Thursday, April 01, 2021

LA IGLESIA CATÓLICA Y EL GOLPE DE ESTADO “IPSO FACTO” EN BOLIVIA

“Ipso facto, ahorrando formalismos”, fueron las palabras que se usaron el 12 de noviembre de 2019 para consumar el golpe contra Evo Morales y cortar de cuajo el proceso democrático boliviano. Así lo confesó monseñor Ricardo Centellas, en nombre de la Conferencia Episcopal de su país hace pocos días.




Álvaro García Linera.- “Ipso facto, ahorrando formalismos”. Esas son las palabras que se usaron el 12 de noviembre de 2019 para consumar el golpe de Estado contra Evo Morales. Así lo confesó monseñor Ricardo Centellas, en nombre de la Conferencia Episcopal boliviana, en un comunicado leído el viernes 19 de marzo.
La frase es simple y brutal a la hora de entender por qué una vicepresidenta segunda del Senado, representante de una fuerza política minoritaria en Bolivia, con un largo prontuario de posiciones racistas contra la mayoritaria población indígena del país, fue investida con la banda presidencial en un oscuro cuarto del Palacio Quemado y de la mano de un general en uniforme de combate.
Esos “formalismos” escamoteados a los que se refiere el Monseñor son los de la Constitución Política del Estado (CPE), madre de todo el ordenamiento normativo del país, que en su artículo 169, para garantizar la democracia, establece que el orden de sucesión presidencial recae exclusivamente del Presidente al Vicepresidente; a falta de éste, en el presidente de la Cámara de Senadores; y a falta de este en el presidente de la Cámara de Diputados. Se trata de una estructura de transmisión de mando constitucional cerrada a cualquier tipo de interpretación y sin ninguna ambigüedad para garantizar el respeto al voto mayoritario de la población y a su representación numérica.
No es un “formalismo” más, con el cual limpiarse la nariz como lo hace la jerarquía católica, a no ser que se esté ante una conjura violenta contra el ordenamiento democrático del país.
El artículo impide el pervertido manejo político de décadas anteriores, cuando las minorías políticas, por componendas entre las fuerzas que habían perdido la elección, llegaban sin embargo a gobernar: así Jaime Paz Zamora, candidato del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que en las elecciones de 1989 había salido tercero, llegó a la presidencia gracias al apoyo en el Congreso del ex dictador Hugo Banzer.
Según la nueva CEP, a la organización política que obtenga la mayoría del apoyo electoral, le corresponderá directamente la Presidencia y Vicepresidencia del Estado; a la organización que tenga mayor número de senadores elegidos, la presidencia del Senado, y a la organización que obtenga mayor número de diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados.
Y cuando tenga que proceder la sucesión constitucional, el mando siempre recaerá sobre la fuerza política con mayor votación y representantes en uno de los tres niveles de la jerarquía estatal. “Ahorrarse” ese “formalismo”, era asesinar a la democracia.
La espada y la biblia
Esta lógica del ordenamiento normativo continúa en el Reglamento de la Cámara de Senadores; en su artículo 35 establece que la Presidencia del Senado y la primera Vicepresidencia corresponden al bloque de mayorías, es decir a los que obtuvieron mayor número de senadores en el país; la segunda Vicepresidencia, el lugar que ocupaba Jeanine Áñez, al bloque de minorías. En el marco de la Constitución y la democracia era metafísicamente imposible que la segunda vicepresidenta del Senado, lugar de las minorías, pueda ocupar el lugar de las mayorías, esto es, la presidencia del Senado.
A no ser, claro, que de por medio estén la espada y la biblia para “ahorrar formalismos”, es decir, dar un golpe de Estado. El artículo 75 del citado Reglamento señala que, para convocar a una sesión de la Cámara de Senadores, el quórum obligatorio para instalar la sesión es el de la mayoría absoluta, es decir 19 senadores sobre un total de 36.
Los partidos opositores apenas tenían 11 senadores, por lo que no importaba cuántas invocaciones se hicieran al cielo, era imposible convertir 11 senadores en los 19 que la cámara necesitaba para sesionar. Y si sesionaba con el quórum la única ruta democrática que había era elegir a un nuevo o nueva presidenta del Senado del bloque de mayorías, en este caso del Movimiento al Socialismo (MAS) que tenía 25 senadores, para que asumiera la Presidencia del Estado.
Pero esto significaba echar por la borda el financiamiento de paramilitares que quemaron Órganos Electorales departamentales, olvidarse de los sobornos empresariales a los comandantes de las FFAA y la Policía, desoír los rezos delante las puertas de los cuarteles y atragantarse los relatos de fraude con el que los opositores, tras la caída en las encuestas en enero de 2019, habían encubierto su insuperable condición de minorías derrotadas.
“Pero para qué tanta Constitución, democracia, leyes y lógica de mayorías”, exclamó alguno de los conjurados de la “católica” ese fatídico 12 de noviembre. Allí estaban los dirigentes opositores Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otros. Y a falta de inteligencia y convicción democrática sobraba odio racial y revanchismo violento.
Así que “ipso facto, ahorrando formalismos” según el Monseñor, 11 senadores opositores ahora serán más que 19, y las minorías serán declaradas, Dios mediante,  “mayorías”, gracias al poder de las armas y los rezos emperifollados.
Los que nunca ganaban elecciones fueron gobierno
Este “milagro” no resiste la prueba de consistencia aritmética de los sumerios ni mucho menos tiene un átomo de constitucional. Sobre el poder de las bayonetas, Áñez, que por voto popular solo podía leer la correspondencia de la Cámara, ahora entraba por la ventana al Palacio de Gobierno para recibir una espuria banda presidencial y ser escoltada por una cofradía de uniformados desleales a su institución y a la democracia.
Los que nunca pudieron ganar elecciones nacionales, ahora eran gobierno; los eternos derrotados por el voto popular, ahora ganaban detrás de tanquetas. Al día siguiente, el odio y el racismo se enseñoreaban para cobrar venganza de unos indios alzados que se habían atrevido a ser gobierno. A falta del indio presidente para ser linchado, se quemaban wiphalas en La Paz y Santa Cruz, en tanto que en Cochabamba, los nietos de los hacendados se encargaban de expulsar cholas de la ciudad. Se iniciaba el año infame.
Hay, empero, que ser justos; el método “ipso facto” no es un invento de Monseñor. Ya lo empleó Torquemada en 1485 para deshacerse de conversos y de bibliotecas “peligrosas”. Lo practicó también Fray Vicente, doctrinero de Pizarro, que a decir de Waman Puma, en su magistral Nueva corónica y buen gobierno, dio la señal para que las tropas españolas, “ipso facto”, se lanzaran a “matar indios como hormigas” en Cajamarca, en 1532.
Fanatismo ideológico y racismo político
Este desprecio por los “formalismos” de la democracia, la dignidad de la vida, de la tolerancia y el respeto a la voluntad de las mayorías sociales, es propio del fanatismo ideológico, el racismo político y el fascismo. Aún queda pendiente la pregunta sobre por qué una jerarquía de una institución religiosa tan importante haya avalado una brutal violación de la democracia y la lógica constitución de mayorías, cuando muchos de sus párrocos de base, que si comparten el dolor del feligrés, lucharon por la democracia y la igualdad.
Y quizá la respuesta la tenga otro Monseñor que fue delegado a la Constituyente, como los viejos cruzados de Urbano II en el siglo XI, para hacer retroceder a los constituyentes “impíos” que querían separar la iglesia del Estado. La laicidad del Estado que al final resultó, les pareció una afrenta tan diabólica como la del mariscal Antonio José de Sucre al expropiar los bienes de la Iglesia. “Si para ustedes es patria o muerte –señaló el Monseñor– para nosotros es Iglesia o muerte”.
El 14 de noviembre, “ipso facto, economizando formalismos”, la biblia de Fray Vicente entraba a palacio con su estela de muerte de indios y de democracia por igual. El Ciudadano de Chile (https://bit.ly/3wc5kEV)
 
 
 
 
 
JEANINE ÁÑEZ EN PRISIÓN: EVIDENCIA DEL GOLPE EN BOLIVIA
 
La persecución penal también ha alcanzado los puestos más altos. Un resultado jurídicamente correcto y ejemplar a su juicio es de gran importancia para toda la región
 
Amerika de México (https://bit.ly/3rER43V)
 
La foto, que muestra a Jeanine Áñez literalmente tras las rejas y en la que se ve claramente la inscripción "Cárcel de mujeres", dio la vuelta al mundo rápidamente y tuvo un gran impacto tanto dentro como fuera de Bolivia. La ex presidenta de facto fue detenida el 13 de marzo en su casa de Trinidad, capital de la región Beni Amazónica, y actualmente se encuentra detenida seis meses por su responsabilidad en el golpe de noviembre de 2019.
También han sido detenidos dos de sus exministros (se han dictado otras tres órdenes de aprehensión pero se encuentran fuera del país) y seis excomandantes militares y policiales. Todos ellos están acusados ​​de conspiración, disturbios y terrorismo en el contexto del megacargo "golpe de Estado" presentado por la exdiputada del MAS Lidia Paty y ahora promovido por la Fiscalía General de la Nación.
El repentino avance legal puso a la defensiva a todos aquellos actores que formaban parte del golpe o que se sumaban a él. En la propia Bolivia, se reanudaron los mítines de la clase media urbana, unida en los comités ciudadanos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Afuera, hablaron los protagonistas habituales: el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su "preocupación por el abuso de los mecanismos legales", "que se han convertido nuevamente en instrumentos de represión del oficialismo". También desde el norte, Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, tomó el guante: "
La tesis de la "persecución política", reforzada por los grandes consorcios mediáticos ("Historias de venganza en Bolivia y de un golpe que nunca se produjo", fue el titular de Marcelo Cantelmi en su columna en el diario argentino Clarín), hace necesario seguir el curso de lo sucedido para volver a enfatizar lo obvio: que efectivamente hubo una ruptura del orden constitucional y que Áñez no solo se aprovechó de ella, sino que fue protagonista de la conspiración. Alguna evidencia de esto es:
- La auto nominación de Áñez se produjo en una sesión del parlamento que no reunió quórum, solo estuvieron presentes un puñado de senadores. Esto violó el reglamento parlamentario, que establece que "la mayoría absoluta de los miembros debe estar presente para que una reunión sea válida".
- Su sucesión en la presidencia hizo caso omiso de lo que estipula la constitución boliviana. Áñez, representante de la minoría (su partido solo había obtenido 91.855 votos), era la segunda vicepresidenta del Senado. En caso de ausencia del Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de las dos cámaras, el artículo 169 establece que "se convocarán nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días". Áñez nunca fue elegido presidente del Senado; eso no hubiera sido posible, ya que solo podía apoyarse en nueve escaños de la oposición frente a los 25 del Movimiento al Socialismo (MAS).
- Cuando prestó juramento, Áñez fue rodeada por militares y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, le puso la banda presidencial. Había pedido la dimisión de Evo Morales 72 horas antes. La pomposa participación de las fuerzas de seguridad, que desatendieron sus funciones e intervinieron abiertamente en la vida política del país, recuerda a los clásicos golpes de Estado del siglo XX.
- La decisión de tomar el poder por la fuerza fue pasada por alto en las reuniones del 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica. Asistieron los principales líderes de la derecha, los embajadores de la Unión Europea y Brasil, y representantes de la Iglesia. Allí se citaron diputados del MAS y -como reveló la ex-diputada [y vicepresidenta de la Cámara de Diputados] Susana Rivero- advirtió Samuel Doria Medina [gran empresario y político de la oposición]: “Con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B. " Rivero recordó que la toma de posesión de Áñez estuvo cargada de presiones y amenazas, y que le tocaba a ella asumir la presidencia. Pero esto no fue respetado.
- La persecución política y criminalización, el exilio forzado de Morales, Álvari García Linera y decenas de destacados políticos del MAS, los secuestros e incendios provocados a departamentos y casas, las más de 500 detenciones arbitrarias y extrajudiciales y las 36 en las masacres de Senkata y Sacaba dar testimonio de la cruel represión con la que se consolidó el golpe.
El Ministerio Colonial
La mecha que encendió el caos y abrió la puerta a la maniobra golpista fue la acusación de fraude electoral presentada por la OEA 1 , que, sin embargo , fue completamente infundada  y luego resultó falsa. El posicionamiento actual de Almagro es completamente contundente. Es por eso que el gobierno boliviano quiere llevarlo ante la justicia, como anunció la Cancillería: "Después del enorme daño que ha infligido al pueblo boliviano con su injerencia colonialista, el señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para hablar. sobre Bolivia. Sus acciones le cuestan vidas humanas y tiene que responder por su comportamiento tendencioso y falto de objetividad ”.
La pérdida de reputación de Almagros es cada vez mayor. [El presidente de Argentina] Alberto Fernández dijo en una reciente entrevista televisiva: "Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado. La OEA fue responsable y si tuviera alguna dignidad se haría a un lado". El gobierno mexicano también pidió a Almagro que "se abstenga de interferir en los asuntos internos de Bolivia y de enfrentarse a un gobierno elegido democráticamente".
Bolivia está dando el primer paso hacia el logro de la verdad y la justicia para el reciente evento de ruptura democrática en la región. Áñez y su fuerza también enfrentarán otras demandas relacionadas con casos de corrupción y represión durante sus 371 días en el gobierno.
Un resultado legalmente correcto y ejemplar será decisivo para que el lema “Nunca más golpes de Estado en América Latina” se convierta en realidad.
 
 
 
 
 
 
La detención de Jeanine Añez y parte de su gabinete, el pasado 13 de marzo, generó distintas reacciones. Desde la derecha, y algunos progresismos,  se instaló la discusión sobre un “lawfare de izquierda”, en un intento de equipararlo con la guerra judicial contra otros gobiernos de la región. En este artículo discutimos el uso de este término que, disfrazado de neutro, niega el derecho de justicia de los pueblos. 
 
Marcha Org de Argentina (https://bit.ly/2QVVCX4)
 
Desde que empezaron a circular las imágenes de Jeanine Añez en la cárcel, se desató un debate sobre lo que se pone en juego hoy en Bolivia. La derecha pasó de negar la existencia del Lawfare a plantear que en el país andino se está desarrollando un “Lawfare de izquierda”. Sin embargo, este debate también vino desde la academia progresista. Pablo Stefanoni, jefe editorial de la revista Nueva Sociedad, publicó un artículo que se titula: “Añez presa: cómo evitar un lawfare de izquierda en Bolivia”.
La expresidenta de facto Jeanine Añez y dos de sus exministros –Álvaro Coimbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía- están con prisión preventiva. Adicionalmente, se procesó a altos mandos de la cúpula policial y militar. Se los acusa, entre otras cosas, por usurpación del poder, sedición y otros delitos contra la patria. La denuncia la había presentado una ex legisladora del MAS, meses atrás, y la fiscalía ordenó la detención de los acusados.
Los cuestionamientos a ese pedido de justicia, que parte de una cómoda idea de “neutralidad” por los hechos de 2019 parecen desconocer la sistematicidad que subyace en las imágenes del horror que recorrieron las calles bolivianas en los días del golpe. Sin detenernos en los detalles de la cacería selectiva -un documental que acaba de estrenar la cineasta boliviana María Fernanda Rada, con la fotografía de Santiago Berón y la producción de Alina Duarte: Fue Golpe lo muestra con toda claridad-.
Es importante verbalizar la existencia de un informe emitido por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional. En este documento se relatan y denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidos en los sucesos donde fallecieron 37 personas: “27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas”. Además, plantea que las muertes en Senkata y Sacaba fueron masacres: “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”. La pregunta es: ¿el pueblo boliviano no merece verdad y justicia?
El intento de golpe de 2008
El golpe fallido de 2008 se dio en Bolivia después de un referéndum revocatorio en el cual más del 67% de la población legitimó la continuidad del gobierno del MAS. Por otro lado, los departamentos de la medialuna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) promovieron otro referéndum autonómico que rechazaba el proyecto de refundación del Estado Plurinacional, lo cual fue considerado inconstitucional por las autoridades nacionales. Estos departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central.
El investigador Waldo Ansaldi plantea que “sobre esa base de poder económico (la región de la medialuna concentra casi la mitad del PBI) más el control de los medios de comunicación, burgueses, terratenientes y derechistas comenzaron una campaña antigubernamental cargada de odio racista y de amenaza de secesión” en Bolivia. La Masacre del Porvenir (2008) fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, en la que murieron 15 personas, en su mayoría campesinos.
Alzamientos civiles, grupos armados –herederos de la experimentada paraestatalidad regional-, bloqueo mediático, muerte, persecución y violencia, imágenes que se repetirían once años después.
Las reformas institucionales tras el intento de golpe
A causa de los crímenes de 2008, la justicia boliviana condenó al ex prefecto Leopoldo Fernández por homicidio. Más allá de la gravedad de la situación, un homicidio se trata de un delito individual que no da cuenta de ningún tipo de organización o sistematicidad. No permite sentar precedentes y llamar a las cosas por su nombre, cuando se trató de un verdadero intento de golpe de estado.
Al no ser considerada una situación de guerra tradicional, para lo cual están pensadas la mayoría de las constituciones, el Estado boliviano no tenía las herramientas jurídicas para avanzar en esta investigación. Después de estos hechos, Bolivia incorpora tipificaciones ampliando lo que serían delitos contra el orden público en la nueva Constitución sancionada en 2009. Medidas similares se adoptaron en Ecuador y Venezuela, luego de sus propias crisis destituyentes.
Las reformas fueron en tres sentidos. Los delitos contra el orden público se amplían hacia la sedición, ocupaciones de cargo o traición a la patria. Los delitos económicos: sabotaje, agiotaje, boicot, desabastecimiento o ataques a los bienes estratégicos del Estado. Y, por último, los delitos ligados a la información falsa o secreta y al pánico financiero. Además, se establecieron penas para las acciones en las que se pruebe un intento de conspiración o alianzas con poderes foráneos.
Los nuevos golpismos en América Latina
Los cambios en la tipificación de estos delitos responden a lo que muchos investigadores e investigadoras caracterizan como nuevos mecanismos que tienen los Golpes de Estado en el siglo XXI. La mayoría de los estudios se han centrado principalmente en el Lawfare, pero no es la única manera. Se puede buscar en las obras de Tokatlián, Soler, Borón, Lesgard, Figueroa Ibarra, entre otrxs, que lo analizan desde diferentes geografías.
Algunos analistas dudan en llamar Golpe de Estado a lo ocurrido en Bolivia. Pero esto sería quedarnos atados y atadas a definiciones demasiado estrictas, que nos impiden entender una realidad dinámica. La orquesta que se montó en 2019, con una denuncia de fraude sin argumentos es digna de una profunda investigación.
El papel de la OEA
El accionar de la OEA, a cargo de Luis Almagro -organismo que recibe el 60% de su presupuesto por parte de Estados Unidos-, no es novedoso. El informe sesgado y parcial de Almagro fue rebatido por cientos de expertos, técnicos, institutos de investigación en todo el mundo. Un informe en Sputniknews amplía esta información[1]. En Estados Unidos, 28 congresistas pidieron que se investigue a la OEA por su rol en el golpe en Bolivia[2].
La OEA otorgó un paraguas institucional a los discursos y las acciones golpistas. Con su informe en la mano se tomaron las calles y las instituciones. Una cosa es la protesta social, y otra muy distinta es la coordinación entre escuadrones de la muerte -como los motoqueros del grupo Cochala[3]-, los acuerdos entre los principales líderes de la oposición y los medios de comunicación hegemónicos y la triangulación con una organización como la OEA. Investigar esta relación es lo que demanda el pueblo de Bolivia por medio de sus instituciones.
La judicialización de la política
Se utiliza el término “lawfare”–extranjerizado- para referirse a una guerra jurídica. Puede ser definido como “el uso indebido de las herramientas jurídicas para la persecución política” Según Silvia Romano. El concepto es complejo, porque se vincula con el género de las falsedades, plantea Raúl Zaffaroni, utilizado históricamente en política para destruir a un adversario. Sin embargo, el ex miembro de la corte también sostiene que la juristocracia en ascenso atenta a una destrucción del propio Estado de derecho.
El gobierno de facto utilizó las figuras jurídicas incorporadas en la Constitución boliviana en 2009, sin prueba alguna, para perseguir a militantes del MAS. El ex senador y auto nombrado ministro de gobierno, Arturo Murillo, planteó a la prensa: “Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”. Y así desataron una cacería judicial, incluso contra el propio Evo Morales.
La tendencia creciente a resolver conflictos políticos por la vía judicial es una realidad cada vez más común. Los nuevos delitos contra el orden público fueron utilizados para perseguir a dirigentes políticos del MAS en el gobierno de facto. Pero ¿qué otras herramientas hay para exigir justicia, si no son las propias instituciones?
La justicia de los pueblos no se negocia
“Nos dispararon como animales”, se titula el informe presentado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos, resultado de siete meses de investigación en los que se encontraron “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el primer mes de gobierno de Añez.
Los familiares y víctimas exigen verdad y justicia por sus muertxs. Hasta ahora, no han encontrado vías donde poder denunciar sin ser perseguidos en su propio país. La única manera fue recurrir a organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales.
La Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos, el CELS y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) presentaron dos denuncias ante las Naciones Unidas por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019).
La judicialización de la política es una realidad, pero ¿quiénes instrumentaron en nuestra región la mayoría de las causas contra dirigentes políticos? Si primero saturan la justicia con causas infundadas, y luego la cancelan como herramienta legítima planteando que todo reclamo es un lawfare, ¿cuáles son los mecanismos para investigar?
El pedido de verdad y justicia en Bolivia significa pasar a la ofensiva con estas nuevas reglas del juego. Significa defender la soberanía y el derecho de autodeterminación de su pueblo. Quiere decir también exigir debido proceso a la justicia boliviana. Como diría el propio Evo “busca sentar precedentes a nivel internacional, para defender la democracia, no sólo en Bolivia, sino en toda América Latina.” Existe un peligro mayor al supuesto riesgo de un Lawfare de izquierda. El verdadero peligro es negarle a un pueblo los mecanismos y el derecho de exigir justicia.
 
 
 
 
 
TRUCOS SUCIOS
 
Srilanka Guardian (https://bit.ly/3ftSax7)
 
Los sentimientos en Bolivia a favor y en contra del golpe de estado de noviembre de 2019 son previsiblemente de clase. Aquellos de sectores más pudientes sintieron que las políticas socialistas del gobierno del presidente Evo Morales (que estuvo en el poder de 2006 a 2019) estaban consumiendo su autoridad. Pero estas secciones no pudieron derrocar a Morales en las urnas porque sus políticas de redistribución fueron tremendamente populares entre la masa de la población. Morales ganó tres elecciones, cada una de ellas con un mandato decisivo: ganó el 53,74 por ciento en 2005, el 64,08 por ciento en 2009 y el 61,36 por ciento en 2014.
La presión para evitar que Morales se postule en las elecciones de 2019 aumentó temprano, pero fracasó. La oposición, con el respaldo total del gobierno de Estados Unidos, intentó socavar las elecciones de octubre de 2019 describiéndolas como fraudulentas. Sin evidencia real, los militares —con luz verde de Washington, DC— se movieron contra Morales, enviándolo al exilio.
Régimen golpista
Morales fue reemplazado por una legisladora menor de extrema derecha, Jeanine Áñez, quien se convirtió en presidenta interina. Siguió una dura represión contra el partido de Morales, el Movimiento por el Socialismo (MAS), y Morales se vio obligado a abandonar Bolivia. Casi de inmediato, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el golpe "preserva la democracia". A medida que se desarrollaba la violencia del golpe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lo describió como “la transición política de Bolivia a la democracia”; La declaración de Pompeo se realizó el 21 de noviembre de 2019.
Dos días antes de la declaración de Pompeo, tropas bajo la autoridad de Áñez llevaron a cabo dos masacres documentadas de simpatizantes del MAS en Senkata y Sacaba (cerca de El Alto). El día después de los asesinatos y el día antes de la declaración de Pompeo, el New York Times informó sobre los asesinatos en Senkata. Nada de esto le importó a Áñez, cuyo ministro de Defensa, Luis Fernando López, negó los asesinatos (“no se disparó una sola bala”, dijo), ni a Pompeo. Este tipo de golpe fue algo habitual en Washington, DC (cuento la historia de este golpe en Washington Bullets, mi libro sobre la CIA, golpes de estado y asesinatos).
Pero el pueblo boliviano no iba a permitir que le roben sus derechos democráticos. Comenzaron a organizarse contra el régimen de Áñez, que intentó posponer las elecciones una y otra vez. Finalmente, un mes antes de que se llevaran a cabo las elecciones de octubre de 2020, la propia Áñez se retiró por su vergonzosamente bajo número de votantes, y el MAS, liderado por Luis Arce y David Choquehuanca, se impuso con el 55,10 por ciento de los votos. Morales regresó triunfalmente al país y el presidente Arce revivió la agenda del MAS para promover los intereses del pueblo boliviano.
No hay impunidad para los golpes
Ningún golpe puede pasar sin un marco para restablecer la fe en las instituciones y evitar el sentimiento de impunidad entre los golpistas. Por lo tanto, luego de un proceso judicial, el 13 de marzo, las autoridades bolivianas detuvieron a una decena de personas, la mayoría líderes políticos del golpe, y emitieron órdenes de captura para militares que se extralimitaron en su autoridad constitucional. El arresto más destacado fue el de Áñez, quien tuiteó: "La persecución política ha comenzado". Se emitió una orden judicial contra el general Williams Kaliman, quien empujó a Morales a renunciar. Es revelador que dos de los hombres que iban a ser detenidos, el ministro de Defensa Luis Fernando López y el ministro del Interior Arturo Murillo, se han refugiado en Estados Unidos. Yerko Núñez Negrette, otro ministro, que salió gritando sobre una “caza de exministros”, se ha esfumado.
Poco después del arresto, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado advirtiendo del “comportamiento antidemocrático” del gobierno boliviano. Es importante hacer una pausa aquí: Blinken, el secretario de Estado del presidente estadounidense Joe Biden, no es crítico con el golpe de noviembre de 2019 sino con el arresto de los golpistas en marzo de 2021. Trump dijo que el golpe "preserva la democracia", y ahora Blinken dice que el proceso legal contra los golpistas es "antidemocrático". La palabra "democracia" ha perdido su significado cuando la pronuncian los funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
Grupo de amigos
En su mayor parte, la administración Biden continúa la política general de Estados Unidos de buscar la supremacía sobre los países del mundo. Las sanciones unilaterales e ilegales del gobierno de Estados Unidos contra más de 30 países van de la mano de la promoción de políticas de cambio de régimen contra países como Venezuela e Irán. La declaración de Blinken sobre Bolivia indica la continuidad entre la administración de Trump y Biden.
No es de extrañar que 17 países, incluida Bolivia, formaran un nuevo grupo en 2019 para abordar la forma en que algunos países, como Estados Unidos, han socavado la Carta de las Naciones Unidas. El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas se reunió por primera vez al margen de la reunión del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) celebrada en Caracas, Venezuela, en julio de 2019, antes del golpe de Estado en Bolivia. La pandemia interrumpió el proceso de construcción del grupo, que resurgió en marzo de 2021 en las Naciones Unidas. “Fortalecer el multilateralismo es fundamental”, dijo el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Los miembros del grupo incluyen a China y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le da peso al proceso.
Mohammad Marandi, que enseña en la Universidad de Teherán, me dijo que este grupo es un antídoto para los "principales problemas que existen actualmente con la ONU, como la naturaleza antidemocrática de la organización que perjudica gravemente al Sur Global". Estados Unidos y sus aliados, dijo, están "ignorando cada vez más el orden global actual y la Carta de la ONU".
Carlos Ron, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para América del Norte, me dijo que el grupo “es un paso decisivo en apoyo del multilateralismo y el derecho internacional en el momento en que la humanidad enfrenta los desafíos más serios de la historia registrada”. Estos desafíos incluyen el cambio climático y el aumento de la desigualdad. Desde el punto de vista de Venezuela y Bolivia, este grupo, dijo Carlos Ron, “es un mecanismo para defender a los pueblos frente a las amenazas de la guerra híbrida”, que incluyen sanciones y golpes de Estado. “La diplomacia, la cooperación y la solidaridad”, me dijo Carlos Ron, “son las únicas claves para seguir adelante”.
Bolivia ha decidido actuar contra los golpistas. El gobierno de Estados Unidos ahora está utilizando esa acción para deslegitimar al gobierno del presidente Arce. Plataformas como este grupo podrían resultar esenciales como conducto para que Bolivia cuente su historia y no se asfixie por la guerra de información de Washington, una parte vital de la estrategia de cambio de régimen.
 
 
 
 
 
LA PANDILLA BOLIVIANA QUE HABITA LOS SUEÑOS DE BOLSONARO
 
Los 300 de Sara Winter lo intentaron, pero no lograron reproducir las acciones de los miles de miembros de la pandilla de Cochabamba. Bolsonaro sabe que no puede contar con el apoyo incondicional de la FA. Por eso su proyecto es contar con los PM como apoyo militar, junto a grupos civiles armados.
 
Redacao Pragmatismo de Brasil (https://bit.ly/39vP9Z6)
 
Jair Bolsonaro debe soñar con formar grupos como el que lidera el boliviano Yassir Molina.
El sujeto es el líder de una facción de extrema derecha llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), de Cochabamba. Cochala es como se llama al ciudadano de Cochabamba. El RJC no tiene registro oficial ni vínculos formales con los partidos.
Molina debe ser arrestado por acciones violentas, uso de armas y ataques a edificios públicos, incluida la fiscalía. RJC lleva mucho tiempo buscando un fiscal.
Sospechan que la organización será financiada por el fascista Luis Fernando Macho Camacho, elegido este mes gobernador de Santa Cruz de La Sierra, bastión de la derecha boliviana.
Camacho es el jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, la trinchera política de agricultores y empresarios. Fue el líder civil del golpe de Estado de noviembre de 2019 contra Evo Morales y se presentó a las elecciones de octubre. Luis Arce, exministro de Economía de Morales, fue elegido y Camacho obtuvo el 14% de los votos. Llegó en tercer lugar. Es un fascista regional, con intenciones nacionales.
RJC se llama organización juvenil, pero reúne a personas de todas las edades y muchas fingen ser jóvenes. Actuaron en las calles en el golpe, desfilaron en una motocicleta con los colores de Bolivia (cualquier parecido con los bolsonaristas amarillo verdosos no es casualidad) y siempre están a la mano para tratar de dispersar las manifestaciones del Movimiento por el Socialismo (MAS). , por Morales y Arce.
Son violentos, usan armas artesanales y se dedican a sembrar el terror, amenazar a la gente en las calles, estacionarse frente a las casas de los militantes del MAS y depredar lo que se avecina. Suelen salir encapuchados. Ladran mucho, pero también muerden.
Ya han amenazado a periodistas y tienden a infiltrar agentes en grupos de movimientos populares. Tienen estatus y no pueden aceptar cargos públicos ni presentarse a elecciones.
Ellos fueron los que agredieron, golpearon y pintaron con pintura roja a la alcaldesa de la ciudad de Vinto y a la dirigente socialista Patricia Arce, arrojadas en medio de la calle casi sin ropa. Esta fue la venganza de Patrícia: fue elegida senadora en octubre.
Es la milicia perfecta, con gente de la periferia mezclada con extremistas de la clase media. Se les define como las tropas de choque de los fascistas bolivianos.
En su página de Facebook, el líder se define así: “Joven boliviano que ama a su país, la democracia y la igualdad. Odia el abuso de las personas en todos los sentidos ”. No se sabe cuál es su actividad.
Los 300 de Sara Winter lo intentaron, pero no lograron acercarse a los miles de miembros de la pandilla de Cochabamba. El diario argentino Página 12 estimó a fines del año pasado que tendrían más de 5.000 afiliados.
Bolsonaro sabe, y con la crisis con los militares sabe aún más, que no puede contar con el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas.
Por eso su proyecto es contar con la policía militar como apoyo militar, junto a grupos civiles, para enfrentamientos callejeros, como lo hace la pandilla de Yassir Molina en Bolivia. Fomentar la posesión y posesión de armas es una parte esencial de esta estrategia. Con el mismo argumento para la defensa de la democracia.
En Bolivia sucedió lo que Bolsonaro idealizó en su mente golpista. Fueron los policías los que se amotinaron e hicieron factible el golpe de Estado liderado por Camacho. Molina apoyó la agitación.
Fue la policía la que empujó a los generales al golpe. Agachados, sin fuerzas para defender al gobierno, se unieron a los amotinados y exigieron la renuncia de Morales.
El golpe no funcionó, pero la Policía sigue amenazando al gobierno de Arce y a la Justicia, con notas de la categoría asociación, y la facción motociclista está en las calles. Yasser Molina es considerado prófugo.
Él, Camacho y toda la extrema derecha cuentan con el apoyo de parte del Poder Judicial. Tanto es así que Molina ya había sido detenido este mes (por segunda vez), por los mismos cargos de destrucción de propiedad pública, amenazas y conspiración, pero fue puesto en libertad por orden de la jueza Ximena Mendizábal.
Ximena enfrenta un proceso disciplinario en los asuntos internos de Justicia y fue destituida. Pudo haber permitido que el jefe del RJC se preparara para su fuga, y la primera posibilidad de refugio es siempre Brasil.
Una cosa que Bolsonaro debe estudiar derecho, para no pensar que con policías antidisturbios y bandas civiles es posible llevar a cabo y mantener un golpe. En Bolivia, el golpe fue derrotado en un año. Perdió ante la democracia y a la izquierda del MAS, en votación directa.
Son detenidos generales que no han huido, junto a Jeanine Añez, la exsenadora que asumió el gobierno tras el golpe de Estado que mató a más de 20 personas en acciones del ejército en las calles.
La policía antidisturbios, los generales cobardes y las bandas pueden incluso promover un levantamiento, pero no siempre sostienen un golpe.
 
 
 
 
 
MÉXICO Y BOLIVIA: DOS PUEBLOS, DOS GOBIERNOS
 
Plaza de Armas de México (https://bit.ly/2PMO5sW)
 
Esta semana estuvo en México el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, a invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de las diversas conmemoraciones que se llevan a cabo en nuestro país y que continuarán a lo largo de este año, entre las que se cuentan la resistencia de los pueblos originarios en contra de la invasión española y el bicentenario de la consumación de la Independencia.
Concretamente, el primer mandatario boliviano participó como invitado de honor y orador distinguido en la conmemoración del Día de la Victoria de Chakán Putum en Champotón, Campeche, en donde estuvo también presente el titular del Ejecutivo federal mexicano.
El presidente Arce aceptó, asimismo, asistir a una sesión solemne en la Cámara Alta, y reunirse con senadoras y senadores en el seno de la Junta de Coordinación Política de esta representación parlamentaria.
En el marco de su visita, el primer mandatario de Bolivia reconoció y agradeció la solidaridad del gobierno y del pueblo mexicanos por haberlo recibido y otorgado asilo político ante el golpe de Estado perpetrado en su país en noviembre de 2019.
Cabe recordar también que el 12 de noviembre de ese año el Gobierno de México manifestó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su seria preocupación ante el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia por el golpe de Estado, y expresó su confianza en la soberanía del pueblo de esa nación para constituir un gobierno acorde con su marco constitucional.
Recuérdese también que recientemente, a raíz de un comunicado emitido por la Secretaría de la OEA el 17 de marzo de 2021, que ponía en duda la independencia de la justicia boliviana, entre otras cuestiones, el Gobierno mexicano solicitó a ese organismo regional conducirse de acuerdo con sus facultades, fomentando el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio. Asimismo, pidió evitar posicionamientos que buscaran tener injerencia en los asuntos internos de aquella nación hermana.
Durante la visita del presidente Arce a México se abordaron diversos temas internacionales y de interés bilateral, como la disposición de vacunas para todas las personas y su no acaparamiento por parte de algunos Estados; la estrategia sanitaria boliviana para enfrentar la pandemia; el alivio y la reestructuración de la deuda de países en vías de desarrollo y el papel de los organismos financieros en este asunto; el modelo económico de aquella nación; la promoción y el respeto de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas; el litio, y la suscripción de una declaración conjunta entre ambos gobiernos, entre otros.
Sin pretender ser exhaustivo, es oportuno resaltar que, respecto al tema del modelo económico de su país, el primer mandatario boliviano señaló que éste se basa en tres pilares: primero, crear un excedente económico cuyo origen proviene, entre otras fuentes, de la producción y de la venta de gas, de la minería y de la industria eléctrica, que dinamizan al país; segundo, la apropiación de ese excedente económico por parte del Estado, y tercero, la repartición de esa riqueza entre la población por parte del mismo Estado, por ejemplo, a través de políticas redistributivas, como una pensión universal o incluso el llamado bono contra el hambre, entre otras.
Sin duda, tiene razón el presidente Arce al expresar que en un sistema económico neoliberal el mercado no redistribuye la riqueza, sino que, por el contrario, genera concentración del ingreso en pocas manos, por lo que la repartición debe realizarla necesariamente el Estado.
Por otro lado, cabe resaltar que en la declaración conjunta que suscribieron ambos gobiernos se establecieron puntos muy importantes para el futuro de la relación, entre ellos, la reactivación de mecanismos y foros de diálogo binacionales, particularmente la Comisión Bilateral Permanente; el fortalecimiento del diálogo y de la diplomacia interparlamentaria; el aprovechamiento del Acuerdo de Complementación Económica México-Bolivia (ACE-66) como herramienta para hacer valer el potencial de la relación económica-comercial entre los dos países; el impulso al programa de creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas en el espacio iberoamericano, y la necesidad de promover el carácter objetivo e imparcial de la OEA después de que la organización criticara el arresto de Jeanine Áñez.
Sin duda, la oportunidad se muestra para relanzar nuestras relaciones bilaterales y acercar a los pueblos mexicano y boliviano en el marco del respeto, la solidaridad y la cooperación internacionales.
 
 
 
 
 
BOLIVIA Y EL REARME HISTÓRICO DE “LA 4ª”
 
En Bolivia “el individuo” es un ente realmente existente, quien ejerce sus “derechos individuales”, pero “la comunidad” es considerada como una –otra– entidad fundante –e indivisible– de su propia conformación estatal.
 
Aristegui de México (https://bit.ly/2Oc2puB)
 
Las visitas que recientemente hicieron a México, invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el pasado 24 de febrero, y Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, los pasados 23 y 24 de marzo, tienen un denominador común: ambas adquirieron su máxima significación por el hecho de que el “motivo mayor” expresamente establecido para las invitaciones correspondientes tuvo que ver con “la conmemoración de los 200 años de nuestra Independencia”.
En ambas situaciones los sitios visitados para dar sello histórico a la conmemoración fueron, en un caso, la ciudad de Iguala: lugar en el que justo el 24 de febrero de 1821 fue hecho público por Iturbide el Plan de Iguala (lo que marcó en definitiva el inicio del fin de nuestro sometimiento colonial), y, en el segundo caso, Champotón, donde el 25 de marzo de 1517 se llevó a cabo una batalla en la que un embravecido contingente de indígenas guerreros derrotó en forma aplastante a las fuerzas españolas encabezadas por Hernández de Córdova, aquellos dirigidos por Moch Cohuó, señor de Potón Chan.
Cuartoscuro
II
Ambos casos dejan una huella decisiva en la perspectiva en la que el gobierno de “La 4ª” ha definido la línea conmemorativa de “los 200 años de Independencia”.
En la primera, en Iguala, con el desmarque histórico que AMLO hizo frente al iturbidismo –concepto, ideología o interpretación aún prevaleciente en muchos ámbitos y sectores de la sociedad mexicana–, retomando la perspectiva desde la que se explica en definitiva el triunfo independentista: la que marcaron figuras históricas como Miguel Hidalgo, José María y Morelos y Vicente Guerrero.
En la segunda, en Champotón, AMLO hizo a un lado de un solo golpe el mito de que la lucha independentista “se inició” el 15 de septiembre de 1810, idea que se ha convertido en una especie de “conocimiento histórico” incuestionable, repetido religiosamente, año con año, con los famosos “Vivas a México” y con el repique campanario a todo lo largo y ancho del país.
Ojo: la victoria indígena de Champotón sobre las fuerzas colonizadoras de España tuvo lugar ¡304 años antes de la consumación de la Independencia! Cabe entonces preguntar: ¿cuántos Champotones existieron en el curso de esos trescientos cuatro años de historia?, ¿Y cuántos Moch Cohuó encabezaron esas guerras independentistas?
No muchos historiadores se han adentrado en esta mágica historia nacional. Pero hay algunos de extraordinaria prosapia intelectual que vale la pena recordar. Como el esfuerzo notable que hizo Luis González de Aragón, en los albores del siglo XX, para rescatar los documentos originales del “Proceso inquisitorial del cacique de Texcoco”.
Quemado en la hoguera en el “zócalo” de la actual ciudad de México, Chichiquematecutli, “Don Juan”, cometió “el pecado” de ser un terco luchador “por la idolatría”, quien –según el reporte inquisitorial–, “adoraba a los demonios que hacía mucho tiempo eran objeto de la devoción de los antiguos”.
Antes de morir en la hoguera, Chichimecatecutli lanzó un ensordecedor reto guerrero para que lo escucharan todos los que estuvieran presenciando su martirio:
¿Quiénes son éstos que nos deshacen, e perturban, e viven sobre nosotros, e los tenemos a cuestas e nos sojuzgan? Todos somos iguales y conformes y no se ha de igualar nadie con nosotros; que ésta es nuestra tierra, y […] nuestra posesión, y el Señorío es nuestro, y a nos pertenece, y quién viene aquí a sojuzgarnos, que no son nuestros parientes ni de nuestra sangre y se nos igualan, pues aquí estamos y no ha de haber quién haga burla de nosotros…
Moch Cohuó o Chichimecatecutli, ¿no se ubican en realidad como los primeros independentistas? Que el gobierno de AMLO rememore, con la presencia del presidente de Bolivia, la victoria indígena de Champotón de 1517, dentro del marco “de la conmemoración de los 200 años”, ya representa sin duda un importante cambio de paradigmas.
III
La rememoración llevada a cabo en Champotón se dirigió muy directamente a establecer el papel que han jugado los indígenas en la transformación de México. Con el reconocimiento claro de lo que ha significado el papel jugado por los pueblos indígenas en Bolivia. De allí la presencia en el evento de Arce Catacora.
El presidente de Bolivia dio una nota precisa de lo que desde el periodo de los tiempos de gobierno de Evo Morales puede ser considerado como parte o indicadores del “milagro boliviano”:
Redujimos la pobreza extrema de 38 % al 15 % [y], el Índice de Gini, que mide la desigualdad […], de 0.60 lo bajamos a 0.48, es decir, en la región, siendo de los últimos en tener el indicador más concentrador de ingreso, pasamos a ser la quinta economía, [pero] vino el golpe de Estado que nos dejó un país técnicamente destrozado y que hoy nos toca reconstruir.
Detrás de estos indicadores se dibuja la revolución social, política y conceptual que ya había dejado como herencia la revolución boliviana y, en particular, el aporte de “lo indígena” en dicha revolución.
IV
En la Constitución de Bolivia, promulgada en 2007, se asumió el reto de construir el “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Concepto que va mucho más lejos de nuestro tímido reconocimiento constitucional, en el artículo 2º de nuestra Carta Magna, de que “México es una Nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”.
La diferencia no es menor y vale la pena recalcarlo: ambas ideas son sólo superficialmente compatibles, pues en la definición de la “forma de Estado” mexicano priva la fórmula del “individuo” como la base celular de nuestro ser e identidad nacional, asumiendo las fórmulas “comunitarias” sólo como variantes derivadas de una particular suma o agregación de “individuos” que por razones históricas conservan sus propios “sistemas normativos internos” y tienen derecho “a la autonomía y a la libre determinación”.
Digámoslo de otra forma: en Bolivia “el individuo” es un ente realmente existente, quien ejerce sus “derechos individuales”, pero “la comunidad” es considerada como una –otra– entidad fundante –e indivisible– de su propia conformación estatal. Así lo indica con toda claridad la propia Carta Magna de Bolivia:
La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Diferencia de concepto que, en efecto, “la 4ª” tiene que reflexionar. Acaso así encontremos las trampas a las que nos lleva la idea-fetiche de la tan traída y tan llevada “ciudadanización”.
 
 
 
 
 
LAS RESPONSABILIDADES HISTÓRICAS DE EVO MORALES
 
Nodal AM de Argentina (https://bit.ly/3wl4aai)
 
Evo representa al conjunto de la nación boliviana y ha conseguido dirigir el proceso nacional-popular, pero al mismo tiempo las oligarquías lo consideran su enemigo
En la actualidad política boliviana se presenta una interrogante fundamental sobre las responsabilidades de Evo Morales Ayma, Jefe Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), en relación al futuro del proceso de liberación nacional y de la Revolución Boliviana tomando en cuenta los procesos electorales nacionales y subnacionales, la fuerza del movimiento nacional-popular organizado en la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad (PU) y otras manifestaciones de organizaciones de base, las iniciativas del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca para enfrentar las crisis económica, sanitaria y educativa y la situación regional de recuperación de las fuerzas nacionales y antiimperialistas.
Después del Golpe de Estado de noviembre de 2019, el desastre causado por el gobierno de facto en apenas un año, las grandes movilizaciones populares de agosto de 2020 para recuperar la democracia, el triunfo electoral del MAS en octubre del mismo año y el reacomodo de la fuerzas sociales, políticas y económicas, se hace imprescindible replantear y/o reactualizar las acciones que permitan profundizar los avances estratégicos implementados durante los 14 años de gobierno de Morales de 2006 a 2019.
Años que transformaron radicalmente las estructuras del poder, la cultura colonial y racista, el orden social, el rol del Estado en la economía, el protagonismo soberano en las relaciones internacionales y la autoestima y dignidad del pueblo boliviano.
El liderazgo popular de Evo Morales
Evo Morales no solamente representa una trayectoria de lucha sindical y popular, tiene el liderazgo de las masas más postergadas y empobrecidas del país, la dirección política del MAS, la capacidad articuladora de movimientos sociales y populares diversos o de regiones geográficas diferenciadas, siendo un referente mundial de las luchas de los pueblos indígenas.
Es el caudillo nacional que representa al conjunto de la nación boliviana y ha conseguido dirigir el proceso nacional-popular. Al mismo tiempo las oligarquías neoliberales y conservadoras y sus manifestaciones políticas y sus medios de comunicación, en concordancia con las políticas imperialistas intervencionistas en la región, lo consideran su enemigo central.
A inicios del siglo XXI, entre 2000 y 2003, se produjeron la guerra del agua y la guerra y rebelión del gas que, con grandes movilizaciones sociales, expulsaron a los partidos neoliberales y entreguistas de los recursos naturales y su representante Gonzalo Sánchez de Lozada.
Posteriormente en las elecciones sucesivas de 2005, 2009. 2014 y 2019 el MAS ganó por amplia mayoría, lo que permitió que se realicen profundas reformas estructurales como la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de las empresas estatales, la industrialización, el papel central del Estado en la economía, el fortalecimiento del mercado interno, la redistribución de la riqueza, la reducción sostenida a la pobreza y la extrema pobreza, la integración geográfica interna o el rechazo a la intervención política de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, todo esto bajo el liderazgo de Evo Morales, quien contó con un contexto bolivariano y latinoamericanista de los gobiernos de Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula Da Silva y Néstor Kirchner, entre otros.
Las tareas históricas de liberación
En este momento histórico las responsabilidades de Morales residen en dos grandes campos:
Por una parte las tareas de construir una organización política sólida, articulada, politizada y movilizada en la confluencia del MAS con las organizaciones sociales y populares que se agrupan alrededor de la COB, el Pacto de Unidad, las Juntas Vecinales, los Autoconvocados, los intelectuales y profesionales así como los militares y policías comprometidos con la patria, para ejercer el poder popular y la democracia participativa.
Por otra parte, el estudio, debate, formulación e impulso de un programa político y proyecto nacional-popular de liberación en coordinación con el gobierno encabezado por Arce y Choquehuanca con alcances estratégicos de la lucha por un socialismo comunitario articulado con la integración emancipadora de América Latina y el Caribe y con el Socialismo Nacional Latinoamericano.
Esto significa establecer acciones para el control pleno y soberano de los recursos naturales fortaleciendo YPFB (hidrocarburos), COMIBOL (minerales) y YEB (litio) y su consiguiente industrialización; el control del Comercio Exterior para evitar la exportación de capitales, particularmente de los grandes agroindustriales de la soya y de las transnacionales mineras y petroleras; la fiscalización y control del sistema bancario y financiero.
Asimismo, la aplicación de tasas reales de aportación del oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones que están multiplicando sus ganancias en la actual crisis; el impulso del mercado interno con el impulso y fomento a las manufacturas y la industria liviana y con la imposición de aranceles a las importaciones  que hacen competencia a la producción nacional y a los productos suntuarios; todo esto acompañado del fortalecimiento del Estado Nacional y de la integración económica con los países de la región.
La implementación de un proyecto de liberación nacional y de soberanía impedirá las acciones intervencionistas del imperialismo norteamericano que con Biden, al igual que con Trump, pretende controlar América Latina, en tanto que la geopolítica internacional está cambiando vertiginosamente con el ascenso y presencia mundial de Rusia, China, India y la Unión Europea.
 
 
 
 
 
CHILE Y BOLIVIA
 
La Tercera de Chile (https://bit.ly/2OaAcEr)
 
El Presidente de Bolivia, Luis Arce, ha formulado una propuesta de diálogo con Chile para un nuevo relacionamiento con nuestro país, en la conmemoración de Día del Mar. Las relaciones vecinales para la Política Exterior de Chile, como política de Estado, constituyen una prioridad fundamental y busca consolidar con nuestros vecinos sólidos lazos de integración, cooperación y amistad. En el marco de la buena vecindad resulta positiva esta aproximación boliviana para abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales y avanzar hacia una normalización que pueda concluir en el restablecimiento de los vínculos diplomáticos, si existiera voluntad política del nuevo gobierno boliviano.
Conforme a una agenda mutuamente acordada, correspondería desarrollar medidas de confianza recíprocas en aras de impulsar un proceso de integración energética, promover los intercambios comerciales y culturales, la complementación económica, reactivando las cámaras de comercio binacionales y los consejos empresariales entre ambos países. La cooperación policial transfronteriza resulta esencial para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, ingreso clandestino y la regulación migratoria.
El diálogo propuesto debe ser sin condiciones y con respeto al Tratado de Paz y Amistad de 1904 y pleno acatamiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, definitivo e inapelable que rechazó la demanda de Bolivia y declaró la inexistencia de una obligación de negociar un acceso soberano al mar. Creo que debe evitarse repetir los errores del pasado, acordando agendas respecto de la aspiración marítima boliviana, que provocan una mayor frustración por falta de resultados y deterioran aún más las relaciones bilaterales.
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO PERUANO FRONTERIZO CON BRASIL Y BOLIVIA EN ESTADO CRÍTICO POR LA PANDEMIA
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3mcpGch)
 
El departamento peruano de Madre de Dios (amazónico y limítrofe con Brasil y Bolivia) pasa por una situación "bastante crítica" por la pandemia del COVID-19, advirtió su gobernador Luis Hidalgo.
"La situación es bastante crítica. Nosotros luego de los meses de diciembre hasta febrero hemos pasado de un nivel moderado a un nivel extremo (de contagios). Esto nos hace ver que evidentemente son por medidas que la población no ha cumplido", dijo el funcionario a la radio local RPP.
Asimismo, Hidalgo indicó que recibió información del Ministerio de Salud negando la presencia de la variante brasileña en su jurisdicción, algo que pone en duda a juzgar por la situación en el estado brasileño de Acre y el departamento boliviano de Pando, colindantes con Madre de Dios.
"Hemos recibido la primera comunicación (del ministerio) de que no existe la variante (en Madre de Dios). Soy vecino de Acre y Pando, y en Acre la situación ha colapsado. Tiene sus UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) llenas, el número de muertos pasa de los 1.500 del millón de habitantes", sostuvo el gobernador.
Por otro lado, indicó que la velocidad de transmisión aumentó y que la población entre 18 a 50 años se está infectando con mayor incidencia que durante la primera ola sucedida entre abril y agosto de 2020.
 
 
 
 
 
MANOS UNIDAS APOYA EN BOLIVIA A MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 
COPE de España (https://bit.ly/39wUqzP)
 
Tras la puesta en marcha de un proyecto de protección de los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género y discriminación en Sucre, Bolivia, apoyado por Manos Unidas y el Centro Juana Azurduy – en alianza con los Ayuntamientos de Madrid y de Leioa –, ya son visibles los resultados en todo el municipio.
Las medidas de cuarentena rígida y restricciones a la circulación a causa de la pandemia se convirtieron, para muchas mujeres que vivían en situación de violencia intrafamiliar, en un callejón sin salida. Ante esta realidad, Manos Unidas apoyó esta iniciativa contra una violencia que, junto a la crisis sanitaria, es la principal preocupación para las defensoras de los derechos de las mujeres.
Esta intervención ha supuesto un gran cambio en la mentalidad de cientos de mujeres para salir del círculo de violencia en el que se encontraban. Además, decenas de lideresas han adquirido las capacidades necesarias para el ejercicio del poder político y los jóvenes están desarrollando procesos de investigación y diálogo con sus pares para analizar y cuestionar la violencia de género.
El Centro Juana Azurduy con las mujeres
Desde el programa Defensoría de la Mujer del Centro Juana Azurduyse desarrollan estrategias de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, como la habilitación del servicio de atención en línea, la atención psicoterapéutica individual y el seguimiento permanente a las mujeres que realizan denuncias. También brinda atención psicológica y legal a más de 800 mujeres en situación de violencia dentro del protocolo de atención denominado Guía de Atención a Víctimas de Violencia.
"Me invitaron en «las Juanas» para participar en las diez sesiones de un taller psicoterapéutico grupal. Me gustó mucho participar porque pude conocer a otras mujeres que también habían sufrido violencia psicológica o física y esto me ha ayudado a valorarme más como mujer y como persona (testimonio de una de las participantes del proyecto)"
Asimismo, se han difundido contenidos multimedia con información precisa y oportuna para facilitar las denuncias, como los programas radiofónicos en vivo «Lávate las manos, cúbrete la boca…pero no cierres los ojos» o «El machismo virus también mata», que estuvieron dirigidos a brindar información e incentivar que las mujeres denuncien actos de violencia.
Por otro lado, el Centro Juana Azurduy, en coalición con otras organizaciones sociales, ha formulado propuestas contra la violencia hacia la mujer que han sido aprobadas con éxito para incluirlas como políticas municipales, aunque la pandemia sanitaria mundial ha dificultado, en cierta medida, el avance en el establecimiento de estas políticas públicas.
Sensibilizar a la comunidad
En este contexto, la importancia de la sensibilización comunitaria se ha traducido en acciones que visibilizan las propuestas de las mujeres y que han sido previamente reflejadas en la Agenda Política Departamental de Chuquisaca.
En este sentido, durante 2019 se produjeron movilizaciones en el espacio público y representaciones teatrales con obras como «Las damas primero» en el Teatro El Grito, en el que se abordan los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, la realidad de los feminicidios y los obstáculos existentes para la participación política de las mujeres. Igualmente, se originaron movilizaciones en el día de todos los santos, en memoria de las mujeres asesinadas, entre otras muchas acciones.
Los colectivos juveniles contra el sistema patriarcal
Un tercer pilar de la iniciativa fue el dirigido a los colectivos juveniles para cuestionar creencias y prácticas patriarcales en torno a la violencia contra la mujer.
De este modo, durante los dos años de ejecución de la intervención, alrededor de 50 jóvenes se han concienciado y adquirido herramientas a través de procesos de formación, realización de proyectos de investigación, difusión y diálogo con sus pares mediante recursos comunicativos difundidos por Radio Encuentro y otras plataformas digitales.
En el ámbito de las investigaciones juveniles, se ha contado también con la producción de libros, audiolibros, series audiovisuales y cómics, así como intervenciones de calle con conceptos altamente innovadores. Además, se ha generado un amplio diálogo en redes sociales, llegando a cerca de 300.000 jóvenes.
 
 
 
 
 
LAGO TITICACA: 5 CURIOSIDADES QUE NO TE DEJARÁN INDIFERENTE
 
La Sexta de Chile (https://bit.ly/3ugws3x)
 
El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Uno de los rincones más espectaculares del mundo. Lo podemos encontrar en los Andes centrales, concretamente dentro de la meseta del Collao, entre Bolivia y Perú. Su origen es tan antiguo como, desde luego, misterioso.
El nombre es muy curioso, también. Tal es la rivalidad entre Bolivia y Perú que, depende de la nacionalidad de la que se hable, unos se apropian del “titi” pero otros del “caca”. Esta última palabra era para el país contrario. Lo que es un hecho que este lago Titicaca va muchísimo más allá de un nombre, una historia y, por supuesto, su biodiversidad. Esconde una serie de curiosidades que no dejarán indiferente a nadie.
Es el hogar de los Uros
Es considerada como una etnia de raíces pre incas, originaria del Perú. Cabe destacar que todas y cada una de las viviendas está ubicada sobre robustas superficies. Estas fueron creadas con muchas cantidades de totora. Este material se utilizaba para edificaciones, mobiliario, ¡y hasta sus balsas! La fuente de ingresos de esta comunidad es tanto la pesca como el turismo.
En este lugar se originó el mundo
Muchas son las leyendas que tienen como protagonista al lago. Una de esas da fe que el origen de ese mundo andino partió de estas aguas. Al parecer, de este lago emergió el Dios Viracocha, que fue el que creó al Inti (Dios Sol) y a Mama Killa (madre luna), así como las estrellas y a los primeros habitantes. Por si fuera poco, parece ser que también de este lago partieron sus hijos Manco Capac y Mama Ocllo, que salieron de las profundidades para originar el Imperio Incaico.
Gran importancia de la industria textil
En este lago podemos encontrar la conocida isla de Taquile, que adquirió relevancia en todo el mundo por algo muy concreto: Conservar, de manera intacta, las técnicas textiles de aquellos antepasados pre incas. Es una de las fuentes principales de ingresos, y es realizado tanto por hombres como mujeres desde una edad bastante temprana. Es un lugar mágico, que muchos aseguran que merece la pena descubrir.
Tiene una fauna de ensueño
No es ningún secreto que el mar de los Andes es un precioso hogar de una diversidad de animales propios de este lugar. Bajo estas aguas podemos encontrar peces de lo más curiosos, como el suche o el pejerrey. Además, podemos divisar tanto gaviotas como flamencos, así como la vizcacha, el conejillo de indias o, incluso, el zorro andino. ¿Y cómo olvidar de la alpaca y las llamas? Es evidente que es una zona de ensueño para los verdaderos amantes de la naturaleza.
Estamos ante un espacio protegido
Cabe destacar que en el año 1978, Titicaca llegó a recibir el merecido título de Reserva Nacional. Esto involucra no solamente al lago, sino a las diversas áreas de cultivo, así como sus islas flotantes. Un dato absolutamente espectacular es que este precioso espacio geográfico cuenta con una antigüedad de nada más y nada menos que 3 millones de años. ¡Algo verdaderamente espectacular!
 
 
 
 
 
EL NARCOTRÁFICO NO CUMPLE CUARENTENA: UN INFORME REVELA CÓMO SE ACOPLÓ EL MERCADO ILEGAL DE DROGAS A LA PANDEMIA
 
RT de Rusia (https://bit.ly/3wllVpF)
 
La pandemia de coronavirus provocó que haya menos disponibilidad de drogas ilegales y, por lo tanto, que aumenten los precios. Las organizaciones narco están cambiando rutas y modus operandi. Pero, a pesar de la emergencia sanitaria, el negocio sigue pujante, con incautaciones de sustancias y erradicaciones de cultivos que, en realidad, no afectan las ganancias multimillonarias de uno de los mercados ilegales más lucrativos del mundo.
Así lo demuestra el Informe 2020 que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) presentó la semana pasada, en el que realiza un pormenorizado recuento del panorama de la producción y tráfico mundial de drogas en la era Covid. El documento alerta de manera especial sobre la desatención sanitaria que están enfrentando las personas que padecen problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, así como la silenciosa epidemia de consumo que está creciendo entre personas mayores de 60 años.
Según el reporte de 160, páginas, las limitaciones de movilización impuestas por las cuarentenas, que incluyen cierres o mayores controles de tránsito en las fronteras, han derivado en una escasez de numerosos tipos de drogas para la venta al por menor, junto con una subida de los precios. Porque la demanda no decae. Todo lo contrario.
Pero las organizaciones criminales se adaptan. Si bien se redujo el tráfico de drogas vía "mulas", es decir, personas que transportan las sustancias y que viajan en vuelos de pasajeros, la JIFE advierte que es probable que el tráfico de drogas a través del transporte marítimo o la carga aérea comercial haya continuado en niveles similares a los existentes antes de la pandemia porque este sector no tuvo tantas restricciones para seguir operando.
El panorama varía según la sustancia. Por ejemplo, hay indicios de que el tráfico de heroína, que se realiza principalmente por tierra, se ha visto más afectado que el de la cocaína, que depende en gran medida de las rutas marítimas que no se han cerrado. Así lo prueban las grandes incautaciones de cocaína registradas durante el último año en puertos europeos.
Otra adaptación de las organizaciones es que algunos países de la Unión Europea observaron un aumento de la distribución de drogas mediante servicios de correos y de paquetería internacional. En América Latina, el auge del reparto de comida a domicilio o el uso de uniformes para simular que son trabajadores esenciales ha servido para cubrir la entrega de drogas. También aparece la sustitución de sustancias, porque cuando los usuarios no consiguen una, buscan otra.
En República Checa, por citar un caso, se reporta una desaparición total de heroína en el mercado callejero debido a la pandemia, lo que genera preocupación por la posibilidad de que aumente el consumo de fentanilo o alcohol en combinación con benzodiazepinas, mezclas que en EE.UU. ya han generado una epidemia de adicción y récord de muertes.
Centroamérica y Caribe
La JIFE señala que esta región sigue siendo ruta de tránsito para la cocaína con destino a América del Norte, Europa y el resto del mundo. En términos de consumo, además de la cocaína preocupa el uso de anfetaminas y fármacos estimulantes en las comunidades locales.
Durante la pandemia, las pandillas criminales asociadas al tráfico de drogas han seguido operando, ya sea la banda conocida como Bagdad en Panamá o las Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Además, Bahamas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Trinidad y Tabago han notificado el cultivo ilícito de cannabis al aire libre. Guatemala es un caso particular, ya que los métodos utilizados para cultivar el cannabis se perfeccionaron en los últimos años, lo que permitió un aumento en calidad y precio, por eso es el país más mencionado como origen, salida y tránsito de las incautaciones reportadas, que hasta antes de la pandemia registraban drásticos aumentos.
El único país del que el informe cita datos del año pandémico es República Dominicana, en donde en los primeros cinco meses de 2020 se secuestraron 2,3 toneladas de cocaína y 1,1 toneladas de cannabis, lo que representó un aumento del 18 % con respecto al mismo periodo del año previo. Y mayores secuestros implican que, en realidad, hay mayor producción y tránsito.
Con respecto a las sustancias, la prevalencia anual de consumo de marihuana, según los últimos datos actualizados de 2018, es de 3,39 % en el Caribe, similar al 3,49 % de América del Sur y muy por debajo del 14,56 % de América del Norte, mientras que la prevalencia de uso de la cocaína en Centroamérica y el Caribe es del 0,6 %, por detrás del 2,13 % de América del Norte o el 1,36 % de Europa Occidental y Central.
En contraste con estas cifras, la prevalencia anual del consumo de anfetamina, metanfetamina y fármacos estimulantes en Centroamérica y en el Caribe es del 0,9 %, lo que supera al 0,27 % de Sudamérica.
América del Norte
De acuerdo con el organismo, durante la pandemia América del Norte padeció un aumento del número de muertes por sobredosis, ya que el consumo y el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina se incrementaron en 2020, lo que repercutió en la letalidad de las sobredosis de drogas. Por sus niveles de uso, el caso más grave es EE.UU.
En febrero de 2020, la Administración para el Control de Drogas de ese país reconoció que los opioides se siguen usando a escalas epidémicas cada vez mayores, aunque la metanfetamina y la cocaína también van en aumento. Por eso, de noviembre de 2018 a noviembre de 2019 hubo un 3 % más de muertes por sobredosis que en el año previo.
Con respecto al cannabis, después de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, ya son 34 los estados en donde se permite el uso medicinal y 11, además de Washington D. C., en los que se ha legalizado la posesión y uso recreativo.
México, uno de los países de la región que lidera la producción de sustancias y que más ha padecido los resultados negativos de la llamada "guerra contra el narcotráfico", está llevando a cabo una transición de sus políticas de drogas para que se basen en la salud pública, las pruebas científicas y el respeto a los derechos humanos. En ese proceso se inscribe el proyecto de legalización de la marihuana que el Senado debería aprobar a más tardar a fines de abril.
El informe advierte que hay indicios de una creciente epidemia de metanfetamina en México, ya que su consumo aumentó del 0,1 % al 0,9 % entre 2002 y 2016. Además, en un estudio encargado por el Gobierno en relación con los consumidores de heroína y de metanfetamina cristalina, demostró que había fentanilo en el 93 % de la heroína en forma de polvo blanco, el 40  % de la heroína de alquitrán negro y el 100 % del speedball (una combinación de heroína y metanfetamina cristalina), pero los consumidores no lo sabían.
Por lo tanto, si bien el uso de heroína en México no es frecuente salvo en comunidades marginadas, los consumidores han estado expuestos al fentanilo sin saberlo, lo que explica en parte las sobredosis de los últimos años.
En Canadá, la metanfetamina también ha ganado terreno, como lo demuestra el hecho de que, entre 2010 y 2018, las infracciones por posesión de esta droga hayan aumentado en un 626 %. Además, en junio del año pasado el Organismo de Salud Pública informó que en 2019 hubo más de 21.000 sobredosis relacionadas con los opioides y que 3.823 personas murieron, en el 77 % de los casos, por consumo de fentanilo.
América del Sur
La producción de cocaína en Colombia, Bolivia y Perú continúa y sigue aumentando desde 2016 a pesar de los programas de erradicación de cultivo de la hoja de coca, aunque a nivel sudamericano lo que está creciendo es la fabricación y la presencia de drogas sintéticas, especialmente en Chile. Brasil, en tanto, se mantiene como una de las principales vías de salida rumbo a Asia y África, con destino final Europa.
La pandemia provocó que en todos los países de la región se aplicaran diferentes medidas de confinamiento, pero las organizaciones delictivas volvieron a demostrar su capacidad de adaptación en particular en los canales de la circulación, ya que crearon rutas alternas para evadir el cierre de las fronteras y las restricciones a los viajes por tierra y aire.
Así, las rutas marítimas cobraron gran importancia, ya que los traficantes aprovecharon la falta de capacidad de algunos países de la región para detectar e incautar sustancias, a lo que se sumó el aumento del uso de aeronaves ligeras que eluden los radares volando a baja altura para transportar drogas entre Bolivia, Brasil y Perú.
Estos cambios implicaron aumentos en el precio de la cocaína en Brasil y de la pasta de coca en Colombia. Por el contrario, en los primeros cuatro meses del 2020 el precio de la hoja de coca disminuyó entre un 46 % y un 58 % en Perú.
La JIFE reporta que los grupos delictivos organizados con más recursos almacenaron drogas, lo que les permitió prevenir y superar mejor las consecuencias de un confinamiento que modificó el microtráfico en toda la región, porque los traficantes aprovechan cada vez más servicios lícitos existentes, como los de reparto de alimentos, plataformas de Internet y servicios de emergencia, o se mimetizan con ellos para encubrir sus actividades.
Una prueba de ello es que en julio del año pasado en Chile detuvieron a 24 personas que utilizaban un servicio de reparto de alimentos falso como fachada para distribuir cocaína, cannabis y clonazepam.
Otros narcotraficantes, en tanto, han aprovechado el transporte de equipo esencial, como ocurrió en marzo de 2020, cuando autoridades de Brasil descubrieron 1,1  toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de guantes quirúrgicos, o las drogas disimuladas en cajas de mascarillas encontradas en Perú con destino a Hong Kong.
En términos generales, el organismo prevé que la crisis económica causada por la emergencia sanitaria hará que las modalidades del consumo y el tráfico de drogas se orienten hacia sustancias más baratas y adictivas. El negocio, con y sin pandemia, se mantendrá.

No comments: