FRANKLIN FLORES, CANDIDATO A GOBERNADOR DE LA PAZ POR EL MAS, SE MUESTRA OPTIMISTA DE CARA AL BALOTAJE DEL DOMINGO
El candidato a gobernador de La Paz, Franklin Flores, dijo que
el Movimiento Al Socialismo (MAS) confía en ganar el control de la mayoría de
los nueve departamentos de Bolivia al cerrar con actos masivos en las calles su
campaña de cara a las elecciones del próximo domingo.
"Estamos optimistas, confiamos en que vamos a ganar porque
quedamos apenas a unas décimas de la victoria en primera vuelta y porque hemos
hecho una campaña por todas las provincias y comunidades del
departamento", manifestó Flores en declaraciones a la prensa, informó la
agencia de noticias Sputnik
El candidato masista, un exdiputado indígena, aseguró que con
igual optimismo están los otros tres candidatos oficialistas a gobernadores
departamentales, de los cuales dos irán al balotaje como ganadores en la
primera vuelta y el otro como segundo más votado.
En las elecciones del 7 de marzo pasado, el MAS ganó una amplia
mayoría de los municipios y se impuso en tres de los nueve departamentos, en
tanto que otros dos fueron para la oposición y la definición de las cuatro
gobernaciones restantes quedó pendiente de los balotajes del próximo domingo.
El MAS, que en las elecciones de octubre de 2020 ganó el
Gobierno y la mayoría en las dos cámaras del Parlamento, renovó en mayo su
mayoría a nivel municipal y quedó a un paso de hacerlo también en las
gobernaciones departamentales, como prometió varias veces el jefe de ese
partido, el expresidente Evo Morales, aunque la oposición está bien posicionada
para ganar las principales ciudades del país.
El partido gobernante fue el único que presentó candidatos en
todas las jurisdicciones departamentales, municipales e indígenas y es el único
que, incluso donde no logró la victoria, ha ganado puestos en todos los
concejos y asambleas municipales.
La oposición, que volvió a fracasar en sus intentos de conformar
un frente único contra el MAS, concurrió a las regionales dividida en más de 40
frentes, partidos y agrupaciones ciudadanas.
El mayor triunfo regional de la oposición el 7 de marzo fue el
del ultraderechista y exlíder cívico Luis Fernando Camacho, que ganó la
gobernación de Santa Cruz (este) con más de 50% de votos.
VERÓNICA MENDOZA, LA CANDIDATA DE IGLESIAS Y MORALES PARA QUE
GOBIERNE EL FORO DE SAO PAULO EN PERÚ
La
Gaceta de España (https://bit.ly/3fX81EK)
Verónica Mendoza de Juntos por el Perú (JPP) -izquierda
vinculada al Grupo de Puebla-, es una de las candidatas que provocan mayores
reservas entre los electores –un 53% no votaría por ella según Ipsos– debido a su
declarada admiración por dictadores comunistas como Fidel Castro
y Hugo Chávez, su perfil autoritario y su intención por cambiar el capítulo
económico de la Constitución peruana, acusándola de neoliberal.
Los socios internacionales de Mendoza tampoco le ayudan a
ganarse la confianza del electorado. A través de Facebook, el expresidente boliviano Evo Morales hizo
público su apoyo a la candidata de JPP. En una conversación que transmitieron
en redes sociales, denominada “Encuentro Binacional: diálogos por la
soberanía”, Mendoza le comentó al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) que
sus propuestas coincidían con el legado político de Morales en Bolivia: una nueva
Constitución y la nacionalización de los recursos naturales, especialmente el
gas.
De acuerdo con el periodista Aldo Mariátegui, si bien figuras
regionales como Evo Morales, Alberto Fernández y Nicolás Maduro podrían
servirle de soporte político a Mendoza en el continente, la grave crisis
económica que atraviesan Venezuela y Argentina, sumada la situación más bien
expectante de la izquierda brasileña –recuperándose de la derrota ante
Bolsonaro y el encarcelamiento de Lula da Silva–, hacen que la figura del
partido izquierdista español Podemos y su líder, Pablo Iglesias, sean
claves en su campaña.
Esto queda evidenciado con la participación de Laura
Arroyo, de la secretaría de análisis político y discurso
de Podemos -posición que figura en su cuenta de Twitter-, en la
campaña de Mendoza, con quien ya colaboró en 2016 y actualmente estaría
asesorando a la candidata izquierdista en comunicación y medios.
“La comunista hispanoperuana Laura Arroyo Gárate, integrante del
partido ultraizquierdista español Podemos, es el nexo entre el líder podemita
Pablo Iglesias y Verónika Mendoza, cuya alianza fue cerrada hace unos meses
[noviembre de 2020] cuando se encontraron en La Paz durante la investidura de Luis Arce.
Es bastante evidente que está ahí como un elemento de apoyo, y su trabajo se
nota en el entrenamiento que le dio a Mendoza para los debates, el cambio
de look, la ropa, las gafas para darle un aire más maduro e inofensivo, el
posicionamiento de su discurso más en el centro, mostrándose en Lima más como
una socialdemócrata que una revolucionaria. Es alucinante que tengamos como
testimonio vivo del fracaso monumental de la izquierda al millón de refugiados
venezolanos que viven en el Perú y aun así exista gente que vote por la
izquierda chavista, sobre todo en los sectores más acomodados”.
Mariátegui alerta que de ganar Verónika Mendoza, habría un
“apocalipsis económico” debido a la fuga de capitales y la caída en la inversión
privada, seguidos de una ofensiva de estatizaciones, controles de precios y
subidas de impuestos. Además, del riesgo de que agentes cubanos y venezolanos
se instalen permanentemente en el Perú.
“El Perú está severamente golpeado y debilitado por el covid-19.
Un gobierno como el de Verónika Mendoza significaría, de primera, que el dólar
se dispare y que la gente empiece a guardar sus ahorros debajo del colchón o en
cuentas extranjeras. La inversión privada se iría al suelo, solo un empresario
mal de la cabeza invertiría en un país donde los comunistas gobiernan. Ahora,
cuando este tipo de partidos llegan al poder, inmediatamente aparecen los
asesores cubanos en salud, educación; llegan voluntarios rojos de todas partes
y te llenan el país. Una vez que los comunistas llegan al poder, se entronizan
y es bien difícil sacarlos. Hacen referéndums falsos como Morales.
Olvídate, de ganar Mendoza no se queda solo cinco años”, advierte.
Pedro Castillo: ‘La izquierda aldeana y folclórica’
Pedro Castillo, docente provinciano, sindicalista y candidato
presidencial de Perú Libre, está en la mira de los medios y la opinión pública
los últimos días debido a su rápido crecimiento en las encuestas, sobre todo se
presenta como favorito de los sectores rurales andinos, al sur y el centro del
país.
A pesar de su perfil político de izquierda -propone la
estatización de todos los recursos estratégicos-, su visión dista de la de
Mendoza, quien es más cercana a la agenda progresista a favor de la
despenalización del aborto y la causa LGBT.
Castillo ha llamado oportunista a Mendoza en una entrevista
en Canal N, pues solo “aparece en campaña” y no asiste a “la
lucha de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros, de los
agricultores”. Su actitud y críticas a la izquierda progresista le han generado
ataques desde la prensa favorable a Mendoza y su equipo, y el periodista César
Hildebrandt calificó su candidatura como folclórica, aldeana y ensimismada.
“La izquierda progre, más internacional, más cosmopolita, se
burla de esta izquierda más telúrica, más provinciana, que es, tal vez, más
auténtica en muchas cosas. La izquierda capitalina siempre ha tenido esa
actitud de desdeñar a los provincianos. Es un reflejo típico del Perú que
también se da en la izquierda. Castillo es lo último de la izquierda legal, es
el del Conare [Comité Nacional de Lucha y Reconstrucción], un grupo dentro del
Sutep [Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación] que es el más
radical, que está tratando de quitarle el poder a Patria Roja, el partido
maoísta peruano. El Conare no llega a pasar la barrera del senderismo [en
referencia al grupo terrorista Sendero Luminoso], pero tiene una posición
radical. El voto de Pedro Castillo es sobre todo de la zona rural de la sierra,
de los sectores más populares y menos favorecidos que no siguen la agenda
progresista de Mendoza”, explica el periodista.
López Aliaga, un rival incómodo
Según Mariátegui, el sorpresivo salto de Rafael López
Aliaga de Renovación Popular -derecha conservadora- entre los primeros
puestos en las encuestas, generó temores justificados en
la caviarada como el la denomina, un grupo de académicos, activistas,
periodistas y burócratas de izquierda que gozan de buena posición económica y
han capturado el Estado peruano desde el gobierno de transición de Valentín
Paniagua, reforzando su posición durante los gobiernos sucesivos de Ollanta Humala,
Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, este último un
“caviarazo de manual”, como él lo denomina, una caricatura o encarnación de lo
que significa la palabra.
“Rafael López Aliaga es un candidato que irrumpe en la política
peruana con un estilo propio, de decir las cosas sin anestesia. Si la
izquierda progresista se ha lanzado contra él es porque le teme. Su perfil de
populista de derecha llena un espacio que ellos no han conseguido tomar, un
espacio de la política con fuerte arrastre popular. Aunque lejanos, el
populismo de derecha tiene antecedentes históricos en el Perú. Por ejemplo, en
los años 30 del siglo pasado, la Unión Revolucionaria de Luis Miguel Sánchez
Cerro era un partido con fuerte apoyo popular, compitiendo con los comunistas y
apristas. Al igual que pasó con Fujimori y con Humala, los ataques que sufre
López Aliaga de parte de sus adversarios parecen ayudarle más que perjudicarle.
Pasó de ser un desconocido en enero, a ubicarse entre los favoritos en cuestión
de semanas. Fenómenos como Le Pen y su Agrupación Nacional en Francia, o
Abascal y Vox en España, tienen potencial para surgir en el Perú y ser
movimientos políticos permanentes, algo que aterra a la izquierda progresista,
una argolla que vive a costa del presupuesto nacional desde hace diez
años y le gusta decirnos como votar, como opinar, como pensar. Urge
renovar el Estado”, asegura.
Cuidado con el vecindario latinoamericano
Para Eduardo Ponce Vivanco, exembajador del Perú en el
Reino Unido y exrector de la Academia Diplomática, el Perú es un objetivo
estratégico de primer orden para las izquierdas latinoamericanas debido a su
posición central en el continente, con vista al océano Pacífico, acceso al río
Amazonas y sus cuantiosos recursos naturales.
“Por su ubicación central en Sudamérica, el Perú es un objetivo
estratégico de primer orden para las izquierdas latinoamericanas que ven con
horror el éxito de las economías abiertas y competitivas. A la nefasta
presencia de Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, justo en nuestra frontera
sur-este, pronto se sumaría la de Andrés Aráuz, el aprendiz de Correa, si gana
la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador. Con el peronismo en Argentina,
Lula libre y de vuelta al ruedo político en Brasil y López Obrador en México empoderando
al Grupo de Puebla, es necesario ser vigilantes y tener cuidado de lo que
ocurre en el vecindario. Resulta peligroso que Evo Morales, por ejemplo,
coaligado con políticos como Verónika Mendoza, gobernadores regionales y
movimientos antimineros ideologizados, desestabilice el sur peruano
aprovechándose de un factor étnico, el aimara, sobre todo en Puno, afectando la
producción y las operaciones logísticas que permiten transportar la producción
minera a nuestros puertos”, opina.
Para Ponce, a diferencia de otros países de la región que han
sufrido desde 2019 continuos hechos de violencia de parte de grupos
ideologizados, el Perú parece estar “inmunizado” contra la izquierda debido al
recuerdo de muerte y destrucción que dejó a su paso el accionar de los grupos
terroristas Sendero Luminoso -de inspiración maoísta- y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) -de corte guevarista-; no obstante, esta
memoria se percibe como distante o ajena para las generaciones más jóvenes, que
han terminado siendo el objetivo principal de la izquierda para sumarlos a sus
movilizaciones y levantamientos.
“A diferencia de los fenómenos de violencia que hemos visto en
otras capitales de la región como Quito, Bogotá o Santiago, con quema de
iglesias y negocios privados, en el Perú parece que todavía estamos inmunizados
contra la izquierda, una vacunación que hemos tenido no solamente ante las
barbaridades que ha hecho el populismo en el país, por ejemplo, en el primer
gobierno de Alan García; también por la fatalidad de haber experimentado el
terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA que acompañó nuestra desdicha política
y económica durante los años 80 y 90. Este recuerdo genera un gran pavor entre
muchos peruanos, pero la verdad es que esta época es percibida como muy distante
para la juventud”.
EL GAS DE CAMISEA Y EL DESARROLLO DEL SUR
“Es
tiempo de relanzar el gasoducto del sur. Hay reservas suficientes y hay demanda
potencial”.
La
República de Perú (https://bit.ly/2PPFlT9)
El rol del gas de Camisea en el desarrollo del sur es un tema
presente en la agenda del debate electoral. Lo han planteado más
enfáticamente Verónika Mendoza y Yonhy Lescano. La candidata de
Juntos por el Perú (JP) plantea la creación de una Autoridad Nacional de
Masificación del Gas, encargada de invertir y llevar este insumo a las
provincias y distritos más alejados del país. Por su parte, el representante de
Acción Popular (AP) propone el ingreso del gas proveniente de Bolivia al
mercado nacional con el fin de reducir el precio del gas doméstico.
Ambas propuestas hacen pertinente la pregunta, ¿cuál es la
situación actual de la gestión de este recurso en el país?
En 15 años de explotación, la mitad del gas ha sido destinado a
la exportación a precios escandalosamente bajos. Ello gracias a los cambios en
el contrato original realizados en el gobierno de Alejandro Toledo, teniendo a
Pedro Pablo Kuczynski −entonces titular del ministerio de Economía− como el
principal operador.
La otra mitad, dirigida al mercado interno, ha servido para la
generación de electricidad y una pequeña parte para la mal llamada masificación
vehicular y domiciliaria. Mal llamada debido a que después de 15 años solo
Lima, el Callao e Ica tienen gas por tuberías. Del millón de conexiones
existentes en el país, el 90% está en la capital.
Esta realidad contrasta con la de países vecinos como Bolivia y
Colombia, que cuentan con menos reservas que Perú, pero cuyas redes de
gasoductos cubren al 46% y 75% de su población, respectivamente. Y lo peor de
todo, en el sur peruano, donde se encuentra este recurso, las familias no
tienen gas en sus domicilios.
El proyecto de masificación 7 Regiones, para llevar gas por
camiones a 113.000 familias de Cusco, Apurímac, Puno, Huancavelica, Junín,
Ayacucho y Ucayali; se ha convertido en una verdadera mecedora manejada por
Proinversión. Hace 7 años que se trata de hacer la concesión, sin resultados.
En setiembre del 2020, la agencia pospuso una vez más la buena pro del
proyecto.
Asimismo, el proyecto de gas virtual por camiones, que abastecía
las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, ha fracasado. El año pasado, la empresa
concesionaria Naturgy anunció su retiro del mercado por falta de rentabilidad y
acusó al Estado de carecer de “coherencia en la política de masificación del
gas natural”. El gas que pagan los hogares en estas ciudades sería 2,5 veces
más caro comparado con Lima.
¿Es justo esto? Claro que no.
Es tiempo de relanzar el gasoducto del sur. Hay reservas
suficientes y hay demanda potencial. La consultora Mott MacDonald, contratada
en el gobierno de PPK para evaluar el proyecto, concluyó que el gasoducto es viable
y sugirió mantener el trazo andino actual. El costo sería de 4.500 millones de
dólares.
Saliendo de su letargo, los gobiernos regionales del sur se
pronunciaron el pasado 24 de marzo exigiendo al Minem y Proinversión viabilizar
el proyecto SIT Gas antes del cambio de gobierno y no seguir postergando la
licitación del proyecto 7 Regiones. Hace falta que las organizaciones sociales
y los gremios empresariales del sur también se pronuncien y hagan causa común.
Las investigaciones por corrupción iniciadas por la fiscalía
deben seguir su curso hasta hallar a los responsables. Lo propio debe ocurrir
con las denuncias ante el CIADI interpuestas por las empresas Enagás y Odebrecht por
la cancelación del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Ello no debe impedir el relanzamiento de este importante proyecto, revisando su
costo y con un enfoque de rentabilidad social. Para ello se necesita de un
gobierno con voluntad política dispuesto a replantear las condiciones del
contrato actual.
UN ESTADO PLURINACIONAL PARA PERÚ: EL ANHELO DE EVELYN CAPCHI,
CANDIDATA AL CONGRESO
Sputnik
News de Rusia (https://bit.ly/2OzzWiF)
Tiene 32 años y es candidata al Poder Legislativo por la misma
coalición de la presidenciable Verónika Mendoza, Juntos por el Perú (JP).
Evelyn Capchi representa una comunidad de 250.000 habitantes en los alrededores
de Lima. En entrevista con Sputnik, remarcó la necesidad de reformar la salud,
la educación y la Constitución del país.
Capchi tiene cancha. Está a cargo de la Secretaría de la Mujer
del Comité Ejecutivo Central de Huaycán, una Comunidad Urbana Autogestionaria
en el distrito de Ate, unos 30 kilómetros al este del casco histórico limeño,
en las faldas del cerro homónimo. Su cuna política y social le otorga
amplias posibilidades de ser electa al Congreso Nacional este 11
de abril.
Sin embargo, ella sabe que conquistar uno de los 130 asientos
del Parlamento peruano implica una disputa disgregada y polarizada.
Al igual que sus compañeras y compañeros, tiene el reto de dialogar y acercarse
a las partes alejadas, para beneficio de una población total de 32 millones de
habitantes. Y las urnas revelarán las consecuencias de la ingobernabilidad de
los últimos años .
Iniciada en 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), la crisis política se
agravó al punto de agotar toda la línea sucesoria posible: Perú llegó a
amanecer sin presidente y ser dirigido por un presionado, confuso y decisivo
Congreso Nacional. Así que las elecciones se dan tras un año atípico, no solo
por la pandemia de COVID-19, sino principalmente por la insólita situación del
país que llegó a quedar acéfalo en 2020.
La larga sombra del fujimorismo
Para comprender la actualidad política peruana, es inevitable
evocar la figura de Alberto Fujimori, quien fue presidente/dictador entre 1990 y
2000. Fue elegido democráticamente, con el 62,3% de los votos, y dejó en
segundo lugar al escritor Mario Vargas Losa —premio Nobel de Literatura en 2010—.
Su Gobierno se caracterizó por la apertura del Estado al
neoliberalismo, que aún sigue vigente. Siguió las recetas del Fondo Monetario
Internacional (FMI), lo cual en su momento acrecentó su apoyo social. Con ese
amparo, en 1993 se dio un autogolpe de Estado, con el cual cerró el Congreso y
los órganos del Poder Judicial.
Comenzó una etapa de vulneración a los derechos humanos, bajo el
argumento de la lucha contra el "terrorismo" de grupos armados como
Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En 1993 hizo aprobar una Constitución a su medida. Fue
reelegido en 1995. En 2000, la crisis económica y los casos de corrupción en su
Gobierno lo obligaron a renunciar desde Japón, su segunda patria. Actualmente
está en el penal de Barbadillo, condenado por varios delitos cometidos durante
su estadía en el poder. Tiene 82 años.
Aunque él está fuera de la escena política, sigue vigente su
ideario, reflejado en las propuestas de la mayoría de los 18 candidatos a la
presidencia. Alguno de ellos, como Hernando de Soto (de Avanza País), trabajó
para Fujimori. Incluso su hija Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es una
de las candidatas.
La persistencia del fujimorismo se refleja en la Constitución
Política de Perú, que todavía es la de 1993. Por ello, para los principales candidatos del progresismo, Verónika
Mendoza de JP y Pedro Castillo de Perú Libre, es
fundamental convocar a una Asamblea Constituyente, que permita elaborar un
texto constitucional adaptado a los tiempos que corren en América Latina.
Un Estado presente
En diálogo con Sputnik, Capchi aseguró que, de
llegar al Gobierno, se dedicarán "a proteger el medio ambiente, a
recuperar nuestros recursos minerales, energéticos, y ponerlos al servicio del
pueblo".
El compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente responde a la
necesidad de "tener un nuevo pacto entre todas y todos, empezando por las
mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas andino-amazónicos, la población
afrodescendiente, las organizaciones populares, gremiales, sindicales, desde los
asentamientos humanos y los barrios más populares de Lima", expresó la
candidata número 12 de JP.
Para ella, la actual Constitución "ya no da más. Fue creada
bajo un Gobierno dictatorial y genocida, como fue el de Fujimori. Es una
Constitución entreguista, mercantilista, que puso monto a nuestra salud y a
nuestra educación. Hoy lo estamos viendo por la pandemia de coronavirus".
La nueva Constitución debería dirigirse "a cambiar este modelo económico para que el Estado pase a
jugar un rol protagónico en las empresas estratégicas de electricidad, de agua,
incluso de gas, el cual es necesario recuperar para que haya gas en todos los
domicilios peruanos y no lo sigamos exportando a precios ínfimos".
Agregó: "Perú debe garantizar la industria nacional. Hoy,
el rol del Estado solamente es fiscalizador, regulador, pero no es
suficiente".
Comentó que en este país el trabajo informal representa al 70% del total.
"Por esto de la pandemia, consideramos que actualmente es del 78% u
80%", aclaró.
Capchi planteó recuperar los recursos energéticos para
ponerlos al servicio de la industrialización de Perú. "Debemos desarrollar
polos industriales, que generen trabajos dignos, por un lado, e ingresos
económicos que mejoren el presupuesto en educación y en salud", afirmó.
Hacia un Estado plurinacional
La candidata, que estudió Contaduría en la Universidad Nacional
Federico Villarreal, recordó que en las escuelas se enseña la historia
republicana de Perú y del mundo, pero nada se menciona de las raíces de este
país con 55 pueblos indígenas, donde se desarrolló hace más de cinco siglos el Imperio inca, uno de
los más grandes que hubo en la Tierra.
"Necesitamos crear una nueva sociedad, que nos permita
conocer nuestra historia, nuestra identidad y tradiciones. Una sociedad que
proteja sus recursos naturales, su medio ambiente, que sea soberana con sus
riquezas. Un país libre de violencia y de machismo, donde no tengamos que
lamentar más feminicidios", expresó Capchi.
Consideró que "nuestro país necesita una transición
para dirigirnos hacia el socialismo".
En este sentido, contó que "vimos con buenos ojos lo que
hicieron en Bolivia, hace ya años con Evo Morales (2006-2019). Queremos también
un nuevo Estado, democrático, soberano y plurinacional. Que respete la
identidad de todos los pueblos que hay en el país".
Ante una propuesta tan disruptiva con lo vivido en las últimas
tres décadas, "la derecha tiene miedo. Tratan de manipular las
encuestas de acuerdo a como ellos quisieran que sean las elecciones. Pero el
pueblo ya no cree esas mentiras. El pueblo ha reaccionado", dijo Capchi. Y
se mostró esperanzada en que "estas elecciones pongan fin a algunas
agrupaciones políticas que solamente quieren lucrar con nuestro país".
Aseguró que, de llegar al Congreso, "vamos a ser una
trinchera de lucha para apoyar a los reclamos del pueblo peruano, para
sentarnos a conversar con cada gremio, cada asociación. Desde esa trinchera
vamos a poner fin a este sistema privatista, mercantilista y capitalista".
Pueblo joven
Huaycán es, como le dicen, un "pueblo joven",
creado hace 37 años. Allí Capchi conoció la importancia de la organización
social para solucionar los problemas vitales de las familias, ante el abandono
absoluto del Estado. "Podría decirse que es el último bastión de
organización popular que hay", dijo la candidata de su comunidad.
"Huaycán representa la resistencia a este Estado que nos ha
abandonado. Un Estado que nos ha dado la espalda a miles de peruanas y
peruanos. Huaycán representa al sector pobre y de extrema pobreza de Lima
metropolitana", explicó Capchi.
Contó que cuando llegó la pandemia de COVID-19 a Perú, en marzo de 2020,
su pueblo le dio una gran enseñanza de organización. "Donde yo vivo, el
90% trabaja en el sector informal. No tenemos trabajo fijo ni tenemos sueldo
como para permanecer encerrados".
Indicó que, a pesar de que el Gobierno les mandó a lavarse
las manos y los abandonó sin tanques de oxígeno para enfrentar la enfermedad,
"la gente se ha resistido a morir. La gente se ha organizado, hacía ollas
comunes que lograron desprender ese individualismo al que nos habían sometido
estos gobiernos de turno".
También se conformaron brigadas médicas vecinales, que
atendieron a las y los enfermos en sus casas.
Pero a menudo los esfuerzos no eran suficientes, ante la falta
de elementos esenciales para mantener a los contagiados con vida.
La candidata a congresista tiene que secarse las lágrimas cuando
recuerda a su padre, una de las 131.000 víctimas que el coronavirus causó
en Perú hasta el momento, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones
(SINADEF). Desde marzo de 2020 se contabilizan más de 1,5 millones de contagios.
En estos días, los vecinos de Huaycán hacen circular una caja
donde depositan "uno o dos solcitos (aproximadamente 40 centavos de
dólar). Estamos haciendo una cruzada para tener nuestra planta de oxígeno,
porque hemos visto cómo han muerto muchos vecinos, vecinas, hermanos,
familiares, dirigentes y fundadores de nuestra comunidad, por ejemplo mi
padre".
Apolinario Capchi falleció hace apenas dos semanas, el 24 de
marzo último.
"Hemos vivido en carne propia la dificultad de contar con
un balón de oxígeno en estos momentos, cuando los precios crecen
exageradamente", testimonió. Su padre necesitaba tres balones de oxígeno
por día, a 1.700 soles cada uno. Totalizaban más de 5.000 soles por día, unos
1.500 dólares. Los enfermos graves de coronavirus que no puedan reunir esa suma
están prácticamente condenados a morir ahogados.
"Vamos a luchar para que la salud, las vacunas
(anti-COVID-19) y el oxígeno sean de acceso universal, público y totalmente
gratuito. No podemos seguir viviendo en un mundo donde la salud, la educación y
los servicios sean una forma discriminación", dijo Capchi.
"Como decía mi padre: 'No habrá paz mientras exista
pobreza, desigualdad, discriminación, opresión y explotación a nuestro pueblo.
Para eso estamos nosotros, los guerreros'", recordó.
OPINIÓN: LA IZQUIERDA DEBE PROTEGER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
LA ERA DIGITAL
The
Student Life de EEUU (https://bit.ly/3myHS0f)
A lo largo de la administración Trump, la presión de los
expertos, los políticos y el público en general aumentó contra las empresas de
redes sociales. El caso contra Big Tech, específicamente compañías de
redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, continuó creciendo, comenzando
con el escándalo de
Cambridge Analytica , las innumerables
mentiras del presidente y los agitadores
de extrema derecha , y finalmente culminó con la desinformación
de vacunas , QAnon y el asalto de el
Capitolio . Esto ha provocado que la gente, especialmente
en los círculos liberales y de
izquierda , pida que se reprima la
desinformación , en línea e
incluso en el cable. televisión .
Reconozco los daños muy reales que
causan la desinformación y el contenido de odio. Sin embargo, me preocupa
que las llamadas para eliminar dicho contenido de estas plataformas corran el riesgo
de afianzar aún más
el poder de instituciones
establecidas que no rinden cuentas, como las grandes empresas
de tecnología. Es debido a esa amenaza que creo que la izquierda en
especial debería defender la libertad de expresión en línea; en cambio, muchos celebran
restringirla .
Quizás el perfil más grande y el ejemplo más reciente es la
prohibición del expresidente Trump de las redes sociales. Tras la
prohibición de Trump de varias plataformas de redes sociales, la desinformación
electoral se desplomó . Su prohibición podría haberse
justificado con la amenaza
inmediata y sin precedentes de violencia en ese
momento. Sin embargo, comparto la preocupación
del senador Bernie Sanders por su prohibición. Y aunque su
ataque de meses a la integridad de las elecciones fue extraordinariamente
dañino, no existe un estándar claro que podamos aplicar a las denuncias de
fraude electoral.
Podemos ver cómo tal estándar fallaría cuando se aplicara
a las elecciones
de Bolivia en 2019 . Los resultados mostraron
que el actual presidente de izquierda, Evo Morales, obtuvo una victoria
decisiva; sin embargo, la Organización de
Estados Americanos , una organización interamericana que
monitorea las elecciones, pronto alegó un fraude electoral generalizado. Los
principales periódicos , revistas e
incluso el Departamento de
Estado de los Estados Unidos repitieron
estos hallazgos, lo que condujo a un violento golpe militar . El
problema es que un estudio de seguimiento indicó que no hubo fraude
electoral. Si Facebook o Twitter hubieran aplicado sus nuevas
políticas a Bolivia, probablemente se habrían puesto del lado de la
Organización de Estados Americanos y, posteriormente, del gobierno militar, en
lugar de Morales.
Las mismas preguntas deben aplicarse al uso de Facebook y
Twitter de etiquetas de
verificación de hechos , que están destinadas a señalar
información engañosa, reclamos en disputa y reclamos no verificados. Las
verificaciones de hechos no siempre son
precisas e incluso pueden convertirse en armas . Como
tal, deberíamos limitar las verificaciones de hechos a las organizaciones de
medios que disputan individualmente las afirmaciones de la publicación sobre la
publicación, en lugar de a las empresas de redes sociales que la adjuntan a la
publicación específica en cuestión , la última de las cuales
permite a las empresas de redes sociales determinar cuál es la verdad. Por
ejemplo, si una organización de verificación de hechos o de noticias como
Associated Press o Snopes siente que una publicación contiene información
errónea, pueden responder a esa publicación o hacer su propia publicación para
desacreditarla.
Y en octubre de 2020, Facebook y Twitter fueron mucho más
allá de adjuntar etiquetas a las publicaciones : en respuesta a
un artículo del New
York Post sobre Hunter Biden , las compañías suprimieron la
difusión del artículo, Facebook y Twitter prohibieron a los usuarios vincular
la historia y Twitter. incluso bloqueó
temporalmente la cuenta del New York Post . La veracidad
de la historia no importa, y ese poder debería asustar a cualquiera,
especialmente justo antes de una elección presidencial.
La izquierda tiene
una historia de
apoyo a la libertad de expresión y la disidencia , desde
la Ley de Espionaje y
los primeros movimientos
laborales hasta el Comité de
Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes ,
las protestas contra
la guerra y el Movimiento
de Libertad de
Expresión . De hecho, la libertad de expresión ha sido
fundamental para la supervivencia de la izquierda precisamente por su falta de
poder institucional. Y con el movimiento emergente para ceder el poder a
las empresas de tecnología, muchos sitios de
noticias, páginas de Facebook, canales de YouTube, activistas y disidentes de
izquierda también están siendo
reprimidos o prohibidos . Al censurar y
suprimir algún contenido ,
es más probable que estén arraigadas las de opiniones del establecimiento o de
fuentes del establecimiento.
Hay varias cosas en las que creo que los estudiantes de 5C
deberían pensar y actuar. Por un lado, los estudiantes de 5C a
menudo toman trabajos
en empresas
de tecnología después de graduarse , y otros comenzarán
empresas de tecnología o darán forma a la política en torno a la moderación de
las redes sociales. Eso significa que tienen una influencia enorme sobre
cómo moderamos la información.
La posición de la
Unión Estadounidense por las Libertades Civiles sobre la
moderación de las redes sociales es, en mi opinión, lo que los estudiantes de
5C deberían promover. Eso significa que el contenido no protegido por la
primera enmienda, como la pornografía
infantil y las amenazas de violencia inmediata, debe
eliminarse. Sin embargo, la desinformación más amplia y la incitación al
odio no deberían serlo. La mejor manera de contrarrestar dicho contenido
es aislarlo, así como solidarizarse con los grupos marginados, en lugar de
elevarlo. Eso requiere reconocer que algunas personas compartirán
opiniones ilógicas, sin fundamento, intolerantes e incluso peligrosas y
convencerán a otras personas de ellas. Pero creo que es un precio que
debemos estar dispuestos a pagar para proteger la libertad de expresión.
También hay otros problemas que abordar, como cómo los algoritmos
recompensan el contenido sensacionalista , las organizaciones
con dinero pueden dirigirse a los usuarios con anuncios engañosos, desde anuncios de
PragerU hasta información
errónea sobre el voto por correo , y las personas que
odian pueden beneficiarse de su contenido . Sin embargo,
creo que estos pueden resolverse más allá de restringir la difusión de
contenido.
Combatir los
sistemas que permiten que las noticias falsas se difundan más rápido que las
verdaderas podría significar cambiar el funcionamiento de
nuestros motores de recomendación. Lo mismo se aplica a la publicidad con
la abolición de la
economía de la vigilancia para evitar la propagación de
desinformación hiperdirectada . Y para ganar dinero con el
contenido, creo que requiere un debate más serio sobre los modelos de ganancias
de estas empresas, aunque creo que la desplataforma y la desmonetización o la
despromoción son cuestiones distintas.
Estas no son simples conversaciones o soluciones. Sin
embargo, es necesario que enfrentemos las ramificaciones de definir el alcance
de las conversaciones aceptables en las plataformas tecnológicas que se han
convertido en nuestras plazas modernas .
LA OEA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Milenio
de México (https://bit.ly/3d0VOg3)
Latinoamérica, en medio de la violenta pandemia y con un
desorganizado proceso de vacunación, enfrenta tiempos electorales. El 11 de
abril se llevarán a cabo elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia. Chile ha sido
nuevamente golpeado por el incremento de infectados de la Covid-19 por lo que
ha decidido postergar su proceso electoral.
En México tendremos elecciones y el INE ya mandó una invitación
a la OEA para que pueda hacerse presente en las próximas elecciones del 6 de
junio y envíe una misión de representantes como observadores de este proceso.
Con esta visita se cumplen 27 años de participación democrática activa de este
organismo internacional en periodo de elecciones en México, ya que desde 1994
la OEA ha estado como observadora en todas las principales votaciones del país.
Desde 1962 la OEA ha desplegado más de 240 misiones de
observación electoral en 27 naciones del hemisferio, que han ampliado el
alcance de su trabajo a través de la implementación de metodologías que
permiten analizar aspectos clave del ciclo electoral, como la equidad de género
en la contienda, los sistemas de financiamiento político, el acceso a medios de
comunicación y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Con la crisis de salud, la OEA ha desplegado una “Guía para
organizar elecciones en tiempos de pandemia” en la que todas las autoridades
electorales de la región deben apegarse para ejercer su toma de decisiones. La
observación que lleva a cabo este organismo internacional es un testimonio de
lo que sucede en el terreno electoral, haciendo recomendaciones de mejora.
El paso de la OEA por los diversos procesos electorales en
Latinoamérica también ha causado controversia en algunos países, como es el
caso de la misión que presenció el fraude electoral en Bolivia a finales de
2019 y que fue clave para impedir la reelección de Evo Morales, lo que al final
contribuyó a su renuncia.
Este antecedente ha etiquetado al Secretario General de la OEA,
el uruguayo Luis Almagro, como el “villano” y parte activa del “golpe de
Estado” contra Evo Morales, quien tuvo que huir hacía México tratando de evitar
la cárcel. La invitación hecha por el INE provoca molestia e incomodidad en las
entrañas de la 4T debido a lo sucedido en Bolivia. Ya veremos cómo termina la
visita de este organismo internacional que va a vigilar todo este proceso electoral
en México.
BOLIVIA QUIERE PRODUCIR BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE
BASURA: ¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?
El Carro
Colombiano (https://bit.ly/3wJ8Zub)
El país sudamericano de Bolivia quiere
ser uno de los pioneros en la producción e implementación de combustibles amigables con el
medio ambiente, y para el caso de la nación, se trata de un proyecto que
resulta económicamente más rentable.
Las acciones ya están andando, y a hoy Bolivia ya cuenta con una
pequeña planta piloto para
el procesamiento de residuos y desechos de consumo humano para transformarlos
en biocombustibles. Este
centro de producción se encuentra ubicado en la ciudad de El Alto.
Además de hacer un aporte a la conservación y mejoramiento de
los entornos en términos de reducir la contaminación, el programa de
combustibles ‘verdes’ también tiene un objetivo muy puntual. Bolivia
proyecta reducir la
dependencia exterior para abastecer este mercado a
nivel local.
Más detalles
La idea es impulsada por el propio Gobierno de Bolivia, mediante
el apoyo público en favor del bioetanol y
biodíésel. Plásticos, bolsas y neumáticos son algunos de
los elementos que se usan como materia prima sin necesidad de petróleo.
Los componentes son sometidos a un proceso de catalización que
sirve para comprimir los materiales y generar gasóleo. La meta, hablando de
cifras, es lograr la producción de 112.000 litros diarios de
biocombustible. Actualmente la planta de prueba produce 28 litros diarios a partir de 90 toneladas de basura.
De acuerdo a lo manifestado por las entidades oficiales como la
Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, el combustible resultado de este
proceso contiene bajos niveles de azufre y
aporta a la reducción de gases tóxicos.
Los beneficios económicos para el país andino se reflejarán en
la disminución significativa de las importanciones de combustible, las cuales
les genera gastos de 1.200 a 1.400 millones de dólares. El dinero se
invierte en procesos locales y se hace uso más eficiente de los recursos.
Contando con que los planes marchen según lo planeado, en 2024
se espera que entre en funcionamiento una nueva fábrica de biodiésel ubicada
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el centro más poblado de ese país,
donde se reciclará aceites
desechados. La capacidad de producción será de unos 3 millones de
barriles por año.
69
ANIVERSARIO. BOLIVIA, 1952: REVOLUCIÓN OBRERA EN AMÉRICA LATINA
Este 9 de
abril se cumple un nuevo aniversario de la revolución boliviana. Recordamos
aquella gran gesta obrera y comentamos el libro de Eduardo Molina, un valioso
trabajo sobre el tema, que será publicado este año por Ediciones IPS-CEIP.
La Izquierda
Diario de Argentina (https://bit.ly/3dRTebF)
Entre
los días 9 y 11 de abril de 1952, se produjo la mayor revolución obrera que ha
vivido el continente americano. Iniciada como un golpe controlado por el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), se transformaría rápidamente en insurrección
obrera y popular. A fuerza de movilización y cartuchos de dinamita, el
proletariado minero y fabril logró vencer a un ejército regular especialmente
formado y equipado para la represión interna, responsable de numerosas masacres
obreras e indígena-campesinas a lo largo de la historia.
Siendo
la columna vertebral del movimiento obrero boliviano, los mineros acumulaban
una enorme tradición de lucha y una fuerte conciencia de clase expresada en la
Tesis de Pulacayo de 1946 y otros documentos que ponían blanco sobre negro la
necesidad de la revolución proletaria para liberar al país de la centenaria
explotación que había comenzado en la colonia española y continuaba con “los
barones del estaño” aliados al imperialismo.
La
revolución de 1952 conmovió hasta los cimientos al capitalismo semicolonial
boliviano, poniendo a la orden del día la expropiación de los principales
resortes de la economía nacional empezando por las grandes empresas mineras, y
liquidó definitivamente al odiado régimen de “la rosca”, un régimen
oligárquico, corrupto, antidemocrático y represivo. Se abriría un proceso
revolucionario de una profundidad y complejidad sólo comparables con las
grandes revoluciones del siglo XX, como la rusa, la española, o la cubana. Un
proceso que sólo podría ser cerrado por la clase dominante 12 años más tarde y
al precio de enormes concesiones y tras pacientes maniobras de engaño al
proletariado.
Sin
embargo, los mineros, el proletariado fabril y las masas indígenas campesinas
alzadas en el campo, pese a toda su combatividad y arrojo, no lograron
desembarazarse en el curso del proceso de su dirección nacionalista-burguesa,
el MNR de Víctor Paz Estenssoro, el “camarada Presidente” cuyo objetivo central
era garantizar que no se rompiese el orden capitalista.
La
razón de fondo de esta “incapacidad” no estuvo en una falta de determinación
revolucionaria de las masas obreras y campesinas. Por el contrario, la misma
emanaba de ellas constantemente. La razón hay que buscarla en el pérfido rol
que jugó el ala izquierda de la dirección nacionalista, que había conseguido en
el período anterior ponerse al frente de la Federación Minera y luego en la
Central Obrera Boliviana creada tras la revolución. Encabezada por Juan Lechín,
condujo a los trabajadores al callejón sin salida de la conciliación de clases,
es decir a aceptar un gobierno de políticos capitalistas y, colaborando con el
mismo, tratar de conseguir que vaya cumpliendo con las demandas obreras y
populares, así como ir ganando más espacios de poder. Esto se hizo mediante el
cogobierno MNR-COB del cual el que sacó provecho fue Paz Estenssoro.
La
izquierda trotskista, expresada en el Partido Obrero Revolucionario dirigido
por Guillermo Lora, no había sido capaz de ganar la dirección, a pesar de su
gran combatividad y de la influencia que tuvo en la formación de la conciencia
clasista del movimiento obrero. Tampoco fue capaz de hacerlo luego del 52. Por
el contrario, terminó cediendo por distintas vías a las presiones
nacionalistas.
El
MNR, de esta manera, logró desviar y luego derrotar con el golpe
contrarrevolucionario de Barrientos en 1964 el gran proceso revolucionario que
abrieron las jornadas del 9 al 11 de abril de 1952. Pero esos 12 años dejaron
impresa en sangre una enorme riqueza teórica y política para las nuevas
generaciones que se proponen vencer al capital y avanzar en la construcción de
una sociedad sin explotación ni opresión.
Un
libro imprescindible: la historia de Bolivia y de su gran revolución
Con
el propósito de acercar a esas generaciones las principales lecciones
revolucionarias de este proceso, es que nuestro querido compañero ya
desaparecido, Eduardo Molina, se propuso elaborar un libro sobre la Revolución
boliviana que estamos editando para su publicación este año.
Desde
una visión marxista revolucionaria, Eduardo aborda los acontecimientos de 1952,
sus causas y consecuencias, al calor del debate con los principales
protagonistas y analistas como René Zabaleta Mercado y Guillermo Lora, entre
otros.
De
esta forma, y a través de un detallado racconto de los principales hechos,
rescata, con sus particularidades específicas, las discusiones centrales que
rodearon a las grandes revoluciones del siglo XX: el carácter obrero y popular
de la revolución, sus objetivos, las relaciones dinámicas entre las principales
ciudades y el campo, la dirección del proceso a manos del MNR y las
posibilidades que tuvo el POR de ganar esa dirección e imprimirle un carácter
socialista.
Este
núcleo central de su exposición, al que dedicará varios capítulos, viene
precedido por el abordaje de la historia de Bolivia, indispensable para una
comprensión cabal de la Revolución de 1952. Una síntesis de los antecedentes
precolombinos, de la etapa colonial y la posterior independencia, nos introduce
en las bases socio políticas que dieron lugar a la formación del Estado
boliviano y sus principales contradicciones como herramienta fundamental de la
dominación de clase y de la subordinación al imperialismo.
La
historia moderna boliviana, es decir a partir del siglo XX, se analiza
detenidamente, tanto en sus aspectos políticos como de la lucha de clases que
dieron lugar a la formación del combativo movimiento obrero e
indígena-campesino de la nación andina. La cruenta Guerra del Chaco
(1932-1935), tiene una relevancia especial en esta sección ya que conmocionará
al país de tal manera que sus consecuencias políticas y sociales van a
determinar en gran medida las décadas siguientes hasta desembocar en la insurrección
de abril del 52’.
En
esas dos décadas que van de la gran guerra a la gran revolución, veremos los
intentos fallidos de la clase dominante por contener y administrar la crisis
orgánica, al decir de Gramsci, desde el “socialismo militar” hasta los regímenes
abiertamente contrarrevolucionarios de las alas más conservadoras de la casta
política y militar, conocidos como gobiernos de “la rosca”. Y veremos cómo al
calor de la lucha de clases, aunque plagada de sangrientas derrotas como la
masacre de Catavi (1942), se irá forjando el poderoso proletariado minero que
será el gran protagonista 10 años después.
La
desaparición física del autor, el 25 de septiembre de 2019, impidió que pudiera
concluir los últimos capítulos de su trabajo tendentes a aportar “una vista
desde el siglo XXI” a las lecciones revolucionarias que dejó la experiencia de
1952. Una vista que pretendía ajustar cuentas con la falsa alternativa del
“socialismo andino” de Evo Morales y García Linera, que bajo el aura de un
supuesto cambio social, y a pesar de los avances conquistados en cuanto a la
inclusión de las nacionalidades indígenas en el nuevo Estado Plurinacional,
garantizó la continuidad de la dominación capitalista y la dependencia con el
imperialismo.
Nuestro
compañero no llegó a ver el golpe de estado cívico militar de octubre de 2019,
lo que hubiera confirmado su firme convicción, expresada en decenas de
artículos a lo largo de su extensa militancia en el PTS y la FT-CI, de que esa
falsa alternativa solo puede llevar a desviar las tendencias revolucionarias de
las masas y allanar el camino para la contraofensiva de la derecha y el
imperialismo.
Esperamos
que el trabajo de edición que estamos realizando esté a la altura de esta
valiosa elaboración que Eduardo encaró durante los últimos 7 años de su vida, y
sirva de humilde homenaje a nuestro querido compañero.
EL
VICEPRESIDENTE DE BRASIL CALIFICÓ A LA ARGENTINA DE “MENDIGO ETERNO”
Al defender
políticas de ajuste fiscal, Hamilton Mourão abrió un potencial nuevo frente de
conflicto entre la gestión de Alberto Fernández y el gobierno de Jair
Bolsonaro. “Si el país quiebra vamos a quedar igual a nuestro vecino del sur”,
afirmó
Infobae de
Argentina (https://bit.ly/3wJpRAG)
Un nuevo frente de conflicto con el el gobierno de Jair
Bolsonaro se abrió este jueves cuando el vicepresidente de Brasil, al
defender una política de ajuste fiscal, calificó a
la Argentina de “mendigo eterno”. “Si el país quiebra vamos
a quedar igual a nuestro vecino del sur”, alertó Hamilton Mourão.
Las
diferencias políticas e ideológicas quedaron a la vista desde que Alberto
Fernández asumió como Jefe de Estado. “Nos preparamos para lo peor”,
manifestó en ese entonces Bolsonaro. El mandatario brasilero había apoyado
públicamente a Mauricio Macri en la campaña presidencial del 2019. Ya
con el Frente de Todos en el poder, cuestionó la gestión de la pandemia y sus
medidas económicas, afirmando que Argentina “está pésimamente mal” por “votar
partidos comunistas”.
Cuando
el Congreso Nacional aprobó la legalización del aborto, profundizó sus
críticas, y aseguró que por ello nuestro país “tiene lo que se merece”. Además, el cobijo de Fernández
a Evo Morales, pero por sobre todas las cosas el respaldo a Lula Da
Silva y al PT, tensaron aún más la relación bilateral entre Argentina y
Brasil. Luego las posiciones se acercaron y Bolsonaro llegó a respaldar a la Argentina en sus negociaciones con
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin
embargo, en esta ocasión, la mecha la encendió el vicepresidente de Bolsonaro,
Hamilton Mourão, quien asistió a la asunción de Alberto Fernández en 2019 en
representación de Brasil. Participó este jueves de un evento virtual con
inversores y empresarios, en el cual defendió respetar los principios de
responsabilidad fiscal para evitar la “quiebra” del país.
“No
podemos escapar de las reglas de responsabilidad fiscal, si no el país quiebra
y, si el país quiebra, vamos a estar igual que nuestro vecino del sur, igual
que Argentina, eterno mendigo”, declaró el general retirado de 67 años.
El
evento fue organizado por XP, una de las principales financieras de ese
país. Ante el público empresario que asistió de forma virtual, advirtió que la
deuda pública brasileña se triplicó en los últimos 12 años, alcanzando cerca
del 90% del PBI. Además agregó que este es el séptimo año consecutivo de
déficit fiscal.
El embajador Daniel Scioli y la Cancillería avanzaron para
acercar posiciones tras los duros cruces. En un encuentro
virtual que se llevó a cabo a fines de noviembre pasado, comenzó el
descongelamiento del vínculo entre los gobiernos, sumado a la visita oficial a
la Casa Rosada y a la residencia de Olivos en enero de este año del almirante
Flavio Viana Rocha, secretario de Asuntos Estratégicos y mano derecha del presidente
brasileño. Este movimiento se observó como un gesto de distensión y de
acercamiento, y hasta hubo regalo de una camiseta de fútbol de Palmeiras, el
club del que es fanático el mandatario brasileño.
A
principios de marzo, Bolsonaro respaldó las negociaciones de Argentina con el
Fondo Monetario Internacional, en lo que fue uno de los gestos de mayor
cooperación con Alberto Fernández. En un video que difundió Scioli se lo
escucha al mandatario de Brasil anunciar: “El 26 de marzo voy a estar en Buenos
Aires, en nuestra querida Argentina. Vamos a estar celebrando los 30 años de la
creación del Mercosur. El COVID-19 causó dificultades económicas en todo
el mundo. Nuestro deseo es que Argentina tenga éxito en sus negociaciones con
el FMI”.
“La
situación financiera de Argentina es bastante complicada. El éxito económico de
los países de América del Sur y de Argentina es interesante para toda América
del Sur, incluido Brasil. Será la primera vez que vamos a conversar con el
presidente de Argentina. Lógicamente, tendremos una conversación reservada y
públicamente vamos a tratar las cuestiones económicas de nuestros países”,
resaltó el brasileño.
La
grave situación epidemiológica que atraviesa la región frustró el arribo de
Bolsonaro a nuestro país el pasado 26 de marzo. La cumbre entre los integrantes
del Mercosur, en el marco de los 30 años de la creación del bloque regional, se
debió realizar de manera virtual por lo que lo que iba a ser la primera reunión
entre Fernández y su par brasilero se postergó para otra oportunidad.
Bolivia está
pensando en el futuro y desde ya tiene en marcha un proyecto nacional para la
producción de combustibles usando como materia prima desechos. Esta es una
apuesta que da pasos firmes.
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