DE QUEDAR EN LA CALLE A SER CÓNSUL DE BOLIVIA EN LA CIUDAD DE SALTA

Es abogada y tras el golpe de Estado en Bolivia fue apartada de su cargo de agente consular en Jujuy. Quedó sin un sueldo y sin documentos, mientras debía mantener a su hija y vencer la covid.

La abogada Mónica Roxana Álvarez asumió el 15 de marzo de este año como cónsul de la República Plurinacional de Bolivia en la ciudad de Salta. Lo hizo luego de que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganara las elecciones en 2020, de la mano de Luis Arce y David Choquehuanca, restituyendo la institucionalidad tras el golpe de Estado comandado por Jeanine Áñez en 2019.
Álvarez tiene 50 años y nació en Oruro, igual que el ex presidente Evo Morales Ayma. Además, es hija de dirigentes que vivieron la persecución por mucho tiempo. Así como también fue perseguido su esposo, antes de que el MAS llegara por primera vez al gobierno en 2006. Ella no quedó exenta y durante la etapa golpista de Añez, se desempeñaba como agente consular en la provincia vecina de Jujuy.
Resistir la persecución, aun cuando contrajo covid, hoy la lleva a que esté al frente de uno de los consulados más grandes que tiene el país, siendo incluso, una de las primeras mujeres en el país argentino en ocupar el cargo. Álvarez no desconoce esta singularidad y destaca que desde que está el MAS en el gobierno, siempre ha mostrado respeto por la paridad de género, sea en el gabinete de ministros o en el Parlamento.
“Entonces para mí implica un desafío y además, es la confianza que me han brindado”, dijo recordando a que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, le comunicó que tanto Arce como Choquehuanca le pidieron que fuera cónsul en la provincia. “A partir del 15 nos constituimos acá en la Capital de Salta y tenemos jurisdicción también en Catamarca, Chaco y Tucumán”, contó a Salta/12.
“Cuando me mencionó que fue el Presidente y el vicepresidente, entonces es obedecer. Es como si fueras soldado, vas donde se te necesita. Bah, sí podrías decir que no, pero somos soldados. Si te están diciendo un lugar, es porque te están necesitando ahí”, se explicó.
Para la cónsul, responder a esa confianza es demostrar resultados en su gestión. Lo que la lleva a que tenga en claro que hay que “ser más comprometidos con nuestro proceso de cambio porque nuestro proceso de cambio nos cuesta sangre, llanto, lágrimas, dolor, y hasta alegrías”, manifestó convencida al asegurar que la Bolivia que conoció hace 20 años no es la misma de hoy. “Yo personalmente, que ya tengo medio siglo de vida, puedo decir que fue cambiando y también mi madre que ha sido dirigente y fue perseguida”, subrayó.
Por eso, contó que su gestión se basará en la política exterior que marque Maita, con base en la ley boliviana N° 465, de Relaciones Exteriores. Para empezar, su primer paso es restablecer la atención que se vio afectada con el anterior cónsul, Agustín Saavedra, designado por Áñez. “Esa atención tiene que ser de calidez, además, de tratar de que en lo mayor posible, se solucionen los problemas que pueden tener” los residentes en Salta. Además, de “velar por los derechos humanos en el país que están”.
En ese marco informó que ya está programada una reunión con la delegación salteña del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI). La iniciativa se da en un contexto en el que “lamentablemente todavía hay manifestaciones de racismo y discriminación”, por lo que es necesario “ver cómo la vamos a asumir conjuntamente en un trabajo entre ambas instituciones”. “Estamos en un país que ha recibido a hermanos y hermanas bolivianos y entonces se necesita de un trabajo conjunto y coordinado, sobre todo”, indicó.
En Salta más de 3 mil ciudadanos bolivianos y bolivianas fueron llamados a votar en las últimas elecciones. En ese padrón hay un trabajo sostenido de diversas colectividades que se fueron formando a lo largo de los años. La cónsul contó que ya se reunió con algunas de ellas, incluso una le ofreció una cena de bienvenida. Ahora ya preparan una actividad para el 15 de abril, fecha que se conmemora la Batalla de la Tablada de Tolomosa, ocurrida en 1817 en la ciudad de Tarija. “Que los hermanos tarijeños sientan que somos una colectividad, que no es pequeña, porque han hecho vida acá”, expresó.
Álvarez contó que a su llegada encontró “una comunidad boliviana que se fue alejando del Consulado justamente por el golpe de Estado” ya que el cónsul nombrado por el gobierno dictatorial no mantenía ninguna relación con las colectividades y residentes en Salta. “Al haber un divorcio con quien era el ex cónsul, no había una confianza de los connacionales para poder asistir al propio Consulado”, relató.
La provincia recibió a un gran número de refugiados políticos, que por cercanía geográfica y por vínculos con residentes de aquel país se resguardaron en distintas localidades. Ahora la cónsul confirmó que no queda ningún perseguido político en Salta ya que todos pudieron retornar a Bolivia. “Como ahora se ha establecido un gobierno democrático constitucional entonces sí hay garantías de derechos humanos por las cuales se retorna al estado plurinacional”, sotuvo.
No es rencor, es justicia 
A mediados de marzo se conoció la orden de detención preventiva contra Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, acusados de gestar el golpe, en cuyo marco se produjeron las Masacres de Sacaba y Senkata. “Es Justicia”, dijo Álvarez sobre la detención de la ex presidenta de facto.
Esa decisión también se amparaba en el señalamiento que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó a que se establezca en Bolivia el proceso contra Áñez y su cúpula porque “sí se comprobó que hubo una masacre”. También se sumaron los pronunciamientos que se realizaron desde la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Muchos organismos internacionales han indicado que hubo una masacre en Bolivia y lo que se tenía que hacer era justicia”, afirmó la cónsul.
Recordó que son procesos legales enmarcados en la Constitución boliviana, y que por lo tanto, “no ha habido venganza”, sino una investigación para dar justicia a las 30 personas muertas en Sacaba y Senkata, además de que la represión dejó más de mil heridos y miles de familias afectadas. Por eso, insistió en que el pueblo boliviano “no ha ido por un tema de rencor, sino por justicia”.
“Nos habían dejado en la calle”
Cuando se concretó el golpe de Estado en Bolivia, Álvarez de desempeñaba como agente consular en Jujuy. En abril del año pasado, el Consulado quedó vacío ya que el cónsul designado por el MAS fue apartado. Aun así intentaron seguir atendiendo hasta que designaron a una persona por orden de Áñez. En ese momento Álvarez fue dejada cesante.
“Cuando nos cesan, nos dejan como si no fuéramos ni bolivianos”, relató, ya que tras el apartamiento del cargo, el gobierno de facto les quitó sus pasaportes y sus documentos de identidad. La ex agente consular estaba en Jujuy junto a su hija de 12 años. “Nos vamos quedando sin ninguna documentación en un país extranjero y en plena pandemia”, contó, por lo que tuvieron que acudir al refugio político porque “nos habían dejado completamente en la calle”.
Para sobrevivir, la diplomática se dedicó a elaborar pan y masas dulces en la casa de una familia jujeña. Allí se contagió de la covid-19, pero “no podía ir a un hospital porque no tenía ni el pasaporte”. “Sólo tenía la cédula boliviana y con ella lamentablemente no me atendían” y acceder a una clínica privada no era posible porque no tenía los fondos para hacerlo.
En esa situación acudió a medicinas naturales que sus compatriotas le llevaban después de que se hizo un pronunciamiento por parte de algunas colectividades de Jujuy. “Me dejaron hojas de eucalipto, naranjas con cáscara gruesa, jengibre, ajo para que con eso pueda contrarrestar y poder restablecerme”.
En septiembre, ya recuperada, solicitó el regreso a Bolivia, pero el Consulado rechazó la solicitud argumentando que tenía que tener una emergencia de salud o que hubiese fallecido algún familiar directo.
La retención del pasaporte está prevista en el reglamento para los apartamientos de cargos en otros países. Pero Álvarez consideró que por la pandemia debió existir una flexibilización, pero “en realidad había un interés del gobierno de facto de dejarnos en la calle”.
Recuperación de la democracia
Después de recuperarse de la covid, Álvarez se abocó a la campaña presidencial de Arce y Choquehuanca en San Pedro de Jujuy y Perico. Allí articuló con varios de sus hermanos bolivianos y bolivianas y emprendieron diferentes acciones. Una de las dificultades que se les presentó fue que en Jujuy hay una población boliviana analfabeta que votaba al MAS guiada por la foto de Evo Morales, pero con los nuevos candidatos, tuvieron que hacer panfletos especiales.
También enfrentaron otras dificultades, como los intentos de anular mesas o el hecho de que muchos bolivianos y bolivianas que vivían lejos de las ciudades no tenían recursos económicos para trasladarse.
Al ser consultada sobre la asunción de las nuevas autoridades presidenciales de Bolivia, Álvarez no pudo contenerse y con lágrimas en los ojos dijo que “fue una gran emoción”. “Es como si se hubiera ido el Ajayu de Bolivia y vuelve”. El Ajayu es la fuerza andina que contiene a los sentimientos y la razón. “Vuelve la democracia, el respeto a la Constitución, vuelve el respeto a los derechos humanos y está la whipala”.
Para la cónsul, la whipala implica vida porque vuelve el Pachakuti (la transformación de todo). “Ahí está el Pachakuti y es nuevamente para el vivir bien”. Y consideró que el triunfo en las elecciones también se dio por la lucha que vienen sosteniendo desde hace décadas. “Nuestra lucha no es de ahora, es de muchos años atrás. Arranca desde antes que entremos al gobierno de nuestro hermano Evo Morales Ayma, nuestro hermano líder, fundador de nuestro instrumento político”.
Aseguró que con la llegada del Evo se dio una fuerte lucha contra el neoliberamismo y el imperalismo. "¿Basados en qué? en algo que es nuestro derecho” porque “somos indios, somos campesinos, somos originarios y esa es nuestra lucha”, afirmó. Por eso dijo que fue una gran emoción cuando Evo Morales y Álvaro García Linera retornaron a Bolivia desde territorio argentino.
“A nuestro Presidente lo habían sacado a la fuerza, había peligrado su vida y realmente era más importante precautelar la vida de él”, recordó. Por eso con su regreso y con las nuevas autoridades, el gobierno estaba completo. “Era como que en tu familia está faltando algo. Entonces es otra emoción que te inunda y te va llenando” porque con ese “espíritu revolucionario” que tienen en el MAS, “está llegando el líder para que nuestro gobierno nuevamente pueda ir con la misma política con la que se ha ido manejando”. Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3ufdzhE)
 
 
 
 
 
12 LÍDERES CON UN SOLO CORAZÓN POR BOLIVIA
 
Los líderes de izquierda en América del Sur escribieron una carta condenando el esfuerzo de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de Bolivia. En la carta, se utilizaron expresiones de "Estados Unidos ahora debería respetar la democracia".
 
Bir Gun Net de Turquía ( https://bit.ly/39I3JNf)
 
En Bolivia, el apoyo internacional está creciendo para el gobierno del Movimiento al Socialismo, que ganó las elecciones del año pasado, incluidas más de 30 figuras de izquierda, incluidos exjefes de Estado, cancilleres y defensores de los derechos humanos ganadores del Premio Nobel de la Paz, el Estados Americanos radicados en Washington, hizo un llamado a su Organización (OEA) a respetar la voluntad del pueblo boliviano. Entre los que firmaron la convocatoria se encontraban Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Lugo de Brasil, Dilma Rousseff de Paraguay, Rafael Correa de Ecuador, José Pepe Mujica de Uruguay, Evo Morales Ayma de Bolivia, Ernesto Samper de Colombia.
NO INTERFERIR EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE OTROS PAÍSES
Jeanine Áñez, quien llegó al poder en Bolivia luego del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, y varios ministros fueron arrestados a principios de marzo. Mientras Jeanine Áñez y sus asociados fueron acusados ​​de masacres contra la población civil, terrorismo y conspiración contra políticos, las personas que realizaron manifestaciones en todo el país exigieron que los golpistas sean castigados en la frontera más alta.
Al condenar la detención de la golpista Jeanine Anez y sus asociados, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo la semana pasada: “El sistema judicial boliviano no está en condiciones de ofrecer garantías mínimas para un juicio justo. Dijo que "todos los detenidos deben ser puestos en libertad hasta que existan procesos y mecanismos imparciales para determinar las responsabilidades". A raíz de esta declaración, redactó un texto en el que 12 exjefes de Estado, ocho ex cancilleres y defensores de los derechos humanos en América del Sur condenaron este esfuerzo de intervención de Luis Almagro. En el texto, "la OEA debe actuar dentro de su marco institucional y evitar injerencias en los asuntos internos de los Estados miembros", dijo.
NO PUEDES ESPERAR LAS OPCIONES
En el texto de la firma, recordando que los informes elaborados por la OEA tuvieron un gran impacto en el sangriento golpe de Estado que se dio en el país en 2019, también se subrayó que no se debe olvidar el papel de Luis Almagro. “Por lo tanto, condenamos enérgicamente estos nuevos movimientos contra un gobierno elegido democráticamente. Almagro ignora los resultados electorales de octubre de 2020”.
En el texto también se condenaron las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Refiriéndose a la solicitud de Blinken de que "el gobierno de Bolivia debe liberar a los ex funcionarios encarcelados", el texto decía: "Una vez más, enfatizamos la importancia de respetar la soberanía de los pueblos y el derecho a la autodeterminación. "Estamos profundamente preocupados por las últimas declaraciones del secretario de Estado estadounidense Blinken, quien intervino en asuntos bolivianos".
El líder del MAS, Luis Arce, quien llegó al poder a través de las elecciones en Bolivia, le agradeció la solidaridad en su publicación en su cuenta de redes sociales. "Queremos que se respete nuestra democracia", dijo Arce.
¿QUÉ SUCEDIÓ?
El exlíder Evo Morales, quien ganó las elecciones en Bolivia en la primera vuelta del 20 de octubre de 2019, renunció el 10 de noviembre luego de las protestas de los opositores que tomaron las calles con denuncias de trampas, el motín de la policía y la convocatoria de
el ejército, y tuvo que salir de su país al día siguiente.
En ese momento, en el país donde Jeanine Anez, vicepresidenta de la Asamblea de Senadores, ala superior de la Asamblea Legislativa Multinacional Boliviana, fue nombrada a la presidencia, organizó acciones anti-Anez, en su mayoría locales, y más de 30 personas murieron. En Bolivia, las elecciones generales, que deberían celebrarse dentro de los 3 meses posteriores al nombramiento de Anez, se llevaron a cabo el 18 de octubre de 2020, y el candidato de Morales, Luis Arce Catacora, ganó la elección en la primera vuelta con el 55 por ciento de los votos.
 
 
 
 
 
AMÉRICA LATINA CAMBIARÁ
 
Carta Maior de Brasil (https://bit.ly/31Qkqle)
 
Luis Arce: “fortaleciendo la integración e independencia con el Mercosur”
En su discurso en las conmemoraciones de los 30 años del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que Bolivia aspira a ser miembro de pleno derecho, el presidente del país andino, Luis Arce Catacora, llamó a los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a cumplir con su misión histórica. Arce afirmó que "no hay integración si no hay independencia" y reiteró "la necesidad de construir una integración emancipadora, que es la única vía para cambiar las relaciones centro-periferia".
“La integración subordinada aumenta las brechas entre nuestras naciones del Sur y las del Norte, impide la diversificación de nuestras economías, nos confina en nuestra condición de productores de materias primas, aumenta las desigualdades sociales y nos deja prisioneros del concepto neoliberal del mercado. y globalización ”, destacó el mandatario boliviano.
“En nuestro continente tenemos el imperialismo más poderoso que ha conocido la humanidad y, aunque su hegemonía está en declive, es una verdadera amenaza para la democracia y la paz”, señaló Arce, recordando cómo bolivianos y bolivianos podrían sentirse en su propia piel. , en noviembre de 2019. Por lo tanto, para que tengamos “colaboración y respeto entre todos los países del continente, que incluye a Estados Unidos”, enfatizó, es necesario que “logremos una especie de equilibrio de poderes y respeto entre países ”Y,“ para ello es fundamental el aporte del Mercosur y otros mecanismos de integración ”.
PERO GANA ELECCIONES REGIONALES EN BOLIVIA
Dolores Arce: “Movimiento al Socialismo garantiza vacunación, democracia y soberanía a los bolivianos”
La activista popular y comunicadora boliviana Dolores Arce estima que hubo una “victoria importante” del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en las elecciones de principios de marzo para gobiernos y parlamentos estatales y municipales. Coordinadora técnica de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas de Cochabamba Bartolina Sisa, exdirectora ejecutiva del Centro de Producción Radioeléctrica de Bolivia (Cepra) y exdirectora de la Radio de los Pueblos de Origen (RPOs) - vinculada al Ministerio de Comunicación y operado por organizaciones sociales y comunidades -, Dolores dice que “es bien sabido que el presidente Luis Arce ha enfrentado la crisis, en medio de la pandemia y el legado catastrófico que dejó la mala gestión de Jeanine Áñez”.
En medio de las celebraciones del 26 aniversario del MAS, el combatiente cree que hay tres ejes fundamentales que el país andino debe comenzar a priorizar: “la profundización de la democracia; la defensa de la salud pública, con la lucha contra la pandemia a través de la vacunación masiva; y el avance social, político y económico con legislación que fortalezca al Estado ”. "Creo que son los ejes los que debe trabajar nuestro presidente y que hemos avanzado en todos ellos", concluyó.
NEOLIBERALISMO A LA CHILENA
El gobierno chileno quiere liberar trabajo de oficina en casa para pacientes con Covid
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile interpuso una demanda ante la Contraloría General de la República el pasado miércoles (31) contra la circular del Ministerio de Salud que autoriza el trabajo en el Ministerio del Interior para pacientes con Covid. La organización aboga por que se tomen medidas urgentes para dejar ineficaz el sistema de gobierno de Sebastián Piñera.
En su demanda, la Central condena la medida ministerial por ser “absolutamente ilegal y amenazante”. “Ilegal, porque no tiene competencia legal para instruir contra la Justicia, viola la legislación vigente y viola los derechos fundamentales, al pisotear el derecho humano al descanso por enfermedad y el derecho inalienable del trabajador a la baja por enfermedad”, señala.
En la valoración del secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, "pretenden socavar el derecho de los trabajadores a poder cuidar su propia salud, incluso cuando se encuentran en situación de riesgo". Con eso, señaló, el gobierno de Sebastián Piñera, sigue confirmando que está del lado del poder económico.
Para el abogado laboralista Pablo Zenteno, responsable del Programa Diálogo Social y Tripartito de la Fundação Instituto de Estudos do Trabalho (FIEL), los argumentos de la Central se basan en tres puntos, entre ellos la denuncia que la circular señala que, “en común según el empleador ”, el empleado puede teletrabajar“ incluso estando infectado con el coronavirus ”. Esta cuestión, recalcó el abogado, en las “relaciones completamente asimétricas entre trabajador y empresario”, sin el equilibrio de la Justicia, es impuesta por el lado más fuerte, el del capital.
CUBA REPUDA LAS ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS
Los cubanos rechazan la acción “indigna, inmoral y mentirosa” del gobierno de los Estados Unidos
El presidente cubano Miguel Días-Canel calificó la acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos de “indigna, inmoral y mentirosa” en su informe anual, que denuncia la falta de elecciones libres y los casos de tortura en la isla. Según el mandatario, utilizan la misma "retórica infame de siempre para difamar a una isla heroica, que sufre un criminal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, causando un enorme daño al pueblo cubano".
Para ampliar aún más el torniquete, la ley Helms-Burton, que recientemente cumplió 25 años, castiga o amenaza a quienes comercian o invierten legítimamente en la Isla; elabora listas detalladas para aplicar restricciones adicionales al sistema empresarial cubano; ataca envíos; impone aún más limitaciones a las posibilidades de viaje; establece un acoso criminal al suministro de combustible; encierra transacciones financieras y mantiene una campaña permanente de presión contra otros países para que rechacen incluso la cooperación médica, incluso cuando la necesitan.
Según el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en términos actualizados, el daño causado por el bloqueo estadounidense a Cuba, durante seis décadas, supera el billón de dólares.
 
 
 
 
 
POR QUÉ EL FUTURO DE LA ENERGÍA PODRÍA PASAR POR EL LITIO GEOTÉRMICO
 
Nobbot de Com. de España (https://bit.ly/3rPG2Jj)
 
Número atómico 3, el litio es el metal más ligero y el elemento sólido menos denso del planeta. La revolución del litio geotérmico se anuncia dentro de la más amplia revolución del litio, la que debería permitir la transición energética. Este material, de hecho, es actualmente la mejor herramienta para almacenar energía de fuentes renovables.
Ya ampliamente utilizado en medicina, hoy el litio es fundamental para las baterías de ordenadores, smartphone y, sobre todo, dentro de la movilidad eléctrica. Se estima que el 90% de las baterías de iones de litio producidas en los próximos diez años se destinarán a los automóviles. En definitiva, en el siglo XXI, el litio podría tener la importancia estratégica que tuvo el carbón en el siglo XIX y el petróleo en el XX.
El litio se conoce desde 1817, cuando el sueco Johan August Arfwedson lo identificó dentro de la peralita, mineral descubierto en 1800 en Suecia por el brasileño José Bonifácio de Andrada e Silva. Los científicos comprendieron de inmediato que si se encontraba un uso adecuado, el litio podría adquirir un gran valor comercial. Sin embargo, entonces nadie sabía qué hacer con él. Ahora, según el Banco Mundial, para cumplir con los objetivos climáticos globales que se han establecido para 2050, la extracción de litio debería multiplicarse por diez. También se están fomentando su reciclaje, pero no es suficiente para la expansión que se espera.
Los yacimientos de litio más grandes del mundo se encuentran en dos lugares: en un triángulo latinoamericano entre Bolivia, Argentina y Chile, y en Australia. En el primer caso, el metal se obtiene de depósitos subterráneos de agua salobre situados debajo de los lechos de lagos secos, convertidos en desiertos de sal. En el segundo, se recava de la roca. También hay importantes minas de litio en China.
EL ORO DEL FUTURO
Extraer litio de las rocas australianas requiere la emisión de 15 toneladas de CO₂ por cada tonelada de material obtenido. Sin mencionar las cicatrices que quedan en el paisaje y el consumo de grandes cantidades de agua. Por contra, la extracción de litio de los lagos secos en América del Sur contamina menos, pero requiere aún más agua en áreas donde ese recurso escasea.
No en vano, decisiones políticas y la resistencia de la población local han hecho que los 21 millones de toneladas de litio estimadas en el inmenso Salar de Uyuni (Bolivia) prácticamente no hayan sido tocados. Allí, en un área de 10.582 kilómetros cuadrados, a 3663 metros de altura, en el altiplano andino meridional de Bolivia, la extracción nunca ha superado las 350 toneladas por año.
Según varios observadores, además, el aumento de valor del litio pone en riesgo el frágil equilibrio político y social de los países latinoamericanos. En particular, los partidarios del expresidente boliviano Evo Morales han polemizado duramente con Elon Musk en los últimos meses. De hecho, el propietario de Tesla está muy interesado en los yacimientos de litio del país para producir las baterías eléctricas de sus coches. Actualmente China y Corea del Sur son los mayores productores de bacterias de iones de litio.
Por su parte, Bruselas estima un valor potencial de hasta 250 mil millones de euros en 2025 para el mercado de las baterías eléctricas en la Unión Europea (UE). Todo el continente se está llenando de ‘gigafábricas’, el término acuñado por Elon Musk en 2013 para la primera fábrica de baterías de Tesla en Nevada (Estados Unidos). Entre diez y quince ya están en fase de puesta en marcha o planificación, con el objetivo de multiplicar exponencialmente la capacidad de producción hasta los 400 GWh al final de la década.
LA ESPERANZA DEL LITIO GEOTÉRMICO
El litio geotérmico, identificado recientemente en Cornualles (suroeste de Reino Unido), Renania (Alemania) y Estados Unidos, ya está en el agua. Por tanto, podría utilizarse reduciendo costes y el efecto contaminante. El hallazgo de esa nueva fuente extractiva es de Cornish Lithium, una empresa creada en 2016 por el exbanquero Jeremy Wrathall para extraer litio de las aguas salobres de las minas de Redruth en Cornualles. El lugar exacto es Wheal Clifford, una antigua mina de cobre donde, en 1864, se descubrió un manantial termal a 50° C, a 450 metros bajo tierra.
Tras los análisis se encontró un contenido de litio entre 8 y 10 veces superior al de cualquier otra fuente considerada hasta entonces. En Wheal Clifford, el litio se encuentra en una solución concentrada y caliente, ha circulado en las rocas y se ha enriquecido con elementos como el boro o el potasio. La energía ya proviene de forma natural del proceso geotérmico, y los 260 miligramos de litio que fluyen a través de ella, a un ritmo de entre 50 y 60 litros por segundo, ya serían suficientes para fabricar la batería de un teléfono inteligente.
El proyecto de Cornish Lithium también implica la producción de calor y energía sin carbono a partir de la misma agua caliente en la que está contenido el litio, a 5,2 kilómetros bajo tierra. En la salmuera la cantidad de sodio y magnesio parece baja, lo que facilitaría aún más la extracción. El gobierno británico asignó en agosto pasado 5,3 millones de dólares para construir una planta piloto en los próximos dos años. La esperanza es revivir una tradición minera en Cornualles que parecía agotada después de 4500 años de historia.
EN EUROPA
El yacimiento británico no es el único sitio del mundo que apuesta por el litio geotérmico. También se ha identificado un Lithium Valley que podría proporcionar suficiente litio geotérmico para satisfacer dos quintas partes de la demanda mundial de litio, en el sureste de California (Estados Unidos), en el Mar Salton. Un lago salado que podría suministrar 600.000 toneladas de litio al año, por valor de 7.200 millones de dólares.
Europa también tiene importantes reservas de litio, especialmente en Portugal. En cambio, el litio geotérmico debería encontrarse en el valle del Rin (Alemania). Pero por ahora estos yacimientos no se están explotando. Si bien durante los próximos cinco años, la Unión Europea tiene como objetivo reducir drásticamente la importación de litio y otras materias primas estratégicas, las restricciones ambientales y una industria de procesamiento subdesarrollada mantienen una condición de dependencia. La fiebre del oro del futuro ya ha comenzado, ya veremos quienes se quedarán atrás.
 
 
 
 
 
CRISIS DEL CORONAVIRUS: BRASILEÑOS DESESPERADOS CRUZAN A BOLIVIA POR VACUNAS
 
Ambito de Argentina (https://bit.ly/3wu1IxV)
 
Varios brasileños, desesperados por el avance de la pandemia de coronavirus en su país, han cruzado la frontera con Bolivia para intentar vacunarse en ese país del Altiplano, se quejaron autoridades bolivianas.
Lo denunció el responsable de la Red de Salud de la provincia boliviana Ángel Sandoval, Javier Rivas Dalence, quien dijo que brasileños de la ciudad de Cáceres, con familiares en San Matías (Bolivia), llegan al país para inmunizarse.
La información fue publicada por el portal Cáceres Notícias. Rivas, que fue entrevistado por este medio, pidió a los ciudadanos brasileños no ingresar al territorio boliviano en busca de la vacuna.
La ciudad de Cáceres está a apenas 70 kilómetros de distancia de San Matías, lo que facilita el flujo de personas entre los dos países. Sin embargo, la proliferación una nueva variante del coronavirus en Brasil, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias de Bolivia, algo que se extendió a otros países que comparten frontera con el gigante sudamericano.
"Se ha decidido continuar la vacunación el sábado y domingo, nos están llegando 8.200 dosis para vacunar a la población de la provincia y San Matías. Pedimos a la gente no traer a gente de Cáceres o familiares de Brasil, porque pueden traer la variante P1 del coronavirus", dijo Rivas.
Bolivia ha incrementado los controles y el gobierno nacional de Luis Arce dispuso el envío de vacunas a la extensa frontera que existe entre ambos países, publicó el diario El Deber.
No obstante, antes del cierre fronterizo que se inició este viernes, muchos brasileños llegaron a San Matías en busca de la inoculación contra el coronavirus.
El número de muertos por coronavirus en Brasil ha superado los 330.000, según datos divulgados la mañana del domingo por la Universidad Johns Hopkins.
Según la universidad estadounidense, desde el inicio de la pandemia el país sudamericano ha registrado un total de 330.193 muertes confirmadas por Covid-19 frente a 12.953.597 casos de contagio.
 
 
 
 
 
ARCE TUERCE LA VERDAD: LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA NO EMPEZARON CON JEANINE ÁÑEZ
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/3rWNC52)
 
Así como todos y cada uno de los países del mundo, Bolivia busca la mejor manera posible de recuperarse de la pandemia del covid-19 y los confinamientos masivos y forzosos empleados para encararla durante 2020. 
Para lograrlo, el gobierno de Luis Arce Catacora se ha planteado retomar –si es que alguna vez hubiese sido abandonado– el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB), que habría generado el crecimiento económico más elevado en la región en el pasado, y que, por tanto, será el que permita la recuperación cuanto antes.
Sin embargo, veamos primero, de la manera más amplia y objetiva posible, si es cierto que el MESCPB es realmente el que garantizará la recuperación, con base en una serie de índices económicos e informes elaborados por distintos organismos y fundaciones internacionales independientes. 
El Índice de Libertad Humana, elaborado anualmente por Ian Vásquez, del Instituto CATO, y Fred MacMahon, del Instituto Fraser, presenta una medida amplia de la libertad humana, entendida como la ausencia de restricción coercitiva. Utiliza 79 indicadores distintos de libertad personal y económica en 12 áreas como el imperio de la ley, tamaño del gobierno o sistema legal y derechos de propiedad.
En la edición de 2020 de este índice Bolivia se encuentra en la posición 91 de entre 162 países analizados de todo el globo, por delante de países como Nepal, Kenia y Papúa Nueva Guinea, y entre los países de América Latina se encuentra solamente por delante de Haití, Nicaragua y Venezuela.
Igualmente, en el Índice de Libertad Económica 2021 de la Fundación Heritage y el Wall Street Journal, que suele analizar alrededor de 183 economías en base a 12 elementos distintos, como la existencia del imperio de la ley, una alta o baja carga fiscal o un alto o bajo gasto público, Bolivia ocupa el puesto 172 de 178 economías observadas, es decir, es una de las naciones más económicamente reprimidas del mundo, solamente por delante de Eritrea, Zimbabue, Sudán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte.
Otro aspecto a destacar de la edición 2021 de este reporte es que –como muy bien señala Antonio Saravia, doctor en economía, director del Centro para el Estudio de la Economía y la Libertad, y profesor asociado en la Universidad Mercer-, en 1998 Bolivia alcanzó a ocupar el puesto 25 entre 155 economías analizadas, condición que se pudo mantener hasta 2004, año a partir del cual fue “cuesta abajo en la rodada.” 
De igual manera, hace unos días atrás, la revista The Economist y su unidad de investigación y análisis, publicaron un reporte titulado Politics, populism and policy: operational risk in Latin America, con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos más críticos para las operaciones comerciales en la región posteriores a la pandemia del covid-19. 
Girando el análisis sobre tres ejes como el riesgo político, el riesgo económico y el riesgo político para la inversión privada, The Economist destaca que solamente Venezuela, Nicaragua y Haití representan un mayor riesgo operativo que Bolivia. Incluso Cuba, Honduras y Argentina presentan elementos para el riesgo relativamente menores.
En el mismo sentido, ya en 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe especial titulado Economías sombrías en todo el mundo, en el que recopila información sobre el fenómeno del subempleo desde 1991 en un total de 158 economías.
Con base en este estudio, el FMI determinó que Bolivia tiene una economía informal del 62,3% de su Producto Interno Bruto (PIB), convirtiéndose así en la economía informal más grande del mundo, incluso más que la de Zimbabue, que representa un 60,6% de su PIB.
Sin embargo, aunque para el FMI la principal causa de la informalidad es “que las empresas y los particulares ‘hacen trampas’ para no pagar impuestos”, esto podría tratarse más bien de los efectos de una cantidad, nivel y dificultad cada vez más grande para pagar impuestos como causa fundamental, como se puede inferir a partir de las Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, de la OCDE, que sostienen que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Bolivia en 2018 (25,4%) estuvo por encima del promedio de toda la región (23,1%) .
En este mismo sentido, el Índice de Facilidad para Hacer Negocios 2020 (Doing Business) del Banco Mundial, que realiza un análisis sobre 160 economías respecto de qué tan fácil es abrir o incluso cerrar una empresa, qué protecciones existen para los inversores, o el número de impuestos pagados, horas al año dedicadas a preparar declaraciones de impuestos y el impuesto total a pagar como porcentaje del beneficio bruto de una empresa, Bolivia cayó del puesto 111 en 2006 al puesto 150 en 2020, mientras un país como Chile cayó del puesto 25 en 2007, al 59 en 2020, y Venezuela del 120 en 2006 al 188 en 2020.
Al mismo tiempo, en el Índice de Competitividad Global 2019, del Foro Económico Mundial, que mide la manera en que un país utiliza sus recursos y capacidad para proveer un alto nivel de prosperidad a sus habitantes, Bolivia cayó del puesto 99 en 2007, al 107 en 2019. Su peor año fue en 2010, cuando cayó al puesto 120. Un país como Chile, pasó del puesto 27 en 2007 al 33 en 2019, y otro como Venezuela, pasó del 85 en 2007, al 133 en 2019.
Por esto mismo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020, determinó que Bolivia ha ido atrayendo cada vez menos capital privado del exterior de manera sostenida al menos desde 2013, habiendo recuperado ligeramente en 2017, hasta que en 2019 fue incluso negativa en $-237 millones.
Como se puede observar, probablemente Bolivia haya visto crecer su PIB en el pasado, pero no se ha traducido necesariamente en una mejora significativa en la calidad de vida de sus habitantes. Es más, aparentemente el crecimiento que ha permitido el MESCPB entre 2006 y 2013 -año del inicio de la desaceleración hasta la crisis de finales de 2019- ha deteriorado las condiciones que permitirían una recuperación sana y sostenida de la economía de Bolivia.
Es esto último lo que el informe más reciente de la calificadora de riesgos Standard & Poor’s señaló sobre la economía de Bolivia al cambiar sus perspectivas de estables a negativas, por “el aumento de la deuda pública y la limitada flexibilidad fiscal y monetaria”.
“Las debilidades institucionales, caracterizadas por una toma de decisiones centralizada, una débil independencia de las instituciones, controles y equilibrios bajos y un panorama político polarizado limitan la visibilidad de las políticas futuras”, se lee en el informe.
Está claro que no todos los problemas más graves de la economía de Bolivia empezaron con los 11 meses durante los que Jeanine Áñez gobernó, como tanto insiste el gobierno de Arce Catacora, sino que responden a una serie de factores que se fueron sembrando con el pasar de los años. Por tanto, algo tiene que cambiar en el MESCPB. Los ajustes y reformas decididos no pueden ser aplazados durante mucho tiempo más.
 
 
 
 
 
LA BÚSQUEDA SELECTIVA DE JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA CONVIERTE LA LEY EN UN ARMA
 
La región necesita urgentemente tribunales que sean independientes de sus amos políticos
 
Financial Times de Londres (https://on.ft.com/3dvljoW)
“Para nuestros amigos: justicia y gracia. Para nuestros enemigos: solo la ley ". Esta concisa descripción de cómo utilizar la justicia como arma para fines políticos se atribuye a Benito Juárez, el presidente de México del siglo XIX. Pero, desde México hasta el sur hasta Argentina, todavía describe bien gran parte de América Latina en la actualidad.
La investigación de corrupción más grande jamás realizada en la región, el escándalo "Car Wash" que descubrió miles de millones de dólares en sobornos pagados por una red de empresas brasileñas, ha sido prácticamente destruida por acusaciones de sesgo político. Los mensajes interceptados entre Sergio Moro, el juez que juzga los casos, y un fiscal principal sugirieron una colusión para derrocar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
No importa que gran parte de la corrupción probada de Car Wash girara en torno a la petrolera estatal Petrobras, entonces presidida por un aliado cercano de Lula, ni que el negocio funcionara mientras él era presidente. Cuando un juez de la Corte Suprema anuló el mes pasado sus propias condenas por corrupción por un tecnicismo, Lula aclamó esto como prueba de que toda la investigación era una caza de brujas.
Sin duda, las pruebas sobre las que se condenó a Lula eran escasas. Moro se convirtió en un objetivo al aceptar un puesto en el gabinete del presidente Jair Bolsonaro, un líder con escaso respeto por la ley. Una decisión judicial posterior también encontró que Moro había mostrado parcialidad en el juicio de Lula. El resultado neto es que toda la investigación de Car Wash se ha disuelto, para deleite del establecimiento político venal y desesperación de muchos.
Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aumentado la presión sobre los jueces. El juez de la Corte Suprema Eduardo Medina Mora, ex fiscal general, fue acusado de lavado de dinero y se le congelaron las cuentas bancarias. Una vez que renunció , las cuentas fueron desbloqueadas y no se han presentado cargos. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, describió la medida como “una operación mafiosa, más 'El Padrino' que una república moderna”.
 Luego, cuando otro juez falló en contra de las preciadas reformas eléctricas de López Obrador, el presidente pidió a la Corte Suprema que lo investigara. Ahora López Obrador planea un referéndum sobre si se juzga a los expresidentes por corrupción y “crímenes neoliberales”. Los tribunales obedientes han estado de acuerdo con la idea.
A Argentina le está yendo un poco mejor. El presidente Alberto Fernández planea reformar el poder judicial, pero los críticos ven un intento poco velado de obstaculizar 11 investigaciones de corrupción sobre Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta y exlíder del país. De Kirchner ha estado encabezando una campaña en contra de lo que ella llama “lawfare”. Con esto quiere decir “la articulación de los medios de comunicación y el poder judicial para perseguir a los líderes políticos de los gobiernos que estaban en el poder”. Pero su definición es selectiva: los perseguidos incluyen solo a líderes y amigos de izquierda, como el ecuatoriano Rafael Correa, que ahora vive en Bélgica luego de ser condenado por corrupción. Cuando se trata de políticos de derecha, como el expresidente argentino Mauricio Macri, de Kirchner y sus aliados de la "guerra de la ley" son claros: deben ser procesados.
Bolivia es quizás el peor ejemplo reciente. Después de que Jeanine Añez se convirtió en presidenta interina en 2019, siguiendo una línea de sucesión establecida constitucionalmente, grupos de derechos humanos la criticaron con razón por perseguir lo que parecían ser procesamientos por motivos políticos de Evo Morales, su predecesor y sus asociados.
Pero cuando el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, regresó al poder en octubre pasado después de elecciones libres, esos procesamientos fueron abandonados y la veleta legal se volvió en su dirección. El mes pasado, ella y otros miembros del gobierno interino fueron encarcelados en espera de juicio por cargos de "sedición y terrorismo", una medida que despertó la preocupación de la ONU . Bolivia es un “caso claro de un poder judicial que carece de independencia fundamental del gobierno. . . los jueces y fiscales simplemente siguen la política de quien está a cargo ”, dice Vivanco.
Tales hábitos son endémicos en la región. La restauración de la democracia en América Latina en la década de 1980 puede haber devuelto a los militares a los cuarteles. Pero aún no ha proporcionado jueces o fiscales completamente independientes. ¿Lo habría aprobado Júarez, el héroe político de López Obrador? No, dice el historiador Enrique Krauze. Su famosa frase sobre la aplicación de la justicia fue mal citada. De hecho, Júarez fue un firme defensor de los tribunales independientes. Mejor que muchos presidentes posteriores, entendió que para que América Latina prospere, la justicia y la gracia deben ser servidas tanto a enemigos como a amigos.
 
 
 
 
 
‘LAWFARE’: LA ESTRATEGIA IMPÚDICA DEL FORO DE SAO PAULO PARA HACERSE LAS VÍCTIMAS
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/3mlyHAb)
 
El término lawfare no es nuevo, aunque sí resulta novedoso que se le invoque para defender a los acusados por delitos de corrupción. Más llamativo aún es que precisamente quienes utilizan esta arma contra sus opositores ahora afirman que dicha estrategia la implementan en su contra.
En efecto, miembros del Foro de São Paulo, involucrados en numerosas corruptelas, decidieron protegerse denunciando el uso del lawfare –impúdicamente– afirmando que el sistema judicial es utilizado para perseguirlos, señalarlos, acusarlos y sentenciarlos de culpables, cuando en realidad –según ellos– son inocentes.
Por supuesto, afirman que detrás de la maniobra está la derecha. Es decir, el perseguidor ahora denuncia que le persiguen con sus propias armas.
La punta de lanza de esta estrategia la conseguimos en un libro titulado “Lawfare: Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina”, escrito por nueve autores, incluyendo a Silvina Romano, quien también funge como compiladora de la obra.
Según los autores del libro, Cristina Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Evo Morales, entre otros, son inocentes de los cargos que les imputan, a pesar de la existencia de pruebas abundantes de su culpabilidad.  
Se venden como víctimas del “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, como lo detalla el libro convertido en un manual progresista para torcer la verdad.
También afirman que, para lograr sus fines, el lawfare ha modificado el rol del Poder Judicial, el cual “se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes”.
“Es el único poder que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumados a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad”, se lee en el texto.
A los escritores del libro pareciera que no les incomoda que entre las filas de la izquierda se hayan comprobado tantos casos de corrupción. Lo que sí les molesta es que se les critique y señale. Les perturba que se aplique la ley contra funcionarios que –según los progres– lograron que el gobierno, dirigido por mandatarios de las filas del Foro, “recuperara su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público”; les disgusta, además, que “la corrupción esté ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos”.
Para los autores, los medios de comunicación son cómplices del lawfare: “Medios de comunicación masivos y concentrados operan como periodismo de guerra de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros”, se lee en el libro.
También afirman que la guerra jurídica suele utilizarse en conjunto con la guerra mediática, “manipulando los medios de comunicación para que sirvan como órganos de propaganda con el fin de provocar una enorme presión pública en contra de una persona, un grupo o una causa visualizada como enemiga”.
Los artífices del libro no cesan de acusar a los medios que no les son afectos de tratar “la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado”.
El periodista y presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, escribió en mayo del año pasado una columna titulada: “A vueltas con el lawfare. La nueva agenda de la izquierda”, en la que comentó como los zurdos son precisamente quienes utiliza la guerra jurídica y mediática -lawfare- en sus campañas.
Decíamos al principio de esta entrega que se trata de una estrategia impúdica, cínica, porque los comunistas acusan a la derecha de hacer justamente lo que ellos hacen en los países donde gobiernan los integrantes del Foro de São Paulo.
Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son ejemplo claro de cómo se persigue de manera inclemente a los opositores, recurriendo a la tortura, la cárcel y el exilio forzado. Para ello utilizan el sistema judicial –secuestrado por esos regímenes de izquierda– montando casos, creando delitos y judicializándolos. Luego, los medios de comunicación estatales y los privados, en manos de sus amigos y cómplices, los difunden y amplifican. Cientos de denuncias sobre estas prácticas reposan en organismos internacionales. Venezuela, quizás, tiene el mayor récord.
Los escritores del libro no esconden sus nexos con el Foro de São Paulo, al contrario, la propia página del Foro reseña el “lanzamiento del libro Lawfare: Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina, en Quito, en el cual se debatieron los casos de Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela”.
Según el diario oficialista nicaragüense El 19, la embajada de Nicaragua en Ecuador asistió a la presentación del libro donde “participaron como ponentes el ex-presidente del Paraguay, Fernando Lugo; la Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo, Mónica Valente; la Compiladora del libro, Silvina Romano; y la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien escribió el Prólogo de la Obra”.
Una vez más se constata que el Foro de São Paulo no descansa. Todas las semanas lleva a cabo algún evento internacional para hacer propaganda, defender sus fechorías, y reclutar incautos; mientras que los movimientos de derecha –salvo contadas excepciones– siguen desarticulados, trabajando cada uno en su propio país. Unidos se puede lograr la defensa y/o rescate de la libertad, la justicia y la prosperidad.  
 
 
 
 
 
EMPRESA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SE REINVENTA CON EXPORTACIÓN DE TRAJES IMPERMEABLES A BOLIVIA
 
Una historia de éxito en pandemia. Horna Ideas tuvo que cambiar el giro de su negocio y ahora conquista con sus productos al mercado boliviano.
 
El Popular de Perú (https://bit.ly/3wrNAFB)
 
La empresa Horna Ideas, dedicada desde el año 2014 a brindar servicios de marketing y publicidad, se ha reinventado debido a la crisis originada por el coronavirus en Perú y hoy fabrica impermeables que exporta a Bolivia.
“Debimos virar al desarrollo de un producto propio, útil y original, para venderlo de forma directa y contar con una red de negocio digital ya que en las redes aumentaron los vendedores, seguramente para cubrir el déficit de la pérdida de empleo”, indicó su gerente general, Jorge Horna. Por ello, lanzaron la marca Freeda, que evoca la libertad.
Su primer producto fue un traje protector de fluidos, transparente con diseños vistosos. Se desinfecta con spray virucida y se guarda en una bolsa de tocuyo, ambos son obsequiados con la prenda. En un inicio les fue muy bien, pero luego las ventas disminuyeron.
Ante esa nueva adversidad, cambiaron el enfoque publicitario del producto y lo relanzaron en provincias como ropa utilitaria de protección contra las lluvias.
“Así nació la venta de impermeables a provincias andinas y selváticas. Recientemente hemos incursionado en Bolivia, pero aún falta mucho por recorrer”, afirmó el vocero.
La empresa espera afianzarse en el mercado altoandino, pero estudian proyectos en países de América Latina donde las lluvias son continuas, como Ecuador.
Asimismo, diversificará el portafolio de sus productos utilitarios, priorizando la originalidad. Añadió que los impermeables son de temporada y por ello deben desarrollar estrategias para los meses donde no son urgentes para el público.
Precisó que, al ser el primer año en un rubro nuevo, invirtieron en publicidad para afianzar la marca en el consumidor peruano y boliviano.
“Contactamos con ADEX para un debido asesoramiento en legislación. Creemos en el potencial de exportación de nuestro producto. Es una gran oportunidad para nosotros”, manifestó.
Su taller y el almacén se ubican en el Callao. Las ventas directas se realizan a través de las redes sociales e incluye el delivery hasta la puerta de la casa en cualquier región del Perú. Asimismo, cuentan con una red de ventas a través de catálogo y distribuidores con tiendas físicas en diferentes ciudades del país.
Un valor agregado es la capacitación en el uso de redes y apoyo de comunicación a sus distribuidores y vendedoras por catálogo ubicados en distintas ciudades del Perú y Bolivia. “Para crecer todos los involucrados debemos apoyarnos. De esta manera progresamos todos”, aseveró.
El dato
Según ADEX, al inicio de la pandemia, se perdieron campañas BTL y ante la imposibilidad de hacer activaciones publicitarias, se enfocaron en el marketing digital, luego decidieron cambiar de rubro.
 
 
 
 
 
¿QUÉ ES LA USAID? LA POLÉMICA AGENCIA DE EU DETRÁS DE ARTÍCULO 19
 
Polemón de México (https://bit.ly/3dCj9Un)
 
La organización Artículo 19, aceptó a través de su director regional para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, que han recibido financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés).
Esta información era prácticamente desconocida hasta que en su conferencia matutina de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la reveló, provocando el enojo de muchos. Maldonado reconoció posteriormente en una entrevista para la periodista Carmen Aristegui, que la organización recibe fondos de los mecanismos de cooperación de diversos países y fundaciones como es el caso de la Fundación Ford, Estados Unidos, Irlanda y la Unión Europea, entre otros.
Pero qué es la USAID, ¿Es una agencia de desarrollo o de operaciones encubiertas? De acuerdo con un artículo de la BBC Mundo, publicado en abril del 2014, la USAID fue acusada por el Gobierno de Cuba de haber financiado la red social ZunZuneo -conocida también como el “Twitter cubano”- como un proyecto de claras intenciones políticas.
“Se demuestra una vez más que el gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a sus planes subversivos contra Cuba, que tienen como propósito crear situaciones de desestabilización para provocar cambios en nuestro ordenamiento político y a lo cual continúa dedicando presupuestos multimillonarios cada año”, denunció La Habana en aquella ocasión mediante un comunicado de su cancillería.
De acuerdo con la BBC, la USAID fue creada por una orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy en 1961, luego de que el mandatario reconociera que hacía falta “una oficina que se encargara de administrar la ayuda a países extranjeros, para promover el desarrollo social y económico”, según se lee en su página web.
Sin embargo, cinco décadas más tarde, se comprobó que la agencia disponía menos del 1% del presupuesto federal que le asigna el Congreso para “prestar ayuda” a más de 100 países.
De lo que sí se le acusa a la agencia, es de intervenir en los asuntos internos de las naciones mediante la supuesta ayuda humanitaria. 
La revista Foreign Policy documentó que durante las décadas de 1960 y 1970, la agencia se asoció con la ahora clausurada Oficina de Seguridad Pública de la CIA, un departamento señalado de formar a cuerpos de seguridad extranjeros en “técnicas de terrorismo y tortura”. Aunque la USAID siempre ha negado participación en este tipo de actividades, en 1973 el Congreso decidió eliminar el programa, debido a que tales acusaciones estaban dañando la imagen pública de EE.UU.
“Cuando el programa fue cerrado, la USAID ya había ayudado a capacitar a miles de militares y policías en Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia y otros países que ahora son tristemente célebres por su trato a los disidentes políticos”, señala el artículo.
En épocas más recientes, las presuntas actividades de intromisión por parte de EE.UU. han sido denunciadas no sólo por Cuba, sino también por países como Venezuela, Bolivia y Rusia.
“Lo que ha hecho la USAID, al igual que otras organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), es proveer una especie de cubierta para que el Departamento de Estado financie directamente actividades de la oposición venezolana, incluso a organizaciones que estuvieron vinculadas con el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez”, dijo a la  BBC Mundo George Ciccariello-Maher, profesor de la facultad de Historia y Política de la Drexel University.
La misma académica mencionó a la BBC Mundo que  el IRI jugó un papel importante en la creación del partido opositor venezolano Primero Justicia, de donde salieron los dirigentes Henrique Capriles y Leopoldo López. “Con la llegada de Chávez al poder -que coincidió con la desintegración de los partidos políticos tradicionales- Estados Unidos se dio cuenta de que la oposición necesitaba un vehículo político y comenzó a financiar y organizar entrenamientos para perfeccionar a estos líderes”, asegura el profesor.
En 2009, las autoridades cubanas arrestaron al empresario Alan Gross que luego fue sentenciado a 15 años de prisión por “actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado”, al intentar ofrecer acceso a internet a opositores como parte de un programa financiado por la USAID.
Tres años después, Rusia expulsó a la agencia de su territorio por “intentos de influenciar los procesos políticos a través de sus programas” y en 2013, el presidente boliviano Evo Morales acusó a la USAID de interferir en los asuntos internos y “seguir conspirando” contra su gobierno.
Incluso se ha llegado a sugerir que la USAID funciona como un frente civil de la CIA que lleva a cabo operaciones secretas.
El portavoz Matt Herrick respondió  a esas acusaciones: “Somos una agencia de desarrollo, no de inteligencia. Trabajamos en todo el mundo para ayudar a la gente a que ejerciten sus derechos universales y para darles acceso a herramientas que mejoren sus vidas y los conecten con el mundo que está afuera, especialmente en lugares en los que la gente ha sido aislada del mundo”.
La intervención de Estados Unidos en América Latina ha sido documentada también por académicos. En su tesis para obtener el  Doctorado en Historia por la Universidad de la Habana, Loreta Tellería Escobar, analizó el caso de la injerencia estadounidense en Bolivia durante el mandato de Evo Morales en su obra a la que intituló La Diplomacia de la Intervención: Bolivia como estudio de caso.
De acuerdo con Tellería Escobar, la Diplomacia de Intervención es una innovadora forma de hacer diplomacia, “donde las habilidades de los embajadores o embajadoras y demás personal diplomático, está formado y forjado para intervenir, controlar y dirigir a un determinado país de acuerdo a los intereses del gobierno de Estados Unidos”.
Menciona además que “no importa si el contexto es favorable o adverso a sus intereses, la maquinaria de la intervención no deja de funcionar, se diversifica con aquellos gobiernos que desarrollan políticas nacionalistas y soberanas; mientras que se profundiza en aquellos que sintonizan con sus políticas neoliberales”.
El académico señala que históricamente, ese tipo de diplomacia ha sido el común denominador de las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y los países de la región latinoamericana, producto del elevado poder político, económico y militar que Estados Unidos desplegó, en toda su intensidad, a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Loreta señala que la Diplomacia de Intervención (DI) es el espacio donde en los últimos años, Estados Unidos ha jugado sus cartas, a través de la aplicación en varios países de lo que se ha venido en llamar, las “guerras de baja intensidad” o los “golpes suaves”, contra gobiernos adversos a sus intereses, tal es el caso de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia.
La DI, dice Loreta, administra una amplia diversidad de objetivos, actores, agencias y modos de actuación, pero su principal objetivo es “el dominio y control del territorio”. Menciona que se valen de actores internos y externos para cumplir sus objetivos. Entre los actores externos señala a organismos internacionales,  cuerpo diplomático de otros países y empresas transnacionales, entre otros.
“En este punto no se debe soslayar el rol que cumplen las grandes cadenas de comunicación, que en sintonía con los medios de comunicación internos, desarrollan un proceso de injerencia cultural, distorsión informativa y presión político-social”, precisa.
En su tesis doctoral, Loreta menciona a la USAID, la DEA y otras agencias como parte de esas extensiones de poder de la DI que se denominan agencias de cooperación, y todas, dice, buscan los mismos objetivos intervencionistas.
“Ya sea con agencias gubernamentales o con la sociedad civil, ejercen agudos niveles de presión o manipulación, tal es el caso de USAID, la DEA, la NED, el IRI, el NDI, etc. En algunas oportunidades, incluso se ha llegado a utilizar estudiantes norteamericanos o miembros de los Cuerpos de Paz como mecanismos de inteligencia”, detalla. 
En lo que se refiere al caso de la DI en Bolivia durante el mandato de Evo Morales, resalta que los Estados Unidos escogieron a Philip Goldberg como su embajador en el país andino, quien tenía la misión de provocar una desestabilización.
El académico refiere que Goldberg conocía muy bien la región Latinoamericana, y además era experto en procesos separatistas como fue el caso de la desintegración de Yugoslavia, y tenía un amplio arsenal de contactos en el Departamento de Estado.

Más tarde, dice, los cables de WikiLeaks confirmarían que Goldberg llegó a Bolivia con la intención de provocar un golpe de Estado, pues el arribo de Evo Morales a la Presidencia, significó un cambio de timón en la conducción política, social y económica del país. 
“Los cables de Wikileaks, entre muchas otras cosas, revelan que el Embajador Goldberg tras su llegada a Bolivia, no hizo más que reunirse con los miembros de la oposición política, a quienes clasificó como «líderes indígenas y regionales, dinosaurios e irrelevantes»”, señala Loreta.
El 10 de septiembre del 2008,  tras la violencia desatada por la oposición y el intento de “golpe cívico prefectural”, el gobierno de Evo Morales tomó una decisión inédita. Por primera vez en la historia de Bolivia, un Embajador de Estados Unidos fue declarado persona non grata e invitado a dejar el país acusado de financiar, promover y articular los planes golpistas. Junto con Goldberg, fue expulsada la DEA y la  USAID.
Los periodistas norteamericanos Jean-Guy Allard y Eva Gollinger también documentaron los efectos de la intervención estadounidense en su libro USAID, NED y CIA. La agresión permanente (2009). En él, señalan que tanto la USAID como la NED “cuadruplicaron los fondos entregados a sus aliados en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba del 2002 al 2006. Solo en Venezuela, invirtieron más de 100 millones de dólares en ese tiempo para alimentar a los grupos de oposición, promoviendo actualmente la creación de más de 400 nuevas organizaciones y programas para filtrar y canalizar esos fondos”.
Ponen como ejemplo la financiación de la organización Súmate, un instrumento de la «sociedad civil venezolana» bien untado y engrasado por la USAID y la NED, que en 2002 instigó y apoyó el golpe de Estado contra Hugo Chávez.
“En las bambalinas de todos estos golpes blandos, encontramos siempre una maraña de aparatos de inteligencia norteamericanos, pero siempre uno en particular: la USAID”, señalan.
Algo similar se registró en Bolivia: entre 2005 y 2006, la USAID “reorientó más de 75% de sus inversiones” (más de 120 millones de dólares) en el país para financiar a los grupos separatistas de la región conocida como la Media Luna, la más rica en hidrocarburos del país, y cuya oligarquía criolla tiene vínculos especialmente intensos con EEUU. No es de extrañar que Evo Morales acabara expulsando en 2013 a estas agencias de Bolivia.
La actividad de la USAID también ha sido largamente denunciada por los gobiernos de Rafael Correa. En 2012, unas 26 ONG extranjeras debieron cesar las actividades en Ecuador tras comprobarse la falta de transparencia en sus procesos. También se detectó la promoción de tendencias separatistas en la región de Guayaquil.
De acuerdo con el sitio de web de Artículo 19, durante el 2019, el  86% de los fondos que ejercieron fueron para actividades de tipo restringido (es decir, etiquetados para desarrollar actividades previamente acordados con donantes), mientras que 14% fueron otorgados para brindar soporte general a la organización. En el portal no se menciona cuáles actividades se habían acordado previamente. 
“En 2019, 59.5% de los ingresos de la organización fueron concedidos por fundaciones privadas internacionales mientras que 40% fueron concedidos por parte de representaciones diplomáticas en México y agencias de desarrollo. Finalmente, en el rubro de otros ingresos fue menos de un 1%”, detalla la organización.
El mismo portal señala que estas fueron las organizaciones de las que recibieron recursos en el 2019. 
 
 
 
 
 
DETUVIERON A CUATRO PERUANAS CON 372 MIL DÓLARES FALSOS
 
Diario La Jornada de Argentina (https://bit.ly/2PUx14j)
 
Fuentes cercanas a la investigación trataban de dilucidar si los dólares iban a ser introducidos al mercado cambiario por medio de "cuevas" o casas de cambio.
Según información suministrada por la fuerza, todo ocurrió en la zona norte de esta ciudad puneña. Más exactamente en la calle Jujuy, del barrio Santa Clara, arteria que desemboca en el río internacional donde hay un paso clandestino de circulación de personas a toda hora del día, entre La Quiaca y Villazón (Bolivia).
Los uniformados durante la madrugada del Viernes Santo, mientras realizaban patrullajes de rutina por ese sector, observaron a cuatro mujeres en actitud sospechosa.
Las sospechosas, provenientes del vecino país,cruzaron al lado argentino presurosamente, para luego abordar un remís que las estaba aguardando.
A los pocos metros la unidad fue interceptada por Gendarmería, y se les solicitó la documentación correspondiente a las pasajeras.
Las mujeres exhibieron pasaporte peruano y al momento de llevar a cabo un control con mayor rigurosidad, los funcionarios observaron que todas estaban muy nerviosas, situación que puso en alerta a los gendarmes ante un posible ilícito.
Es por ello que inmediatamente consultaron a la Fiscalía federal de turno, que dispuso que sean trasladadas hasta la "Sección Núcleo". Una vez en ese edificio, una se "quebró" y confesó que transportaban las divisas. Relató queprimero debían llegar hasta Humahuaca, donde las aguardaban para llevarlas a Buenos Aires.
En presencia de testigos hábiles, los efectivos intensificaron el registro de las pertenencias, hallando dólares estadounidenses en billetes de 100. La moneda extranjera fue sometida a la prueba de verificación correspondiente y quedó constatado que era falsa, contabilizando un total de 372.000 dólares, que fueron incautados.
Por orientación de la Fiscalía, se secuestró el dinero, celulares y demás elementos para la causa. La novedad fue informada a la Dirección de Migraciones, mientraslas mujeres quedaron demoradas por "contrabando de importación de divisas y falsificación de moneda extranjera.