El
exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera se sentó con Jacobin para discutir la
estrategia socialista, cómo la izquierda puede movilizarse contra fuerzas
antidemocráticas como los derechistas que recientemente ejecutaron un golpe de
Estado en Bolivia y por qué el socialismo democrático significa un
"desborde de la democracia".
El
exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera es uno de los intelectuales más
distinguidos de América Latina y uno de los actores políticos más
experimentados de la región. Durante sus catorce años al frente del
gobierno plurinacional de Bolivia, fue responsable no solo de diseñar gran
parte de la estrategia política de Evo Morales ,
sino también de sentar las bases teóricas del partido gobernante MAS
(Movimiento al Socialismo).
Durante
la década de 1980, García Linera y otros lideraron el Ejército Guerrillero
marxista Túpac Katari; debido a su actividad política, pasaría gran parte
de sus años de formación intelectual tras las rejas, cumpliendo una condena de
cinco años por presunta participación en una insurrección armada contra el
gobierno de Jaime Paz Zamora. Mientras cumplía condena, García Linera se
dedicó al estudio de Marx y el marxismo y escribió su ahora clásico Forma
Valor y Forma Comunidad.
Las
influencias intelectuales de García Linera son variadas y eclécticas: el
marxismo y el indigenismo , el pensamiento autonomista
de Toni Negri y
el socialismo democrático de Nicos
Poulantzas . Según muchos informes, García Linera es uno
de los pensadores más originales de la izquierda, latinoamericana o no.
Antes
de regresar a Bolivia, donde se uniría a Luis Arce en
su toma de posesión presidencial, García Linera se sentó con los editores
de Jacobin América Latina en Buenos Aires para una amplia
discusión, asimilando las lecciones aprendidas del reciente golpe de Estado en
Bolivia, el estado de los gobiernos progresistas en América Latina, y la
estrategia política más amplia sobre la mejor manera de allanar el camino hacia
un futuro socialista.
Quisiéramos
comenzar hablando de los acontecimientos recientes en Bolivia. En su
análisis del golpe de 2019, ha tendido a centrarse en el papel desempeñado por
lo que llama “la clase media tradicional” (en contraposición a la nueva clase
media formada bajo el gobierno del MAS). ¿En qué medida la victoria de
Luis Arce en 2020 confirmó o alteró su lectura original del golpe?
AGL.-
En primer lugar, aunque los golpes de Estado son siempre maquinaciones de
pequeños grupos, su viabilidad final depende de otros factores. Dependen
de grupos sociales más amplios para permitir el golpe, un sector que puede
crear una voluntad general de romper con el orden constitucional y la
democracia.
Dentro
del grupo conspirativo responsable del golpe de 2019, había un conjunto de
intereses bien diferenciado: generales militares, un grupo de empresarios que
sobornaba a oficiales y comandantes de tropas, Luis Almagro [de la Organización
de Estados Americanos - OEA], el Departamento de Estado, miembros de la Iglesia
Católica, y varios ex presidentes. Este grupo central orquestó y unió las
fuerzas necesarias para llevar a cabo el acto.
Pero
el golpe no salió de la nada: en los últimos cuatro años hemos visto el
crecimiento de un sector social que se opone cada vez más a la
democracia. Este grupo es, como usted dice, la clase media tradicional en
Bolivia. Al difundir un lenguaje racializado en las redes sociales y otros
medios, la clase media tradicional creó un clima favorable a lo que terminó
siendo un derrocamiento armado y autoritario.
Este
mismo bloque social sigue presente en Bolivia. Estaban frente al cuartel
militar pidiendo otro golpe. Alegaron fraude después de que llegaron los
resultados de las elecciones de 2020; para ellos, a pesar de la ausencia de
evidencia, si los indios ganan es porque se cometió un fraude electoral. Por
supuesto, fueron derrotados y seguirán siendo derrotados, porque son una
minoría y, además, decadente.
Mucha
gente se sorprendió de que el golpe no encontrara más resistencia por parte de
las fuerzas populares y el gobierno del MAS. ¿No es esto una repetición
del dilema de Salvador Allende, a saber, una confianza excesiva en la
“neutralidad de las fuerzas armadas”? Dicho de otra manera, dado que
siempre habrá intentos de golpe de Estado imperialistas de derecha contra
gobiernos populares, ¿cómo debemos enfrentar acciones conspirativas como la que
tuvo lugar en noviembre de 2019?
AGL.-
Lo que sucedió en noviembre de
2019 fue la derrota militar de un proyecto popular
nacional. Las fuerzas conservadoras se movilizaron para ocupar ciudades y
territorios. El gobierno del MAS enfrentó ese intento de manera no
coercitiva; intentó impulsar una acción colectiva que sirviera de
rompeolas contra las manifestaciones de la derecha. Nuestra esperanza era
que se quedaran sin fuerza.
Nuestra
respuesta fue política, y si los hechos que condujeron al golpe se hubieran
mantenido a nivel político, hubiéramos salido victoriosos. Lo que no
habíamos tenido en cuenta, y este fue nuestro gran error político, fue que las
fuerzas políticas ultraconservadoras encontrarían apoyo entre los
militares. Esa fue la verdadera novedad de 2019. Cuando intentaron dar un
golpe de estado en 2008, desplegamos dos tácticas: primero, la contención
política, intentando aislar estas fuerzas hasta que finalmente se
desgastaran; y segundo, llamamos a la movilización social masiva para
abrumarlos.
Pero
antes de que las fuerzas conservadoras pudieran debilitarse, se pusieron en
contacto con los militares y la policía. Y eso no figuraba en nuestros
cálculos: que sobornarían a las fuerzas armadas.
Cuando
optaron por la opción militar, nos dieron dos opciones: llamar a las
movilizaciones para enfrentar a la policía y al ejército, o no. Esa
decisión recae en el presidente. En esos primeros días, el 9 y 10 de
noviembre, el presidente pensó: "No voy a enviar a mis compañeros a la
muerte". Hubo una decisión consciente basada en lo que era
esencialmente un punto de vista moral. Hipotéticamente, podríamos habernos
involucrado en una confrontación abierta, pero habría habido grandes pérdidas,
incluidas muchas muertes. Entonces decidimos no movilizarnos y el
presidente optó por renunciar.
La
primera lección es precisamente esta: hay que neutralizar políticamente estas
células de operación. Hay que intentar desactivar las causas subyacentes
que conducen a la deriva fascista de estos grupos y, al mismo tiempo, mantener
políticas que favorezcan la igualdad. Si comienza a retroceder en los
esfuerzos que promueven la igualdad social y los derechos indígenas, ya no
puede llamarse un gobierno progresista. Lo que sí se puede hacer, sin
embargo, es mantener políticas de movilidad social para las clases plebeyas y
populares y, al mismo tiempo, promover la movilidad y la rotación de la clase
media tradicional, compensando así su deriva hacia el ultraconservadurismo.
La
cuestión de la policía y el ejército es más complicada. Nunca se puede
evitar que un rico empresario los soborne con millones de dólares. Los
militares están ahí para quedarse y su poder está garantizado por el
estado. Tiene su propia dinámica, pero debe haber políticas para contener
eso, políticas que respeten el estatus institucional de las fuerzas armadas y
al mismo tiempo creen un esprit de corps que sea menos susceptible al
soborno y, por lo tanto, más solidario con los intereses del pueblo. En
una palabra, hay que modificar la composición de clases de las fuerzas armadas.
En
parte, los militares dieron su apoyo al golpe porque, a medida que pasaban los
días, no había movilización social. No nos pareció un gran problema en ese
momento; habíamos visto muchos intentos similares a lo largo de los
años. Pero el punto es eso: no confíes en ti mismo ni en la experiencia
pasada. Cuando la clase empresarial comienza a conspirar con los generales
militares y comienza a conectarse con la clase media tradicional más
conservadora, deben enfrentarse a una movilización social masiva.
Me
refiero a una moral social más profunda: tenemos que movilizarnos para defender
lo que tenemos. Vimos esa realidad puesta en práctica en agosto de 2020
[cuando los simpatizantes del MAS llevaron a cabo protestas y cortes de
carreteras para evitar el aplazamiento de las elecciones]. El MAS llamó a
las organizaciones sociales y a las personas a enfrentar a militares y policías
ejerciendo el control territorial, tal como sucedió en 2000.
El
pueblo, no los líderes políticos ni el partido, había comprendido que una nueva
ola de represión solo podía combatirse si teníamos territorio. Esa fue la
fuente de nuestra fuerza en agosto de 2020: hubo un conocimiento práctico y
táctico desplegado por la sociedad para evitar otra masacre u operación militar
sangrienta por parte de los golpistas.
Este
tipo de conocimiento colectivo debe reforzarse y fortalecerse. No se trata
tanto de una cuestión militar, sino de cómo se crean las lecciones tácticas
para la acción colectiva contra la amenaza de un conflicto armado. En un
país como Bolivia, con una gran población rural, “sectores urbanos
empobrecidos” y solo una clase trabajadora escasamente organizada en los
centros industriales, es a través de la organización colectiva que la gente ha
encontrado la manera de defenderse. En el futuro, debemos ampliar y
mejorar este tipo de acción para desactivar los golpes de estado liderados por
militares y policías.
¿Cómo
caracterizaría la situación política actual en América Latina? Si bien
parece haber un “nuevo ciclo progresivo” en marcha, también parece marcadamente
más moderado y conciliador que el anterior. ¿Estás de acuerdo con ese
punto de vista?
AGL
Prefiero
hablar de ondas en lugar de ciclos, porque "ciclos" sugiere
determinismo, mientras que "ondas" es más fluido y
dinámico. Marx utilizó el concepto de ondas en 1848 para demostrar que
dentro de una revolución hay movimientos, y que estos vienen en oleadas.
No
podemos esperar que esta nueva ola sea una repetición de la primera, por
múltiples razones. Por un lado, el auge de los recursos ha terminado y los
últimos años han presenciado una recesión económica sin precedentes. Además
de eso, ahora estamos tratando con un elenco diferente de personas, incluidos
nuevos líderes.
Pero
hay un problema aún más profundo en juego: a diferencia del período de 2005 a
2015, cuando la derecha se vio abrumada por la ola progresiva, ahora está comenzando
a encontrar un punto de apoyo, quizás improvisado y miope, pero
igualmente. Su respuesta es antidemocrática, una especie de neoliberalismo
violento, misógino, racista y conservador.
La
derecha no tenía soluciones significativas para las crisis políticas y
económicas que enfrentaba la región. Pasó una década dando el mismo
conjunto de recetas neoliberales, que nadie en ese momento quería
tomar. Hoy, la derecha no ha cambiado en realidad, pero ha aceptado que se
enfrenta a un enemigo diferente: la Marea Rosa.
Lo
que eso significa es que ahora hemos entrado en un nuevo período de ondas y
contra-ondas. La marea rosa está fragmentada hoy, pero también lo está la
marea conservadora. Los dos bandos estarán enfrascados en la batalla
durante algún tiempo. En ese sentido, sería un error suponer que el
consenso progresista previamente establecido simplemente se reinstalará como
antes. Esta es una expectativa imposible porque, en política, todas las
victorias son temporales.
También
hay otro asunto a considerar. En mi opinión, estamos viviendo una especie
de tiempo suspendido en este momento. Cuando carecemos de cualquier tipo
de horizonte, como lo hacemos ahora, no hay una línea de tiempo, ni una flecha
que apunte hacia algún punto final. ¿Por qué carecemos de esta
orientación? Porque hoy todos se sienten inseguros sobre prácticamente
todo: si tendrán un trabajo mañana, si habrá otra pandemia, etc.
El
escenario que estoy describiendo es uno en el que la política se vuelve
tácticamente intensa y estratégicamente suspendida. Tácticamente, lo que
debería haber tomado diez años en Bolivia se llevó a cabo en uno. Un ciclo
conservador que debería haberse desarrollado durante catorce años en Argentina
terminó en cuatro [la presidencia de un mandato de Mauricio Macri]. Lo
mismo ocurre con el ciclo progresivo actual: no sabemos si durará más de los
próximos cuatro años. Lo mismo se puede decir de Bolivia: ¿quién sabe si
durará dos, cuatro o seis años?
Esta
incertidumbre estratégica es un elemento novedoso que debe afrontar la nueva
ola progresista. En 2005, sin ninguna respuesta conservadora, el ciclo
progresista parecía el reemplazo definitivo del neoliberalismo. Pero hoy
no es el único proyecto que se ofrece, también existe el movimiento
ultraconservador.
En
cierto sentido, lo que sucedió con Trump en Estados Unidos revela los límites
de un discurso político conservador impulsado por el odio. El
neoliberalismo conservador de Trump es una solución provisional, pero también
lo son todos los demás proyectos políticos disponibles en la
actualidad. En medio de tal caos, es importante que los proyectos
progresistas se cuestionen a sí mismos, traten de superar sus debilidades y se
basen en lo que han estado haciendo bien.
Entonces,
en otras palabras, es un debate falso discutir si este es un nuevo ciclo o si
el anterior podría revivirse. Aquí, creo que Bolivia ofrece una lección
poderosa. En medio de tal caos, las perspectivas de un proyecto
progresista de izquierda dependerán de dos cosas, una de las cuales ya hemos comentado:
tiene que haber una etapa de acción colectiva antes de que cualquier proyecto
progresista pueda afianzarse. . La segunda es que este proyecto debe ser
de poder popular, no un proyecto para las clases populares,
sino para las clases populares.
Bolivia
nos ha enseñado esto: puede haber golpes de Estado y retrocesos temporales,
pero al final ganarás, siempre y cuando el gobierno popular indígena sea el
proyecto de los sectores subalternos. Si lo ha logrado, tiene mucho
combustible histórico con el que trabajar. Si siempre tienes en cuenta que
es su proyecto, su organización y su capacidad para tomar decisiones sobre su
propio futuro, tus enemigos pueden lanzar todos los obstáculos que quieran,
pero tú podrás rebotar.
Existe
un debate de larga data sobre cómo los gobiernos populares en América Latina
deben lidiar con las clases dominantes cuando pasan a la ofensiva. ¿Se
reduce inevitablemente a hacer concesiones para ampliar la base de apoyo
político de uno? ¿O, por el contrario, se trata de radicalizar el
conflicto para crear condiciones más favorables para derrotar a las fuerzas
reaccionarias?
AGL.-
La cuestión de cómo lidiar con la oligarquía es complicada. Las
revoluciones que se lograron a través de hazañas militares nunca han tenido que
lidiar con la cuestión: la victoria militar resuelve las cosas simplemente
disolviendo la oligarquía. Por otro lado, donde se trata de una
transformación política por elecciones democráticas, este es un problema que va
a persistir durante todo tu tiempo en el gobierno, porque hay que convivir con
la clase empresarial. Hay que tenerlo muy claro: hay que convivir con
ellos porque esas son las condiciones de la forma en que llegaste al poder y no
tienes la capacidad de disolver toda una clase social. Este es, en pocas
palabras, el telón de fondo en el que la transformación social y política tiene
lugar en América Latina (y continuará haciéndolo).
La
idea del socialismo democrático debe concebirse en esta misma
línea. Mientras la transformación social deba seguir la vía electoral
democrática, los gobiernos progresistas deben encontrar métodos prácticos para
convivir con el sector empresarial. Este es el caso no solo porque esa
clase disfruta de recursos y propiedades reconocidos constitucionalmente,
también posee la capacidad de impulsar el desarrollo, y la mera nacionalización
de las industrias no resuelve el problema del sistema
económico. Nacionalizar los medios de producción simplemente pone las
cosas en manos de un monopolio. El estado es un monopolio, el monopolio de
los monopolios, mientras que la socialización se trata de democratizar los
medios de producción.
El
Estado puede ayudar a defender un proceso de transformación social y
contrarrestar ciertas presiones empresariales, pero estas son solo medidas
tácticas, circunstanciales. Un gobierno progresista puede y debe adoptar
estas medidas. Y para hacerlo, si no quiere verse completamente abrumado
por los poderes económicos existentes, necesitará un estado que pueda controlar
al menos una parte del PIB y pueda ejercer ciertas medidas: impuestos, política
fiscal, inversión y, donde necesaria, nacionalización.
El
momento clave para un gobierno progresista es cuando puede asumir suficiente
fuerza económica como para no verse acorralado por potencias económicas más
grandes. El estado necesita controlar el treinta por ciento del
PIB. Esto le permite a uno interactuar con el sector empresarial desde una
posición de poder en lugar de subordinación. Y si esos sectores toman
medidas conspirativas, deben enfrentarse con contramedidas: investigue sus
declaraciones de impuestos, tenencias de propiedades, cuentas bancarias, etc.
Ahora
bien, ¿cuándo puede un movimiento progresista ir más allá de este tipo de
convivencia táctica? Cuando la sociedad misma es capaz de invadir el
sector empresarial; cuando la sociedad en general, no un gobierno
progresista, no un partido, aprovecha la posibilidad de democratizar la
riqueza. Si la sociedad no plantea esta demanda, el gobierno solo puede
sustituir un monopolio por otro. La forma será diferente: no un monopolio
privado, sino un monopolio de recursos comunes. De hecho, el
estado es esta misma dualidad: un monopolio de los bienes comunes.
Si
nacionaliza sectores, esos recursos son comunes, pero pertenecen al estado como
monopolio. En última instancia, no ha eliminado la distancia entre el
trabajador y los medios de producción. La posibilidad de avanzar hacia un
régimen de propiedad diferente depende de si la sociedad puede impulsar la
gestión social de la riqueza. Y eso a su vez depende de los trabajadores
de cada sector (banca, industria, etc.) y del conjunto de la sociedad. Si
están dispuestos a ir en esa dirección, el papel de un gobierno progresista es
guiar las cosas y llevar a cabo ese proceso. Entonces, a su pregunta,
¿debería un gobierno progresista actuar para desestabilizar a la clase
empresarial? - La respuesta es que deberían hacerlo, pero solo cuando la
sociedad vaya en esa dirección.
Está
haciendo hincapié en que las transformaciones sociales, en última instancia,
emanan de la sociedad civil y no del Estado. Esto plantea una cuestión
espinosa: si el alcance radical del proyecto de un gobierno progresista depende
de una sociedad movilizada, y si, a su vez, es mejor dejar que el estado se
ocupe exclusivamente de los "asuntos del estado", ¿no se reduce la
sociedad en esa visión a una especie de deus ex machina ? Según
este punto de vista, ¿cómo podemos esperar que la sociedad civil se mantenga
movilizada e impulse transformaciones más radicales cuando la izquierda llegue
al poder?
AGL.-
El estado es un estado de la sociedad: así como hay un estado líquido, un gas y
un estado sólido de la materia, el estado es un estado de la
sociedad. Pensar en el estado de esta manera nos ayuda a evitar lecturas
instrumentalistas, antiestatales y marxistas ingenuas del estado. Esto va
de la mano con la comprensión de Marx del Estado como una comunidad
ilusoria: es una comunidad, pero es ilusoria en la medida en que está
formada por monopolios, por más que esa idea pueda parecer una paradoja.
Los
anarquistas y algunos marxistas dirán que no deberíamos tomar el poder, porque
el poder ya es lo que una sociedad posee en común. Pero, ¿qué tienen
realmente en común, digamos, el pueblo argentino? Todo lo que tienen en
común ya está en el estado: un idioma, instituciones, historia, riqueza
natural, impuestos, sistema de salud, derechos, etc. Todo eso
está en el estado, sin ser algo que venga del estado.
Ahora,
el estado centraliza todo lo común, se lo apropia. El Estado es solo eso:
la facultad de monopolizar y centralizar lo que proviene de la
sociedad. No se puede imaginar el estado más allá de la sociedad porque,
como dije antes, el estado es una forma de ser de la sociedad.
Tanto
la fuerza como la debilidad de un estado, materialmente hablando, se derivan de
la sociedad misma. En América Latina, los recursos se nacionalizaron
cuando la sociedad llegó a la conclusión de que eso era lo que se necesitaba,
porque eran de bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, etc. Antes de Evo,
Correa o Chávez, la gente ya comenzaba a sentirse así.
Finalmente,
el gobierno nacionaliza industrias y recursos, y hay dinero para construir
escuelas y hospitales, para pagar mejores salarios, etc. Las cosas
mejoran, pero no cambia el hecho de que existe un monopolio que administra esa
mejora. No hay control directo de la riqueza excepto por un monopolio, uno
en el que la gente puede sentirse representada o con el que puede participar,
pero un monopolio de todos modos. Estos son los márgenes dentro de los que
siempre debe trabajar un gobierno progresista.
Es
cierto que siempre habrá un margen limitado de autonomía para cualquier
gobierno. Un gobierno arraigado en el pueblo será más directo en la
expansión de los derechos, el bien común, las nacionalizaciones, etc. Pero
un gobierno progresista de cualquier tipo siempre estará en la cresta de una
ola social.
Esto
lleva a una pregunta adicional: ¿Por qué un gobierno progresista no puede
seguir avanzando? ¿Por qué no pueden emprender el horizonte socialista?
¿Qué
significa socialismo en este caso? ¿Significa que nacionalizamos la banca,
las empresas y la industria? Da la casualidad de que eso nunca fue de lo
que se trató el socialismo. Cuando se mira hacia 1917 o, más atrás, a la
Comuna de París de 1871, encontramos la misma idea marxista: el socialismo no
es nacionalización. El socialismo no es la democratización del acceso a
los bienes, sino la democratización del control, la propiedad, el uso y la
gestión de los mismos.
Entonces,
la pregunta es: ¿Cómo se inculca esta comunidad de bienes? ¿A través de un
decreto ejecutivo? Obviamente no, porque un decreto es algo que hace
cumplir una burocracia o una élite, incluso si esa élite es popular,
revolucionaria o lo que sea. Pero una cosa que hemos aprendido de las
revoluciones sociales del siglo XX es esto: no se puede decir: "Represento
a la clase trabajadora". No me puedo atribuir la representación de la
clase trabajadora, ni de las mujeres, ni de los indígenas. El movimiento
de mujeres será impulsado por las mujeres, el movimiento indígena por los indígenas
y el movimiento obrero por los trabajadores.
El
siglo XX ha demostrado que no se puede suplantar a la sociedad por el
estado. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Un gobierno puede ser empujado
en una dirección radical solo cuando la sociedad misma gobierna lo que
necesita.
¿Sucederá
esa ruptura? Esperamos que así sea, porque ese es el sueño del socialismo
democrático. El socialismo democrático no es un conjunto particular de
políticas; es la posibilidad de un crescendo de transformaciones sociales
que se unen para lograr la victoria. Es la idea de un desbordamiento de la
democracia: del ámbito electoral al estado, del estado a la economía, a la
fábrica, al banco, al dinero, a la propiedad, etc.
¿No
existe el peligro de exagerar demasiado los riesgos de un enfoque político centrado
en el estado? Parece que está sugiriendo que ciertas formas sociales - el
dinero, el mercado, el valor - no se pueden cambiar simplemente por decreto
gubernamental o nacionalización espontánea, y que debe haber un proceso de
transformación más largo.
Pero
incluso si la nacionalización trae sus propios problemas, ¿no son necesarias
estas medidas para controlar el tipo de presiones empresariales que se pueden
utilizar contra el Estado? Como han dicho Fred Block y otros, ¿no te dejan
vulnerable a una “huelga de capital” si no actúas con decisión sobre los
monopolios capitalistas? Hemos visto surgir este problema con Allende en
Chile y más recientemente en Venezuela, pero también con gobiernos mucho más
moderados, donde los programas de reforma finalmente chocan con el imperativo
de las ganancias. ¿No depende en última
instancia la estabilidad de los procesos transformadores de
la desestabilización de la burguesía como clase económica dominante?
AGL.-
El enfoque de Block es interesante porque, a diferencia de otras
interpretaciones marxistas, considera una realidad práctica, real y concreta:
cuando un gobierno progresista llega al poder, los capitalistas como clase, sin
siquiera hablar entre ellos, naturalmente tienden a esconder su dinero.
Pero
estamos suponiendo aquí que un gobierno de izquierda o progresista llega al
poder en un momento de estabilidad capitalista, cuando ocurre lo
contrario. Surgen durante momentos de crisis, es decir, cuando los
capitalistas no gastan ni contratan, cuando el gobierno y la economía no
funcionan.
¿Cuándo
ha llegado al poder un gobierno de izquierda cuando ya había pleno
empleo? Los gobiernos progresistas surgen precisamente cuando el capital
ha huido del país, cuando no hay inversión y la especulación es desenfrenada,
cuando hay desempleo masivo y malestar social generalizado. Un gobierno de
izquierda responde a la demanda del pueblo para hacer frente a la
situación. Es la fuente de su legitimidad.
Si
no cumplen con esas demandas, no es porque estuvieran constreñidos por las clases
dominantes; se debe a que ese gobierno no estaba dispuesto a llegar hasta
el final o temía las consecuencias. En otras palabras, las limitaciones se
encuentran dentro del propio gobierno, en su cosmovisión y confianza en sí
mismo.
En
Bolivia, tomamos el poder en medio de una crisis económica. Si no
hubiéramos nacionalizado sectores clave, la crisis se habría prolongado diez
años más. ¿Dónde íbamos a encontrar dinero? En telecomunicaciones,
energía eléctrica e hidrocarburos. Con esas energías bajo control estatal,
se pueden establecer políticas públicas.
Los
salarios se convierten rápidamente en un escollo. Pero, durante catorce
años, ni una sola vez nos sentamos con los patrones a negociar salarios, nos
reunimos con la COB (Centro de Trabajadores Bolivianos). Por supuesto,
también hay que calcular cómo están las ventas en un sector determinado, cómo
son las ganancias, cómo se recaudan los impuestos, cómo está creciendo la
economía. Puede exprimir la clase ejecutiva en un extremo, pero debe devolver
ese dinero en el otro extremo con subsidios para facturas de electricidad,
transporte, gas, etc. De esa manera, cuando la clase ejecutiva comience a
protestar, puedes decir: “Te estoy dando gas y agua a precios
subsidiados. ¿Dice que no aumentará los salarios? ¿Por qué no les
quitamos los subsidios y nivelamos las cosas? "
Uno
de los monopolios del estado es el poder de fijar precios, tasas de conversión
de propiedades, divisas y servicios. Necesitas utilizar todas estas
facultades porque, como fue nuestro caso, tu horizonte como gobierno de
izquierda es diferente.
Elevamos
los salarios reales en un 450 por ciento, de 50 a 306 dólares. ¿Por qué no
más? Si sigue aumentando los salarios, corre el riesgo, como sucedió, de
afectar a las pequeñas empresas cuyas tasas de ganancias son mucho
menores. Queríamos ir por un salario mínimo de 400 dólares, pero
rápidamente vimos que las pequeñas empresas con, digamos, cuatro empleados se
verían perjudicadas. Un gobierno popular tiene que estar siempre pendiente
de los trabajadores, pero también de los que están por encima de ellos: los
sectores medios, los propietarios de pequeñas empresas. En nuestra
sociedad ese sector es parte del bloque popular y hay que cuidarlo.
Es
en los sectores dominantes donde se puede utilizar la austeridad. Nacionalizamos
las empresas extranjeras y pasamos a los bancos: aplicamos un impuesto del 50
por ciento a sus ganancias. La banca también puede ser un lastre para las
ganancias, por lo que hay que obligarlos, como hicimos nosotros, a otorgar préstamos
para la actividad productiva: el 60 por ciento de todos los préstamos fueron
para el sector productivo, el resto para la especulación, las tasas de interés,
etc. Este es el monopolio que tiene el estado, para impulsar el
crecimiento económico con dinero privado que canaliza hacia ciertos
sectores. En otras palabras, cuando ves que hay suficiente poder para que
los capitalistas ejerzan el veto empresarial, entras y los disuelves y creas
empresas estatales.
Sin
embargo, la cuestión central para los gobiernos progresistas sigue siendo si
hay suficiente energía social para ir más allá de estas medidas
regulatorias. No depende del estado. Algunos de mis camaradas de la
izquierda latinoamericana etiquetan el ciclo progresista como una “revolución
pasiva”, como si existiera una poderosa ola de acción colectiva impulsando
nuevas relaciones de propiedad y una democratización radical; en su
opinión, los gobiernos progresistas de alguna manera simplemente estaban
reprimiendo su inevitable marcha hacia adelante.
Pero
esos camaradas míos tienen que ser capaces de mostrar de manera concreta cómo
la sociedad está empujando más allá de las formas imperantes de propiedad y
gestión. Por ejemplo: en un momento del último gobierno del MAS, algunos
mineros de estaño de Huanini estaban presionando para romper con las formas
dominantes de propiedad y administración, por lo que el gobierno rápidamente se
unió a sus esfuerzos. Pero el resultado fue exactamente lo contrario de lo
que imaginan mis compañeros: terminamos con cinco mil mineros autogestionando
una mina con fondos públicos y disfrutando de todas las ganancias para ellos
mismos. Nada de eso volvió a la sociedad. El tipo de autogestión del
trabajador que tuvo lugar de 2010 a 2011, y nuevamente de 2017 a 2018, terminó
en una forma de apropiación privada.
¿No
existe el riesgo de convertir al gobierno en un representante pasivo de la
sociedad? ¿No hay un punto intermedio, en algún lugar entre una visión
vanguardista del Estado y la de simplemente acompañar el movimiento de la
sociedad? Si imaginamos al gobierno como un agente en lugar de
un representante de la sociedad, ¿no tiene un papel que desempeñar
para inclinar el equilibrio de las fuerzas sociales?
AGL.-
Un gobierno progresista ciertamente puede llevar ciertos temas a la cima de la
agenda y de esa manera arrojar luz sobre las cosas que la sociedad misma está
experimentando. Hay infinitas cosas que un gobierno puede hacer además de
simplemente gobernar. Pero el socialismo es una experiencia arraigada en
la sociedad.
Soy
un leninista en esta cuestión, no el Lenin del comunismo de guerra, sino
el Lenin de la NEP . Esa
fue la gran confesión de Lenin: no importa cuán radical sea la vanguardia,
cuántas medidas avanzadas implemente. Solo se puede ir más allá del
capitalismo cuando la sociedad experimenta esa necesidad.
Lenin
tiene un gran texto de 1923 " Mejor menos,
pero mejor ". Evalúa el comunismo de guerra y hace un
balance de aquellos años turbulentos en los que se pensaba que bastaba un
conjunto de medidas completamente audaces para superar al capitalismo. Él
mira hacia atrás y básicamente dice: "Bueno, en realidad, terminamos con
el capitalismo de estado". Podemos hacer todas las nacionalizaciones
que queramos, pero no venceremos al capitalismo a menos que haya gente
trabajando en el sector económico para construir una comunidad real.
Eso
es el socialismo: construir comunidades. No está construyendo comunidades
desde arriba, lo está haciendo de la única manera posible, que es entre
personas. El estado es, por definición, la negación de la comunidad, en la
medida en que es un monopolio. Por supuesto, el estado puede colaborar en
esa construcción, apuntando en la dirección correcta, pero sabemos lo que
sucede cuando intentas construir una comunidad desde arriba.
Los
debates en Cuba durante los últimos diez años tienden a girar en torno a esta pregunta:
cómo implementar medidas que sean más que decisiones del Estado. Porque,
como diría Lenin, eso es capitalismo de estado.
Aquí
nos encontramos luchando con la cuestión de cómo fomentar el crecimiento de las
comunidades en la sociedad. El mundo indígena y campesino tiene un legado,
aunque dañado, de comunidad. El mundo urbano tiene sus propias comunidades
a nivel local, de vecindario. Lo que tenemos son fragmentos de
comunidades, y estos fragmentos pueden servir como punto para lanzar una nueva
sociedad colectiva. El Estado puede ayudar en ese proceso, pero no puede
sustituirlo, porque solo hay comunidad en la medida en que existe la creación
libre y asociada de productores.
Entonces,
a tu pregunta, la respuesta está en Lenin. Lo que decía Lenin es que hay
que estar siempre un paso por delante de la gente y no más de un paso. No
dos, no cuatro. A un paso de lo que la gente siente y piensa. Me
gusta la expresión de Lenin: nunca des más de un paso más allá de los
trabajadores y la sociedad. Jacobin de
España (https://bit.ly/3fMZ2po)
DENUNCIADOS
POR ABRIR CAMINOS PARA EL CONTRABANDO ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA
En tierras
privadas, el administrador de las fincas incautadas al clan narco de los
Castedo, abrió seis kilómetros de picada, y la obra fue promocionada por la
Munipalidad de Salvador Mazza.
El Tribuno
de Argentina (https://bit.ly/3utvAsO)
El
propietario de una finca del paraje El Sauzal, Héctor Barroso, formalizó una
denuncia penal contra Hugo Muñoz, el administrador designado por la Universidad
de Buenos Aires (UBA) a instancias de la Justicia Federal para que se realicen
tareas de remediación de suelos y otras acciones en beneficio del medio
ambiente en la finca que perteneció al narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo.
Pero según el denunciante, Muñoz y los funcionarios municipales de Salvador
Mazza lejos de dedicarse a trabajar en la finca que perteneció al narco Castedo
(quien purga una pena en el complejo judicial federal de General Güemes),
haciendo uso de las maquinarias incautadas por la Justicia Federal que le
pertenecieron al narco pociteño, abren caminos por fincas vecinas como la del
denunciante para facilitar el contrabando por lugares no habilitados entre
Argentina y Bolivia.
Este tipo de hechos que involucran al encargado de administrar la finca de
Delfín Reynaldo Castedo ya habían sido comentados semanas atrás en los medios
de comunicación de la zona, pero recién ayer lunes, Héctor Ricardo Barroso
formalizó la denuncia exigiendo que dejen de abrirse caminos sobre la finca de
su propiedad y que conectan el paraje El Sauzal con el resto de la localidad de
Salvador Mazza, con la excusa de que se quiere dar facilidad para el tránsito
de los vecinos de ese paraje cuando en realidad lo que se busca es facilitar
las maniobras delictivas como el contrabando de todo tipo que en la frontera.
También
Méndez y Orellana
Barroso,
titular de tres catastros de esa zona que limita con Bolivia, precisó que la
denuncia la formalizó contra Hugo Muñoz, contra el intendente de Mazza, Rubén
Méndez, y contra el secretario de Obras Públicas, Roberto Orellana, quien
anteriormente ya había sido denunciado por abrir este tipo de caminos vecinales
entre los dos países utilizando maquinaria del municipio.
Quien
precisó que Orellana se dedicaba a este tipo de acciones fue el exsecretario de
Rentas del municipio Antonio Navarro y aseguró que Orellana tiene camiones de
su propiedad que se dedican al contrabando de mercaderías por esos caminos
ilegales que él mismo mantiene en condiciones.
Promocionado
por el municipio
La
incursión de la maquinaria pesada que abrió un camino de más de 5 metros de
ancho durante el fin de semana largo fue promocionada por el municipio, lo que
causó la indignación del propietario de las tierras del paraje El Sauzal,
ubicado al este de la localidad de Salvador Mazza y donde residen en su mayoría
familias bolivianas que van y vienen por la quebrada internacional.
Barroso,
más allá de que en el lugar residen familias que exigen servicios como agua,
electricidad y caminos en condiciones, explica que “esta gente del municipio y
el administrador de la finca de Castedo no tienen ningún derecho a meter esas
máquinas, generando un daño ambiental enorme, tirando abajo árboles y todo lo
que las Caterpillar encuentran a su paso afectando el bosque nativo de mi finca
y produciendo una erosión hídrica enorme, con la excusa de que quieren abrir un
camino para que los que viven en El Sauzal se conecten con el resto de la
localidad. Yo hice varias denuncias en la Justicia por este tema y la última la
hice también contra esta persona que debe trabajar en la finca de los Castedo y
comete estas tropelías”.
Barroso
precisó que “no existe un contrato de servidumbre ni con la Provincia y muchos
menos con el municipio como para que ellos se tomen esta libertad de meter las
máquinas pesadas en mi propiedad; anteriormente los había denunciado por el
robo de áridos de una cantera que está en mi propiedad precisando qué camiones
habían sido utilizados para hurtar este material; la situación la puse en
conocimiento tanto del municipio como de la Provincia, pero lo que han hecho
pasando esas máquinas y encima promocionar el daño que han producido como si
fuera un gran acto de gobierno en beneficio de la comunidad, ya es demasiado.
Con la máquina Caterpillar este encargado de la finca de los Castedo puesto por
la UBA abrió 6 kilómetros de caminos desmoronando peñascos, erosionando los
suelos, tirando abajo árboles añejos porque a pesar de tener ese cargo, a nadie
se le ocurrió hacer un estudio de impacto ambiental ante de semejante daño
ocasionado” consideró Barroso.
LOS
RESIDENTES DE MATO GROSSO INTENTAN CRUZAR LA FRONTERA PARA VACUNARSE EN
BOLIVIA; SOLO LOS RESIDENTES PUEDEN VACUNARSE
Olhar Direto
de Brasil (https://bit.ly/3wwCAqE)
Fábio
Olivares, alcalde de San Matías, ciudad boliviana que colinda con el municipio
de Cáceres (a 219 km de Cuiabá), dijo que si podía vacunar a todos los
caceranos que han intentado vacunar en el país. Sin embargo, debido a la
pequeña cantidad de vacunas y siguiendo la determinación del gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia, solo los residentes pueden recibir las
dosis.
El
27 de marzo, el vicepresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, del partido
Movimiento por el Socialismo (MAS), anunció, en un intento por contener la
proliferación de la nueva variante brasileña del nuevo coronavirus, el inicio
de un operativo de emergencia para priorizar la vacunación, en zonas
fronterizas. Además de la medida, el 2 de abril el gobierno boliviano
también ordenó el cierre de sus fronteras con Brasil por un período de 7 días.
Según
Fábio, en ese momento, el criterio de vacunación adoptado en la ciudad es la
existencia de comorbilidad y que decenas de brasileños residentes en la ciudad
de San Matías ya estarían inmunizados contra el virus Covid-19. Sin
embargo, información de la prensa local reporta la ocurrencia de brasileños que
estarían eludiendo ilegalmente la inspección y entrando a la ciudad boliviana
en un intento por vacunarse.
El alcalde ,
alcalde en español, dijo que podría vacunar a todos los cacerenses que hayan
intentado ingresar al país para inmunizar, sin embargo, la cantidad de vacunas
es insuficiente y por determinación del Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia, la medida no es posible en este momento .
En
San Matías, el criterio adoptado para la vacunación de bolivianos y residentes
es la existencia de comorbilidades.
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