La situación de los niños y adolescentes huérfanos
abandonados a su suerte tras vivir un feminicidio es insostenible en Bolivia y motivo de preocupación de organizaciones
que denuncian el desamparo estatal de esta población.
Entidades como el Observatorio para la Exigibilidad
de los Derechos de las Mujeres y la Defensoría del Pueblo denuncian la falta de un registro oficial de datos
sobre los menores que han perdido a sus madres por la violencia machista,
carencia advertida en las defensorías de la niñez y la Fiscalía.
A falta de datos oficiales, el Observatorio tiene
un registro propio elaborado
a partir de reportes de prensa,
que da cuenta de 451 niños y
adolescentes y 73 jóvenes dependientes de sus madres que han
quedado en la orfandad entre 2016 y el primer trimestre de 2021.
“Es probable que el
número sea mayor” si se tiene en cuenta que el promedio de hijos por mujer es
de tres, indica a Efe una de las integrante
del Observatorio encargada de recopilar los datos, Eulogia Tapia.
Los huérfanos “son las
víctimas olvidadas de los feminicidios y están en el desamparo”, denuncia la activista, quien también lamenta la ausencia de una política estatal específica
para esta población.
El promedio anual de feminicidios en Bolivia en
los últimos siete años es
de 110, según
organizaciones feministas.
Historias
que duelen
La soledad, el dolor y la
posibilidad de acabar en la calle o de reproducir la misma violencia son
algunas de las secuelas de los menores que quedan huérfanos como consecuencia
de un feminicidio.
Detrás de cada número hay historias que muchas
veces se llegan a conocer por reportes de prensa.
Tapia recuerda el caso de una niña de 4 años que escuchó que su mamá
estaba en el cielo y le pidió a su abuela que contratase un helicóptero para ir
a visitarla.
O la de otra menor, testigo del feminicidio de su
madre y posterior suicidio del padre, que dijo a la Policía “papá pum a mamá y después papá pum”,
rememora.
En 2019, la Defensoría del Pueblo ha presentado un documental que parte del caso de
un feminicidio ocurrido
en 2014 en el centro minero de Viloco, en el Altiplano de La Paz, en el que la víctima fue una mujer embarazada que dejó en
la orfandad a sus hijos de 9 y 13 años.
El proceso para
que la abuela materna de los
menores obtuviese la guarda legal se demoró tres años, con el temor
latente de que “en algún momento
el asesino purgue su condena y pueda quitarle a los chicos”, o que lo
haga su familia, explica a Efe la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Además, la abuela era muy mayor y de escasos recursos, lo que le
dificultaba “sostener
económicamente a dos nuevos pequeños miembros en su entorno familiar”,
indica.
También se observó que el niño quedó con secuelas, pues fue testigo de la muerte de su madre y no había
recibido ninguna asistencia psicológica hasta el momento en que la
Defensoría intervino en el caso, agrega Cruz.
Las
marcas que quedan
La situación en
la que se quedan estos menores es complicada,
pues incluso si quedan al cuidado de algún familiar cercano, sienten mucha soledad.
“Estos chicos no son como el común de todos, tienen un problema que lo llevan dentro, están solos, no tienen papá ni mamá,
son huérfanos por más que quiera el hermano mayor o la tía cumplir ese rol”,
lamenta Tapia.
A veces estos parientes ya tienen sus propios hijos
y no se llevan bien con los recién llegados, lo que muchas veces termina con huérfanos que huyen para vivir en las calles,
advierte.
Otros se
retraen, o tienen problemas en la escuela por el grado de violencia que han
visto o sufrido, explica Cruz.
“Eso va generando una suerte de castigos, de estigmatización dentro de las unidades educativas
y sin asistencia por parte de los educadores o de un psicólogo
muchas veces ha generado deserción”, agrega.
Cuando los huérfanos son numerosos, el drama es la separación que experimentan al
ser llevados a distintos centros de acogida, a falta de algún familiar
que se haga cargo.
La Defensoría conoce algunos casos en los que la hermana mayor sale del centro de acogida
al cumplir la mayoría de edad y busca casarse “para poder rescatar a sus hermanos”,
lamentó la defensora.
Tapia remarca la necesidad de dar atención psicológica especializada a esta población, además
de hacer un seguimiento completo para saber dónde y cómo están, y en ello es vital el apoyo estatal.
Por su parte, la Defensoría ha presentado en 2019
un proyecto de ley de “Medidas de
Asistencia Estatal Integral a Hijas e Hijos Víctimas de Feminicido”, que
plantea llevar un registro
detallado de estos menores y dar asistencia económica y social a la familia con la que
permanecerán, entre otros aspectos. Efeminista
de España (https://bit.ly/3xELUt8)
BOLIVIA
RECUPERA SUS EXPORTACIONES CON BALANZA COMERCIAL POSITIVA EN PRIMER TRIMESTRE
Xinhua de China (https://bit.ly/3xDmPOY)
Bolivia
registró un superávit comercial de 339 millones de dólares en el primer
trimestre de 2021, promovido por las exportaciones de minerales y manufacturas
además de la reducción de las importaciones afectadas por la pandemia del nuevo
coronavirus (COVID-19), según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y
expertos.
El
economista y gerente del Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE), Gary
Rodríguez, explicó este jueves a Xinhua que el resultado de la balanza
comercial positiva entre enero y marzo se debe al impulso de dos sectores, como
minerales y manufacturas, que representaron un crecimiento del 11 por ciento
respecto al año pasado.
"El
superávit comercial de 339 millones de dólares en estos tres primeros meses
representa el triple del saldo registrado en igual periodo de la gestión
pasada", aseveró.
Destacó
el crecimiento de las exportaciones en un 11 por ciento respecto a las
importaciones que registraron una baja del 2 por ciento.
De
acuerdo a los datos del INE, los principales destinos para las exportaciones
durante el periodo enero-marzo de 2021 fueron India, Brasil y Argentina,
mientras que los principales proveedores de Bolivia son China, Brasil y
Argentina.
En
las exportaciones de minerales se destacan la plata con 87,6 por ciento y
estaño metálico con 43,7 por ciento.
En
los productos manufacturados sobresalen los derivados de soya con 48,4 por
ciento.
Las
exportaciones a marzo llegaron a 2.294 millones de dólares, cifra mayor en
222,9 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2020.
En
tanto, las importaciones de enero a marzo alcanzaron 1.955,3 millones de
dólares, 31,8 millones de dólares menos (2 por ciento) con relación a similar
período del año pasado.
El
INE consideró que el superávit registrado hasta la fecha es una muestra clara
de la paulatina recuperación económica que se viene observando en el país
sudamericano.
Por
su parte, el gerente general de la Cámara de Exportadores, Logística y
Promoción de Inversiones (Cadex), Martín Salces, dijo este jueves a Xinhua que
el comercio exterior se recupera de a poco de la crisis sanitaria, como otros
sectores, aunque de forma paulatina y amenazada por una tercera ola de
contagios de la COVID-19.
Recomendó
un plan público-privado para que las consecuencias de la pandemia no
signifiquen mayores "golpes" al comercio externo del país.
Recordó
que Bolivia viene arrastrando desde 2015 un déficit comercial consecutivo hasta
el 2020, pero que en varios meses del año pasado se experimentaron balanzas
comerciales positivas.
Bolivia
registró en 2020 un déficit de 65 millones de dólares en su balanza comercial
que, si bien es inferior al reportado en 2019, fue el sexto consecutivo.
A
decir del empresario, las políticas públicas pueden jugar un papel importante
en esta historia de crisis sanitaria, en particular, por medio de la
facilitación y la promoción del comercio, que puede ayudar a las firmas a
sobrellevar los períodos de crisis internacionales.
Consideró
importante facilitar el comercio con la reducción de tiempos de procesamiento
de trámites, además de abrir nuevos mercados, facilitar la exportación de los
excedentes y apoyar a los productos no tradicionales.
Asimismo,
dijo que se debe mantener el proceso de reactivación de la producción nacional,
diversificar y potenciar las exportaciones para contribuir a la recuperación de
la economía del país.
MINERA
SUIZA RECHAZADA EN PERÚ, COLOMBIA Y BOLIVIA SE METIÓ HASTA A LA COCINA EN
MÉXICO: VENDE A CFE
La empresa Glencore arrastra un
historial de contaminación por operaciones mineras en países sudamericanos,
pero en México tiene una red de gasolineras y una terminal de almacenamiento de
combustibles, además de haber vendido carbón a la CFE.
Sin Embargo de México (https://bit.ly/3u2fW7I)
La
suiza Glencore acumula señalamientos por daños socioambientales por su operación minera de carbón en
Colombia; la violación de derechos humanos en Perú; así como una demanda con
el Gobierno de Bolivia, no obstante eso no ha impedido que en México incursione
en el mercado de combustibles.
Aunque en el país no registra
proyectos mineros, desde 2017 tiene una red de gasolineras con su socia mexicana G500;
en 2018 invirtió para almacenamiento de combustibles en
Dos Bocas, Tabasco, y en 2019 obtuvo contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 519 millones de dólares para abastecerla
de carbón.
Glencore
es una de las principales mineras y operadoras de materias primas desde 1974.
Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Tiene operaciones mineras en más de
50 países y ahora busca centrarse en los minerales de transición energética
para la infraestructura de proyectos de energías renovables como el cobre, zinc
y cobalto.
“Glencore
se pone en una condición de ser una empresa que apunta a la reducción de
emisiones de carbono. Sin embargo, en México ganó un contrato más o menos
grande con CFE y otro en Dos Bocas que son dos modelos de generación de energía
ya muy cuestionados, sobre todo por el agotamiento de petróleo [fácil de
extraer] y las emisiones de CO2”, dijo Miguel Mijangos, de la Red Mexicana
de Afectadxs por la Minería (REMA).
“Lleva varios años con informes en
donde usa el clásico lenguaje ‘asertivo’ sobre sostenibilidad, transición energética,
emisiones cero de CO2, minería ‘verde’ y respeto por los derechos humanos. Este
tipo de empresas casi no hablan de calentamiento global sino de cambio
climático, lo cual terceriza la responsabilidad de quienes introducen al
mercado los insumos y de quienes en su transformación generan más y más
desechos tóxicos”, observó.
Charles Watenphul, vocero de
Glencore, omitió responder por qué si la firma está en el camino a la
transición energética, en México aún vende energías fósiles. Pero comentó que
la minera colombiana de carbón en Cerrajón en la que invirtieron, acusada de
despojo y secar cuerpos de agua, opera independientemente a ellos. Aunque
consideran que la relación con su comunidad “es buena”, porque tiene “una serie
de programas” que han tenido un impacto “positivo significativo” y su enfoque
hacia la sustentabilidad “ha evolucionado significativamente”.
Sobre
Perú, donde su minera es señalada de contaminar el agua y causar enfermedades
en la población, Watenphu puntualizó que la muerte de animales en la zona
minera de Espinar no fue causada por exposición a metales pesados, de acuerdo
con laboratorios de la Universidad de Pennsylvania y Alamo Analytical
Laboratories. Además, la mienra Antapaccay está respondiendo a la
necesidad de la población local de mejorar los servicios de agua potable y
saneamiento, está apoyando un proyecto para mejorar una presa y la Planta
de Tratamiento de Agua Potable existentes, así como ampliar las estructuras de
captación de agua mediante la construcción de cuatro embalses y la optimización
de dos existentes.
En
mayo de 2017, como resultado de la Reforma Energética del Gobierno de Enrique
Peña Nieto, se anunció un acuerdo entre Glencore y el consorcio mexicano G500
Grupo Gasolinero, propiedad de Antonio Caballero Fernández, para crear una
franquicia con mil 400 estaciones de servicio en México. El negocio incluye no
sólo el suministro de combustible, sino también servicios complementarios en
las estaciones.
En 2018 la filial mexicana de
Glencore, Axfaltec, anunció una inversión de mil millones de dólares para
infraestructura para almacenamiento de combustibles. Del total, 200
millones de dólares fueron para la construcción de terminales de almacenamiento
de gasolinas en Dos Bocas, Tabasco, y en Tuxpan, Veracruz.
Para la importación, almacenamiento y
comercio de gasolinas y diésel, la terminal de Dos Bocas opera con permiso de
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde agosto de 2018 con una capacidad
de almacenamiento de 600 mil barriles de premium, magna y diésel en la zona
donde la Secretaría de Energía (Sener) coordina la construcción de la refinería
de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La terminal de Tuxpan, cerca del
Valle de México, se planeó para contar con una capacidad de un millón 553 mil
barriles de combustible. Su operación, en proceso de evaluación de la
Sener, sigue pendiente.
En
su sitio web, esta empresa sólo muestra su oficina en la Ciudad de México, pero
durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha seguido operando en el
país. En abril de 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó la
compra de cuatro millones 94 mil toneladas de carbón mineral a Glencore
International por 519 millones 600 mil dólares luego de adjudicarle 12
contratos “por ofertar el mejor precio” en la licitación pública.
El
destino de este combustible fósil era la termoeléctrica “Plutarco Elías
Calles”, ubicada en Petacalco, en la Costa Grande de Guerrero, donde a finales
del año pasado cooperativas pesqueras señalaron un derrame de aceite de la
central que llegó a la bahía. La CFE negó cualquier derrame durante las labores
de mantenimiento del tanque de almacenamiento de combustóleo WAAD20.
En una larga comparecencia ante la
Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2020, el titular de la CFE, Manuel
Bartlett Díaz, dijo que tenían dos contratos “que los tenían de cabeza” para el
manejo de carbón en los patios de la termoeléctrica de Petacalco, una de
las carboníferas más grandes de la empresa pública.
“Pero
el carbón es importado y es carísimo. Además, como no la despachan, compras
carbón para amontonarlo”, afirmó. “En Petacalco firmaron un par de contratos a
empresas privadas que se llevan la mitad de la utilidad, entonces son leoninos
y los vamos a discutir”.
Además de emitir gases de efecto
invernadero, el uso de carbón, que genera un 12 por ciento de
electricidad del país, contamina el aire, el agua y el suelo, y tiene
implicaciones a la salud de las comunidades aledañas y de los trabajadores de
las minas, advirtió la organización Greenpeace luego de las compras de este combustible
por parte de la CFE.
“El carbón es responsable de una
enorme cantidad de emisiones de dióxido de azufre que ponen a nuestro país en
el cuarto lugar mundial y con tres de los puntos críticos de emisiones en el
mundo: el pozo petrolero Cantarell, la central carbonífera de Petacalco y la
termoeléctrica de Tula”, expuso la organización.
La
Reforma Energética peñista permitió a empresas distintas de Pemex importar,
distribuir y vender combustibles luego de la expropiación petrolera en 1938.
Desde entonces, grandes empresas energéticas como Exxon, Shell y Chevron han
participado en las subastas para exploración, explotación y comercio de
hidrocarburos.
Sin
embargo, la semana pasada el Congreso aprobó una reforma a la Ley de
Hidrocarburos que devuelve el control a Pemex en el transporte, almacenamiento,
distribución y expendio de derivados. Cuenta con un marco jurídico que prevé la
revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas
disposiciones; y la suspensión de permisos por peligro inminente para la
seguridad nacional.
De frente al huachicol, también
faculta a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar
permisos cuando “los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”.
AFECTACIONES EN AMÉRICA LATINA
En La Guajira Colombiana, la
trasnacional Glencore es accionista de la mina de carbón a cielo abierto más
grande de América Latina, Cerrejón, una empresa en conjunto con Anglo American
y BHP.
BHP
Billiton, de origen australiano, ganó en diciembre de 2014 la licitación del
bloque Trión en asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex). El proyecto de
aguas profundas representó una inversión por 11 mil millones de dólares a largo
plazo. Sin embargo, esta compañía es la responsable “del peor desastre
ambiental” de Brasil ocurrido en 2015, el cual provocó la muerte de 19 personas
y docenas de desplazados por un deslave de desechos mineros.
La operación de la carbonera de
Glencore ha provocado el despojo de más de 25 comunidades indígenas wayúu y
afrodescendientes de sus territorios y más de 20 arroyos secados o desviados,
incluyendo el arroyo Bruno, de acuerdo con la organización internacional de
medios Open Democracy.
Las explosiones mineras a cielo abierto también han causado emisiones de
partículas contaminantes que afectan a la salud de las comunidades.
“Si bien Glencore busca responder
preguntas sobre la operación en aras de la transparencia y el compromiso
constructivo, la administración de Cerrejón es responsable de estos problemas”,
respondió el vocero de la empresa suiza Charles Watenphul. “Estamos
comprometidos con los estándares internacionales en nuestras operaciones
controladas u operadas y buscamos influir en nuestras empresas conjuntas no controladas”.
En enero de este año, organizaciones
internacionales y colombianas presentaron quejas formales ante la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que cuenta con
recomendaciones voluntarias para que las empresas multinacionales reconozcan
su responsabilidad y realicen acciones de reparación.
Las quejas son en contra de
Electricity Supply Board (ESB), una empresa estatal irlandesa que compra carbón
de Cerrejón; la irlandesa Coal Marketing Company que comercializa el carbón de
Cerrejón; y las tres propietarias, BHP, Anglo American y Glencore.
En
Perú uno de sus principales proyectos de Glencore es la minera de plata, cobre
y oro fino Antapaccay ubicada en Cusco. La actividad minera comenzó hace
más de 30 años, pero la provincia de Espinar todavía sufre de contaminación de
fuentes de agua, aire y suelos alrededor de las zonas de influencia de la mina.
También se ha registrado la presencia excesiva de metales tóxicos en la sangre
de decenas de hombres, mujeres y niños de comunidades campesinas aledañas,
reporta Open Democracy.
Pero el vocero de Glencore citó
estudios de laboratorios estadounidenses que concluyeron que la muerte de
animales en el 2013 no fue por presencia de metales pesados.
“Hasta la fecha, se han recolectado
más de 500 muestras de aire, agua, suelo y sedimentos que proporcionan más de
26 mil resultados de pruebas de laboratorio en una variedad de parámetros.
Además, se han realizado controles sanitarios a los miembros de la comunidad y
a los animales”, dijo.
En
el 2012 los conflictos y la represión policial causó cuatro muertos, varios
heridos, detenciones arbitrarias a los líderes sociales. Los últimos conflictos
en Espinar se produjeron entre julio y agosto del año 2020. Además de la
atención a sus demandas en cuanto a salud y medio ambiente, la población pedía
alivianar la crisis económica producto de la pandemia. Ante la negativa de la
empresa, la población salió a protestar y fue brutalmente reprimida por la
policía.
Glencore tiene planes de expansión en
Espinar a través de su nuevo proyecto “Coroccohuayco”, para el que no ha
realizado la consulta libre, previa e informada con las comunidades locales y
que implicaría otros 25 años de minería.
“Actualmente, los estudios de
factibilidad están en curso y Antapaccay espera que la construcción comience en
2021 y finalice en 2023. El proyecto mejorará las condiciones de vida de casi
60 mil habitantes”, agregó el vocero.
Al noroeste, opera la empresa Volcán,
una compañía controlada por Glencore que extrae zinc, plomo, plata y cobre en
el Cerro de Pasco. El medio peruano Ojo Público reveló altos niveles de plomo en la sangre de
los niños de la zona, cuadros de anemia, problemas de aprendizaje, dolores de
cabeza, sangrado por la nariz e incluso leucemia.
En
Bolivia esta minera suiza opera a través de las compañías Sinchi Wayra e
Illapa. Ambas controlan operaciones mineras de estaño, zinc, plata y plomo en
los departamentos de Oruro y Potosí.
En noviembre de 2020, el medio Public Eye reportó la forma precaria y
riesgosa en que las cooperativas mineras extraen zinc, plomo y plata de la mina
de Porco, en Potosí. Además contamina el río local con excesivas
cantidades de zinc, hierro, y manganeso, lo que afecta a la producción agrícola
y la salud de la población.
“Esta
operación se emplea muchas veces mano de obra infantil y adolescente. Además,
se trata de una modalidad de trabajo asimétrica, debido a que libera a Glencore
de sus responsabilidades laborales y ambientales. Los accidentes son muy
comunes y durante los últimos cuatro años, en promedio, 20 mineros murieron
cada año, incluidos algunos menores”, observó un análisis de Open Democracry.
Sin embargo, el vocero de Glencore
–como lo hizo la empresa tras la publicación de Public Eye– negó tajantemente que empleen
menores de edad y agregó que se enfocan en la seguridad de sus trabajadores.
También negaron causar contaminación hídrica.
Además Glencore tiene un caso de
arbitraje de diferencias inversor-Estado en contra de Bolivia, bajo el Tratado
Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) entre Bolivia y el Reino Unido. Es
una demanda presentada en 2016 por la reversión de dos activos de Sinchi Wayra
por los que exige una compensación de 675 millones de dólares. Pero el proceso
se ha retrasado por la pandemia.
EVO
MORALES REACCIONA A LA RESOLUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA QUE PIDE LA LIBERACIÓN DE
UN EX DICTADOR BOLIVIANO: “COMPLICIDAD EN EL GOLPE”
Revista Forum de Brasil (https://bit.ly/3t7qSQj)
Evo
Morales, ex presidente de Bolivia derrocado por el golpe de 2019 y actual presidente
del partido Movimiento al Socialismo, utilizó las redes sociales el jueves (29)
para criticar la resolución del Parlamento Europeo que pide la liberación de la
ex dictadora Jeanine Áñez y los ministros del golpe. detenidos preventivamente durante las
investigaciones del proceso golpista, que resultó en dos masacres indígenas y
al menos 35 muertos .
En una resolución aprobada por estrecho
margen el miércoles , el Parlamento “denuncia y condena la
detención arbitraria e ilegal de la ex presidenta interina Áñez, dos de sus
ministros y otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que
los pongan en libertad inmediatamente y retiren los cargos que se les imputan
por motivos políticos; pide un marco de justicia transparente e imparcial,
sin presiones políticas, e insta a las autoridades a brindar toda la asistencia
médica necesaria para garantizar su bienestar ”.
Como hizo la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo
cuestionó el sistema judicial boliviano y pide reformas judiciales. La OEA
fue uno de los artífices del golpe de Estado que derrocó a Morales y llevó a
Áñez al poder en apoyo de las milicias, el Ejército y la Policía Nacional.
Jeanine
Áñez está acusada de los delitos de conmoción, terrorismo y de ordenar al
Ejército la comisión de las masacres de Senkata y Sacaba, que dejaron un saldo
de 36 muertos tras el golpe.
Según
información de Swiss Info , la
resolución tuvo una aprobación más estricta de lo que suele ser en asuntos
internacionales. El texto aprobado fue impulsado por conservadores y
liberales y rechazado por la izquierda y los verdes.
Morales protestó por la declaración. “La
extrema derecha del Parlamento Europeo confirma con su resolución la
complicidad en el golpe y, con una clara actitud intervencionista, pide la
impunidad y el olvido de las muertes de Sacaba y Senkata”, ha dicho.
“El
pueblo boliviano tiene memoria y dignidad. La justicia debe cumplir un rol
constitucional ”, agregó.
EL
PARTIDO DE EVO MORALES PROMUEVE UNA NUEVA DENUNCIA CONTRA LA EXPRESIDENTA ÁÑEZ
Tendrá que enfrentarse otro proceso
penal, impulsado por MAS, por haber asumido la presidencia del Senado de manera
irregular
ABC de España (https://bit.ly/3nA179X)
La
expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez tendrá que enfrentar otro
proceso penal por haber asumido la presidencia del Senado de manera irregular.
Así es la nueva denuncia que impulsa el partido de Evo Morales, el Movimiento
al Socialismo. Ese cargo dio paso a que Añez tome la Presidencia de Bolivia
en 2019 por sucesión constitucional en un contexto de convulsión social
ante denuncias de fraude electoral que derivó en la renuncia de Evo Morales.
El pasado miércoles, mientras se desarrollaba la
audiencia de «incidentes y excepciones» que la defensa de la expresidenta
presentó, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunciaba otro
proceso penal en contra la expresidenta transitoria.
Mientras los abogados de la exmandataria cuestionan
la competencia de la jurisdicción ordinaria y las imputaciones por el
denominado caso del supuesto «golpe de Estado». Señalan que en todos los casos
corresponde un juicio de responsabilidades que debe ser impulsado desde el
parlamento, donde el MAS ya no tiene los dos tercios de representación que
necesita.
Andrónico Rodríguez, quien es considerado como el
'heredero' de Evo dentro del partido de gobierno, oficializó que la denuncia
fue presentada ante la Fiscalía por los delitos de anticipación o
prolongación de funciones, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones
contrarias a la constitución y a las leyes, sedición, seducción de tropas y
conspiración.
El también dirigente cocalero, asegura que Áñez asumió la presidencia
del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la bancada de
minoría. Rodríguez explicó que la exsenadora debió haber convocado a una sesión
para reconfigurar la directiva que, de acuerdo a Reglamento, debía recaer en la
mayoría, el MAS.
La oposición cuestionó esta acción del Presidente
del Senado (MAS) al interpretar a su parecer el reglamento de la Cámara de
Senadores y la Constitución Política del Estado, para justificar su discurso de
«presunto golpe de Estado» y asegura que Jeanine Áñez asumió la presidencia
cuando el Estado no tenía gobierno, porque los entonces Presidente,
Vicepresidente, presidentes del Senado y Diputados habían renunciado.
A la fecha, la exmandataria guarda
detención preventiva desde el 15 de marzo, imputada por el caso
de supuesto «golpe de Estado» y sobre ella pesan por lo menos siete
denuncias penales, cinco que se tramitan en la vía de juicio de
responsabilidades y dos en juzgados penales ordinarios.
Renuncia
del presidente del TSE
Ante este panorama, se suma la renuncia del ahora
expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien
oficializó su renuncia a la vocalía y presidencia, después de dirigir el Órgano
Electoral durante 16 meses.
Romero fue designado el 2019 por la entonces
presidenta Jeanine Áñez. En la oposición advierten que la dimisión significa
que el árbitro electoral quedará a «merced de la cooptación y de la
manipulación» del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos
Mesa, que ha confirmado que tiene Covid-19, declaró que Bolivia nuevamente
corre el riesgo de que el MAS controle el OEP y la «democracia se siga
debilitando».
Salvador Romero fue quien dirigió las elecciones generales
de 2020, con siete meses de postergación por la pandemia, y las subnacionales
de 2021.
Sin embargo, Romero fue blanco de críticas que se
concentraron en la falta de una auditoría al padrón electoral y porque no cerró
el caso fraude electoral.
EL
PARLAMENTO EUROPEO CALIFICA DE “PRESA POLÍTICA” A LA EXPRESIDENTA BOLIVIANA
JEANINE ÁÑEZ
La
oposición celebra la resolución de la Eurocámara, que pide a las autoridades la
“liberación inmediata” de la exmandataria y dos de sus exministros
El País de España (https://bit.ly/3t64J4O)
La
oposición boliviana ha esperado con expectativa y después ha celebrado el
resultado de la deliberación del Parlamento Europeo sobre la situación de
derechos humanos en el país andino tras la
detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, en marzo de
este año, acusados de participar en un golpe de
Estado en contra del presidente Evo Morales en noviembre de 2019. El
Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución común en la que se
considera a Áñez y sus excolaboradores “presos políticos” y se “denuncia y
condena su detención arbitraria e ilegal”. La resolución pide a las autoridades
bolivianas que los “liberen inmediatamente y retiren los
cargos por motivos políticos contra ellos”. También pide “un marco
de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas”, e insta a las
autoridades a que “presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar
su bienestar”.
El
oficialismo boliviano se había anticipado al mensaje europeo. La Cámara de
Diputados, controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó este
miércoles una declaración de rechazo a la injerencia de los organismos
internacionales en asuntos bolivianos. Al mismo tiempo, Evo Morales tuiteó:
“Rechazamos la iniciativa intervencionista impulsada por la extrema derecha en
el Parlamento Europeo que promueve la impunidad frente a las muertes y las
graves violaciones de derechos humanos durante el golpe. Bolivia es un pueblo
libre que ejerce su soberanía con dignidad e identidad”. Además, un cercano
colaborador del expresidente arremetió contra la delegación de la Unión Europea
en Bolivia en 2019. Según el MAS, esta contribuyó
al derrocamiento de Morales y a la consolidación del gabinete de Áñez,
al que ofreció apoyo financiero y el rápido reconocimiento de los países
europeos.
Desde
el otro lado, Carolina Ribera, la hija de Áñez, ha agradecido la postura del
Parlamento Europeo. “Esta es una prueba más de que el Gobierno de mi madre fue
respaldado y continúa siendo respaldado por la comunidad internacional.
Esperamos que el Gobierno nacional tome esta resolución con el respeto que
merece (…) y no intenten silenciarlo con ataques sin sentido”, ha declarado a
la prensa local.
En
sus consideraciones previas, el documento, que fue aprobado con 396 votos a
favor, 267 votos en contra y 28 abstenciones, plantea que en Bolivia no se
cumple la separación de poderes y que la justicia nacional actúa muchas veces
por razones políticas. También interviene en una discusión muy álgida en
Bolivia, al afirmar que Áñez sucedió a Morales de acuerdo con la Constitución.
Según esto, no habría habido un golpe de Estado, tal como alega el oficialismo
boliviano.
El
12 de marzo pasado la Fiscalía incorporó a Jeanine Áñez y sus más cercanos
colaboradores a un proceso judicial por el supuesto golpe de Estado de 2019.
Este proceso no juzga los actos represivos ordenados por Áñez, como sugiere el
tuit de Evo Morales. La expresidenta y quienes fueron sus ministros han sido
acusados de terrorismo, sedición y conspiración por lo que supuestamente
hicieron antes de la renuncia de Morales el 10 de noviembre de ese año. Por eso
los fiscales pudieron detener a Áñez, porque si la acusación se refiriera a
hechos sucedidos dentro de su periodo como gobernante, habría tenido que ser
juzgada por el Parlamento. La defensa argumenta que ni ella ni los demás
acusados participaron en las protestas ni en las negociaciones políticas que
antecedieron y sucedieron a la dimisión de Morales. Al mismo tiempo, se ha
hecho notar que, en cambio, los líderes efectivos de estas protestas no están
siendo investigados.
Tanto
Human Rights Watch como Amnistía Internacional han calificado el procesamiento
de Áñez como político, algo que se recuerda en la resolución del Parlamento
Europeo. Esta resolución repite la crítica de los citados organismos de
derechos humanos sobre la amplitud y ambigüedad del cargo de “terrorismo” en
Bolivia y otros países similares.
Simultáneamente
a este proceso, el Gobierno boliviano ha presentado tres acusaciones a la
Asamblea Legislativa en contra de Áñez y miembros de su gabinete. La más grave
de ellas la responsabiliza por el asesinato de más de 30 personas en la represión de
las protestas en contra de su Gobierno en las localidades de Sacaba y Senkata.
Sin embargo, es improbable que estas acusaciones prosperen porque el MAS no
cuenta con los dos tercios de votos que se requieren para enjuiciar a un
exmandatario.
JULIACA:
DENUNCIAN QUE COMERCIANTES DE ALASITAS DE PUNO, BOLIVIA Y PUCARÁ PRETENDEN
INSTALARSE PESE A PROHIBICIÓN
Radio Onda
Azul de Perú (https://bit.ly/3nAGpqx)
Comerciantes
de venta de productos en miniatura en la ciudad de Juliaca, denunciaron que sus
pares de Bolivia, Puno y Pucará respectivamente, pretenderían instalarse el
presente año pese a la prohibición.
Sonia
Gutiérrez Mamani de la Asociación Portales Santísima Cruz, señaló que
presentaron su documentación a las instancias pertinentes, pero no
lograron la autorización para trabajar este año.
En
ese sentido indicó que no sería factible que otros comerciantes puedan
ocupar los puestos en alrededores del cerro Santa Cruz y aledaños haciendo caso
omiso a la prohibición por emergencia.
Por
su parte Julia Quispe Ruiz de la Asociación de Artesanos Mixtos Generales de la
Plataforma Machuaychas, exigió presencia de personal municipal y la
Policía Nacional del Perú, para impedir la feria el tres de mayo.
EN
LAS RAÍCES INDÍGENAS DEL ARTE EN BOLIVIA A TRAVÉS DE ELVIRA ESPEJO
Sputnik News
de Rusia (https://bit.ly/3xDB5XW)
Una
artista multifacética. Así es Elvira Espejo, directora del Museo Nacional de
Etnografía y Folklore en Bolivia. En diálogo con Sputnik, compartió una
trayectoria tejida entre colores, poemas y cantos. Y además un recuerdo oscuro,
cuando el Gobierno de facto de Jeanine Áñez la removió de su cargo en 2020.
Nació
en el ayllu (comunidad) Qaqachaka, en el departamento de Oruro, oeste
del país. Lleva más de dos décadas produciendo arte en diversos formatos:
tejidos, poesía, pintura, cerámica y canto. En 2013 asumió como directora del
Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) en La Paz. Removida
de su cargo durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), recuperó
su lugar al volver la democracia a Bolivia.
La
cosmovisión artística de Elvira Espejo es muy particular. En su
mirada conjuga el encuentro de dos mundos: el del arte formal, originado
durante los últimos siglos en Europa, y el arte de los pueblos indígenas
de los Andes, quienes milenariamente ponen en práctica diversos saberes al
momento de producir sus obras. En el MUSEF perduran tejidos ancestrales, así
como cerámicas con más de 1.000 años.
Cuando
la entrevistan, muchos medios de comunicación la mencionan como una "artista indígena". Pero
cuando los mismos periodistas captan a artistas que viven en las ciudades, no
los citan como "artistas urbanos", lo cual refleja un trasfondo
discriminatorio.
"Creo
que esa clasificación viene de gente que se siente distinta. Yo me siento como
cualquier otro artista. Todos hemos tenido una formación, ya sea desde la raíz,
desde la comunidad, desde la región, desde el país, desde la universidad",
consideró Espejo en su oficina del MUSEF.
"Pero
siempre se me clasificaba como artista indígena. En las clases sociales altas
he escuchado que incluso me dicen que soy una artesana. Eso es porque la mente
es bien limitada. Solo hablan desde su clase social", agregó.
"La
alta jerarquía, la clase media puede acceder a estos espacios artísticos. Y no
acepta que otras personas estemos dentro. Esa jerarquización es de una mente
muy limitada", afirmó.
Creación
artística en la sangre
Espejo
creció en una comunidad aymara. Aprendió a narrar de su abuelo Daniel Espejo.
En 1994, con 13 años, ganó un concurso de Literatura Indígena de la Casa de las Américas, de Cuba, con su primer libro de
cuentos, Ahora les voy a narrar.
Estudió
en la Academia Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de La Paz, donde
pudo conocer el modo de vivir de las ciudades, también el de las familias migrantes campesinas, en las periferias urbanas.
Conocer las tres realidades le permitió a Espejo tener una amplitud de mirada,
que se manifiesta en la diversidad de soportes materiales que usa para
expresarse.
"Quizás
he tenido la gran oportunidad de tener una lectura de ambas partes (la indígena
y la urbana). Muchas personas no tienen el privilegio de leer esos dos polos.
Más el intermedio, que es el periurbano. Esto me da facilidad para entender y
comprender en una dimensión más amplia, sin limitarme", sostuvo.
Espejo
recordó que durante sus años en Bellas Artes, "me hicieron cortar con el
tema de lo comunitario local y su filosofía. Absorbí los conocimientos del
eurocentrismo anglosajón. En ese momento quería hilarme finamente en ese
medio".
Cuando
regresó a su comunidad, le surgieron muchas preguntas: "¿Por qué no somos
como los urbanos, que tienen el privilegio de vivir en estabilidad económica?
También me preguntaba qué es formarse, qué es ser profesional, cuáles serían
los aportes, cómo compartimos".
A
partir de estas reflexiones, Espejo comprendió "cuál es la dinámica del
arte de la comunidad. Ahí comprendí la importancia del desarrollo textil, de la
cerámica, la agricultura, la crianza mutua".
Y
agregó: "Eso me llevó a un despliegue multidisciplinario. Ya no enfocarme
en un solo detalle, sino ver la interconectividad de la multidisciplinariedad y
abarcar dimensiones más amplias. Hacer textil, cerámica, canto o investigación
es como hacer un puente entre la praxis y la teoría".
El
tejido es todo
Espejo
relató que el arte de los tejidos andinos va más allá de la mirada
acotada de algunos académicos: "El textil es un todo. Pero las
investigaciones académicas lo han reducido a una terminología monocultural
dominante".
Según
la artista, los tejidos recopilan saberes científicos y tecnológicos
ancestrales, que se expresan en el cuidado brindado a las materias primas, su
obtención, su tratamiento y la elaboración. Crear infinidad de colores e
impregnarlos en fibras de lana exige exhaustivos conocimientos de química.
"El
textil no ha sido del todo comprendido en términos lingüísticos, económicos,
sociales ni científicos", sostuvo.
"Para
mí es muy amplio. Es lo más grande que he podido comprender. De la misma forma
puedo hacer un despliegue con las otras especialidades".
Y
agregó: "Hacer lecturas simplificadas desde el antropocentrismo muchas
veces nos lleva a un despliegue minimalista. Nosotros planteamos pensar en un
despliegue de múltiples acciones para generar debates desde la epistemología,
desde la filosofía de los Andes".
La
actualidad del MUSEF
En
sus ocho años como directora del MUSEF, Espejo logró llenar las salas con obras
alineadas a su mirada. El recorrido por este edificio, situado en pleno centro
paceño, permite conocer la trayectoria de la arcilla hasta convertirse en
tinajas de más de mil años. En sus vitrinas se puede observar el recorrido de
la lana de llama u oveja hasta transformarse en un colorido poncho.
Otra
de sus salas muestra máscaras elaboradas por pueblos indígenas de
todo el país, que son utilizadas para ceremonias, así como para fiestas
comunales.
La prevalencia
de la pandemia de COVID-19 en el país obstruye los planes de
Espejo para el MUSEF. Como tantos museos del mundo, durante el último año se vio
obligado a dar un fuerte impulso a su área virtual.
Espejo
también propuso que se otorgue el merecido reconocimiento a las y los sabios
comunales que aportan con sus conocimientos a investigaciones como las
realizadas por el MUSEF.
"En
las investigaciones que se llevan en las comunidades hay un saqueo
epistemológico. No hay un reconocimiento a las y los maestros que han
compartido conocimientos. De aquí en adelante queremos trabajar en coautoría
con las comunidades", destacó.
La
sombra del golpe
La
exitosa gestión de Espejo también fue afectada por el golpe de Estado de 2019. Cuando asumió el Gobierno de facto de Áñez, tomó la determinación
de desfinanciar al sector cultural de Bolivia. Incluso fue cerrado el Ministerio de Culturas, así como varios museos.
En ese contexto, Espejo fue removida de su cargo y —también de facto— se
designó a un nuevo director.
En
febrero pasado, con el retorno de la democracia a Bolivia, la artista recuperó
su puesto en la dirección del museo.
"El
golpe de Estado ha sido horrible. Ha generado un debate muy sesgado de juzgar a
las personas por sus raíces, por su color de piel, por su vestimenta o su
apariencia. Hemos visto que todo el trabajo desarrollado en el museo no fue
valorado en ese momento", reflexionó Espejo.
"Lo
peor fue cuando dijeron que la cultura es un gasto insulso. Eso quiere decir
que la ignorancia no solamente está en las comunidades. También está en las
clases sociales que se pretenden educadas, pero que no conocen la
educación", comentó la artista.
Para
ella, en este momento "es bien importante que retomemos nuestro trabajo
con mayor fuerza. Las comunidades han resguardado epistemologías y filosofías
que permiten hacer un equilibrio con el medio ambiente. Creo que ellas nos van
a dar un nuevo lenguaje".
LICANCABUR:
LIBRO REVELA LOS MITOS Y LEYENDAS DEL MISTERIOSO VOLCÁN EN LA FRONTERA
CHILENO-BOLIVIANA
Con 5.920
metros de altura, el estratovolcán está rodeado de historias, muchas de ellas
con detalles ocultos hasta el día de hoy. A partir de testimonios, los autores
recopilaron algunas de ellas.
La Tercera
de Chile (https://bit.ly/3nAPdwP)
El
Licancabur tiene su historia, todos los cerros la tienen. Mitos, leyendas y
fábulas altoandina. Así se titula el libro,
producido y editado en San Pedro de Atacama. Como su nombre lo
anticipa, indaga en las entrañas del estratovolcán de 5.920 metros de altura.
La
obra, publicada por Librería del Desierto, fue escrito por Mauricio Mena,
filósofo y poeta, y el editor y licenciado en filosofía, Diego Álamos.
Álamos
explica el libro nació, “porque no había ninguno disponible, y es de gran
interés. Esto escribí en la contraportada, con lo que explico la publicación: En
el desierto todo parece que hubiera estado aquí desde siempre, inquebrantable. Una
de las acciones más notables que considera esta compilación de mitos, fábulas y
leyendas altoandinas, es el movimiento vital que, a través de estas historias,
se imprime al paisaje”.
El
volcán Licancabur está situado en la frontera entre
Bolivia y Chile, junto a la laguna Verde. Su última erupción
tuvo lugar en el periodo del Holoceno.
Las montañas cobran vida, “el cielo se transforma en una
llama arquetípica, los animales le hablan al hombre y a la mujer en su mismo
lenguaje. El silencio del altiplano se llena así de voces, se hincha
de sentido, se hace más profundo de lo que, a simple vista, parece. Pues, se
piensa que el desierto se reproduce a sí mismo, como el infinito de un espejo”,
relata el editor del libro en la descripción.
Lo
que hacen estas historias recogidas –ya sea a partir de testimonios como de
fuentes bibliográficas–, “es romper esta figuración en mil pedazos, de
manera de contar la otra historia del desierto, la cual lo convierte en un
cántaro lleno de la energía del mundo. “El
Licancabur deja de ser un volcán inactivo, para abrir paso a su
leyenda...”, añade Álamos.
Por
último, como toda compilación, Álamos establece que este no es un libro que
agota la vertiente mitológica altoandina del Desierto de
Atacama, “sino que es solo un botón de muestra de las historias
que resignifican y dan vida a este lugar; por lo que esperamos que su
lectura abra la obsidiana atacameña y de ella brote otra forma de admiración
por este territorio”.
Mito
de la Yakana
El
editor de la iniciativa comparte uno de los mitos
presentes en el libro, el mito de la Yakana, “muy
importante para entender cómo miraban el cielo los antiguos”.
Según
cuenta la tradición, “la Yakana es la madre de todas las llamas. Ella transita
libremente por el cielo y tiene su reino en la Vía Láctea. Se dice que se
le puede se le puede ver como una figura oscura, con un largo cuello y
ojos brillantes. Era común que la Yakana bebiera el agua de los manantiales,
siendo posible que alguien se encontrara con ella mientras bebía, y así el
incauto era aplastado por la Yakana”, cuenta.
Bajo
ella, “él podía extraer a manos llenas su exquisita lana, de múltiples colores.
Si la persona que había sido favorecida por la lana de la Yakana volvía al día
siguiente al lugar donde había sido el contacto, para luego adorarla y realizar
rituales en su nombre, las llamas de las cuales se hiciera de ahí en más le
aportarían grandes ganancias, multiplicando su ganado y su productividad”,
relata.
Esto
se cuenta desde tiempos remotos, según los testimonios de la gente de la zona.
“Son estas mismas personas quienes cuentan que, a media noche y en total
anonimato, la Yakana baja a beber el agua del mar, de manera tal que evita
que se rebalsen los océanos y se sumerja todo el planeta bajo el agua. Los
habitantes de la zona dicen también que otra masa oscura se mueve frente a la
Yakana. Este otro ser es conocido como la Perdiz. Además, se dice que la Yakana
es madre de una pequeña llama a la cual da pecho en mitad del firmamento”,
explica Álamos.
IAN
TAYLOR AGENCIA ARRIBOS MENSUALES DE WALLENIUS WILHELMSEN OCEAN (WWO) EN EL
PUERTO DE ARICA
Con
esto, la naviera de carga Ro-Ro y break bulk, cubrirá mercados de Bolivia, el
sur de Perú y el norte de Chile
Mundo
Marítimo de Chile (https://bit.ly/3xur7bo)
Durante
los primeros días de mayo, en el puerto chileno de Arica, atracará la nave
"Toscana" de la naviera noruega Wallenius Wilhelmsen Ocean (WWO),
agenciada en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador por Ian Taylor, filial de
Empresas Taylor, constituyendo un hito en este terminal portuario porque la
naviera especializada en transporte de carga Ro-Ro y break bulk, incorporará a
este puerto a sus itinerarios hacia Chile, fortaleciendo a Arica como
punto estratégico para la entrada y salida de productos para tres países de la
macro región andina.
"Con
este servicio mensual en Arica se le brindan mejores alternativas a los
clientes de nuestra representada Wallenius tanto en la zona norte de nuestro
país como en el sur de Perú y a toda Bolivia, especialmente en lo referido a
carga proveniente de Europa, Asia y Oceanía mediante el puerto de transbordo de
Manzanillo en Panamá. Es importante destacar que desde hace varios años que
Arica registra un permanente incremento en la transferencia de carga,
convirtiéndose en líder de la macro región Andina”, afirmó Juan Carlos Jiménez,
Jefe de Asuntos Públicos de Empresas Taylor.
En
esta oportunidad, la "M/N Toscana" transportará vehículos desde
México con destino a Bolivia y Chile además de maquinaria desde Estados Unidos
para Bolivia y Perú; en tanto que en Arica se embarcará carga rodada con
destino a Manzanillo, Panamá.
La
ruta habitual que hará el servicio mensual de WWO contempla recaladas en los
puertos de: Veracruz y Altamira en México; Galveston en EE.UU., Cartagena
en Colombia, Manzanillo en Panamá, Manta en Ecuador, Callao en Perú y Arica y
Puerto Angamos en Chile.
Ian
Taylor
En
abril de 2018, Ian Taylor fue nominada como agente oficial de WWO para Chile,
Perú, Bolivia y Ecuador, reafirmando así la posición de Ian Taylor como una
agencia de alto nivel en WCSA.
"Con
más de 55 años y con fuerte presencia en la costa oeste de Sudamérica con
nuestra filial Ian Taylor, nos sentimos orgullosos de representar a algunas de
las principales navieras mundiales tanto en carga Ro-Ro como break-bulk, sobre
dimensionada, en contenedores, carga líquida en iso y flexi tanques, además de
todo tipo de carga proyecto, desde dimensiones pequeñas hasta las de mayor
volumen”, afirmó el Gerente de Asuntos Corporativos de Empresas Taylor.
Juan
Carlos Jiménez apunta a la excelencia en el servicio y a la innovación
permanente de la empresa como algunos de los factores clave en la preferencia
del mercado por sus servicios, agregando sobre esto último que "este
semestre terminaremos de implementar el primer Portal de Liberación de Carga de
importación en container desarrollado por una agencia de naves en Sudamérica,
como primer paso para convertirnos en una empresa de soluciones logísticas
sobre la base del uso intensivo de las mejores tecnologías actuales y futuras,
incorporando la digitalización del proceso de agenciamiento portuario,
tecnologías de RPA (Robotic Process Automation) y AI (Artificial Intelligence),
entre otras herramientas que nuestros clientes usuarios podrán utilizar
próximamente de manera gradual".
Refundación Comunista - Izquierda Europea se
levanta contra la vergonzosa resolución que condena al sistema judicial
boliviano, promovida por la derecha en el Parlamento Europeo, "una
descarada injerencia que viola la independencia judicial de Bolivia".
"La derecha europea e italiana - denuncia
la República Popular China - de hecho se puso del lado de los golpistas,
tratando de proteger a los responsables de los atroces crímenes cometidos a
partir de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado contra el presidente Evo
Morales Ayma llevado a cabo por el fascista de extrema derecha con el ayuda de
la policía y el ejército bolivianos, cuando la senadora Jeanine Áñez se
autoproclamó presidenta del país, sin quórum, contra las leyes bolivianas y la
propia Constitución del país.
Luego del golpe, mientras Morales y otros
funcionarios de su ejecutivo debían exiliarse en México y otros países de la
región, el gobierno de facto de Jeanine Áñez sembró el terror en Bolivia,
desatando verdaderas cacerías contra los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS),
de las organizaciones de los pueblos originarios y de los movimientos
populares. Los casos más dramáticos y notorios son los de las masacres de
Sacaba y Senkata, ocurridas respectivamente el 15 y 19 de noviembre de 2019,
con la evidente participación directa de Áñez ”.
Al respecto, el director de Relaciones
Exteriores de la República Popular China recuerda que "durante la crisis
política desatada por el golpe, al menos 36 personas murieron y 833 resultaron
heridas: Jeanine Añez, como presidenta de facto, emitió un decreto que
etiquetaba cualquier acción militar para reprimir protestas , garantizando
impunidad a la policía por la sangrienta represión '.
Pero la nueva situación determinada por la
victoria presidencial de Luis Arce del MAS en las recientes elecciones, permite
hoy al Poder Judicial investigar libremente esos delitos. Tras la
detención en marzo pasado del expresidente golpista y de 14 funcionarios de su
gobierno de facto, finalmente se ha abierto un juicio ante la justicia
ordinaria, que deberá esclarecer lo ocurrido durante su gobierno y hacer
justicia.
Según PRC, “el intento de la derecha del
Parlamento Europeo de interferir en el proceso refleja una actitud colonialista
que no tiene nada que envidiar al comportamiento de la administración Trump y
la OEA al respaldar el golpe. La derecha europea es cómplice de las
flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de sus compinches
durante el gobierno golpista ”.
El Partido de la Refundación Comunista -
Izquierda Europea exige, por tanto, "el respeto a la soberanía boliviana y
la independencia de sus órganos judiciales en el juicio contra Áñez y los 14
funcionarios involucrados, quienes serán juzgados de acuerdo con las leyes del
país y no las del Derecho europeo". (https://bit.ly/3eE2e4C)
LA UNION EUROPEA: ¿LOS NUEVOS CONQUISTADORES?
Las fuerzas de extrema derecha afirman a la UE que 'la
democracia está amenazada' en Bolivia en un intento por socavar al gobierno
elegido democráticamente, dice Miriam Amancay Colque
The Morning Star de Londres (https://bit.ly/3xuXfvA)
Hoy, a petición de los diputados de Vox de
extrema derecha española del Parlamento Europeo, la Unión Europea escuchará un
debate sobre el tema de los derechos humanos en el Estado Plurinacional de
Bolivia.
Están planteando el caso de la extrema derecha
boliviana que afirma que “la democracia está amenazada” y cuyo principal
objetivo es socavar el gobierno recién elegido legítimamente de Luis Arce y
David Choquehuanca y encubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
la dictadura de Jeanine Anez.
El gobierno del MAS-IPSP persigue a medias a
Anez por su participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019 entre EE.
UU., La UE, la OEA y el Reino Unido que derrocó a otro gobierno legítimamente
elegido bajo el primer presidente indígena, Evo Morales. Queremos
enfatizar, hubo un golpe de Estado en Bolivia.
Todos los derechos humanos básicos fueron
arrebatados sin piedad a más de 1.500 prisioneros; en contraste, Anez está
recibiendo un trato especial y el debido proceso.
Uno debe preguntarse, ¿prestaría la UE alguna
atención a Donald Trump y sus bandas de supremacistas blancos que asaltaron el
Capitolio en sus afirmaciones de que el sistema electoral de los Estados Unidos
les robó una victoria legítima? No lo creemos.
Los reclamos de la derecha fascista boliviana
existen con el propósito de preparar más golpes de estado y cubrir las huellas
de sus propias atrocidades perpetradas durante el año de anarquía y opresión
cuando Anez y sus asesinos colaboradores estaban en el cargo.
¿Y dónde estaban la UE y la Organización de
Estados Americanos cuando ocurrían las masacres, arrestos masivos, persecución
y tortura de opositores?
Todos los días escuchamos testimonios
desgarradores de víctimas que fueron golpeadas despiadadamente, torturadas,
desnudas, obligadas a permanecer de pie día y noche, les pusieron bolsas de
plástico en la cabeza y les gasearon, les prohibieron usar los baños, les
prohibieron dormir bien, las obligaron a despertarse cada día. hora más o menos.
Las mujeres fueron agredidas
sexualmente. Los presos más jóvenes fueron obligados a ducharse con agua
fría y golpeados, obligados a limpiar los inodoros con sus cepillos de dientes.
Con frecuencia, a los presos no se les
proporcionaba comida ni agua, se les prohibía recibir atención médica, se les
prohibía ver a sus familiares y se les humillaba en todo momento.
Todos fueron sembrados de pruebas falsas y
acusados de “sedición y terrorismo” sin prueba alguna, dejando un rastro de
dolor, trauma y tristeza, con huérfanos, viudas y discapacitados.
En el caso de Bolivia, la gran mayoría de las
víctimas fueron los pobres, los indígenas. En resumen, indígenas de piel
oscura que nunca han contado para nada en el esquema europeo de las cosas.
Cuando llegó el Covid-19, dejaron al pueblo
boliviano morir asfixiado en las calles y en sus hogares; arrestar,
golpear y encarcelar a cualquiera que saliera de sus casas.
El número real de muertos asciende a más de
25.000, no a 5.000 como dijo Anez.
Las necesidades de la UE son económicas y
geopolíticas. Es el socio menor del Tío Sam.
Sin duda, hay industrias europeas y
estadounidenses que miran con envidia los depósitos de litio de Bolivia.
Se susurran a sí mismos: "Si tan solo
hubiera un gobierno boliviano obediente que nos permitiera ponerles las manos
encima a tasas favorables".
Bolivia fue despojada de sus depósitos de
estaño y plata que solo sirvieron para enriquecer a la élite europea.
Los indígenas bolivianos fueron explotados y
obligados a trabajar en las minas junto con los africanos que fueron
desarraigados de Mama Africa, tratados ignominiosamente como esclavos y todos
considerados prescindibles.
Murieron como moscas. Algún día la
historia tendrá que reconocer este genocidio.
Esta es una de las razones por las que el
pueblo boliviano eligió previamente a Morales y ahora al presidente Arce del
MAS-IPSP para gobernar: para detener la violación de nuestro país.
La élite boliviana corrupta que ahora le
suplica apoyo busca mantener esta historia asesina.
Si la Unión Europea vota para apoyar a la
extrema derecha boliviana en sus esfuerzos, solo podemos asumir que los mismos
valores que motivaron a los conquistadores están vigentes hoy en la UE
democrática.
Nuestro pueblo busca justicia y reparación para
las víctimas del golpe. Nuestra gente quiere vivir en paz y armonía con el
resto del mundo.
Vivimos durante milenios practicando los
valores humanos con la sabiduría y la enseñanza o nuestras raíces ancestrales
que definen nuestra identidad y cultura como se refleja en la famosa frase
quechua “Ama sua, ama llulla, ama quella!”. (No robes, no mientas, no seas
holgazán).
No podemos permitir que gane la
impunidad. ¡Basta de asesinatos, basta de destrucción, basta de
interferencia y basta de injusticia!
Jallalla Bolivia!
DEMOCRACIA BAJO AMENAZA: UE INSTA A NO
RESPALDAR A LOS CONSPIRADORES GOLPISTAS BOLIVIANOS, DICE PORTAVOZ EN CARTA
ABIERTA
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3b6515J)
La impactante carta llega en medio de renovadas
tensiones en el país latinoamericano poco después de las elecciones regionales,
con paramilitares de derecha y partidarios del golpe de 2019 que se movilizaron
para nuevos enfrentamientos con el gobierno recién designado Movimiento por el
Socialismo (MAS-IPSP).
El movimiento de Resistencia Bartolina Sisa en
el Reino Unido, una organización que representa a las mujeres indígenas en
Bolivia, escribió el martes una carta mordaz a la Oficina del Parlamento
Europeo en el Reino Unido instando a los eurodiputados a no apoyar a los grupos
de derecha en el país.
La carta llega cuando los eurodiputados del
partido de derecha español Vox se dirigían a la Unión Europea sobre
presuntos abusos de derechos humanos en Bolivia bajo el gobierno
recién elegido de Luis Arce y David Choquehuanca.
Pero el actual gobierno MAS-IPSP buscó llevar ante la justicia a la ex presidenta
interina Jeanine Anez, cuyo golpe de Estado obligó al ex presidente boliviano
Evo Morales a abandonar el poder en 2019, de manera "a medias", se
lee en la carta.
Según la portavoz, los derechos humanos de más
de 1.500 prisioneros del gobierno golpista fueron "arrebatados sin
piedad", a pesar de que Anez recibió "un trato VIP y el debido
proceso" bajo la administración de Arce.
"Uno debe preguntarse, ¿la UE le prestaría
alguna atención a Donald Trump y sus bandas de supremacistas blancos que
irrumpieron sin éxito en el Capitolio, en sus afirmaciones de que el sistema
electoral estadounidense les robó una victoria legítima? No lo creemos",
dijo Colque. .
Tales afirmaciones conducirían a más golpes de
estado y encubrir las atrocidades cometidas durante el gobierno anterior, dijo.
Ella preguntó en la carta: "¿Dónde estaba
la UE, la [Organización de Estados Americanos] cuando ocurrían las masacres,
arrestos masivos, persecución y tortura de opositores?"
Crímenes y atrocidades del gobierno de Anez,
Guerras de litio
La portavoz explicó los numerosos abusos de
derechos humanos cometidos durante el gobierno de Anez según los testimonios de
las víctimas, incluidas denuncias de golpizas, torturas y otros.
Las mujeres fueron agredidas sexualmente y los
presos más jóvenes fueron obligados a ducharse con agua fría y
golpeados. Las víctimas también fueron obligadas a cepillarse los dientes
con los cepillos de dientes que se utilizan para limpiar el suelo de las
cárceles.
A muchos presos se les negó comida y agua, así
como atención médica o acceso a amigos y familiares, entre otros, explicó.
Las autoridades colocaron pruebas falsas sobre
las víctimas y las acusaron de "sedición y terrorismo".
Los bolivianos murieron en sus hogares en medio
de la pandemia de COVID-19, pero las personas que abandonaron sus hogares
fueron golpeadas y encarceladas por hacerlo, explicó, y agregó que la mayoría
de las víctimas eran personas pobres e indígenas.
"Las necesidades de la UE son económicas y
geopolíticas. Es el socio menor del Tío Sam. Sin duda, hay industrias europeas
y estadounidenses que miran con envidia los depósitos de litio de Bolivia. Se
susurran a sí mismos, 'si tan solo hubiera un gobierno boliviano obediente' '.
eso nos permitiría tenerlas en nuestras manos a tasas favorables ”, dijo en un
comunicado.
El Salar de Uyuni de Bolivia tiene las reservas
de litio más grandes del mundo y se utiliza para construir productos
electrónicos de consumo como baterías de vehículos eléctricos, teléfonos
inteligentes y otros.
Los bolivianos buscan ayuda de los líderes de
la UE
Hablando sobre la reelección de los candidatos
del MAS, los bolivianos habían elegido previamente a Morales y actualmente al
presidente Arce para poner fin a la "violación" de la nación.
"La élite boliviana corrupta que ahora le
suplica apoyo, busca mantener esta historia asesina. Si la Unión Europea vota
para apoyar a la [derecha] boliviana en sus esfuerzos, solo podemos asumir que
los mismos valores que Los conquistadores motivados están en funcionamiento hoy
en la UE democrática ”, dijo.
El pueblo boliviano buscó justicia y reparación
para las víctimas del golpe, dijo Colque, y agregó que deseaba vivir en paz con
el mundo como lo ha hecho a través de sus raíces ancestrales durante más de mil
años.
"No podemos permitir que gane la
impunidad. Basta de asesinatos, basta de destrucción, basta de injerencias y
basta de injusticia", concluyó.
La carta llega pocos días después de los informes de nuevas tensiones en Bolivia, es decir,
después de que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa Murga, accediera a reunirse
con el golpista Luis Fernando Camacho y otros grupos de derecha poco después de
que se llevaran a cabo las elecciones regionales.
La administración Arce instó a los enviados de
Estados Unidos y Brasil en marzo a evitar interferir en los asuntos internos de
la nación, es decir, después de que Anez se enfrentara a cargos de sedición,
terrorismo y conspiración contra el estado.
Los cargos están relacionados con el papel de
Anez en el golpe de estado de 2019 y su detención se extendió seis
meses. La noticia del arresto provocó duras críticas por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony
Blinken, y otros en Washington.
ABOLIR LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
Green Left de Australia (https://bit.ly/3aKLcjR)
Los miembros de la comunidad latinoamericana de
Sydney quieren que se procese al secretario general de la Organización de
Estados Americanos, Luis Almagro, y se suprima el organismo regional.
La Asociación de Derechos Humanos en Bolivia
(AHRB) organizó una protesta como parte de esta campaña cerca de Circular Quay
en Sydney el 24 de abril.
El portavoz de la AHRB, Juan Carlos Borda, leyó
una declaración que cita a Almagro y el papel de la OEA en el golpe de 2019
contra el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, como motivo para que
comparezca ante un juicio.
A pesar de la falta de evidencia creíble,
Almagro y la OEA denunciaron fraude en las elecciones presidenciales de octubre
de 2019 ganadas por Morales. Estos reclamos fueron utilizados por la
oposición y los militares para llevar a cabo un golpe de estado y,
posteriormente, masacres en las que murieron decenas de personas.
El Movimiento al Socialismo de Morales ganó las
elecciones presidenciales de octubre pasado, luego de que las protestas
obligaron al gobierno golpista a permitir que los bolivianos regresaran a las
urnas.
EL DILEMA DE ÁÑEZ, ENTRE EL ANTES Y EL DESPUÉS
DEL PODER
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3e1ZZZw)
Sus abogados y aliados reclaman para ella
privilegios de expresidenta, aunque parece cada vez más probable que Jeanine
Áñez (1019-2020) sea juzgada y hasta condenada en Bolivia por lo que hizo antes
y no después de tomar el Gobierno.
Al juicio penal ordinario que Áñez espera en
detención preventiva desde hace más de un mes, se sumaron en las últimas
semanas cuatro demandas de juicios de responsabilidades contra la también
exsenadora, que saltó a la Presidencia tras el derrocamiento de
Evo Morales (2006-2019) en noviembre de 2019.
Hay diferencias de forma y de contenido en los
procesos, a partir del antes y el después del abrupto cambio de régimen
ocurrido en el país sudamericano tras 37 años de sucesiones democráticas y
pacíficas de gobiernos, el período de estabilidad más largo en la historia
boliviana.
"El oficialismo, que es lo mismo que decir
el bloque político mayoritario echado del poder por los sucesos de 2019 y que
volvió por vía electoral, juega ahora en dos escenarios en su afán de condenar
a Áñez", dijo a Sputnik el abogado constitucionalista Bernabé Lema,
exasesor del Tribunal Constitucional.
Explicó que un juicio ordinario podría
resolverse estrictamente en los tribunales, en tanto que un juicio de
responsabilidades debe pasar por el filtro o voto político del Parlamento, con
alto riesgo de que no supere esa etapa.
Antes…
Lema consideró "altamente probable"
que solo el juicio ordinario y no el proceso de responsabilidades, llegue a su
fin con una condena a Áñez y a algunos de sus colaboradores en el golpe de
Estado que los llevó al poder en 2019, que los acusados defienden como
"sucesión constitucional".
"La definición judicial de si fue golpe o
sucesión constitucional es la clave de la condena o inocencia de Áñez, y he
aquí que éste, siendo el presunto delito políticamente más grave porque se
refiere a la institucionalidad democrática, resulta siendo encarado por el
juicio más simple", señaló.
Añadió que "nadie debería gozar del
derecho a un juicio de responsabilidades por tomar el poder violando la
Constitución; esto es lo que sostiene la acusación".
A la acusación inicial presentada por la
exdiputada oficialista Lidia Patty, que desencadenó en el proceso y la
detención de Áñez, dos exministros y varios exjefes militares y policiales, se
incorporaron esta semana el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el
Gobierno de Luis Arce a través del Ministerio de Gobierno.
Rodríguez pidió un juicio ordinario contra Áñez
por los delitos de sedición y violación constitucional cometidos tras la caída
de Morales, por haberse autodesignado presidenta del Senado siendo entonces
segunda vicepresidenta de esa Cámara en representación de la minoría y sin
derecho a un cargo parlamentario más alto.
Así, la "ilegal" presidenta del
Senado convocó luego a una sesión bicameral que no llegó a instalarse por falta
de quórum, pese a lo cual se autoproclamó presidenta del Estado en
representación del Parlamento en una reunión a la que asistió solo una decena
de sus seguidores, según la denuncia de Rodríguez.
El Ministerio de Gobierno, por su parte,
estableció que en el procedimiento utilizado para tomar el poder, Áñez se
adjudicó "ilegalmente" la sucesión presidencial, violando la Constitución
y los reglamentos parlamentarios y hasta atribuyéndose facultades
interpretativas del Tribunal Constitucional.
...Después
El constitucionalista Lema afirmó que si Áñez
fuese declarada culpable en el juicio ordinario, lo que hizo después de tomar
el poder ya no sería materia de un juicio de responsabilidades porque pasarían
a ser solo delitos comunes.
"Una condena en el juicio ordinario en
curso la convertiría en usurpadora del poder, no tendría el carácter de
expresidenta", dijo.
La defensa de Áñez fracasó en un recurso
judicial debatido esta semana, mediante el cual pretendía principalmente
que la denuncia de sedición y conspiración fuera trasladada a
un juicio de responsabilidades.
"El juez rechazó el recurso al considerar
que se debe hacer una división entre antes y después de los hechos
investigados, por lo cual el caso se mantiene en la jurisdicción
ordinaria", dijo su abogado, Luis Guillén.
Según Lema, el intento de la defensa de que no
sea procesada por la vía penal ordinaria "apuntaría a bloquear todo
proceso, porque un juicio de responsabilidades difícilmente sería aprobado por
el parlamento en la actual correlación de fuerzas".
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS)
tiene mayoría simple en las dos Cámaras y requiere votos de la oposición
conservadora para sumar los dos tercios necesarios para autorizar el
enjuiciamiento especial de Áñez.
Pese a ello, el Gobierno ha presentado cuatro
demandas, y anuncia una quinta, de juicios de responsabilidades contra la
expresidenta.
Los partidos opositores Comunidad Ciudadana,
liderado por Carlos Mesa, y Creemos, encabezado por Luis Fernando Camacho,
aliados iniciales de Áñez, sostienen que el cambio de Gobierno de 2019 fue legal pero no han
anunciado formalmente si darán sus votos legislativos para enjuiciar a la
expresidenta en el Tribunal Supremo.
"La oposición puede bloquear en el
Parlamento los juicios de responsabilidades, pero no puede más que protestar y
eventualmente defenderse ante el juicio ordinario", advirtió Lema.
Los juicios especiales están actualmente en
fase de investigación en la fiscalía, antes de ser remitidos a voto
parlamentario.
CASOS CONTRA EX LÍDERES LATINOAMERICANOS: UN
DESAFÍO PARA LA CREDIBILIDAD DE LOS TRIBUNALES
Las investigaciones que involucran a figuras políticas
actuales y anteriores han abierto un debate sobre la independencia judicial, la
impunidad y la persecución.
El País de España (https://bit.ly/32ZYDbu)
Algunos enarbolan la bandera de los valores de
la justicia. Otros, los que han sido investigados y sus seguidores, hablan
solo de persecución. En el medio, hay mucho ruido y una colección de
instituciones que regularmente se ven cuestionadas. De México a Argentina
pasando por Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia, dejar el poder se ha
convertido en un precursor casi automático de terminar ante un juez. Cada
caso es diferente, al igual que el alcance de las investigaciones y la gravedad
de las denuncias, pero el fenómeno es transversal y ha abierto un debate en
torno a la independencia judicial, la impunidad y la injerencia política en
América Latina.
La reciente anulación de las condenas de Luis
Inácio Lula da Silva en Brasil, confirmada esta semana por la Corte Suprema, es
el último ejemplo de una tendencia que está poniendo a prueba la credibilidad
de los tribunales o, en el peor de los casos, socavándolos. La premisa
general en toda la región es el profundo atrincheramiento de una corrupción que durante
décadas ha convivido con la clase política y corroído el sistema. También
ha erosionado la confianza de una población que, cada vez más dividida, acaba
defendiendo sus creencias políticas mientras le dan la espalda al estado de
derecho. Estos son los principales procesos judiciales en los que se han
visto implicados o afectados ex dirigentes latinoamericanos.
Brasil
El encarcelamiento -y posterior anulación de la
condena- del expresidente Lula da Silva puso al descubierto el sistema judicial
brasileño ante los ojos del mundo. Según los investigadores, Lula fue
el principal beneficiario de un esquema de corrupción dentro
de la empresa estatal de energía Petrobras. Su sentencia en 2018 por
cargos de lavado de dinero y corrupción fue considerada un trofeo por los
investigadores, cuya investigación había sacudido a la clase política durante
cuatro años. En 2021, habiendo sido restituidos sus derechos políticos por
los tribunales, es el líder del Partido de los Trabajadores (PT) quien ahora
está poniendo todo el caso contra las cuerdas después de
descubrir unos 100 mensajes entre el fiscal y el juez que preside, Sergio.
Moro, aparentemente conspirando para que Lula da Silva sea condenado.
La amplia investigación, denominada Lava
Jato (Operación Car Wash), ha perdido prestigio e impulso. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tampoco ha presentado
ninguna queja por la liquidación de la operación. Una investigación sobre
su propio hijo, el senador Flavio Bolsonaro, por presunto lavado de dinero ha
llevado al presidente a abandonar la retórica anticorrupción que le valió las
elecciones generales. “Le he puesto fin a Lava Jato porque no hay más
corrupción en el gobierno”, dijo Bolsonaro en octubre pasado. Fue un giro
radical en la historia de un político que ganó el poder convenciendo a los
brasileños de que lucharía contra la apropiación indebida del poder y que
instaló a Moro como su ministro de justicia. Moro colgó su túnica en 2019
y un año después renunció a su cargo de gobierno, acusando al presidente de
interferir en el funcionamiento de la Policía Federal.
Hoy, Bolsonaro mantiene su control del poder
rodeado en el parlamento de aliados que fueron investigados en la Operación
Lavado de Autos. La investigación que sacudió la política brasileña siguió a
otro caso de corrupción a gran escala, el llamado escándalo
del mensalão de 2005, que se centró en sobre sobornos políticos a
miembros del Congreso a cambio de respaldar proyectos gubernamentales durante
el primer mandato de Lula da Silva. También estuvo lejos de ser el primero
en caer en manos del Tribunal Supremo.
La longevidad de Lava Jato llevó a la creencia
de que tendría un final diferente a otras operaciones judiciales dirigidas a
políticos y empresarios, que siempre han tenido la tendencia de ser expulsados
de los tribunales por razones técnicas. La sensación de impunidad fue
interrumpida por mensalão , que llevó a la condena de varios
políticos del PT, pero durante la cual Lula da Silva no fue acusado de
irregularidades. Fue durante las decenas de sesiones judiciales
televisadas del juicio mensalão en 2012 que la población en
general se familiarizó con los nombres de los jueces de la Corte Suprema.
La influencia del poder judicial en la política
brasileña se hizo evidente un año después con la Operación Lavado de Autos. Los
magistrados de la Corte Suprema refutaron decisiones del gobierno con
sentencias expresas y fechas politizadas para las audiencias. Los jueces
conceden entrevistas con regularidad para transmitir sus opiniones a la
población en general.
México
En México, la cruzada contra el expresidente Enrique Peña Nieto y su séquito se
ha vuelto cada vez más intensa a medida que el Ministerio Público escruta el
sexenio (2012-18) del hombre que se encargó de modernizar el venerable Partido
Revolucionario Institucional (PRI) , que había gobernado México
ininterrumpidamente durante 80 años hasta el año 2000. La figura clave en el
efecto dominó de la corrupción que el expresidente y sus allegados están
acusados de coordinar es Emilio Lozoya, exdirector general de la energética
estatal Pemex y Peña. Responsable de campaña de Nieto.
Lozoya, quien fue extraditado de España en
agosto pasado, está acusado de ser el testaferro de una red multimillonaria de
sobornos relacionada con la constructora brasileña Odebrecht., que estuvo en el centro de
un escándalo de corrupción mundial y en 2019 admitió haber hecho pagos de
fondos para sobornos a campañas electorales en toda América Latina. Luego
de llegar a un acuerdo con los fiscales, Lozoya confesó haber distribuido
maletas llenas de dinero de Odebrecht durante la campaña
electoral. También dijo que varios parlamentarios recibieron sobornos para
apoyar la campaña de Peña Nieto para privatizar el sector energético. El
expresidente mexicano, que ahora vive en la capital de España, Madrid, no se ha
pronunciado sobre las acusaciones en su contra. Por el momento, los
fiscales solo han ordenado la detención de su exsecretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, como parte de la investigación, dejando en claro su
creencia de que Peña Nieto utilizó a Videgaray y Lozoya como
"instrumentos".
Otros ministros del gobierno de Peña Nieto
también han caído en manos del sistema judicial. Rosario Robles,
exsecretaria de Desarrollo Social y Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorio y Urbano, se encuentra en custodia preventiva por su presunta
participación en un vasto caso de corrupción conocido como La Estafa
Maestra que involucra la malversación de enormes cantidades de fondos
públicos. . A fines del año pasado, el exsecretario de Defensa Salvador
Cienfuegos fue arrestado en Estados Unidos por cargos de
narcotráfico. Luego de una extradición sin precedentes a México, fue
absuelto.
Ante la creciente evidencia que vincula a Peña
Nieto y su séquito con varios presuntos delitos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha propuesto una controvertida encuesta pública, que ha sido
respaldada por la Corte Suprema, para permitir que los ciudadanos decidan si
cinco ex presidentes mexicanos deben ser puestos en libertad. en juicio.
Argentina
El sistema de justicia no goza de una buena
imagen pública en Argentina. Su credibilidad ha caído por debajo del 8%,
menos de la mitad que hace una década, según los últimos datos del Observatorio
Argentino de Socialdemocracia. El gobierno, lejos de buscar revertir esta
tendencia, ha acusado al Poder Judicial de estar politizado. Y el
establishment político logró una reciente victoria cuando la Corte Federal de
Casación Penal archivó una investigación a la ex presidenta y actual
vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, conocida como el caso de los
“futuros del dólar”, relacionado con un presunto fraude en la compra de divisas.
y uno de los casos más débiles abiertos actualmente contra el líder argentino
entre 2007 y 2015. En lo que respecta a la oposición, los cambios
judiciales que busca el gobierno tienen un solo objetivo:
“En marzo o abril de 2018, cuando ni siquiera
pensaba postularse, Lula fue sentenciado en Brasil, donde el juez Moro y los
fiscales inventaron un caso para incriminarlo. Escribí un
La nota llamada ArgenLula para mostrar las
similitudes con lo que estaba pasando en Argentina en ese momento ”, dijo la
semana pasada el presidente Alberto Fernández.
“No tengo ninguna duda de que aquí sucedió algo
que nunca antes había sucedido: el gobierno utilizó el sistema de justicia para
acosar a sus oponentes. No tengo duda. Y así sucedió con Lula, quien
encontró correos electrónicos entre el juez Moro y los fiscales pidiendo que se
apresuraran los fallos para evitar que [Lula da Silva] se postulara como
candidato. En Argentina también están sucediendo cosas como esta:
llamadas, cotejos telefónicos y correos electrónicos de convocatoria al Poder
Judicial, que el expresidente sabía que existía ”, agregó Fernández en
referencia a la publicación de supuestos encuentros entre el expresidente Mauricio Macri y los jueces que gobernaban.
en un caso contra un grupo empresarial vinculado a Fernández de Kirchner.
De prosperar la reforma judicial propuesta por
el gobierno, el poder de los jueces federales disminuirá: el número de
magistrados pasará de 12 a 46. Los principales casos contra Fernández de
Kirchner, que incluyen denuncias de lavado de activos, asociación ilícita y
administración fraudulenta, entre otros. , están en manos de este tribunal.
La vicepresidenta niega las acusaciones en su
contra y ha asegurado que es víctima de acoso judicial, teoría que ha ganado el
apoyo del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria. “Ella, que no tiene
nada que ver con esto, que es inocente, que fue acusada en los medios, política
y judicialmente, solo pide que el mismo sistema judicial la libere de culpas y
acusaciones, que es lo que debe hacer cuando uno tiene No hice nada malo ”,
dijo Soria.
Algunos de los casos contra Fernández de
Kirchner parecen tener poca base sólida, pero no los que están
investigando el rápido enriquecimiento de la familia Kirchner durante
sus 12 años en el poder. Sin embargo, es claro que los casos que involucran
a la élite política cobran impulso o se ralentizan dependiendo de quién ocupe
el palacio presidencial de la Casa Rosada, lo que solo sirve para agregar a la
falta de confianza pública en los jueces a los ojos de una ciudadanía
polarizada. .
Perú
Para comprender el alcance de la corrupción en
Perú basta con señalar que seis de los últimos siete presidentes se encuentran
actualmente bajo investigación. Pero no es solo eso. El sistema
judicial, que debe entenderse es responsable de frenar la corrupción, se vio
envuelto en un escándalo en 2018 que descubrió una mafia sistémica que incluía
el pago de sobornos a cambio de fallos e irregularidades en los nombramientos
de jueces y fiscales. La larga sombra de irregularidades amenaza todo el
sistema institucional de un país donde casi una cuarta parte de la población
vive en la pobreza y no tiene acceso a agua potable, pero donde la corrupción
se considera el problema nacional más acuciante.
Alberto Fujimori (1990-2000) está preso por
corrupción y crímenes de lesa humanidad . Alejandro Toledo
(2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynsky (2016-2018)
están acusados de estar involucrados en el escándalo de Odebrecht, al igual
que Alan García, quien se suicidó cuando estaba a punto de ser
detenido. Martín Vizcarra (2018-2020) está siendo investigado por
presuntos pagos ilícitos. Solo Valentín Paniagua, el presidente interino
entre 2000 y 2001, no está bajo el microscopio judicial.
En este panorama, que también se extiende a
congresistas y alcaldes municipales, el Poder Judicial ha criticado duramente a
exlíderes vinculados a Odebrecht, cuya influencia en la política peruana salió
a la luz en 2017. Con varios casos en curso, Toledo se encuentra detenido en el
Estados Unidos a la espera de una orden de extradición, Humala cumplió condena
en prisión y Kuczynsky permanece bajo arresto domiciliario.
El sistema judicial, mientras las
investigaciones siguen abiertas, está pendiente de una reforma que la
inestabilidad política ha dejado temporalmente en un segundo plano y que estará
en la bandeja de la nueva mandataria tras la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko
Fujimori en Junio.
Colombia
La yuxtaposición de las palabras “líder
político” y “justicia” en Colombia suele producir el mismo resultado: Álvaro
Uribe. El expresidente suscita veneración y odio casi a partes iguales
entre los colombianos. Sus partidarios lo ven como una víctima de
persecución y todos los demás, no necesariamente limitados a opositores y
detractores, quieren ver despejado el aire que rodea al hombre que gobernó
durante uno de los períodos más oscuros de la guerra con las FARC.
Durante sus dos mandatos, de 2002 a 2010, el
ejército colombiano llevó a cabo más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales de
civiles que posteriormente se hicieron pasar por guerrilleros de las FARC
muertos en combate, los llamados "falsos positivos". Esa cifra
fue calculada por la Jurisdicción Especial para la Paz en febrero, casi
triplicando la estimación anterior del Ministerio Público.
La investigación que condujo al arresto
domiciliario de Uribe en agosto pasado estuvo marcada por este contexto
histórico pero también está vinculada a la presunta manipulación de testigos en
un caso contra la actividad paramilitar que se inició en 2012. La acusación del
líder izquierdista Iván Cepeda buscaba probar vínculos entre Uribe y
organizaciones paramilitares. Este último a su vez acusó a Cepeda de
orquestar un complot en su contra, pero el Poder Judicial archivó ese caso y
abrió otro contra Uribe que pasó a la Corte Suprema. Sin embargo, luego de
su arresto, Uribe renunció a su cargo y renunció a la protección legal que
ofrecía la presidencia, lo que llevó a que su caso fuera remitido al Ministerio
Público, que en marzo recomendó que se retirara el caso. Desde entonces,
Más allá de sus repercusiones judiciales, el
caso contra Uribe, al igual que su personaje político, lleva años dividiendo al país . Colombia salió recientemente de
un conflicto armado que duró medio siglo y el camino hacia la reconciliación se
basa en el principio de búsqueda de la verdad. La severidad de las
sospechas que rodean al expresidente y las acusaciones en su contra se han
medido precisamente por el dolor causado por la guerra y el deseo de vastas
franjas de la sociedad de trazar una línea en el conflicto.
El actual presidente, Iván Duque, ha defendido
constantemente a su predecesor. Como Uribe, ha rechazado
inequívocamente los acuerdos de paz propiciados por el expresidente Juan
Manuel Santos que llevaron a la desmovilización de las FARC. Uribe no está
dispuesto a admitir ningún tipo de responsabilidad y está en manos del Poder
Judicial determinar su futuro.
Ecuador
Fue uno de sus primeros mensajes luego de que
se conocieran los resultados de las elecciones el domingo pasado y lo repitió
el lunes en su primera declaración pública: el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso , prometió
que no habría persecución en su mandato. “Ese ha tenido su día”, dijo el
veterano líder conservador. Esa declaración por sí sola no tendría
precedentes en condiciones normales, como se preguntaría al respecto durante
una conferencia de prensa. Pero Ecuador tiene un precedente muy reciente.
El expresidente Rafael Correa sigue siendo una
de las figuras más influyentes en la política ecuatoriana pero ejerce esa
influencia desde lejos debido a sus problemas legales. En los últimos
cuatro años los tribunales han acumulado una decena de casos contra Correa y el
año pasado el líder de la llamada “revolución ciudadana” fue condenado en
rebeldía por soborno. Correa reside actualmente en Bélgica, el país natal
de su esposa, y en una entrevista con EL PAÍS afirmó que se le impide regresar a
Ecuador por temor a que se postule nuevamente a la presidencia y gane.
Las investigaciones sobre Correa comenzaron
cuando dejó el cargo en 2017, pasando el testigo a su protegido Lenín Moreno,
quien entregará el poder a Lasso en mayo. Moreno ganó las elecciones de
2017 en gran parte porque se presentó como un candidato de continuidad aliado a
los ideales de Correa, pero una vez en el cargo rompió con su mentor, a quien
había servido como vicepresidente de 2007 a 2013. Correa se negó a regresar a
Ecuador para enfrentar un juicio que él cree que es abiertamente
político. Y optó por seguir jugando su mano desde el
extranjero. Correa respaldó la candidatura de su aliado político Andrés
Arauz en las elecciones pero este último fue derrotado por Lasso en la segunda
vuelta.
El regreso de Correa al redil político en
Ecuador sigue siendo complicado. A pesar de la seguridad de Lasso de que
la persecución ha tenido su día, el sistema de justicia seguirá su curso.
Bolivia
La líder más reciente de Bolivia, Jeanine Áñez,
fue detenida en marzo junto con otros miembros de la administración interina
que gobernó durante un año después de llegar al poder en medio de una
convulsión social tras la renuncia y autoexilio de Evo Morales, quien renunció.
en medio de acusaciones de fraude en las elecciones de 2019 y tras la retirada
del apoyo de los militares. Morales salió del país, encontró refugio en
México y luego buscó refugio en Argentina. Una de las primeras acusaciones
formuladas contra Morales por el gobierno interino de Áñez fue de
"sedición y terrorismo". Morales regresó a Bolivia luego de 11
meses en noviembre, luego de que la victoria electoral de Luis Arce devolviera
al poder su Movimiento por el Socialismo (MAS). Posteriormente, Áñez fue
detenido por los mismos cargos de “sedición y terrorismo” y permanece en
prisión preventiva.
Este ciclo de desgaste político no solo
representa un proceso judicial cuestionado por varias organizaciones, incluida
Human Rights Watch: también es un retrato de una sociedad rota y de una clase
política que prioriza la venganza personal sobre los problemas reales y
apremiantes que enfrenta Bolivia. Arce dijo a EL PAÍS tras su victoria
electoral que no buscaría saldar cuentas viejas: “No queremos venganza en
Bolivia, hay muchas cosas por hacer”. Arce, que tiene una trayectoria más
pragmática que Morales, dijo más tarde que la detención de Áñez no se basó en
venganza ni se llevó a cabo como un acto de “odio”.
“Lo que nos impulsa es un deseo inquebrantable
de justicia”, dijo Arce.
VACUNAS Y EVITAR MÁS OLAS DE COVID-19, CLAVES
PARA REPUNTE ECONÓMICO DE BOLIVIA: EXPERTOS
Para el ex presidente de la Asociación de Bancos Privados de
Bolivia, "el tema sanitario es la base para todo" y dependiendo de
que no existan más olas de contagio y se acelere la vacunación es posible que
haya "mejores números".
Milenio de México (https://bit.ly/3t3Obdy)
El tema sanitario como base, con una gestión de
la pandemia en la que se eviten otras olas de contagios junto al proceso de
inmunización, es fundamental para la normalización de actividades económicas,
un repunte macroeconómico de Bolivia y la buena salud de su sistema financiero.
"La crisis sanitaria continúa siendo
compleja y desafiante en el mundo entero (...) y es la estabilización sostenida
de la pandemia, inclusive en Bolivia, lo que va a permitir la reactivación
gradual de la producción, el comercio y la venta de servicios", aseguró el
vicepresidente sénior y oficial de Crédito Grupal de la calificadora Moody's,
Gersan Zurita.
Cuestiones como los efectos de la pandemia
sobre el crecimiento económico, el panorama de la industria de seguros y los
desafíos del sector financiero fueron parte del seminario telemático
"Inside LatAm: Bolivia", organizado por la calificadora Moody's y en
el que también participaron expositores de entidades del país.
Calificación y crecimiento de Bolivia
"Moody's bajó la calificación dos veces el año 2020" de Ba3 a B1 y a
B2 por el "deterioro del precio crediticio soberano" tras valorarse
aspectos como la economía, la posición fiscal y la posición externa" en
Bolivia, explicó el vicepresidente y director de crédito de Moody's Sovereign
Risk Group en Nueva York, William Foster.
El experto se refirió a un ambiente "más
difícil" y de crecimiento "más bajo" del país con relación al
inicio de la década pasada en la que el producto interno bruto (PIB) aumentaba
alrededor de un 5 por ciento, pero que pasó a 4 por ciento después de 2015,
mencionó.
"Ahora (para 2021) esperamos un 3 % (de
crecimiento) en el futuro y refleja un cambio en el ambiente" en sectores
como el de hidrocarburos y materias primas, "con precios más bajos que
antes", dijo Foster, a pesar de que las estimaciones del Gobierno Luis
Arce mencionan un 4.4 por ciento de crecimiento. Foster mencionó que ahora los
déficits "son más grandes que antes" y que la situación de Bolivia
"va a continuar con déficits grandes" por problemas principalmente en
sector de hidrocarburos que es "una fuente muy importante de
ingresos".
Algunos de los "desafíos claves" de
Bolivia según Foster, son los pagos de deuda en los siguientes años, el manejo
de las reservas monetarias o de divisas, que descendieron de 13 mil millones de
dólares a alrededor de 2 mil , la consolidación de la posición fiscal y la
diversificación de la economía para "disminuir la dependencia" del
sector de los hidrocarburos.
El sistema financiero boliviano
Para el ex presidente de la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia, Marcelo Trigo, "el tema sanitario es la base
para todo" y dependiendo de que no existan más olas de contagio y se
acelere la vacunación en Bolivia es posible que haya "mejores
números" a partir del segundo semestre de este año.
Trigo mencionó que hasta marzo ha habido
"un pequeño crecimiento de la liquidez" que puede deberse a que la
cartera de créditos de la banca "ha crecido menos" y por operaciones
"concentradas en el corto plazo" como los depósitos a plazo fijo.
También destacó que el "spread" o margen financiero, regido por tasas
controladas, "se está contrayendo de una forma muy importante" y que
eso es algo que "preocupa al sistema" por las dificultades que tienen
los bancos en captar fondos ante un lento crecimiento de las cajas de ahorro y
cuentas corrientes.
Uno de los desafíos más importantes de la banca
boliviana es la mora crediticia condicionada por el diferimiento de cuotas y el
periodo de gracia que se ha concedido a los acreedores de créditos debido a la
pandemia y por lo que esos efectos comenzarán a advertirse en el segundo
semestre, consideró.
Trigo señaló que la mora crediticia tiene
efectos sobre las "energías" de la banca que podrían concentrarse en
ese problema en vez de atender cuestiones como el crecimiento además del nivel
de las utilidades de la banca que repercuten en la generación de nuevos
créditos.
Esto último está relacionado con la cuestión de
la liquidez puesto que sin ella "no hay materia prima" para los
créditos, por lo que enfatizó en que ésta sea una "liquidez
estructural" que no esté puesta en el corto plazo.
Finalmente, también se abordó la situación de
la "industria aseguradora boliviana" cuyo desempeño está relacionado
al crecimiento económico del país, explicó el presidente de la Asociación
Boliviana de Aseguradoras (ABA), Rodrigo Bedoya.
Justamente advirtió que en tanto las
actividades de las inversiones, tanto estatales y privadas no se reactiven
"el decrecimiento del mercado asegurador puede ser muy pronunciado".
Bedoya señaló que las condiciones de la pandemia en Bolivia han hecho que los
accionistas de las compañías de seguros bolivianas tomen acciones por la estabilidad
de esas empresas adoptando en algunos casos "ajustes a nivel técnico o a
nivel de políticas de suscripción".
BOLIVIA ACUMULA SUPERÁVIT COMERCIAL DE $339
MILLONES EN PRIMER TRIMESTRE
The Times de Chile (https://bit.ly/3t7nPY5)
El superávit comercial de Bolivia creció en
marzo por tercer mes consecutivo, para acumular 339 millones de dólares en el
primer trimestre, cuadruplicando con creces el saldo positivo registrado en el
mismo período de 2020, según informó este miércoles el Gobierno.
«El superávit registrado es una muestra clara
de la paulatina recuperación económica que se viene observando, principalmente
en los últimos tres meses», afirmó el Instituto Nacional de Estadística (INE),
en un comunicado que acompañó a su reporte comercial trimestral.
Bolivia había cerrado 2020 con un déficit de 65
millones de dólares, en el marco de una contracción de exportaciones e
importaciones como consecuencia del efecto combinado de crisis económica y
pandemia de covid-19, según explicaciones oficiales previas.
El INE apuntó que las exportaciones del primer
trimestre de 2021 llegaron a 2.294 millones de dólares, con un crecimiento
interanual de 223 millones, o un 11 por ciento.
Las importaciones, a su vez, sumaron 1.955
millones de dólares, con caída de 32 millones o 2 por ciento en comparación con
el mismo período de 2020.
El comercio exterior de Bolivia se achicó en 25
por ciento en 2020, frente a 2019, considerando el valor agregado de
exportaciones e importaciones.
Las exportaciones del año pasado sumaron 7.015
millones de dólares, frente a importaciones por un valor de 7.080 millones,
según el INE.
Para 2020, el Gobierno de Luis Arce ha
pronosticado un crecimiento de las exportaciones a cerca de 8.000 millones de
dólares, a la par de un crecimiento de al menos 4,0 por ciento del Producto
Interno Bruto.
EL INÚTIL DE LA PAZ Y EL STALIN DEL CHAPARE
Arce busca componer las grietas enfrentando al enemigo en
común: la derecha golpista y convenciéndonos de que el sistema de salud y
economía son una maravilla
Panam Post de Panamá (https://bit.ly/3aOj4MK)
En días pasados, y en una típica actitud autoritaria, Evo Morales anunció que haría una purga
al interior de su partido. Hasta ahí, nada nuevo. Lo novedoso radica en el
ataque frontal de Morales contra ministros de gobierno en función (aunque
no mencionó ni carteras ni nombres), a quienes acusó de promover el
«antievismo».
Emilio Martínez, analista político y escritor,
especula que el año que Evo pasó fuera del Chapare fue la oportunidad para que
muchos jóvenes dirigentes adquirieran poder al interior del Movimiento Al
Socialismo. Evidentemente, estos liderazgos no están dispuestos a someterse de
nuevo a una jefatura obsoleta.
Al parecer, el MAS se encuentra en una
disyuntiva: conformar directivas colegiadas o someterse al líder histórico (que
hasta el momento es una suma de fracasos).
Mientras tanto, el presidente Arce Catacora
busca componer esas grietas enfrentando al enemigo en común: la derecha
golpista y vende patria, convencernos que el sistema de salud es una maravilla,
y que la economía se encuentra en plena etapa de recuperación (vamos a salir
adelante es el eslogan publicitario).
Penosamente, ni el sistema de salud es una
maravilla ni la economía va por buen camino. Veamos.
Primero, el plan de
conseguir financiamiento externo colocando 3000 millones de dólares en bonos
soberanos resultó un total fracaso. Por ende, no hay recuperación de las
Reservas Internacionales y las presiones sobre el tipo de cambio continúan
aumentando.
Segundo, e
intentando continuar con el gasto irracional que caracterizó a la gestión
masista, el gobierno nacional destinó 990 millones de Bs. a ECEBOL (una de las
empresas más deficitarias del país y que produce cemento que nadie demanda).
Al respecto, José Padilla, especialista en la
industria del cemento, dijo al periódico Los Tiempos de Cochabamba:
Las dos plantas de ECEBOL, la de Oruro y la de
Potosí, tienen problemas estructurales como la limitada energía eléctrica que
dificulta su plena operación. Además, mencionó que actualmente no hay mercado
para el cemento en Bolivia, situación que desató una sobreoferta del producto a
consecuencia de la baja demanda del sector constructor, que fue golpeado por la
pandemia.
Tercero, el decreto que
limita la exportación de carne es un tiro en la pierna. Ya que por un lado,
perjudica en la recuperación de las Reservas Internacionales. Y segundo,
desabastece el mercado interno (aunque su objetivo haya sido lo contrario).
Cuarto, la creación de
impuestos contra las grandes empresas tecnológicas (las FAANG) va terminar
perjudicando al consumidor final. Además, sacará del mercado a muchos jóvenes
emprendedores. El gobierno no comprende que más impuestos es menor inversión,
menos empleo, más pobreza y mayor informalidad.
Finalmente, el control sobre la salida de
capitales es una medida desesperada que busca frenar la ya elevada fuga de
activos del país. Sin embargo, ese tipo de políticas no sirven para nada, ya
que la huida de los inversionistas es la consecuencia de la destrucción de los
marcos institucionales bolivianos. Por ejemplo, en el índice de Facilidad para
Hacer Negocios 2020 (Doing Business) Bolivia cayó del puesto 111 en 2006 al
puesto 150 en 2020.
Al parecer, Arce Catacora el presidente no
puede solucionar los desastres que causó Arce Catacora el ministro de economía.
Pobre Bolivia que tiene que soportar a un
inútil en La Paz y a un Stalin en el Chapare.
SIN EJEMPLOS QUE EMULAR
El Economista de México (https://bit.ly/3t3fo0a)
El desplome de nuestros ídolos nos ha dejado
literalmente en la orfandad frente a los enigmas del futuro. ¿A quién tratar de
emular ahora?
La solución al enigma puede, en efecto, no ser
tan complicada: ¿Por qué no estudiar y tratar de emular a quienes sí han tenido
mucho éxito?
En México, hemos deambulado por décadas con la
brújula de la historia mundial desorientada. El actual gobierno de la
autodenominada Cuarta Transformación apenas ha podido disimular su
identificación con el régimen populista en Venezuela de la Revolución
Bolivariana. Ello, a pesar del fracaso económico que ha provocado en ese país
hermano de América Latina el experimento chavista del supuesto “socialismo del
siglo XXI”.
Cuando el dictadorzuelo Evo Morales estaba a
punto de caer en la cárcel en su natal Bolivia, se le envió para su rescate un
avión de la Fuerza Aérea de México. Evidentemente, ese acto de aventura
latinoamericana no se incluyó entre los conceptos de la austeridad republicana
de la que tanto presume el régimen de la 4T. ¿Cuánto habrá costado en pesos y
centavos presupuestales el rescate aerotransportado de Evo?
Por años, la izquierda local se ha desgastado
en elogios y evocaciones del esquema de economía estatizada que se implantó en
Cuba a partir del triunfo revolucionario de Fidel. Pero el sol de la realidad
histórica no puede taparse con un dedo, aun si este dedo es el de la poderosa
ideología que ensalza a la lucha de clases y al materialismo histórico. Al
momento actual, ya nadie en su sano juicio se atreve a invocar al régimen
revolucionario cubano como ejemplo a emular por algún otro país.
Pero dicho lo anterior, el desplome de nuestros
ídolos de antaño nos ha dejado literalmente en la orfandad frente a los enigmas
del futuro. Sin embargo, en realidad esa orfandad es tan solo aparente o mas
bien producto de una gran miopía analítica o de falta de imaginación. La
solución al enigma puede en efecto no ser tan complicada: ¿Por qué no estudiar
y tratar de emular a quienes sí han tenido mucho éxito? Tengo en particular en
la mente al caso de Corea del Sur.
En el año de 1960, ese pequeño país de Asia
tenía un PIB per cápita de la mitad del de México. Hoy, a poco más de medio
siglo, nos superan los coreanos por varias veces. ¿Cómo le hicieron para lograr
la hazaña en tan poco tiempo? ¿Cuáles han sido las estrategias y las políticas
económicas que se han dictado desde Seúl para conseguir esos resultados tan
estupendos y admirables? ¿Cómo ha sido el papel que las políticas educativas
han jugado en tan exitoso ejemplo? Es momento de empezar a ilustrarnos.
“CORTAMOS LA PROVISIÓN DE OXÍGENO A BOLIVIA, Y
PARAGUAY TAMBIÉN PIDIÓ”
Entrevista a Álvaro Herrera, propietario de Oxitesa.
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3nxrXQa)
Aún poco acostumbrado a los medios, el
propietario de Oxitesa, empresa de oxígeno, contó que a raíz de la decisión que
tomó Nación de cortar la exportación del producto tuvieron que abandonar la
provisión hacia Bolivia. Mientras que Paraguay también se comunicó pidiendo
asistencia. La empresa salteña cuenta con 20 años en la provincia y también
provee a Jujuy. Aunque también trabaja con Bolivia, Perú, con obras de redes de
gas para hospitales en África y están arribando a España. Con esta proyección
internacional asegura que hay grises en el país de los que “nadie habla” como
las máquinas productoras de oxígeno que, si bien son utilizadas para
internaciones domiciliarias, la Anmat no las autoriza en los hospitales. “Hay
cuestiones políticas, las grandes empresas presionan”, advierte.
Respecto a la demanda del producto en el
mercado, aseguró que la mayor demanda viene de la industria, por lo que indicó
que trabajan en cortar la provisión industrial.
La proyección del oxígeno en pandemia es tal que la Organización Mundial de la
Salud indicó que uno de cada cinco pacientes con la COVID-19 necesitará
oxígeno. “No pensé nunca que mi sector tenga este protagonismo”, aseguró Álvaro
Herrera desde Güemes, donde mudaron la planta recientemente.
¿Cómo está la situación en Salta?
Aún no se ve un incremento como en Buenos
Aires. Sí hubo un aumento del último mes de un 25, 30 por ciento del consumo.
Eso nos pone en una situación difícil, porque hay un problema puntual con el
tema del oxígeno que es que el hecho de que la industria esté consumiendo a los
valores que está consumiendo. Esto hace que lo destinado a salud tenga escasez.
El año pasado la industria estaba totalmente parada y este año está en plena
producción. Hay que comenzar a limitar un poco a la industria, las acerías, el
aumento de producción de acero aumenta la cantidad de consumo. Por ejemplo
Acindar es una empresa de acero que consume mucho. Nosotros estamos ampliando capacidad
de producción, tenemos capacidad de 100 toneladas mensuales en Salta y ahora
estamos en 170. No damos a basto para abastecer el mercado local. Ahora está
bastante complicado el tema de conseguir ese excedente necesario. Se está
trabajando en cortar la industria.
¿Cómo están manejando la situación los países limítrofes?
Perú, Bolivia y Paraguay están con faltante de
productos. Desde Paraguay nos están pidiendo para mandar, nosotros estábamos
enviando a Bolivia, pero hoy nos cortaron eso, que es obvio que tampoco
enviaremos si aquí falta.
Estos países están buscando producción de
oxígeno alternativo para no depender solo del líquido que llega, sino que se
autoabastezcan del propio oxígeno. Eso se hizo en Orán, Cachi y Cafayate en la
primera etapa de la pandemia, se pusieron máquinas que producían oxígeno en los
hospitales. Porque no solo es el producto, es la logística, tener la máquina
propia que produce oxígeno, si bien es más caro, te ahorrás la logística. Hoy
se está viendo de ampliar las redes para algunos otros hospitales. En Salta ya
cerramos la instalación de estas maquinas, además de las instaladas en la
primera etapa estamos esperando las que deben llegar de España que serán
instaladas en el hospital Del Milagro y en Rosario de la Frontera.
Esas maquinas en Europa están considerados como
equipo médicos, pero el principal problema es que en Argentina hay muchas
presiones desde las empresas más grandes y la Anmat no habilita las máquinas
como equipo médico. No está dentro de los canales normales que debería estar.
Hay tal nivel de grises que nadie quiere hablar. Hay que corregir muchas cosas.
Hay mucha política de por medio, pero por sobre todo presiones de las empresas
más grandes.
¿Cuáles son esos grises?
Las máquinas que producen oxígeno utilizan
tecnología PCA, que son la misma que usan los pacientes domiciliarios, que sí
están autorizados por la Anmat. Pero a su vez no autoriza la máquina en los
hospitales. Por eso en este país se terminan haciendo lo que cada uno quiere.
En Buenos Aires las están poniendo. La realidad es que los ministerios pueden
regular por motus propio, muchos lo están aprobando por resoluciones
ministeriales como La Rioja, Jujuy, Salta, Santa Fe, Buenos Aires.
¿Desde Buenos Aires pidieron provisión a empresas del interior
?
Las empresas de Buenos Aires se están
arreglando, lo que sí hay un faltante de producción. Tuvimos una reunión la
semana pasada con la Cámara de Terapia Respiratoria, Cateroc, y ya estábamos
con comunicados para avisarles a nuestros pacientes de la falta de equipo y
producto. Hay un montón de cosas con las que luchamos diariamente: las
restricciones para importaciones, las habilitaciones para las licencias no
automáticas, el giro de divisas para la compra de
equipos. Pero a las urgencias las resolvemos como sea.
Hoy hay que tomar medidas drásticas a nivel
industrial porque tampoco se han previsto un montón de cosas. La pregunta es
por qué no se hacen las inversiones previamente, porque ninguna empresa
invertirá por un mes.
Si bien nosotros sabemos que somos actores
importantes dentro de lo que es la problemática, no somos quienes tienen el
respaldo económico para resolver todo.
¿Observas una burocratización excesiva e innecesaria en
pandemia?
Hace dos meses tenemos tubos de oxígeno que
están viniendo para pacientes y están parados en un depósito fiscal desde hace
dos meses porque no se aprueban las Simi (autorizaciones de aduana para
productos sin licencia automática). A nosotros se nos venció la Simi porque el
proveedor demoró la entrega y ahora demoró el despacho. Son burocracias del
sistema que hacen que no funcione como corresponde.
Los canales de diálogo deberían tener una
línea, imaginate que todas las cosas se hacen en Buenos Aires y es como que
tengamos que estar pidiendo favores, cuando en realidad muchas cosas se
deberían resolver desde aquí, debería ser mucho más ágil. Como las
importaciones de equipo médico por ejemplo y de todo lo que pueda venir por la
pandemia.
Según lo que observas, ¿crees que habría que ir a mayores
restricciones?
La sociedad no entiende que hay que cortar la
circulación, no puede haber este descontrol, que todo el mundo salga a dar
vueltas por el centro como si nada pasara. Después está esto de a quién le
echás la culpa, tampoco nos pueden estar educando a los 50 años. Los medios te
comparan con España y Europa pero aquí es diferente.
Salta no es Buenos Aires, somos pymes, las empresas para dar soluciones son
limitadas. Nosotros no podemos lograr terminar de vacunar y estamos todo el día
metidos en los hospitales.
ASÍ FUE EL HALLAZGO DE LA DROGA Y LAS ARMAS QUE
OCULTABAN TRES BOLIVIANOS EN UNA CASA DE LURÍN
La policía les hizo seguimiento desde el Callao. Se
decomisaron más de 70 kilos de marihuana e incautaron fusiles y municiones. La
investigación estará a cargo de la Dirección Antidrogas
Perú 21 (https://bit.ly/331PdMN)
Cerca de la medianoche del último lunes 26 de
abril efectivos de la Policía Nacional recibieron una
información relevante: una persona de nacionalidad boliviana estaría hospedada
en el hotel Pradera de la cuadra 10 de Av. la Marina, en La Perla Callao, y desde allí iba a trasladar municiones
a una vivienda del distrito de Lurín.
Con
este importante dato, agentes del Grupo Terna y del Escuadrón Verde del
Callao procedieron a verificar la información. Aproximadamente a las 04.00
a.m. de ayer observaron que efectivamente una persona abordó un vehículo,
que al parecer hacía servicio de taxi, por lo que hicieron el seguimiento
respectivo hasta llegar a un inmueble ubicado en la Mz.T Lote 28 de la
Asociación los Claveles, en Lurín.
Una vez allí el objetivo cargó varias cajas con las características de
municiones hacia el interior del referido inmueble.
En ese momento, el personal policial procedió a
intervenir y registrar el lugar. Estaban en el camino correcto, pues
encontraron 4 fusiles con serie erradicada (borrada), 4 cargadoras de las
referidas armas, 1 escopeta retrocarga, 1 pistola metralladora 9 mm, 8
cargadores con capacidad para 30 municiones cada uno. Asimismo, 7 pistolas 9mm
(4 Glock, 1 Beretta, 1 CZ, 1 Tanfoglio y 10 cacerinas).
También
incautaron 3,640 municiones de 9mm y 6,770 municiones para fusiles.
La droga estaba enterrada
Los
efectivos del orden también encontraron droga enterrada y la reportaron
como 70 paquetes que serían de marihuana (un kilo cada paquete
aproximadamente), 31 de estos estaban envueltos con cinta de embalaje color
marrón. Otras 35 estaban envueltos con cinta de embalaje transparente.
La policía no solo incautó droga, armas y
municiones. También un vehículo de carga pesada de placa boliviana
2858YIX, en cuyo interior se encontró 4 paquetes al parecer también de
marihuana (aprox. un kilo cada uno ).
A la
lista de objetos incautados se suman 2 celulares que estaban en poder de los
detenidos: Edwin Soria Calle (31), Luis Gonzales 20 y Deivi Vargas Alanes
(21). Según informó el comandante general de la PNP, César Cervantes
Cárdenas, este caso se trataría de una organización internacional de tráfico
ílicito de armas, municiones y drogas. La investigación estará en manos de la
Dirección Antidrogas.
BOLIVIA: CUATRO CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ SE
CREÓ EL ÁREA PROTEGIDA SERRANÍAS DE IGÜEMBE
Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/3aPI6v3)
En diciembre de 2020, se creo el Área Natural de
Manejo Integrado Municipal Serranías de Igüembe. Fueron 14
comunidades campesinas e indígenas del municipio Villa Vaca Guzmán que
decidieron convertir 122 313
hectáreas de sus bosques en una nueva área protegida.
Serranías del
Igüembre ha sido creada para proteger las fuentes de agua de
este territorio del pueblo indígena guaraní. “El agua es el recurso más
preciado en el Chaco boliviano, uno de los ecosistemas más secos de
Sudamérica”, comenta Henrry Bloomfield, coordinador de Áreas Protegidas de
la Fundación Natura,
institución que apoyó el proceso de creación de Serranías de Igüembe.
Una de las fuentes de agua más importantes de
esta nueva área natural protegida es el río Parapetí, que forma parte de un
sitio Ramsar junto con los Bañados del Izozog.
Serranías del Igüembe también tiene en su
territorio a especies emblemáticas como el oso de anteojos (Tremarctos
ornatus); el puma (Puma concolor); y el tapir, llamado también anta
(Tapirus terrestres).
¿Qué particularidades
tiene esta área protegida declarada a fines de 2020?
1.La defensa del territorio guaraní
El territorio guaraní donde ahora se ha
establecido Serranías del Igüembe estuvieron expuestos a la explotación
petrolera, una actividad que afecta directamente a los ríos y lagunas. Esta fue
una de las razones que impulsó a las comunidades establecidas en estas
tierras a promover la creación de una zona reservada.
En el 2010, el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tentayapi frenó el
avance de la exploración de hidrocarburos en sus tierras. Sin embargo, aún
existe el riesgo por las labores de prospección sísmica que se realiza en un
territorio cercano a este pueblo guaraní.
“La propuesta [de creación del área protegida]
surgió de las comunidades guaraníes del distrito de Igüembe, una zona amenazada
por la sequía y bajo el riesgo de que se instalen en su territorio operaciones
petroleras y de gas”, señala Franklin Barrientos, presidente del Concejo
Municipal de Villa Vaca Guzmán. Una propuesta municipal que surgió en el 2011,
pero recién se concretó nueve años después, en diciembre de 2020.
2.La protección del agua
El Chaco boliviano es uno de los ecosistemas
más secos de Sudamérica, donde el agua es el recurso más preciado. Sin embargo,
las zonas altas del territorio guaraní son más húmedas y allí se forman los
ríos y quebradas que abastecen de agua a los pobladores de todos los valles
bajos.
La lideresa indígena Felicidad Ibarra señala que
actualmente hay muchas comunidades que padecen por falta de agua. Por ello,
estos bosques donde se ubican las fuentes de agua de los guaraní ahora son
parte de Serranías del Igüembe.
“La motivación principal para proteger estos
bosques es preservar los servicios ambientales, fundamentalmente el agua, pero
también otros con potencial para desarrollar actividades ecoturísticas”, dice
Renzo Paladines, director Ejecutivo para América Latina de Naturaleza y Cultura
Internacional (NCI).
3.La última casa del pueblo guaraní
La nueva área protegida Serranías de Igüembe es el hogar
de la comunidad guaraní Tentayapi, declarado Patrimonio Histórico, Cultural y
Natural de Bolivia en el año 2004.
Tentayapi significa ‘la última casa’, y es la
comunidad guaraní que mejor ha mantenido sus tradiciones durante siglos y ha
sabido proteger sus fuentes de agua. “Por su ubicación se trata realmente de la
última casa del municipio”, precisa Paladines, de Naturaleza y Cultura
Internacional (NCI).
“Las casas no tienen puertas ni ventanas. Todos
viven así. No hay robos, no hay violencia. Y se mantienen los valores y las
tradiciones”, señala Franklin Barrientos, presidente del Concejo Municipal de
Villa Vaca Guzmán, sobre la importancia cultural de Tentayapi y en general del
pueblo guaraní.
Henrry Bloomfield, de
la Fundación Natura agrega que el ANMI Serranías de Igüembe
resguarda las formas tradicionales de vida del pueblo guaraní y la gestión
ancestral de sus comunidades campesinas e indígenas sobre la biodiversidad,
recursos naturales y fuentes de agua.
4.Hogar de especies amenazadas
En Serranías del Igüembe habita el oso de
anteojos (Tremarctos ornatus), llamado también jucumari en Bolivia, una
especie emblemática en Sudamérica. Pero también alberga otras especies
amenazadas como el puma (Puma concolor); el gato de monte (Leopardus
pardalis); el tapir (Tapirus terrestres) y el pecarí, también
conocido como sajino o chanchos de monte (Tayassu tajacu).
Entre las aves más representativas están
el Ara militaris, conocido como guacamayo verde o papagayo verde,
catalogada en situación Vulnerable, por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN). En estos bosques también se han
registrado lugares de anidamiento para el cóndor andino (Vultur gryphus),
señala Bloomfield.
En cuanto a la flora, Serranías del Igüembe
alberga al cebil (Anadenanthera colubrina), Mara blanca (Spondias sp.),
lapacho rosado (Tabebuia sp.), cuchi (Myracrodruon urundeuva)
y quebracho colorado o soto (Schinopsis haenkeana), además del
algarrobo chaqueño, el cedro, el nogal y diversas especies de orquídeas.
“El contexto climático en el que vive la
humanidad requiere urgentes estrategias de protección de la biodiversidad a
nivel nacional y a nivel global. Estas medidas radican en la creación de áreas
naturales protegidas y de manejo integrado como es el caso de Serranías de
Igüembe”, comenta Ibarra, de la Coordinadora Nacional de Territorios
Indígenas Originarios y Áreas Protegidas (Contiocap), en el
departamento de Chuquisaca.
EL TRIÁNGULO DEL
LITIO: ¿DESARROLLO INDUSTRIAL O MODELO EXTRACTIVISTA EXPORTADOR?
Transnacionales no pierden el
negocio: sí aceptan condiciones de gobiernos nacionalistas. En el Perú
políticos y periodistas coimeros terruquean o meten presos (Aduviri) a los que
plantean salir del modelo exportador primario
Con Nuestro Perú (https://bit.ly/330Xpg5)
El más importante desafío de los
países que conforman el triángulo del litio (Bolivia, Chile y Argentina) no es
solo las personas que se dedican a la explotación del mineral denominado ‘oro
blanco’, sino evitar repetir el camino del extractivismo exportador.
Como se sabe, en el triángulo compuesto por el Salar de
Hombre Muerto (Argentina), Atacama (Chile)
y Uyuni (Bolivia)
se encuentra el 80% de las reservas de litio en
salares del mundo.
América Latina ha sido despojada de sus
riquezas naturales desde el mismo momento de la Conquista a favor de las
metrópolis imperiales.
Ahora se presenta la oportunidad de romper con
ese destino de atraso para convertir la explotación y procesamiento industrial
del litio en una herramienta de desarrollo.
Integración
La clave es integrar totalmente la cadena de
valor del litio, desde los salares, pasando por las baterías, hasta la
producción de vehículos eléctricos.
La investigadora Agustina Sánchez explica que
el litio se constituye en la actualidad como un recurso natural estratégico, al consolidarse en esa cualidad por los siguientes
factores:
—Es clave en el cambio de la matriz energética,
ya que el litio se necesita para la confección de acumuladores eléctricos que
permiten contener la energía generada mediante recursos renovables, ya que esta
es intermitente y fluctuante, por lo que debe ser acumulada.
—Es determinante en la modificación del patrón
tecnológico, ya que las baterías denominadas ion-litio serán el motor que
impulsará la movilidad de los próximos años mediante los autos eléctricos.
Además, estas baterías son utilizadas en casi todos los dispositivos
electrónicos portátiles como celulares y computadoras.
El litio se consume en los países del centro pero es explotado
en los países de la periferia por grandes multinacionales. Esto da cuenta del clásico
esquema dependiente de producción de manufacturas y productos industriales con
agregado de valor para los primeros, y exportación de materias primas para los
segundos, dinámica que los ha atado al subdesarrollo.
Los minerales son recursos estratégicos y las
potencias que se han desarrollado han utilizado sus propias riquezas o
expoliando las de otros para generar
una cadena de valor agregado para su industrialización.
En Latinoamérica, eso significaría superar el
esquema primario extracción-exportación. En el caso del litio, además, poniendo
la mirada en los cambios de paradigmas energéticos a mediano y largo plazo.
En esta instancia surge la pregunta básica:
¿qué estrategias de desarrollo están desplegando los Estados nacionales que
poseen las más importantes reservas de litio en América Latina?
Argentina
Después del período neoliberal de cuatro años
del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el Gobierno de Alberto Fernández
plantea la integración de la cadena de valor del litio.
La Secretaría de Minería del Ministerio de
Desarrollo Productivo informa que en Argentina hoy hay dos minas de litio en
operación, una en construcción y 18 proyectos avanzados.
En total, los 21 proyectos de extracción poseen
recursos por 93 millones de toneladas con capacidad para producir 350.000 toneladas anuales.
En línea con la estrategia de integrar la
actividad, el Gobierno anunció que la automotriz BMW invertirá 300 millones de
dólares en el denominado proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto,
concesionado a la corporación estadounidense Livent.
Otro proyecto viene de la mano de la china
Jiankang Automobile para la instalación de una fábrica de baterías de litio. Prevé la construcción de una gran planta en el Parque
Industrial El Pantanillo, provincia de Catamarca. Además de baterías, el plan
incluye una planta de buses eléctricos para la movilidad sustentable en las
ciudades.
Bolivia
El proceso de nacionalización e
industrialización comenzó en 2008, cuando Evo Morales decidió hacer realidad la
histórica demanda de las comunidades mineras bolivianas: que los recursos del
Salar Uyuni sean explotados por el Estado.
Desde la época de la colonia hasta su
constitución como Estado-Nación los recursos naturales de Bolivia fueron
explotados por las grandes potencias mediante diversos métodos extractivistas.
Juan Carlos Montenegro Bravo, de la Universidad
Mayor de San Andrés, de Bolivia, señala que para llevar adelante el proceso de
industrialización impulsado por Evo Morales se diseñó la Estrategia
Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos, que
contemplaba fases a través de las cuales el Estado boliviano comenzaría a
controlar toda la cadena de valor de producción del litio.
Ese proceso tuvo su primer hito en la
producción del primer automóvil eléctrico fabricado 100%
en Bolivia. La empresa Quantum ubicada en Llajta, Cochabamba,
desarrolló ese vehículo, cuya batería y ensamblaje se fabricó totalmente en el
país.
Este acontecimiento permite comprender
fácilmente cuál fue uno de los motivos del golpe
cívico-militar contra Evo Morales, a principios de noviembre de
2019.
Se entiende por la dimensión de este hecho: un
país latinoamericano controlando
sus recursos naturales y explotándolos de acuerdo a sus
necesidades y prioridades de desarrollo. Además de eso, lo hizo sin ningún tipo
de ayuda de Estados Unidos e insertándose en el mercado de litio como un actor
clave. Y no lo hace exportando commodities mineros sin ningún tipo de agregado de valor, sino
fabricando baterías, acumuladores y autos eléctricos, tecnología de punta.
Bolivia logró consolidarse como un actor
fundamental en el mercado mundial del litio y estaba preparado para dar el gran salto y establecerse como
líder del cambio de la matriz energética y
del patrón tecnológico en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, el
golpe de Estado detuvo ese proceso que promete reiniciar el gobierno
democrático de Luis Arce.
Chile
De acuerdo con estimaciones del Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), Chile concentra el
51% de las reservas a nivel mundial, en alrededor de 60 salares en cuatro de
sus regiones.
Dos empresas, Chemetall (subsidiaria de
Rockwood Holdings Inc.) y la empresa estatal Soquimich (SQM) producen 70% de
todo el carbonato de litio en el Salar de Atacama.
En América Latina y su
‘oro blanco’. ¿Qué hacer con el litio?, Bruno Fornillo,
doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en
Geopolítica por la Universidad de París, detalla el recorrido de Chile.
En 2015, el Gobierno de Michelle Bachelet formó
una Comisión Nacional del Litio que recomendó mantener el carácter estratégico
del recurso, estimulando la conformación de firmas público-privadas.
Si bien el Estado seguía siendo el dueño del
recurso, la lógica no salía de la estrategia del modelo de asociación público-privado, donde el Estado
se limitaba en última instancia a fijar pagos y derechos de extracción y
exploración.
Durante la gestión del presidente Sebastián
Piñera se anunció una Política Nacional del Litio, precisamente para darle
valor agregado al cotizado mineral. Sin embargo, la idea no se ha
concretado.
Soberanía
Argentina sigue ofreciendo sus reservas de
litio en el mercado de concesiones mineras provinciales con el objetivo
político de construir una cadena de valor desde la materia prima hasta su
industrialización.
Bolivia se prepara para retomar el plan de industrialización soberana que había sido interrumpido por el golpe de Estado.
Chile debate sobre el alcance de las nuevas obligaciones impuestas a las empresas extractivas.
En ese contexto, la Fundación InnovaT y
Conicet, en Argentina, organizaron el
IV Seminario Internacional “ABC del Litio Sudamericano”, inaugurado por la
directora de Recursos Naturales de la CEPAL, Jeannette Sánchez Zurita.
Después de contextualizar el debate sobre el
litio sudamericano en el marco de lo que CEPAL considera la “peor crisis en 100
años” para América Latina, Sánchez Zurita justificó la necesidad de aumentar y
articular los esfuerzos nacionales en relación a la gobernanza pública sobre
los salares andinos y las reservas de litio de “importancia geopolítica
mundial”.
Esto resulta fundamental para mejorar las
recaudaciones tributarias como para avanzar e integrar “los segmentos hacia
adelante y hacia atrás de la cadena de valor del litio, el cobre y las energías
renovables”.
En abierta ruptura con el discurso tradicional
impulsado por las grandes corporaciones mineras, la experta de la CEPAL y
exministra de Política Económica de Ecuador advirtió sobre la falta de
articulación entre las estrategias nacionales y llamó a dejar de lado la nociva
competencia entre Estados por la atracción de Inversiones Extranjeras Directas
a costa de bajar tributos, derechos laborales y protección ambiental.
Las reservas públicas de litio emergen entonces
como factor privilegiado para canalizar debates democráticos sobre las
condiciones y posibilidades del desarrollo minero sustentable dejando atrás el
modelo extractivista exportador.
Para ello es necesario identificar con claridad
las bases para impulsar una política
nacional de litio, viable y acorde al objetivo de desarrollo
sustentable e inclusión social.
En ese sentido, la soberanía nacional sobre los
recursos naturales es el punto de partida, el desarrollo tecnológico es el
medio y la transición energética es un horizonte posible de cuidado del medio
ambiente.