaria de 84% a 99%. Pero su
crecimiento desde el 2014 se financió con deuda para cubrir sus altos y
crecientes déficits fiscales y comerciales, que ahora le pasan factura.
El
supuesto ‘milagro’ se basaba en un modelo económico donde sectores generadores
de excedentes (hidrocarburos, minería y electricidad), controlados por el
Estado, redistribuían las rentas hacia otros sectores, a través de fuertes
subsidios (combustibles, alimentos y fertilizantes, entre otros) y controles de
precios. Al agotarse los excedentes aparecieron grandes déficits fiscales que
fueron financiados mediante deuda interna y externa (incluyendo del banco
central). Se implementó una política de cambio fijo desde 2013, que permitió el
control de la inflación, pero desincentivó el desarrollo de actividades
generadoras de divisas. Este modelo ya se agotó debido a la falta de políticas
para promover inversión que genere empleo, exportaciones e ingresos fiscales; y
al desplome de sus exportaciones de gas al 60% del nivel de 2015 que
inviabiliza mantener el tipo de cambio fijo.
La
economía boliviana requiere restablecer el equilibrio macroeconómico y
sostenibilidad de su deuda; eliminando el financiamiento monetario (su banco
central no es autónomo) y devaluando su moneda para reconstituir sus reservas
internacionales que han caído fuertemente. Los ahorristas buscan cambiar sus
bolivianos a dólares, preocupados por la escasez de la moneda extranjera en los
bancos, presionando el tipo de cambio. Ya se formó un mercado negro que hasta ahora
no difiere mucho del tipo de cambio oficial gracias a los dólares de la minería
informal y el narcotráfico, pero ellos reclamarán mejores precios.
Esta
historia la hemos vivido repetidamente en la región, y conocemos su desenlace.
Los desequilibrios económicos terminan forzando una devaluación y un ajuste
fiscal que incluye la eliminación de subsidios, el aumento de impuestos y un
ajuste de precios relativos, con un alto costo social. El gobierno boliviano
todavía está en un estado de negación de la realidad, pero los ajustes serán
inevitables. Es cuestión de tiempo. Esto debería de servir de lección a todos
aquellos que critican nuestro modelo económico y a los que añoran unirse a
Bolivia.
DESESTIMAN
PERJUICIOS PARA EL PUERTO DE ARICA PRODUCTO DE ACUERDO TRILATERAL POR BYPASS
ENTRE CHILE, BOLIVIA Y PERÚ
Portal
Portuario de Chile (https://bit.ly/3LllCFv)
El
Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Arica (EPA), Mario Moya
Montenegro, desestimó que el Puerto de Arica experimente algún tipo de
menoscabo producto del acuerdo trilateral por bypass establecido en la
localidad chilena para camiones bolivianos con destino a los puertos del sur
peruano, ya que las estadísticas “indican lo contrario”.
Lo
señalado por Moya Montenegro se da en respuesta a lo expresado por el
expresidente de EPA del periodo 2021-2022, Marcelo Urrutia, quien advirtió de
eventuales perjuicios para el recinto portuario ariqueño tras conocerse la
autorización firmada en el acuerdo entre Chile, Perú y Bolivia.
En
este aspecto, el actual titular de EPA explicó que la resolución tiene vigencia
hasta el 30 de marzo de 2023, lo cual tiene por objetivo facilitar el tránsito
de los camiones que tienen como principal destino los puertos del sur de Perú y
que se han visto afectados por los bloqueos de carreteras producto de las
manifestaciones sociales latentes en aquel país
“Esta
solución transitoria, que se enmarca en el Acuerdo de Transporte Internacional
Terrestre (ATIT), permite además la circulación de un máximo de 50 camiones
diarios. Es decir, una medida acotada desde el punto de vista operativo y de
tiempo”, explicó el alto ejecutivo.
“En
términos de cifras, la cantidad de camiones en dirección Chungará a Chacalluta
y Chacalluta a Chungará, con carga boliviana hacia o desde puertos peruanos, ha
sido mínima”, según calificó Moya, considerando que en ese mismo lapso de
tiempo, la cantidad de camiones que han pasado la frontera de Chungará –con
destino al Puerto de Arica- supera los
11.600 camiones.
Movimiento
en puerto
En
relación a la baja del movimiento de carga, el Presidente de EPA fue categórico
en señalar que las cifras dan cuenta de un incremento durante lo que va de
ejercicios del año 2023.
“En
los primeros dos meses de este año el Puerto de Arica movilizó 530.496
toneladas, lo que representa un 24% de aumento comparado al mismo periodo del
año anterior. Esto demuestra que contrario a lo que se señala, el puerto de
Arica ha sido beneficiado, embarcando más carga especialmente en granel vegetal
y contenedores”, sostuvo.
El
incremento de carga se puede desglosar en 9% de gestión comercial y operativa;
y aproximadamente en 15% por efecto de las contingencias en el Perú, lo que ha
favorecido al terminal ariqueño.
En
este aspecto, Mario Moya indicó que en los años anteriores efectivamente se
registró una baja en el movimiento de carga, lo que tiene su origen en los
efectos de la pandemia, además, del desvío de cargas de Bolivia a puertos
peruanos y chilenos.
El
actual directorio de EPA asumió sus funciones en el puerto hace 10 meses atrás,
instancia en que, tras conocer las estadísticas del Puerto de Arica, tomó la
misión de reforzar al máximo las estrategias conjuntas con el concesionario
Terminal Puerto Arica (TPA) y trabajar mancomunadamente en potenciar el
terminal y recuperar estas cargas, así como captar cargas nuevas.
Detalle
movimiento de carga boliviana
En
el año 2019, el terminal de la Región de Arica y Parinacota movilizó 2.116.957
toneladas de carga boliviana, mientras que en el 2020 llegó a 1.898.536
toneladas, lo que significa un retroceso de 10% respecto al año anterior.
En
tanto, en el 2021 se alcanzaron las 2.238.180 toneladas, lo que fue 18% más que
en idéntico periodo de 2020. A su vez, el año 2022 el movimiento de carga
alcanzó los 1.966.770 toneladas, lo que reflejó un decrecimiento de 12%
respecto al año anterior. Con estas cifras, la variación del periodo 2019-2022
fue de menos 7,1%.
Ante
este escenario, el ejecutivo de EPA indicó que “sin duda, el año 2020 y el 2022
fueron las cifras más bajas en movimiento de carga boliviana que se han
registrado en los últimos años, producto de diversos factores, pero esencialmente,
por efecto de la pandemia y las restricciones que generó en el comercio
internacional. Hoy estamos en un proceso de recuperación, donde los niveles
están marcando una tendencia a lo normal”.
“El
comercio internacional y las operaciones comerciales marítimas en general se
contrajeron durante el periodo de pandemia, sin embargo el proceso de
recuperación ha sido más rápido de lo que se espera, obedeciendo básicamente,
al mismo desarrollo de la industria. Como Empresa Portuaria Arica, en conjunto
con el concesionario TPA, estamos preocupados de seguir entregando el mejor
servicio a las empresas bolivianas y eso ha sido reconocido porque seguimos
siendo el principal puerto de Bolivia para movilizar sus cargas”, concluyó.
CHINA
SE COME LITIO BOLIVIANO
Nicola
Porra de Italia (https://bit.ly/3TjivQj)
La
deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 61,8% en febrero en
comparación con el mismo período de 2022. Según datos del " sistema de
alerta de deforestación " del Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE), 322 km2 de vegetación nativa fueron arrasados el mes pasado.
. Además de superar significativamente los 199 km2 destruidos en el mismo mes
de 2022, esta es la mayor devastación registrada en febrero desde que Brasil
mide la deforestación de la Amazonía.
Presidencial
2024: Maduro dice que no le importa el reconocimiento internacional
El
dictador venezolano dijo ayer que no le interesa el reconocimiento de las
elecciones presidenciales del próximo año, en las que es candidato a un tercer
sexenio, hasta 2030. “No nos importa lo que piense el imperialismo, ni lo que
las oligarquías pensar en Venezuela”, dijo en una entrevista transmitida por la
televisión estatal a cadenas unificadas. "No nos importa si los reconocen
o no". “Nunca nos importó que dijeran: 'No, el presidente de Venezuela es
Guaidò'. No fue presidente ni una hora, ni un segundo”, dijo Maduro , atacando
a la oposición argentina y llamando a Putinun 'gran guerrero'. El jefe de la
delegación de la dictadura durante conversaciones con la oposición en México,
el presidente del parlamento chavista Jorge Rodríguez, insistió ayer en que
cualquier acuerdo sobre las elecciones de 2024 dependería del levantamiento de
todas las sanciones internacionales contra Venezuela. La oposición busca
ciertas garantías, incluida la capacidad de postularse para líderes clave de la
oposición. “Vendrán las elecciones presidenciales, la gente votará, la gente
elegirá y ¡seguiremos!”, concluyó ayer Maduro. ¿Fraude anunciado?
China
"engulle" litio boliviano
El
gobierno de La Paz firmó un contrato para la producción directa de este recurso
en los gigantescos salares de Uyuni y Coipasa. El litio boliviano es de interés
para EE. UU. pero ya se entregó a China desde La Paz. Treinta años después del
final de la Guerra Fría, la disputa por los recursos naturales enfrenta a los
poderes fácticos para controlar las nuevas tecnologías, en este caso las
baterías de iones de litiopara casi todo, empezando por los coches eléctricos.
Hay 21 millones de toneladas de litio en estos dos salares que reciben las
aguas de la cuenca cerrada del altiplano, las mayores reservas del mundo. Laura
Richardson, jefa del Comando Sur del ejército de EE. UU., dijo la semana pasada
que su país observa con preocupación cómo las potencias "oponentes"
están explotando reservas en el "triángulo de litio" de América del
Sur: Bolivia, Argentina y Chile. Richardson también citó la extracción de oro
por parte de los chinos . quienes se asocian con cooperativas bolivianas para
trabajar en los ríos de la región amazónica, donde están dañando la tierra y el
agua con el uso excesivo de mercurio. En este contexto, mientras tanto, los
rusos avanzan en la construcción deuna central nuclear en la ciudad de El Alto.
Evo Morales reaccionó de inmediato con duras críticas a Richardson, afirmando
que América Latina ha dejado de ser una "colonia" de Estados Unidos.
BOLIVIA
PUEDE APRENDER A EXPLOTAR SUS RESERVAS DE LITIO
El
vicepresidente de Bolivia señaló que necesita de países que han desarrollado
tecnología para "industrializar ese recurso natural"
The Logistics
World (https://bit.ly/3mRJGFF)
El
vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, planteó que Bolivia podría
aprovechar la experiencia de la OPEP para la explotación del litio, un mineral
esencial para la fabricación de baterías y del que el país sudamericano tiene
enormes reservas.
“Queremos
aprender de otros organismos. Por ejemplo, de la OPEP, de la construcción de su
institucionalidad, toda la experiencia, las alianzas“, señaló el vicepresidente
a preguntas de EFE durante una rueda de prensa en Viena, donde ha estado
participando en la Comisión de Estupefaciente de Naciones Unidas.
Choquehuanca
se reunió con Abdulhamid Alkhalifa, director general del Fondo de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo
Internacional, según anunció este organismo en su cuenta de la red social
Twitter.
En
relación a ese encuentro, el vicepresidente boliviano dijo que su país es el
centro del “recurso estratégico energético del planeta”.
En
ese sentido, hemos hablado de la posibilidad de establecer una alianza
estratégica con los miembros de los países OPEP y Bolivia“, señaló.
El
vicepresidente dijo que Bolivia necesita de países que han desarrollado
tecnología para “industrializar ese recurso natural”.
“Y
necesitamos aprender de otros organismos similares, en este caso de los que han
administrado petróleo”, indicó.
Recomendamos:
Comienza operaciones la primera fábrica de baterías de litio de Bolivia
Así,
afirmó que se ha planeado ya mantener encuentros entre los ministerios
especializados de Bolivia y de los países OPEP.
Argentina,
Bolivia y Chile ya elaboraron el pasado mes de octubre un documento para
promover una “OPEP del triángulo del litio”, con el fin de lograr un “acuerdo
del precio” ante la volatilidad del valor del mineral, del que los tres tienen
grandes reservas y potencial de producción.
DE
LA BASURA A LA ECONOMÍA CIRCULAR: BOLIVIANAS QUE DEFIENDEN SU “TRABAJO DIGNO”
Mujeres
impulsan la economía circular en Bolivia a través del reciclaje. Ahora, sueñan
en grande: capacitarse para darle un valor agregado a los desechos y hacerlos
competitivos en el mercado.
La
Voz de América de EEUU (https://bit.ly/3LpIAet)
“Antes
había mucha discriminación porque trabajar con la basura no lo ven como algo
bonito, pero es un trabajo digno”, dice Ruth Velásquez, una boliviana que es
líder de las “ecorrecolectoras”, un grupo de mujeres que se encarga de
recolectar basura en diferentes puntos de la ciudad Cochabamba, en el centro de
Bolivia, para obtener ingresos a través del reciclaje.
Esta
iniciativa nació hace más de una década, en 2012, cuando buscaban residuos en
los contenedores con el objetivo de generar algunas ganancias y mantener a sus
familias, pero con el tiempo han podido consolidarse, hacer alianzas y también
generar fuentes de empleo.
Ahora,
sueñan en grande: capacitarse para darle un valor agregado a los desechos y
hacerlos competitivos en el mercado.
“No
queremos quedarnos como simples recuperadoras, queremos llegar más lejos aunque
sé que no es fácil, pero estamos empezando. Por ejemplo, con el aluminio, se
puede fundir y crear algunos moldes que después de convierten en pesas para los
gimnasios o repuestos que se puedan reutilizar”, explicó Velásquez a la Voz de
América.
El
sacrificado trabajo no solo ayuda a mitigar el impacto de la contaminación por
residuos sólidos sino también a que las empresas e industrias reduzcan la
extracción de materias primas gracias a los insumos que les proporcionan para
su reutilización.
Este
nuevo concepto las encamina dentro de la “economía circular” que precisamente
promueve la máxima optimización de recursos, dándoles una nueva vida.
“No
solamente tienen el rol de generar sus propios ingresos para protección de sus
familias, sino también tienen un rol social colectivo, porque están trabajando
por el bien común y están siendo parte de la industria del reciclaje”, explica
desde Washington Carola Ortuño, voluntaria técnica de la Asociación de Ecorrecolectoras.
Actualmente
son 180 familias que se benefician de este trabajo liderado por jefas de hogar.
Aunque también hay algunos varones que encontraron en la actividad una buena
posibilidad de mantener a sus hijos.
Sin
embargo los riesgos de salud por cortes con vidrios, intoxicaciones,
enfermedades virales y cansancio extremo debido a las largas jornadas, siempre
están presentes.
Dar
el siguiente paso
Recientemente
lograron concretar un acuerdo con la Universidad Mayor de San Simón a través
del Centro de Investigación en Tecnología Aplicada (CITA), con el que están
aprendiendo seguridad industrial y manejo de herramientas para metalmecánica
con actividades de corte, perforado y soldadura.
Por
otro lado también se consolidó el apoyo del MIT D-Lab, la unidad de
investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT) con la aplicación
de la metodología de Desarrollo de Capacidades Creativas que contempla
capacitaciones de inclusión social, género, empoderamiento femenino y
cocreación.
Aunque
están conscientes de que tienen mucho que aprender, están dispuestas a dar el
siguiente paso.
“Queremos
ser microempresarias, que podamos administrar nuestro propio trabajo y venta de
nuestro material sin ningún intermediario ya que muchas veces somos engañadas”,
dijo Adriana Ríos, una joven ecorrecolectora.
Si
bien este es un momento de gran expectativa para ellas, aún deben lidiar con la
falta de colaboración de la ciudadanía que no está acostumbrada a la separación
de residuos debido a que no existe una política pública que impulse la cultura
del reciclaje en la ciudad.
Y
lamentablemente, el estigma, el hostigamiento y la discriminación aún
persisten.
Pero
precisamente estas adversidades han hecho que la Asociación sea más solidaria y
unida. “Ya no son dependientes, sumisas ni temerosas. Son mujeres que creen en
sí mismas, que están descubriendo sus capacidades de liderazgo y quieren
contribuir a la sociedad, al país”, añadió Ortuño.
En
2020, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, la VOA entrevistó a las ecorrecolectoras
porque atravesaban un difícil momento con ingresos casi nulos, sin materiales
de cuidado sanitario para protegerse del virus y más estigmatizadas que nunca
por el nivel de contagio de la pandemia.
Tres
años después no solo lograron superar esa caída sino que están trabajando
conscientemente por hacer realidad un sueño que antes ni siquiera habían
considerado.
$151,3
MILLONES PARA ACCIÓN CLIMÁTICA EN BOLIVIA, CAMBOYA Y FILIPINAS
Mirage
News de Australia (https://bit.ly/3JGiJh6)
La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
acogió con beneplácito la decisión del Fondo Verde para el Clima (GCF) de
aprobar la financiación de tres nuevos proyectos en Bolivia, Camboya y
Filipinas, valorados en 151,3 millones de dólares.
Las
iniciativas nacionales, apoyadas por la FAO, se centran en fomentar la
adaptación al cambio climático y la resiliencia de los pequeños agricultores,
las comunidades locales y otros actores de la cadena de valor en tres países
que enfrentan crecientes amenazas relacionadas con el clima y el clima para sus
prácticas agrícolas y medios de vida.
“La
innovación en el financiamiento climático puede desencadenar un cambio
transformador hacia sistemas agroalimentarios más inclusivos y sostenibles”,
dijo la Directora General Adjunta de la FAO, Maria Helena Semedo. “La
aprobación de estos tres proyectos muestra cómo, al aprovechar las alianzas
mundiales, la FAO puede ayudar a fortalecer las capacidades de adaptación y
resiliencia de las comunidades rurales, especialmente las mujeres y los pueblos
indígenas. Esto contribuye a la implementación de la Estrategia de la FAO sobre
el Cambio Climático 2022-2031”.
El
anuncio de financiación se realizó durante la trigésima quinta reunión de la
Junta del GCF celebrada en Songdo, Incheon, República de Corea, del 13 al 16 de
marzo.
“Estos
proyectos en Camboya, Bolivia y Filipinas demuestran cómo las alianzas pueden
ofrecer soluciones climáticas innovadoras para algunos de los países más
vulnerables del mundo”, dijo Yannick Glemarec, Director Ejecutivo del GCF.
“Apoyar los esfuerzos para la transición a sistemas alimentarios y agrícolas
resistentes al clima es una prioridad clave para el GCF”.
Proyectos
que benefician tanto a las personas como al planeta
En
Bolivia, uno de los países más vulnerables al cambio climático, el proyecto
FAO-GCF apoyará los esfuerzos del gobierno en la macrorregión de los Valles,
una franja de norte a sur del país que se extiende desde la cordillera de los
Andes hasta la cuenca del Amazonas en una altitud media de 2.000 metros sobre
el nivel del mar.
La
región, compuesta por 65 municipios en un área de más de 8 millones de
hectáreas, es una de las más vulnerables a las sequías debido al clima
semiárido de Bolivia y la limitada disponibilidad de recursos hídricos durante
la estación seca. El cambio climático está poniendo en peligro los medios de
subsistencia de los agricultores vulnerables, ejerciendo una presión adicional
sobre los recursos hídricos, mientras que la mala gestión del suelo también
amenaza con reducir la productividad agrícola.
En
cinco años, $63,3 millones cofinanciados por el Ministerio de Medio Ambiente y
Agua y la Federación de Municipios, se destinarán a mejorar la gestión de zonas
agroecológicas, tierras agrícolas y microcuencas prioritarias para generar
resiliencia y aumentar la seguridad alimentaria y hídrica .
Se
espera que las actividades del proyecto beneficien a más de un millón de
personas, o el 53,7 por ciento de la población total de Valles, incluidas cerca
de 82.000 familias, en su mayoría de comunidades indígenas.
La
iniciativa, que es el primer proyecto del FVC de alto impacto en Bolivia,
también incluye un plan de acción de género bien definido para reducir la
vulnerabilidad de las mujeres al cambio climático, dado que al menos el 48 por
ciento de los sistemas nacionales de producción agrícola son administrados por
mujeres.
En
Filipinas, una nación que se espera experimente eventos climáticos extremos
cada vez más frecuentes y catastróficos, como tormentas tropicales, sequías,
inundaciones y precipitaciones irregulares, una inversión de $ 39,2 millones ($
26,2 de subvención del GCF y $ 12,9 millones de cofinanciamiento) tiene como
objetivo adaptar sistemas agrícolas al cambio climático.
Durante
siete años, el proyecto beneficiará directamente a más de 1,25 millones de
personas, principalmente pequeños agricultores de bajos ingresos en nueve
regiones y cinco provincias vulnerables, aumentando su conciencia sobre los
riesgos y las medidas de reducción de riesgos, desarrollando su capacidad en
prácticas agrícolas resilientes al clima. y empresas, e incorporando
tecnologías resilientes al clima en su trabajo.
A
nivel nacional, la iniciativa tiene como objetivo incorporar la agricultura
resistente al clima en las agendas de desarrollo tanto del gobierno nacional
como de las unidades del gobierno local.
Se
espera que el proyecto, cofinanciado por el Departamento de Agricultura y la
Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de
Filipinas, también reduzca 4,38 toneladas métricas de emisiones de carbono
durante 20 años, gracias a un mejor uso de la tierra y prácticas agrícolas
respetuosas con el clima.
La
iniciativa también generará cobeneficios socioeconómicos, como el aumento de
los ingresos de los agricultores y, gracias al Banco de Tierras de Filipinas,
permitirá que las empresas de agricultores accedan a programas de préstamos.
TRAÍAN
DROGA DESDE BOLIVIA Y LA DISTRIBUÍAN POR TODA LA PROVINCIA
Radio
Villa María Viva de Argentina (https://bit.ly/3FlxALm)
Detuvieron
a seis integrantes de una banda narco que distribuía cocaína en toda la
provincia traida desde Bolivia.
Los
encargados del grupo viajaban desde Orán, localidad en Salta, hacia la
República de Bolivia.
Allí
se abastecían de la sustancia y la traían a la provincia de Córdoba.
Seis
personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda narco que operaba en
la ciudad de Córdoba.
Fueron
más de 20 allanamientos los realizados, en los cuales se secuestraron bienes
cuyo valor supera los 100.000.000 de pesos.
Las
detenciones fueron realizadas por personal de la Superintendencia de Drogas
Peligrosas de la Policía Federal (PFA).
Sin
embargo, la investigación fue llevada adelante por la División Antidrogas de la
Policía de Córdoba a lo largo de varios meses.
¿Cómo
funcionaba la banda narco?
Durante
la pesquisa, se pudo establecer la existencia de una organización narco que
funcionaba en la capital provincial.
Aunque
tenía su punto de abastecimiento en la localidad salteña de Orán, según informó
La Nueva Mañana.
Desde
aquella ciudad del norte del país, un grupo de individuos transportaba “cocaína
de la más pura calidad” hacia Córdoba.
La
droga era distribuida a clientes puntales que a su vez vendían el
estupefaciente a consumidores particulares.
Según
las fuentes, los detenidos viajaban desde Orán a la República de Bolivia donde
se abastecían de la droga.
Los
bienes
Durante
los procedimientos de allanamiento se secuestraron más de 14 vehículos, entre
ellos motos, automóviles y camionetas.
Los
rodados resultaron ser de alta gama y en total suman un valor mayor a los
100.000.000 de pesos.
Según
aclararon, fueron detenidos los dos líderes de la banda.
Además,
un transportista de estupefacientes y tres personas que distribuían la droga a
lo largo de la provincia de Córdoba.
En
total, seis personas fueron detenidas, logrando desbaratar la banda narco.
PERÚ
ANUNCIA 26 MUERTOS POR DENGUE Y MÁS DE 20 MIL CONTAGIADOS; BOLIVIA YA REGISTRA
39 FALLECIDOS
EL
Universo de Ecuador (https://bit.ly/42g0sOQ)
Un
brote de dengue en zonas amazónicas y en la costa norte de Perú ha dejado 26
muertos y 20.044 contagios en lo que va del año, informó el martes el
Ministerio de Salud peruano.
Su
país vecino: Bolivia ya registra al menos 39 fallecidos, de unos 14 mil
contagiados, por el virus transmitido por mosquitos que puede provocar fiebre
alta, dolor de cabeza, vómitos y dolores musculares y articulares. En sus
peores casos puede ser fatal.
“A
la fecha, los casos de dengue en Perú se han incrementado a 20.044, de los
cuales 162 personas han sido hospitalizadas por la gravedad de la enfermedad y
26 fallecieron”, indicó la cartera en un comunicado.
El
ministerio señaló que las regiones amazónicas más afectadas son Ucayali con
4.159 casos, Loreto con 3.713 y Madre de Dios con 1.455, todas situadas en la
frontera con Brasil (este), así como San Martín con 1.706 y Huánuco con 1.464
en el centro del país.
También
figura la región Piura (norte) con 2.486 casos, donde se producen inundaciones
por las fuertes lluvias de temporada.
La
autoridad sanitaria envío equipos técnicos a las regiones afectadas por la
enfermedad, transmitida por el zancudo Aedes aegypti, para reforzar la
prevención y control del dengue.
En
febrero, el gobierno decretó por 90 días una “emergencia sanitaria por un brote
de dengue” en 13 departamentos del norte, centro y sureste de Perú.
El
año pasado Perú registró 72.844 casos de dengue, un alza de 62% en la
incidencia de la enfermedad respecto a 2021. Hubo 84 defunciones.
En
2020 hubo 86 fallecidos y 46.749 casos por esa enfermedad, según datos
oficiales.
El
dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres
altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y, en los casos más
graves, hemorragias que pueden causar la muerte.
Se
detectó en Perú por primera vez en 1984, y se convirtió desde entonces en
enfermedad endémica.
También
casos en Bolivia
También
Bolivia ha registrado 39 muertes por dengue este año, y el brote empujó al
servicio de salud en el este de Santa Cruz. región, la más poblada de Bolivia,
al borde del colapso. El dengue es una enfermedad tropical transmitida por
mosquitos, que en sus peores casos puede ser fatal.
BOLIVIA
APUNTA A AUMENTAR LA COBERTURA DE AGUA EN ÁREAS URBANAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
PARA 2025
I
Agua de España (https://bit.ly/4084Cql)
Bolivia
apunta a llegar al 2025 con una cobertura de agua del 96% en el área urbana y
del 77% en saneamiento básico, afirmó el fin de semana el viceministro de área,
Carmelo Valda.
“Queremos
acortar la brecha entre las áreas urbana y rural”, dijo el viceministro de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
Según
Carmelo Valda, en Bolivia la cobertura de agua es de 95% en el área urbana y la
cobertura de saneamiento básico es de 71%, mientras que, en el área rural, la
cobertura de agua es del 69% y 45% en saneamiento básico. La meta para el 2025
es subir la cobertura de agua en el área rural a 90% y superar el 53% en
saneamiento básico. Señaló que para cumplir estos objetivos se deben aunar los
esfuerzos del Gobierno nacional y de los gobiernos municipales y
departamentales.
Estos
datos se dieron a conocer en la intervención de viceministro en los Diálogos
del Agua Para la Vida región Oriente (Pando, Beni y Santa Cruz) que se
desarrolló en la ciudad de Santa Cruz. Valda señaló que el agua es un recurso
fundamental para la vida y por eso, todos deben cuidar las fuentes de agua y no
seguir contaminando.
“Es
deber de cada persona ser responsable con su uso y devolver a la Madre Tierra
el recurso natural más preciado en condiciones salubres para disfrutar de los
bosques, la biodiversidad, ríos y lagos”, instó el viceministro.
El
objetivo de los Diálogos del Agua Para la Vida que se desarrollan a nivel regional
como nacional, es construir de forma amplia y participativa la propuesta que
Bolivia llevará a la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, en Nueva York del
22 al 24 de marzo. En este marco se llevaron a cabo los Diálogos de la región
Valles (Chuquisaca, Tarija y Cochabamba) y de la región Altiplano (La Paz,
Oruro y Potosí). En el día de hoy, 14 de marzo, se llevará a cabo el Diálogo
nacional en la ciudad de La Paz.
En
los Diálogos participan los representantes de instituciones públicas,
organizaciones sociales, entidades académicas y de investigación, operadoras,
además de representantes y autoridades de los órganos ejecutivo y legislativo
de los niveles nacional, departamental y municipal.
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