LA AMAZONÍA EN EL DEBATE ENTRE CONSERVACIÓN VS. DESTRUCCIÓN

El biólogo neerlandés Vincent Vos, que camina desde hace 20 años la Amazonía boliviana, conversó con Sputnik sobre las múltiples amenazas que dañan a un ecosistema compartido por nueve países y ya fue considerado el pulmón del planeta. También dio recomendaciones para protegerla.
Vincent Vos es un biólogo nacido en Países Bajos, quien hace 20 años llegó a Riberalta, una población del departamento amazónico de Beni de la cual ya no pudo desligarse. Esta región, donde la vida —ya sea vegetal o animal— se manifiesta en cada sitio donde se posa la vista, es la meca para quienes se dedican a investigar la naturaleza. En diálogo con Sputnik, Vos relató los grandes cambios que presenció en la Amazonía durante las últimas dos décadas, época marcada por la degradación ambiental de uno de los ecosistemas más grandes del planeta. También, por las luchas de pueblos indígenas para protegerla.
La Amazonía puede verse como una fuente de vida que debe ser protegida de toda amenaza. Pero, también, se la puede percibir como una cuantiosa bolsa de dinero por saquear hasta la última gota. Lamentablemente, esta mirada prevaleció en los últimos años, por lo cual las imágenes satelitales muestran, año tras año, la pérdida del verdor original para dar paso a manchas que representan actividades agroindustriales, como la cría de ganado y el cultivo de soja.
Vos recordó que cuando llegó adonde hoy vive, "lo vi bonito todavía, muy selvático. Pensaba que realmente iba a ser un rincón del mundo donde se podrían revertir los procesos de destrucción que se dan en todo el planeta".
A pesar de todo, la Amazonía sigue siendo el bosque tropical más grande del mundo. Abarca a nueve países: Brasil, que posee su mayor porción, seguido de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Ecuador.
Según un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), más del 65% de la deforestación registrada en 2020 se situó en Brasil, donde se perdieron 1,5 millones de hectáreas, un 13% más que en 2019.
Le sigue en la lista Bolivia, donde el año pasado se arrasaron 240.000 hectáreas de selva, lo cual superó su récord de 2017. Contribuyeron a alcanzar esta cifra los incendios de septiembre pasado en el departamento de Santa Cruz (este), donde fueron afectados los bosques de la Chiquitanía y del Chaco.
¿Quién es Vincent Vos?
Con 20 años en el oriente boliviano, Vos se mimetizó con los pobladores locales, de modo que ya es "más camba que la yuca", como dicen por esos lares. En Beni tiene hijos y hasta nietos. Aquí decidió echar sus raíces, bien lejos de su Dronten natal, un poblado rural del centro de Países Bajos, donde creció rodeado de árboles de manzana.
La vida en el campo lo llevó a estudiar Biología en la Universidad de Utrecht. Para obtener la maestría, en 2001 llegó a la Amazonía boliviana. Aprovechó que la Universidad Autónoma del Beni tenía un convenio con su casa de estudios y, al poco tiempo, comenzó a trabajar con organizaciones indígenas y de la sociedad civil.
Vos es una enciclopedia de la Amazonía. Aunque su fuerte está en la biología, conoce las formas de organización de los pueblos indígenas, también las potencialidades para su desarrollo económico.
Afirmó que "hasta ahora, en el norte amazónico tenemos una economía que depende principalmente de la castaña, de la madera. La gente vive todavía de la caza, de la pesca, de su propio chaquito", como llaman al campo de cultivo de cada familia.
"Hay esperanza de poder hacer las cosas diferentes. Pero cada vez vienen con más fuerza las políticas de producción de biodiesel, de soja transgénica y otros productos transgénicos que tratan de meter sí o sí", comentó.
Según el investigador, pesan sobre la Amazonía intereses corporativos y empresariales transnacionales, dispuestos a explotar sus recursos forestales y mineros a cualquier costo: "Todo el mundo está viendo esos recursos nomás y no se interesa por la vivencia de la Amazonía misma, de la gente que vive ahí".
Contra los transgénicos
Días atrás, el presidente Luis Arce Catacora anunció la anulación de decretos de apertura plena a los cultivos transgénicos, aprobados mediante decreto durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
"La abrogación es una victoria, es positiva. Pero también los ambientalistas mantenemos una posición muy escéptica, porque se siguen promocionando los transgénicos y todavía hay normas que facilitan su cultivo", dijo Vos.
Por ello, consideró que "todavía no hay un cambio de modelo económico. Hay un montón de otras normas ecocidas que hemos identificado. Hay mucho más por abrogar".
En este sentido, sostuvo: "No puedes apuntar por un lado a un desarrollo basado en la destrucción del bosque, para después hacer un proyectito de reforestación".
"Tus objetivos ambientales y tus objetivos de desarrollo económico tienen que ser parte de un mismo proyecto, un mismo programa. Hay muchas opciones", dijo el biólogo. Y mencionó, entre otras, el procesamiento de frutas amazónicas, la pesca y el ecoturismo.
La situación de los pueblos indígenas
En la Amazonía beniana viven 16 pueblos indígenas: Esse Ejja, Chácobo, Cavineño, Itonama, Tacana, Chimán, Mojeño, Yuracaré y Sirionó son algunos de ellos. Vos, que constantemente visita sus comunidades, comentó cómo se encuentran, luego de un año de restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
Por causa de esta enfermedad, en varios territorios perdieron a líderes ancianos, que guardaban parte de la historia y los saberes de su pueblo. Ante esta amenaza, varias comunidades decidieron cerrarse al contacto con personas ajenas, hasta que se vaya el coronavirus.
"Están muy preocupados. No solamente por la pandemia, también porque no pudieron comercializar sus productos. No podían entrar y salir de las ciudades", contó Vos.
"En sus comunidades tienen cada vez menos opciones productivas. También el cambio climático está degradando sus bosques. Por ello tienen menos caza y menos pesca", relató.
Para la economía de las familias de esta región Amazónica, la recolección de castaña es fundamental. "Pero hay menos producción que antes. Además, los precios no son favorables", dijo Vos.
"Están desesperados para ver qué se puede hacer. Porque, además, sus patrones de consumo van cambiando: quieren celulares, quieren comprarse autos. Entonces necesitan ingresos", ilustró el investigador.
En 2020, durante la pandemia, varios indígenas se vieron obligados a vender madera ilegalmente, también a cazar algunas especies protegidas para comerciarlas en las ciudades.
"Dentro de esa desesperación por producir, muchos caen en esas promesas huecas de los que quieran sacar oro de los ríos, o quieren tumbar bosque para sembrar soja o meter vacas. Firman un acuerdito, pero al final el campesino indígena no recibe beneficio, aunque ya destruyeron su territorio", comentó.
Por otro lado, Vos observó que también afloró en las comunidades la convicción de que deben producir lo necesario para mantenerse, sin depender del comercio con el exterior, truncado por la pandemia.
"Hay más motivación para producir y ya no solo de extraer para vender. Veo algunas cosas positivas. Hay gente que ha dejado la ciudad para venir a vivir a la comunidad otra vez, para producir, planificar y contribuir a la gestión de sus territorios", dijo Vos.
Desde 1996, el Estado boliviano reconoce los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) de los pueblos indígenas. Luego de un largo proceso judicial, se reconocieron hasta el momento 58 títulos de propiedad comunitarios. Muchas otras demandas territoriales aún siguen su camino en el ámbito judicial.
El país discute sobre medio ambiente
En estos días, Bolivia debate insistentemente sobre medio ambiente y ecología. Por una parte, el Día Mundial de la Tierra, el pasado 22 de abril, motivó la realización de decenas de actividades, la mayoría online, en varias de las cuales participó Vos.
Por otra parte, el vlogger francés Alexis Dessard moviliza a poblaciones de varios departamentos (ya pasó por Oruro, Cochabamba y La Paz) para limpiar lagos y ríos repletos de toneladas de basura urbana.
El éxito de su cruzada reside, mayormente, en la vergüenza que generaron sus señalamientos a las hectáreas de mugre que cubrían al orureño lago Uru Uru, por ejemplo, que además es un sitio Ramsar: un humedal de importancia internacional, según la Convención de Ramsar.
También, muchas personas y organizaciones se sumaron a las jornadas de limpieza en el marco de una moda que exigía tomarse muchas selfis mientras atendían el desastre.
"Siempre ha habido acciones de limpieza colectiva, pero de perfil mucho más bajo. Al ciudadano francés le han dado mucha importancia mediática, pero me parece interesante que el sector ambientalista también se ha sentido motivado", destacó Vos.
"Es algo bonito, porque la gente está limpiando y así hacen a sus propios barrios más vivibles, más sanos", comentó. Pero no dejó de observar que "sacar una botellita de la calle no va a solucionar los problemas de fondo causados por el cambio climático y el modelo de desarrollo".
Contó que en Riberalta, a partir de las limpiezas colectivas, "muchos grupos ambientalistas están planificando reforestar las calles, o ayudar a prevenir incendios. Hay también interés en dar charlas y discutir los temas de fondo. Eso es positivo". Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/32UNaKn)
 
 
 
 
 
EL TRIÁNGULO DEL LITIO: ¿DESARROLLO INDUSTRIAL O MODELO EXTRACTIVISTA EXPORTADOR?
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/32RRA4K)
 
El más importante desafío de los países que conforman el triángulo del litio (Bolivia, Chile y Argentina) no es solo las personas que se dedican a la explotación del mineral denominado 'oro blanco', sino evitar repetir el camino del extractivismo exportador.
Como se sabe, en el triángulo compuesto por el Salar de Hombre Muerto (Argentina), Atacama (Chile) y Uyuni (Bolivia) se encuentra el 80% de las reservas de litio en salares del mundo.
América Latina ha sido despojada de sus riquezas naturales desde el mismo momento de la Conquista a favor de las metrópolis imperiales.
Ahora se presenta la oportunidad de romper con ese destino de atraso para convertir la explotación y procesamiento industrial del litio en una herramienta de desarrollo.
Integración
La clave es integrar totalmente la cadena de valor del litio, desde los salares, pasando por las baterías, hasta la producción de vehículos eléctricos.
La investigadora Agustina Sánchez explica que el litio se constituye en la actualidad como un recurso natural estratégico, al consolidarse en esa cualidad por los siguientes factores:
Es clave en el cambio de la matriz energética, ya que el litio se necesita para la confección de acumuladores eléctricos que permiten contener la energía generada mediante recursos renovables, ya que esta es intermitente y fluctuante, por lo que debe ser acumulada.
Es determinante en la modificación del patrón tecnológico, ya que las baterías denominadas ion-litio serán el motor que impulsará la movilidad de los próximos años mediante los autos eléctricos. Además estas baterías son utilizadas en casi todos los dispositivos electrónicos portátiles como celulares y computadoras.
El litio se consume en los países del centro pero es explotado en los países de la periferia por grandes multinacionales. Esto da cuenta del clásico esquema dependiente de producción de manufacturas y productos industriales con agregado de valor para los primeros, y exportación de materias primas para los segundos, dinámica que los ha atado al subdesarrollo.
Los minerales son recursos estratégicos y las potencias que se han desarrollado han utilizado sus propias riquezas o expoliando las de otros para generar una cadena de valor agregado para su industrialización.
En Latinoamérica, eso significaría superar el esquema primario extracción-exportación. En el caso del litio, además, poniendo la mirada en los cambios de paradigmas energéticos a mediano y largo plazo.
En esta instancia surge la pregunta básica: ¿qué estrategias de desarrollo están desplegando los Estados nacionales que poseen las más importantes reservas de litio en América Latina?
Argentina
Después del período neoliberal de cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el Gobierno de Alberto Fernández plantea la integración de la cadena de valor del litio.
La Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo informa que en Argentina hoy hay dos minas de litio en operación, una en construcción y 18 proyectos avanzados.
En total, los 21 proyectos de extracción poseen recursos por 93 millones de toneladas con capacidad para producir 350.000 toneladas anuales.
En línea con la estrategia de integrar la actividad, el Gobierno anunció que la automotriz BMW invertirá 300 millones de dólares en el denominado proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, concesionado a la corporación estadounidense Livent.
Otro proyecto viene de la mano de la china Jiankang Automobile para la instalación de una fábrica de baterías de litio. Prevé la construcción de una gran planta en el Parque Industrial El Pantanillo, provincia de Catamarca. Además de baterías, el plan incluye una planta de buses eléctricos para la movilidad sustentable en las ciudades.
Bolivia
El proceso de nacionalización e industrialización comenzó en 2008, cuando Evo Morales decidió hacer realidad la histórica demanda de las comunidades mineras bolivianas: que los recursos del Salar Uyuni sean explotados por el Estado.
Desde la época de la colonia hasta su constitución como Estado-Nación los recursos naturales de Bolivia fueron explotados por las grandes potencias mediante diversos métodos extractivistas.
Juan Carlos Montenegro Bravo, de la Universidad Mayor de San Andrés, de Bolivia, señala que para llevar adelante el proceso de industrialización impulsado por Evo Morales se diseñó la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos, que contemplaba fases a través de las cuales el Estado boliviano comenzaría a controlar toda la cadena de valor de producción del litio.
Ese proceso tuvo su primer hito en la producción del primer automóvil eléctrico fabricado 100% en Bolivia. La empresa Quantum ubicada en Llajta, Cochabamba, desarrolló ese vehículo, cuya batería y ensamblaje se fabricó totalmente en el país.
Este acontecimiento permite comprender fácilmente cuál fue uno de los motivos del golpe cívico-militar contra Evo Morales, a principios de noviembre de 2019.
Se entiende por la dimensión de este hecho: un país latinoamericano controlando sus recursos naturales y explotándolos de acuerdo a sus necesidades y prioridades de desarrollo. Además de eso, lo hizo sin ningún tipo de ayuda de Estados Unidos e insertándose en el mercado de litio como un actor clave. Y no lo hace exportando commodities mineros sin ningún tipo de agregado de valor, sino fabricando baterías, acumuladores y autos eléctricos, tecnología de punta.
Bolivia logró consolidarse como un actor fundamental en el mercado mundial del litio y estaba preparado para dar el gran salto y establecerse como líder del cambio de la matriz energética y del patrón tecnológico en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, el golpe de Estado detuvo ese proceso que promete reiniciar el Gobierno democrático de Luis Arce.
Chile
De acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), Chile concentra el 51% de las reservas a nivel mundial, en alrededor de 60 salares en cuatro de sus regiones.
Dos empresas, Chemetall (subsidiaria de Rockwood Holdings Inc.) y la empresa estatal Soquimich (SQM) producen 70% de todo el carbonato de litio en el Salar de Atacama.
En América Latina y su 'oro blanco'. ¿Qué hacer con el litio?, Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en Geopolítica por la Universidad de París, detalla el recorrido de Chile.
En 2015, el Gobierno de Michelle Bachelet formó una Comisión Nacional del Litio que recomendó mantener el carácter estratégico del recurso, estimulando la conformación de firmas público-privadas.
"Como es tradicional en Chile, la estrategia estatal es muy favorable a estimular y dejar en manos del mercado el conjunto de iniciativas", señala Fornillo.
Si bien el Estado seguía siendo el dueño del recurso, la lógica no salía de la estrategia del modelo de asociación público-privado, donde el Estado se limitaba en última instancia a fijar pagos y derechos de extracción y exploración.
Durante la gestión del presidente Sebastián Piñera se anunció una Política Nacional del Litio, precisamente para darle valor agregado al cotizado mineral. Sin embargo, la idea no se ha concretado.
Soberanía
Argentina sigue ofreciendo sus reservas de litio en el mercado de concesiones mineras provinciales con el objetivo político de construir una cadena de valor desde la materia prima hasta su industrialización.
Bolivia se prepara para retomar el plan de industrialización soberana que había sido interrumpido por el golpe de Estado.
Chile debate sobre el alcance de las nuevas obligaciones impuestas a las empresas extractivas.
En ese contexto, la Fundación InnovaT y Conicet, en Argentina, organizaron el IV Seminario Internacional "ABC del Litio Sudamericano", inaugurado por la directora de Recursos Naturales de la CEPAL, Jeannette Sánchez Zurita.
Después de contextualizar el debate sobre el litio sudamericano en el marco de lo que CEPAL considera la "peor crisis en 100 años" para América Latina, Sánchez Zurita justificó la necesidad de aumentar y articular los esfuerzos nacionales en relación a la gobernanza pública sobre los salares andinos y las reservas de litio de "importancia geopolítica mundial".
Esto resulta fundamental para mejorar las recaudaciones tributarias como para avanzar e integrar "los segmentos hacia adelante y hacia atrás de la cadena de valor del litio, el cobre y las energías renovables".
En abierta ruptura con el discurso tradicional impulsado por las grandes corporaciones mineras, la experta de la CEPAL y exministra de Política Económica de Ecuador advirtió sobre la falta de articulación entre las estrategias nacionales y llamó a dejar de lado la nociva competencia entre Estados por la atracción de Inversiones Extranjeras Directas a costa de bajar tributos, derechos laborales y protección ambiental.
Las reservas públicas de litio emergen entonces como factor privilegiado para canalizar debates democráticos sobre las condiciones y posibilidades del desarrollo minero sustentable dejando atrás el modelo extractivista exportador.
Para ello es necesario identificar con claridad las bases para impulsar una política nacional de litio, viable y acorde al objetivo de desarrollo sustentable e inclusión social.
En ese sentido, la soberanía nacional sobre los recursos naturales es el punto de partida, el desarrollo tecnológico es el medio y la transición energética es un horizonte posible de cuidado del medio ambiente.
 
 
 
 
ALEJANDRO ARMENTA: EL LITIO YA FORMA PARTE DE LA AGENDA GUBERNAMENTAL
 
La iniciativa de nacionalización del litio va caminando, resaltó; el intercambio de experiencias con Bolivia enriquece el proyecto encabezado por Ricardo Monreal
 
Dossier Político de México (https://bit.ly/3eGgiu6)
 
El litio ya se convirtió en un tema de la agenda gubernamental, hace un año nadie hablaba de ese metal, pero hoy forma parte de los temas que desde la misma presidencia de la república se están abordando para el beneficio del país, así lo externo el senador Alejandro Armenta Mier, en su comentario de opinión en el programa “Poder y dinero” de MVS.
El legislador poblano destacó en su participación que en un año se han logrado tres grandes aspectos:
Primero: la iniciativa de nacionalización del litio va caminando, hay 56 senadores que apoyan esa iniciativa, encabezados por Ricardo Monreal. “Y pronto iniciaremos el parlamento abierto y lograremos elevar a rango constitucional la rectoría del litio para el beneficio de nuestro país”, destacó el ex edil de Acatzingo.
En segundo término, celebró Armenta el desarrollo de la industria del litio en México, donde ya “el presidente de la república, después de la visita del presidente de Bolivia ha instruido a la secretaria de Economía para que aborde el tema”. Ya se han realizado dos reuniones con la Secretaría de Economía y en la última estuvo el embajador de Bolivia, por lo que se ha instalado una mesa técnica.
“En breve informaremos de los avances de toda la experiencia y expertis que BoIivia nos puede compartir, pues nos lleva por lo menos diez años de investigación en materia de litio”, comentó el también presidente de la Comisión de Hacienda del senado.
En tercer lugar, el senador Alejandro Armenta detalló que acababa de mandar un escrito al embajador de Rusia en México para solicitarle una reunión. “Pues hay que conocer una experiencia exitosa que tuvo Rusia cuando puso como garantía para la negociación de la deuda externa rusa, al haberse desincorporado de la URSS y cómo con las reservas más grandes del mundo de gas natural que tienen (poseen una cuarta parte del gas natural del planeta), lograron renegociar su deuda. Ese ejercicio de Rusia debemos investigarlo para utilizarlo en materia de litio para los próximos años”, remató el legislador morenista.
El senador Armenta propondrá la creación del Instituto Nacional del Litio
El próximo jueves el senador Alejandro Armenta Mier presentará una iniciativa ante el Poder Legislativo para crear en México el Instituto Nacional de Litio, pues a decir del político poblano, es imprescindible su creación para impulsar su aprovechamiento en el país.
Esto lo destacó en una entrevista vía telefónica con un medio nacional. El senador por Puebla escribió en su cuenta de Twitter:
“La creación del Instituto Nacional del Litio es imprescindible a partir de los estudios sobre los modelos exitosos de Bolivia, Argentina y Chile. El litio es fundamental para que México logre su ‘Soberanía Energética’”.
Y es que detalla en la entrevista que “hoy no hay una institución de gobierno que te pueda decir las características de la roca, de la arcilla del subsuelo, de la superficie o la profundidad donde se encuentra el litio”.
 
 
 
 
 
EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PRODUCE EL DOBLE DE LO ESPERADO EN BOLIVIA
 
Marco Press de España (https://bit.ly/2QwiLQ6)
 
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el martes que la oficina de impuestos de su país había recaudado el doble de lo estimado originalmente a través del “impuesto a los muy ricos”.
En su cuenta de Twitter, Arce explicó que días antes de la fecha límite, la recaudación ya superaba los 224,1 millones de bolivianos (más de 32 millones de dólares) de 203 millonarios, residentes en Bolivia o en el exterior, con activos superiores a los 30 millones de bolivianos (casi 4,3 millones de dólares).
Arce subrayó que el nuevo impuesto es parte del “desmantelamiento del neoliberalismo para retomar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y salir de la crisis”, ya que los ingresos generados contribuirán a la redistribución de los recursos.
Este impuesto es similar al que ya se promulgó en Argentina y que también fue promovido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, días atrás.
También se le llama “impuesto solidario” porque, como señaló Guterres, está diseñado para reducir las desigualdades en la capacidad de combatir el coronavirus y acceder a las vacunas. “Insto a los gobiernos a que consideren aplicar un impuesto a la solidaridad o al patrimonio a quienes se beneficiaron durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas”, había dicho Guterres.
Estados Unidos también está considerando una medida similar. Con un pronóstico de déficit fiscal del 15% del PIB para fines de 2021, la administración del presidente Joseph Biden considera un impuesto de estas naturaleza para cubrir los pasivos actuales más otros costos de la pandemia.
 
 
 
 
 
LURÍN: PNP DESARTICULA BANDA INTERNACIONAL QUE OPERABA EN BOLIVIA, PERÚ Y CHILE
 
Panamericana tv de Perú (https://bit.ly/3gJEBdq)
 
Tras un arduo trabajo de inteligencia, la Policía Nacional logró desarticular una banda conformada por tres bolivianos identificados como Edwin Soria Calle (31), Luis Gonzáles Fernández (20) y Deivi Vargas Alanes (21), en Lurín.
En el operativo se hallaron 70 kilos de marihuana y 98 kilos de insumos químicos para la elaboración de cocaína, que tendrían un costo en el mercado ilegal de medio millón de dólares. En el lugar, también se encontraron armas de fuego y cientos de municiones.
En la vivienda también se hallaron 4 fusiles con serie erradicada, 4 cargadoras de las referidas armas, una escopeta retrocarga, una pistola ametralladora 9 mm, así como 7 pistolas de distintos modelos: 4 Glock, 1 Beretta, 1 CZ, 1 Tanfoglio y 10 cacerinas.
Según la PNP, este caso se trataría de una organización internacional de tráfico ilícito de armas, municiones y drogas. “Generalmente, esa marihuana es consumida en Chile y el kilo está entre 5.000 y 6.000 dólares por la pandemia”, declaró César Cervantes Cárdenas, comandante general de la Policía.
 
 
 
 
 
AUMENTAN LAS TARIFAS DEL GNC: DESDE LA CÁMARA DE ESTACIONES DE SERVICIO SOSTIENEN QUE SERÁ DEL 100%
 
En el norte consumimos gas importado de Bolivia, que es más caro, y eso produce que Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy tengamos un gas más caro que el que se consume en el resto del país.
 
Voces Críticas de Argentina (https://bit.ly/3sYXr2L)
 
Así lo indicó su Presidente, Manuel Pérez, quién además sostuvo que están esperando una postergación del aumento por parte del Gobierno Nacional.
En diálogo telefónico con Voces Críticas, el Presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios, Manuel Pérez, indicó que las tarifas podrían aumentar a partir del sábado 1ero de mayo si es que no se realiza una prórroga del mismo por parte del Gobierno Nacional. En este caso expresó: “En este caso se libera el precio del costo del gas respecto de lo que existía antes porque antes existía un cuadro tarifario y ahora el precio del gas lo están relacionando con el precio de la nafta super y eso a las estaciones de servicio les está significando un aumento del 100% en el costo”.
Consultado sobre la posibilidad de que el precio del GNC se unifique con el de las naftas, Manuel Pérez fue enfático: “De ninguna manera, es imposible equiparar el precio del GNC con la nafta. Históricamente el GNC representó un 50, un 55 por ciento del precio de la nafta, o sea, que yo creo que esa relación se va a mantener. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que el precio del GNC estaba retrasado y ahora como consecuencia del decreto que sacó el Gobierno Nacional se eliminó el subsidio que había en el gas para la industria y el GNC o el gas que se utiliza para el GNC está dentro del sector de la industria, o sea, que ese subsidio significa que se está aumentando el precio con el agravante que las provincias del norte estamos consumiendo gas boliviano que es más caro que el resto del país”.
Manuel Pérez añadió: “El norte no produce su propio GNC, los pozos que tenemos en Salta están prácticamente agotados desde hace muchos años, producen muy poco, y el país está importando. Acá en el norte consumimos gas importado de Bolivia, que es más caro, y eso produce que Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy tengamos un gas más caro que el que se consume en el resto del país, En el sur en cambio consumen gas que proviene de Vaca Muerta y hace varios años que se está importando desde Venezuela gas licuado y que se está regasificando con barro, que está en el puerto y que según dicen que este año se va a recurrir nuevamente a esa metodología porque están avizorando que va a faltar gas en el invierno”.
Respecto a la posible prórroga que podría evitar el aumento, Manuel Pérez contó: “El nuevo decreto entraba en vigencia a partir del 1ero de enero del 2021, nosotros desde octubre venimos gestionando una prórroga y se vienen haciendo negociaciones con la Secretaría de Energía a través de la Cámara y de la Confederación a nivel nacional, se consiguió una prórroga por 30 días hasta el 31 de marzo, y unos días antes al 31 de marzo se consiguió la prórroga por 30 días más. Nosotros estamos gestionando una prórroga por lo menos hasta el 30 de junio porque hay estacioneros que no lograron conectarse con comercializadoras y están a días de la entrada en vigencia del nuevo régimen sin contrato para la provisión de gas. Los que están con YPF generalmente van a contratar con ellos, en el norte tenemos a GASNOR, casi todos contrataron con GASMARKET, pero en el interior hay algunas estaciones que no tienen vínculos con comercializadoras y en esta situación si no hay prórroga a partir del 1ero de mayo los operadores comenzarán a acomodar sus precios porque el aumento es significativo”.
 
 
 
 
 
¿SE FLEXIBILIZA EL MERCOSUR?: URUGUAY Y BRASIL DE UN LADO, ARGENTINA Y PARAGUAY DEL OTRO
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3aLb4Mx)
 
Uruguay, con el apoyo de Brasil, formalizó su propuesta de flexibilización comercial del bloque. Argentina y Paraguay responderán en una reunión a realizarse en mayo en Buenos Aires. 'En Órbita' conversó con el diputado del Frente Amplio de Uruguay y expresidente del Parlasur, Daniel Caggiani.
La iniciativa de Uruguay —apoyada por Brasil— incluye la baja del arancel externo común y la posibilidad de que los países del bloque desarrollen negociaciones comerciales con terceros "a diferentes ritmos".
"Es bueno que Uruguay tenga una agenda de articulación del bloque regional. En términos generales, la propuesta es buena. Pero, en particular, la propuesta tiene cosas buenas y negativas", dijo a En Órbita el diputado del Frente Amplio, de Uruguay, y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de ese país, Daniel Caggiani.
El expresidente del Parlasur se preguntó cuál es el sentido de bajar unilateralmente el arancel externo común si en paralelo se va a comenzar a negociar con otros países y bloques.
Argentina y Paraguay responderán en mayo, cuando se celebre una nueva reunión presencial del Consejo de Mercado Común, en Buenos Aires. Caggiani se refirió a las posiciones críticas de estas dos naciones en relación con la uruguaya y brasileña.
"Las decisiones que se adoptan responden al consenso de todos los socios", recordó. Y consideró que, debido a estas diferencias que persisten, "las expectativas [sobre un posible acuerdo] son limitadas".
Desde la Cancillería uruguaya se indicó que "más allá de las tensiones lógicas, donde cada país defiende sus decisiones, se planteó buscar consensos". En tanto, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que "no se puede esperar 20 años más" en avanzar en estos temas.
En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la unión de aymaras y quechuas de Bolivia y Perú que explica el gran apoyo al presidenciable peruano Pedro Castillo en las zonas rurales. Y además la previa del paro general en Colombia, convocado por las centrales de trabajadores para este miércoles 28.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.
En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.
 
 
 
 
 
BUSCANDO A LA PACHAMAMA EN BOLIVIA: OTRA VEZ LA DIVERGENCIA DEL MANDATO LOCAL Y LA EXCUSA GLOBAL
 
Rebelión de España (https://bit.ly/3aLuXTE)
 
Hace pocos días atrás la actual vicepresidencia de Bolivia presentó una serie de eventos bajo el impactante título de “Re-Encuentro con la Pachamama” o con la “madre Tierra”. Su objetivo era protegerla por medio de cuatro medidas: una ley de la Defensoría de la Madre Tierra, otra sobre su protección y el ecocidio, un plan de acción y una convocatoria a una asamblea de la Tierra en las Naciones Unidas.
Abordar la crisis ambiental es más que necesario, dado los serios problemas que se enfrentan en Bolivia como en otros países, pero es necesario hacerlo de una manera que no repita errores y confusiones pasadas. Es que esta nueva iniciativa del gobierno boliviano tiene un nexo histórico directo con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Madre Tierra, celebrada en Tiquipaya, en las afueras de Cochabamba, en 2010. Lo que se intente en este presente no puede hacerse olvidando las lecciones acumuladas a lo largo de diez años ni repitiendo los errores pasados.
En aquel pasado, en Tiquipaya se abordaron temas ambientales, bajo declaraciones muy ambiciosas, y con enorme repercusión internacional. Aunque muchos lo recuerdan por el polémico discurso de Evo Morales vinculando a los transgénicos y a los pollos, con la homosexualidad y la calvicie, es más riguroso enfocarse en lo sustantivo. A pesar de los slogans que se repiten sobre todo en el norte, en aquel evento se iniciaron dos cambios sustanciales que tuvieran consecuencias que se consolidaron en los años siguientes en Bolivia, y que de alguna manera se repitieron en otros países.
Dos giros clave
En primer lugar ocurrió un cambio conceptual. La protección ambiental siempre tiene una escala local que es inevitable ya que corresponde a sitios precisos como puede ser cerros o bosques. Del mismo modo, la Pachamama siempre es local ya que está anclada en un territorio, en ayllus específicos aclaran algunos. Los derechos de la Naturaleza o de la Pachamama, como en Ecuador, siempre están referidos a comunidades de seres vivos, humanos y no-humanos, en sitios concretos.
En cambio, allí en Tiquipaya, se lanzó una nueva mirada que representa a la Madre Tierra como si fuera todo el planeta. En esa postura participaron tanto el canciller David Choquehuanca como Pablo Solón, quien en ese momento integraba el gobierno. Bajo esa lógica, lo local se desvanecía en lo global. El énfasis pasaba a colocarse en la biósfera como un enorme ecosistema que cubría todo el planeta. Esto tenía una consecuencia inmediata, ya que la necesidad de calidad ambiental y protección ecológica dentro de Bolivia quedaba por detrás de una retórica global. Eso podía generar situaciones raras como si asegurar la preservación, por ejemplo, de los bosques de las tierras baja y sus comunidades indígenas, solo era posible si europeos, norteamericanos y asiáticos, todos ellos, también aplicar esa conservación y al mismo tiempo.
Este giro tuvo consecuencias sustantivas: permitió que los gobiernos de Evo Morales repitieran discursos internacionales sobre la Madre Tierra, intercalando duras críticas a los centros capitalistas, pero como se necesitaba de un cambio radical en todo el planeta a la vez, hasta que no se lograra, podía seguir siendo extractivista dentro del país, con todo su daño ecológico.
Este cambio conceptual fue aceptado en forma acrítica por muchos militantes, y en especial por un ambientalismo superficial global que poco entendía de lo que ocurría dentro de Bolivia, de la Pachamama o del cambio climático. Enseguida fue aprovechado y amplificado desde el gobierno, dando paso a conocidas ideas, como las del vicepresidente Alvaro García Linera, sosteniendo que mientras los otros países seguían siendo economías capitalistas que destruían su naturaleza, entonces Bolivia no tiene otra opción que continuar con los extractivismos. Los reclamos de las organizaciones indígenas bolivianas frente a la contaminación ambiental, daños en la salud o invasión de sus territorios, no eran escuchados o eran calificados como políticamente conservadores que no entenderían que la meta era aquella revolución a escala planetaria.
El segundo cambio fue práctico. En Tiquipaya los organizadores del evento, o sea el gobierno, impidió que se discutieran los temas internos bolivianos. Por esas razones se organizó la recordada “mesa rebelde”, autoconvocada y por fuera del programa oficial que controlaba sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Medio Ambiente. Allí estuvieron, entre otros, delegados de organizaciones indígenas (como CONAMAQ), de organizaciones ambientalistas, enviados de comunidades locales, y medios de prensa.
Esta fue una de las primeras expresiones estructuradas para desprestigiar las voces ciudadanas independientes. En aquel momento, Evo Morales afirmó que esa mesa era un negocio de las fundaciones, Alvaro García Linera agregó que era una “orgía de ONGs”, y el entonces canciller David Choquehuanca, se preguntaba si era algo “organizado por los que defienden el capitalismo”(1). Ese modo de operar, silenciando o bloqueando las voces de alerta desde las experiencia locales, también se fortaleció en los años siguientes.
En efecto, mientras que el discurso externo era ecologista, dentro de Bolivia se continuaba con los extractivismos mientras se hostigaban a organizaciones ciudadanas, una de ellas fue clausurada y abandonó el país, se intentó inmovilizar a otras, se amenazó con el destierro y más. El gobierno y su base de apoyo repetían que las alertas ciudadanas sobre el deterioro ambiental, como las de indígenas o campesinos, impedían el desarrollo nacional, bloquearían las exportaciones de materias primas, servían a intereses políticos, o eran infantiles o radicales.
Muchos festejaron aquella cumbre de Tiquipaya, y en el norte global se la sigue mencionando, sin entender lo que allí estaba realmente ocurriendo y sus consecuencias para un proyecto de ecología política. Además, ese tipo de disociación entre discursos externos y prácticas internas también se organizó en Ecuador, donde las comunidades indígenas y campesinas también fueron directamente afectadas.
Una década de deterioro ambiental
Esos giros tuvieron mucha responsabilidad en el deterioro ambiental que ocurrió en los años siguientes. La Pachamama, que era local, se la presentaba como planetaria, los discursos tenían metáforas ecológicas pero no aseguró medidas ambientales efectivas dentro de Bolivia, el gobierno se decía indígena y plurinacional pero a la vez silenciaba a los indígenas que denunciaban los impactos sociales y ambientales.
Cuando desde hoy se mira la década que transcurrió desde Tiquipaya es evidente que ocurrieron muchas cosas. Entre 2010 y 2020, Bolivia perdió un estimado de más de dos millones de hectáreas de bosques primarios; en 2020 fue el segundo país con la mayor deforestación después de Brasil (2). La pérdida de bosques nunca se detuvo y que alcanzara esos extremos indica que fallaron todas las medidas de protección. Situaciones similares se repiten en otros ecosistemas. La exportación de recursos naturales aumentó dramáticamente, pasando desde un estimado de casi 12 millones toneladas en 2010, a más de 20 millones ton en 2017, y ello se debió sobre todo a minerales (3). Esa duplicación explica la multiplicación de impactos ambientales. Tampoco se pueden olvidar los innumerables conflictos sociales; el caso del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) sigue siendo emblemático, ya que no había nada más alejado de proteger la Madre Tierra que imponerle una carretera o reprimir a los marchistas.
La reciente revisión de los efectos de los distintos extractivismos sobre los derechos humanos reconocidos en la Constitución boliviana, a lo largo de todos los gobiernos del MAS, arrojó una conclusión sombría. Al menos existen 20 derechos constitucionales que están de alguna manera relacionados con los extractivismos, y se encontró que todos ellos sufrieron algún tipo de violación, según la evidencia que brindaron las propias organizaciones ciudadanas (4).
Otra iniciativa gubernamental
La actual propuesta gubernamental tiene aspectos en común con aquella de Tiquipaya de diez años atrás. Participan los mismos actores políticos y gobierna el mismo partido, y se repite el énfasis internacional, llegando al extremo de proponer una reunión de las Naciones Unidas. Y otra vez faltan las medidas concretas para lo que ocurre dentro del país.
Recordemos además que el proceso invoca a la Pachamama, y esa categoría tiene sus raíces en saberes y sensibilidades de comunidades campesinas e indígenas. Pero en el evento público de lanzamiento no participó alguien que proviniera de esos ámbitos y pudiera hablar sobre la Pachamama. Además, como estamos ante una iniciativa legislativa se debe reconocer que dentro de la Asamblea Legislativa hay varias personas que tienen mucho para compartir en esos temas. Pienso, por ejemplo, en Toribia Lero, diputada por Cochabamba, quien proviene de una comunidad Sura, conoce muy bien los problemas de la Pachamama, y además los entiende desde su perspectiva como mujer, acompañó a la dirigencia de CONAMAQ orgánica, fue dirigente en la CAOI (Coordinara Andina de Organizaciones Indígenas), y ahora preside la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino en esa cámara.
Bajo estas condiciones, donde la Pachamama estaba en los titulares de la vicepresidencia pero no en los contenidos, es inevitable recordar criticas como las que en Bolivia sostiene Pedro Portugal Mollinedo. A su juicio, las ideas de la Pachamama son un invento de actores políticos o militantes sociales desde una exterioridad, ya que no serían originarias del mundo indígena. No concuerdo con esa posición extrema por varias razones, entre ellas porque me consta que hay una Pachamama viva en comunidades locales, pero admito que acierta cuando cuestiona su uso superficial o como slogan. Eso hace que ese evento de días atrás, en lugar de reforzar una discusión seria y plural sobre la Pachamama, está erosionando esa concepción, alimentando la desconfianza y reticencia que muchos tienen.
Ante los dos proyectos de ley (sobre defensa de la Madre Tierra y ecocidio, y sobre un defensor de la Pachamama), el escepticismo no desapareció. El país ya cuenta con muchas normas ambientales que no se aplican adecuadamente y cuando se violan, la penalización frecuentemente no existe (basta recordar todas las controversias con las evaluaciones y monitoreos ambientales sobre la minería cooperativa). A ello se suma, que el Estado actuó en sentido inverso y generó condiciones que ocasionaron más daño ambiental (como sucedió con los enormes incendios forestales de 2019). Pablo Villegas agudamente resumió esas limitaciones al decir es una defensoría desvinculada de la realidad (5).
El sentido común indicaría que un verdadero compromiso con la Pachamama pasaría por derogar cuanto antes las conocidas las normas que permiten esa destrucción ambiental o impiden las denuncias y acciones ciudadanas, antes que lanzar nuevas iniciativas. También se podría poner a trabajar con independencia y rigor al Tribunal Agroambiental que ya existe, y hasta repensar el papel, y sobre todo la independencia, del Defensor del Pueblo, quien podría abordar muchas cuestiones ambientales. Asimismo, todo esto debería estar enmarcado en verdaderos cumplimientos y salvaguardas de los derechos constitucionales, lo que a su vez requiere reformas y ajustes tanto en el poder legislativo como especialmente en el judicial.
Más allá de esto, el trámite de esos proyectos de ley no logró prosperar por diversos motivos, desde mineros que lo rechazaban para seguir exprimiendo a la Naturaleza, o las organizaciones locales que alertaban sobre la falta de participación. Entre estas últimas, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), en una declaración pública sostuvo que esos son “espectáculos en supuesta protección de la Madre Tierra” que sólo tienen “el fin de distraer y encubrir su política económica extractivista, que en los hechos destruye a la Madre Tierra”, recordando que el gobierno provocó fracturas y confrontación entre distintos sectores (6).
La protección de la Pachamama necesariamente debe partir de una escala local; se alimenta del respeto y el compromiso con asegurar la protección de cada lugar concreto, con comunidades que incluyen tanto humanos como no humanos, tanto seres vivos como su base física. Esto no implica negar los compromisos internacionales, sino que es entender que salvaremos el planeta si en cada sitio se salva a la Naturaleza. La protección planetaria parte y depende de lo local, y no la inversa, desde lo global imponiéndose a lo local, como otra vez parece intentar el gobierno boliviano. Del mismo modo, implica entender que los países latinoamericanos no pueden esperar a que los países industrializados del norte o los asiáticos, se decidan a proteger el ambiente. No pueden esperar porque la situación ecológica de América Latina es otra, y esos ambientes no están vacíos sino que en ellos viven comunidades campesinas o indígenas que necesitan respuestas inmediatas. Es por ello que esa divergencia hacia lo global termina permitiendo los extractivismos locales y impactan sobre todo en las comunidades que viven en esos sitios.
Finalmente, en el título del evento gubernamental, “re-encuentro” con la Pachamama, está encerrado el reconocimiento de habérsela perdido. Es fundamental entender cuándo y cómo se extravió el vínculo con la Pachamama, quiénes fueron los responsables y porqué la perdieron. Eso es indispensable para no volver a repetir todo el embrollo que se originó hace diez años atrás y que explica la crisis ambiental de Bolivia como en los países vecinos.