DESDE HOMICIDIO HASTA CONTRABANDO, LOS 35 PROCESOS CONTRA RÓMULO CALVO

Contratos lesivos al Estado, sedición, homicidio, racismo, contrabando, entre otros, forman parte de los 35 procesos judiciales que afronta el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Por ninguno fue detenido hasta ahora.
El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló ayer que en los sistemas de registro de causas hay 35 procesos judiciales en contra de Calvo, ninguno de ellos presentados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por ello pidió celeridad a la Fiscalía.
Lima anunció que solicitará informes sobre el estado de cada uno de los procesos, puesto que en ninguno hubo detención.
“Hay incluso familiares que no merecen la pena revelar, pero sí una cantidad asombrosa de juicios en relación a un líder cívico que no debería tener cuestionamientos en su vida privada”, añadió el Ministro.
Recordó que en contra del exalcalde de Santa Cruz y exconcejal hay incluso una denuncia de corrupción presentada por el exburgomaestre Percy Fernández, por ello remarcó que los procesos no pueden quedar impunes, sino que se deben aplicar sanciones.
“Tiene las garantías de un debido proceso, pero no pueden quedar los casos en la impunidad u olvidados. Nadie en el país tiene privilegios, todos debemos responder a la justicia cuando somos convocados”, manifestó Lima.
Tipos de procesos
Los procesos contra Calvo datan de 2003, y la mayoría fueron iniciados en 2004.
Tiene un amparo constitucional desde 2003.
En 2004, las principales denuncias de un total de 15 procesos son por beneficios sociales y contrabando, además de juicios ordinarios.
Hay un caso pendiente de peculado desde 2005.
En la gestión 2006 se le inició al cívico un proceso por contratos lesivos al Estado.
En 2009 se le iniciaron dos procesos, uno por uso indebido de influencias y otro por temas familiares aún no resueltos.
En 2019 hay un caso por uso indebido de influencias.
Seis son las causas abiertas en 2020: divorcio, ejecutivos, racismo, homicidio, sedición y una acción popular.
En 2021, Rómulo Calvo fue acusado de ultraje a los símbolos nacionales, racismo y difusión e incitación al racismo, además de discriminación e incumplimiento de deberes.
La defensa
Al respecto, Martín Camacho, abogado de Calvo, dijo que por ahora suman 15 las denuncias con las anteriores, la mayoría por sedición, instigación a delinquir y terrorismo, y que su defendido se presentará si es citado.
Las denuncias más recientes
Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor de Juicios por el Golpe de 2019, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía de La Paz contra Calvo por sedición, conspiración, actos de terrorismo, incitación a delinquir y  violación al derecho y libertad al trabajo.
La diputada Estefanía Morales también presentó otra denuncia penal contra Rómulo Calvo por sedición, atentado contra la salud, instigación pública a delinquir y atentados contra la libertad al trabajo.
También se pidió investigar a Rómulo Calvo por el salario de Bs 24.250 que recibe de la Caja Petrolera de Salud y, sobre todo, porque en esta gestión sólo asistió 31 días a cumplir sus funciones. (https://bit.ly/3cuTnBq)
 
 
 
 
 
DESDE BOLIVIA, LA FAMILIA DE SEBASTIÁN MORO BUSCA JUSTICIA CON UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL
 
A dos años de la muerte del periodista mendocino en Bolivia, Penélope Moro, su hermana, contó en Señal U cómo avanza la investigación y detalló cuáles fueron los "palos en la rueda" que les pusieron "para que no se sepa la verdad".
 
Unidiversidad de Argentina (https://bit.ly/324Um9t)
 
Con la adhesión de más de 100 organismos de derechos humanos, la familia de Sebastián Moro lanzó una campaña internacional para pedir justicia por la confusa muerte del periodista mendocino en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales.
Penélope Moro, hermana del periodista mendocino, dialogó en Atardecid@s sobre esta campaña que busca el esclarecimiento de los hechos para que la muerte no quede impune. Además, la periodista contó lo “difícil que es mantenerse con fuerzas para luchar” desde la partida de su hermano y pidió a la sociedad que la ayuden a encontrar la verdad.
“Estoy viviendo en Bolivia desde que se lanzó esta campaña, es decir, hace más de 2 meses estoy buscando nuevas respuestas a la muerte de mi hermano. Prontamente, con mi familia, volveremos al país. Esta campaña formal le dio otro impulso a la investigación y hoy podemos decir que hemos avanzado en 2 meses lo que no pudimos en 2 años”, contó Penélope Moro.
En ese sentido, la periodista mendocina aclaró: “La dictadura había abierto en su momento una investigación, pero estaba vacía y carecía de sentido. Fue una pantalla política para ocultar las cosas y dejar que pase el tiempo para que se caiga la investigación”. Por otra parte, la mujer remarcó “las dificultades judiciales” que han atravesado hasta el momento, ya que, “aunque parezcan culturas similares, no lo son”, y, respecto del aparato de justicia en Bolivia, afirmó: “Es muy distinto al que tenemos en Argentina”. 
La campaña
Los primeros días de octubre, los familiares de Sebastián Moro participaron de un evento en la Casa Argentina en Bolivia para solicitar que se esclarezcan los hechos y reclamar justicia. El encuentro presencial fue abierto por el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, que expresó el "acompañamiento" del gobierno de Alberto Fernández en "el reclamo por los derechos humanos y la democracia en Bolivia, y el esclarecimiento de los asesinatos que se dieron en esa trágica semana del 10 de noviembre en adelante y que dejó un saldo muy alto de vidas humanas, como el caso de Sebastián".
Raquel Rocchietti, madre de Sebastián Moro, dio inicio a la lectura de un comunicado en el que se refirió a su hijo como "un ejemplo del compromiso del periodismo con los derechos humanos en América Latina" y dejó constancia de que Sebastián "denunció el modus operandi de estos grupos de choque radicalizados". En la misma línea, afirmó que Sebastián, que fue colaborador de Página/12 en los turbulentos momentos que atravesó Bolivia luego de los comicios de 2019, "es el primer periodista en el mundo de anunciar y denunciar el golpe de Estado y a su vez es su primera víctima fatal".
En el documento, también se detallaron de manera cronológica los hechos desde que Sebastián se radicó en Bolivia hasta su fallecimiento en una clínica el 16 de noviembre de 2019, siete días después de haber aparecido en su cama "semiinconsciente, con marcas de golpes y una silla tirada en el piso". También se denunció que "los médicos del sanatorio desalentaron a la familia Moro de reclamar la autopsia" y que "las autoridades diplomáticas argentinas negaron la posibilidad de que un avión sanitario pudiera repatriar el cuerpo", por lo que las familiares "se vieron obligadas a aceptar la cremación y traer las cenizas de Sebastián".
"La familia Moro presentó denuncias en la Justicia Federal en la Argentina para que la causa de Sebastián Moro sea declarada como posible delito de lesa humanidad", subrayó el comunicado. A su turno, Penélope Moro Rocchietti, hermana de Sebastián, le exigió a Bolivia "una justicia rigurosa, transparente, fuera de todo acto de corrupción, que permita avanzar en las investigaciones" y remarcó que "no habrá olvido ni perdón, y esto no es venganza". Penélope agradeció a los organismos presentes y resaltó la importancia de "mostrar la unidad y fortalecer la lucha".
 
 
 
 
 
LA OPOSICIÓN MANTIENE LA PRESIÓN SOBRE EL GOBIERNO DE BOLIVIA Y AHORA PRETENDE ANULAR UNA LEY PROMULGADA HACE 3 DÍAS
 
Actualidad RT de Rusia (https://bit.ly/30A7BhM)
 
Grupos opositores de Bolivia continúan ejerciendo presión sobre el gobierno de Luis Arce, quien ha cedido la abrogación de una normativa cuestionada para frenar un paro de 9 días, y ahora enfrenta nuevas exigencias para anular otra, recientemente promulgada.
Se trata de la ley 1407, llamada también 'Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) de Bolivia 2021-2025'.
Este jueves, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentó ante la Asamblea Plurinacional un proyecto que busca abrogar la medida, bajo el pretexto de que la administración de Arce pretende con ella "concentrar más poder en el Ejecutivo" y "destruir la autonomía" de los distintos departamentos.
Además, sostienen que esa "ley maldita" afecta al pueblo.
"Este plan de desarrollo económico y social es una imposición centralista y verticalista del Gobierno nacional a instituciones que gozan de independencia y autonomía", dijo el jefe de la bancada de CC, Carlos Alarcón, recoge Los Tiempos.
De acuerdo al congresista, la norma aprobada por el Parlamento y promulgada este lunes, afecta a los órganos judicial, electoral, las gobernaciones, municipios y universidades.
Este miércoles, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión del paro indefinido establecido, luego de que el gobierno de Arce promulgara la derogación de la ley de ganancias ilícitas del Gobierno de Bolivia, criticada por sectores de la oposición y algunos gremios, aunque advirtió que "la lucha debe continuar".
Calvo, quien está acusado de sedición, tiene 35 procesos judiciales en su contra, varios de ellos relacionados con corrupción.
Luego de una semana de paro y protestas en algunas regiones del país, la administración del Movimiento al Socialismo decidió retroceder con la medida que había provocado "zozobra e incertidumbre", dijo Arce, quien advirtió que era impulsada por "sectores que tienen otros intereses".
De hecho, el oficialismo sostiene que todo forma parte de un nuevo intento de golpe de Estado, mediante acciones que buscan repetir el escenario de tensión previo al derrocamiento de Evo Morales en el 2019. 
En diálogo con RT, el activista y analista político Fernando Mendez Terrazas, consideró que los sectores opositores "no van a permitir ningún tipo de discusión que libere a la verdad y se puedan saber los conceptos esenciales (de la ley)".
"Si creen que va en contra de las autonomías, pueden presentar un amparo sobre la inconstitucionalidad de la norma y punto. No hay que generar mayor debate al respecto", dijo.
"Se puede ir hacia una salida democrática, legislativa, pero ellos no están detrás de eso", analizó. Y añadió que, por el contrario, buscan "generar conflicto para la restauración de estos poderes que han gobernado de facto a partir del 2019".
 
 
 
 
 
UN PARTIDO PERUANO RECHAZA UNA SUPUESTA INJERENCIA DE EVO MORALES EN LA POLÍTICA NACIONAL
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3CraXko)
 
La bancada del partido peruano Renovación Popular (derecha) rechazó una supuesta injerencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), en la política nacional a través de la reunión de la Runasur a celebrarse en los próximos días en el sur del país.
"Los congresistas de Renovación Popular llamamos la atención de la Cancillería, de los ministros de Defensa y del Interior por la anunciada conferencia de Runasur que se realizará en la ciudad del Cusco (sur) los días 20 y 21 de diciembre del presente año y que forma parte de la estrategia geopolítica de Evo Morales para desmembrar el sur de Perú, norte de Chile y crear la Patria Grande, la misma que se encuentra entre los objetivos del Foro de Sao Paulo" indicó la bancada en un comunicado.
Runasur es una organización internacional incipiente impulsada por Morales, con creación anunciada en abril pasado y que nace del organismo internacional Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un ente conformado actualmente por Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, y de tendencia política de izquierda.
El partido derechista indicó que detrás de la reunión de Runasur estaría el Foro de Sao Paulo, organización que agrupa a diversos movimientos políticos de izquierda de la región.
Asimismo, denunció que los peruanos se "animan a rechazar" la supuesta injerencia de Evo Morales por "su estrecha vinculación con el narcotráfico de los cocaleros bolivianos".
 
 
 
 
 
¿CUÁL ES EL BALANCE DEL GOBIERNO DE LUIS ARCE, TRAS CUMPLIR UN AÑO EN EL PODER?
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3oMThLr)
 
Recibió un país derrumbado por la pandemia de COVID-19 y la pésima gestión del gobierno de facto. A pesar de que un año después de la asunción de Arce la economía comienza a reactivarse, aún tiene que enfrentar las amenazas de grupos golpistas.
El Gobierno de Luis Arce ya cumplió un año en el poder, lo cual implica también un año de recuperación de la democracia en Bolivia. En este lapso, el mandatario se encargó de reactivar la economía del país, enfrentar con éxito la pandemia de COVID-19 y también lidiar con una oposición que añora repetir el golpe de Estado de 2019.
Sputnik consultó a líderes del sector político y social para conocer sus percepciones sobre lo ocurrido en el último año, desde la asunción de Arce, el 8 de noviembre de 2020. Consideraron que, hacia adelante, el Gobierno nacional debe esforzarse por industrializar el país. Además, debe atender con urgencia las demandas de las comunidades indígenas.
El diputado Santos Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), hizo un balance de la situación en que Arce recibió el país de manos del gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). Especificó que la aventura golpista causó la muerte de 38 personas.
En ese periodo también 1.500 bolivianas y bolivianos fueron procesados, acusados de cometer delitos dificiles de probar, como terrorismo o sedición, por haber compartido alguna imagen en sus redes sociales en repudio al Gobierno de facto.
"Asumimos un Gobierno con muchos retos, muchos problemas, con polarizaciones sociales y políticas. A un año de gestión, el hermano presidente ha generado estabilidad económica. A nivel regional, Bolivia se ubica en tercer lugar en crecimiento económico", dijo Mamani.
Según datos del Ministerio de Economía, el Producto Bruto Interno (PBI) del país aumentó un 9,4% en el primer semestre de 2021. "Se proyecta que hasta fin de año el crecimiento sea del 4,4%. Este es un avance positivo de las políticas económicas que el Gobierno ha aplicado para que los bolivianos podamos vivir en tranquilidad", aseguró el diputado.
Como un segundo aspecto, destacó la atención efectiva a la pandemia de COVID-19 por parte de Arce, luego de un año en el cual el gobierno de facto dejó a la población que se arregle como pueda ante el avance de esta grave enfermedad. Como única medida, Áñez restringió la circulación entre marzo y agosto de 2020, momento en que las protestas sociales dejaron en claro que le quedaba poco tiempo en el poder.
"Ahorita usted puede ver acá en Bolivia que los niños mayores de 12 años pueden recibir la vacuna. El Gobierno ha previsto y ha aplicado las vacunas de forma gratuita a los hermanos y hermanas", aseguró Mamani.
Y remarcó que "tampoco los medicamentos han faltado, como ha ocurrido con el Gobierno anterior, cuando no se podía encontrar ni una aspirina. Y si encontrábamos, podía llegar a costarnos 15 pesos bolivianos", aproximadamente dos dólares.
Hasta el momento, el 54% de la población se aplicó las dos dosis de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, la cuarta ola de contagios en Bolivia persiste con un promedio de 1.000 casos nuevos al día. En algunos hospitales las salas de terapia intensiva están nuevamente ocupadas en un 90%, mayormente por personas que optaron por no vacunarse.
Con la economía nuevamente estabilizada, el Gobierno "apuesta por la producción. Vamos hacia la industrialización, para lo cual es fundamental contar con los recursos naturales que tenemos en el país", consideró Mamani.
Resurgimiento del MAS
El MAS, como partido político, sufrió el gran golpe de ser expulsado del Poder Ejecutivo. Sus principales líderes pasaron al exilio, muchos de sus militantes fueron encarcelados. Pese a tantas desventajas, el movimiento pudo mantener la cohesión interna durante la presidencia de Áñez.
Este partido enfrentó un panorama devastador, que logró revertirlo en solo 11 meses. ¿Cómo lo logró?
"La fortaleza sin duda está en los movimientos sociales. Esa es la base de MAS, su eje y su cimiento fundamental", comentó Mamani. Y recordó a los partidos que campearon en los años 80 y 90, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y otras siglas ya extintas.
Esos partidos "cogobernaron mediante sus famosas 'Coalición' y 'Megacoalición', lo que llamábamos la democracia pactada. Nunca tuvieron más del 50% más uno, porque las políticas que aplicaron fueron en desmedro de la gente humilde, en contra del pueblo boliviano".
Recordó que en esos años se privatizaron las empresas estratégicas del país, lo cual ocasionó un enorme gasto que pagó el pueblo boliviano. En esos años "entregaron los recursos naturales a las empresas privadas a un costo de gallina muerta, como decimos en Bolivia".
Eran tiempos de obedecer a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), "porque no había soberanía en el ejercicio del poder para decidir las políticas nacionales".
La mirada de los pueblos indígenas
Faustino Flores, del pueblo Guaraní, es presidente de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), organización que reúne a los 34 pueblos del oriente, Chaco y Amazonía. Actualmente se encuentra dividida y tiene tres directorios.
Flores rememoró que con la recuperación de la democracia, un año atrás, "los pueblos indígenas nos hemos liberado de una dictadura, en la cual la derecha racista nos quería tener bajo su zapato".
El líder guaraní mencionó que "con el golpe de Estado nos han vuelto a decir 'raza maldita', 'bestias humanas', 'estúpidos', porque los pueblos indígenas no significábamos nada para el Gobierno de facto".
Flores evidenció que en ese momento se pretendía que Bolivia volviera a ser una República, para dejar de ser el Estado Plurinacional fundado por Evo Morales (2006-2019): "Hemos defendido nuestra Constitución, donde a nosotros nos reconocen como naciones indígenas. El Gobierno de facto quería que volviéramos a ser República, querían que fuéramos otra vez sus esclavos, como 100 años atrás".
La recuperación de la democracia
Agosto de 2020 marcó el punto de quiebre para el Gobierno de Áñez. En ese momento, las organizaciones sociales comenzaron bloqueos en todas las carreteras del país. El Ejército y la Policía ya no deseaban reprimirlos, como sí lo habían hecho durante las masacres de Sacaba y Senkata. A la presidenta de facto no le quedó otra opción que llamar a elecciones de inmediato.
"Nos hemos unido entre los pueblos indígenas, los campesinos, las clases obreras. Esa unidad nos ha llevado a la victoria. La derecha perdió porque Bolivia no es un país de empresarios. Bolivia es un país de pueblos indígenas, de comunidades campesinas y de clases obreras", sostuvo Flores.
Luego de este periodo de pandemia y de gobierno de facto, el país vuelve a la normalidad. "Nuestras comunidades trabajan normalmente en sus áreas de producción, en la conservación de sus recursos naturales, en la comercialización de sus productos y animales. Estamos bien, hemos vuelto a vivir en libertad", dijo el guaraní.
Igualmente, destacó que las comunidades requieren del apoyo del Estado Plurinacional. "En algunos sectores tenemos algunas necesidades urgentes, que el Gobierno tiene que atender. Pero sabemos que recién estamos entrando en la reactivación económica", consideró.
El líder de la CIDOB advirtió que la necesidad más grande se encuentra en la atención a la salud. Por ello están en tratativas con el Gobierno para abrir hospitales en diferentes territorios indígenas, donde se dé espacio a la medicina formal y también a la medicina tradicional, propia de los pueblos indígenas.
Finalizado el paro cívico de nueve días contra Arce, el guaraní contó que en las comunidades "nos hemos declarado en movilización permanente para defender a nuestro Gobierno elegido democráticamente. No vamos a permitir otro golpe de Estado como el que están tramando algunos grupos oligárquicos, fascistas y racistas de nuestro país".
 
 
 
 
 
ARCE ES VENCIDO UNA VEZ MÁS, PERO LOS CONFLICTOS NO HAN TERMINADO EN BOLIVIA: NUEVAS ‘LEYES MALDITAS’ Y DENUNCIAS DE FRAUDE ELECTORAL EMERGEN EN EL HORIZONTE
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/30Ei6Aw)
 
El régimen de Luis Arce Catacora y el Movimiento al Socialismo (MAS) ha vuelto a ser derrotado por la sociedad civil organizada. Con la abrogación de la Ley N° 1386 de Ganancias Ilícitas este martes 16 de noviembre, Arce acumula al menos seis derrotas consecutivas en apenas un año como presidente de Bolivia, pero esta no ha sido una derrota cualquiera, sino una victoria en defensa de los derechos individuales de propiedad privada, el Estado de Derecho y la presunción de inocencia.
La victoria contra las pretensiones del MAS por abolir la propiedad privada en Bolivia no ha sido fácil. En un principio no fueron pocos quienes manifestaron escepticismo sobre su éxito, pues no parecía haber suficiente apoyo por el golpe de la pandemia. Si acaso estas iniciativas eran comparadas con el paro de 21 días que provocó la renuncia y huida de Morales en 2019, luego de su monumental fraude, manifestaciones que fueron finalmente frustradas luego del gobierno de Áñez y el retorno de la órbita del MAS al poder.
Más aún, Luis Arce incluso decidió enviar a las Fuerzas Armadas a Santa Cruz -la ciudad con el paro más contundente- para celebrar una parada militar por su aniversario en el poder (como nunca había sucedido). Una parada que luego fue suspendida por los riesgos que implicaba llevarla adelante. Se puedo deducir que no se trató más que de un burdo intento de intimidación a la ciudadanía que guardaba vigilia.
Asimismo, el régimen de Arce también envió grupos de choque en vehículos que habían sido incautados al narcotráfico por la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), que depende del Ministerio de Gobierno, para que desbloquearan las calles y avenidas cruceñas con la pasiva mirada o incluso la protección de la Policía.
Y por si fuera poco, el vicepresidente de Luis Arce, David Choquehuanca, amenazó a la ciudadanía diciendo lo siguiente: “no despierten la ira del inca, porque el pueblo defenderá la democracia”.
No obstante, luego de nueve días de una resistencia pacífica cada vez más contundente donde se fueron sumando cada vez más sectores (gremiales, transportistas, cooperativistas y comités cívicos), el paro ciudadano finalmente venció: la Ley N° 1386 de Ganancias Ilícitas finalmente fue abrogada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Desde el gobierno central dijeron que el paro había sido organizado para buscar la impunidad de quienes enfrentan juicios por el supuesto golpe de Estado de 2019 contra Morales; que la ley había sido elaborada contra la corrupción y para iniciar la reforma del Poder Judicial; que el paro y las manifestaciones no tenían sentido porque estaban fundadas en mala información y, en todo caso, en una campaña de desinformación de los grandes medios de comunicación.
A pesar de todo, y sin reconocer del todo su derrota, el vocero presidencial Jorge Richter, afirmó que “es necesario también tener otras formas de socializar una ley”, que “es una lección aprendida”.
De igual forma, los argumentos que ha presentado el MAS en la ALP para abrogar la Ley N° 1386, van en la misma línea de Richter: que la ley se abroga por nuevos intentos de desestabilizar a Arce.
Lo mínimo que se espera en consecuencia es que Arce aborde un cambio de gabinete, de acuerdo a lo que las propias filas disidentes del MAS demandan. Sin embargo el conflicto no ha terminado: el paro fue levantado la noche de este martes, pero de manera temporal, pues el MAS acaba de promulgar la la Ley N° 1407 de Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que termina con las autonomías en el país, tanto de las gobernaciones como de alcaldías y universidades públicas, que ya preparan medidas de presión para abrogarla.
Con la abrogación de la Ley N° 1386 Luis Arce, Evo Morales y el MAS llevan ya varias derrotas en este último año, entre las que destacan:
-En las elecciones departamentales y municipales de marzo de 2021, el MAS recibió la mitad de votos que en las elecciones de octubre de 2020.
-El MAS fue derrotado en su pretensión de tomar la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca).
-La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a Morales que ser un tirano no constituye Derecho Humano alguno.
-Los mercados de capitales le bajado el pulgar a los bonos soberanos con los que Arce pretendía financiar el Presupuesto General del Estado 2021.
-Arce detuvo en octubre el proyecto de Ley N° 218, que también se dirigía contra las “ganancias ilícitas”.
-Arce y el MAS se ven forzados a abrogar la Ley N° 1386.
No obstante, y para mayor colmo, Arce y el MAS tienen un frente de batalla pendiente, considerablemente más desafiante y al que solamente el tiempo terminaría dando tregua desde 2019: uno de los argumentos que el régimen ha presentado de manera insistente para que el “paquete de leyes malditas” sea aprobado, es que, a fin de cuentas, fueron votados por el 55% de los electores en las elecciones de 2020.
Empero, las denuncias que realizó Rosario Baptista Canedo al haber presentado recientemente su renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pueden terminar alentando a la ciudadanía a protestar en la misma proporción que lo hizo en 2019, si acaso no se realiza una auditoría al padrón electoral.
Esto es especialmente grave, porque se trata de las denuncias más graves desde la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019.
Desde luego, el TSE lo sabe. Por eso, el órgano en pleno convocó a una conferencia de prensa la noche de este miércoles para descalificar a Baptista, aseverando que sus denuncias son “temerarias” y “fantasiosas”.
Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, además agregó en el extenso comunicado de la institución: “La ex vocal llega a poner en cuestión todo el sistema político electoral del país, lo hace como un acto demagógico y sin ninguna referencia concreta y menos aún con pruebas”.
 
 
 
 
 
AMÉRICA LATINA, LA REGIÓN DEL MUNDO QUE MENOS CONFÍA EN LA POLICÍA
 
Statista de España (https://bit.ly/3CwZLTe)
 
Según el estudio 'Global Law and Order 2021' publicado esta semana por la empresa de consultoría Gallup, la ciudadanía de América Latina y el Caribe es la que menos confía en sus fuerzas policiales, en comparación con otras regiones del mundo. Desde México a Argentina, un promedio del 49% de los latinoamericanos y caribeños encuestados dicen confiar en la policía del lugar donde residen, mientras que esta cifra se sitúa en un 71% a nivel global, más de 20 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano. De hecho, la segunda región del mundo que menos confía en la policía es el África Subsahariana, donde alrededor del 56% de los encuestados afirman tener fe en esta fuerza de seguridad.
Si analizamos lo que sucede en el interior de América Latina, los cuerpos policiales que tienen la peor imagen a los ojos de la opinión pública son los de Venezuela, Bolivia y México. Apenas uno de cada cuatro venezolanos encuestados confía en la policía local, mientras que en México lo hacen casi cuatro de cada diez ciudadanos. En el otro extremo se ubica Uruguay, donde un 75% de las personas que participaron en el sondeo tienen una imagen positiva de la policía.
El estudio también evalúa cómo evolucionó la percepción de las fuerzas policiales en el primer año de la pandemia. En general, el nivel de confianza en la policía se mantuvo estable entre 2019 y 2020, a excepción de algunos casos. Bolivia es uno de ellos, ya que la imagen de la policía se deterioró diez puntos porcentuales, al revés de Costa Rica, donde mejoró 13 puntos. A grandes rasgos, la confianza de la ciudadanía en sus policías registró un alza en los países latinoamericanos donde esta fuerza ostenta una mejor imagen, pero retrocedió en aquellos en los que menos seguridad inspira.
 
 
 
 
 
ALCANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN BOLIVIA
 
Bolivia es un país plurinacional con un marco jurídico que integra sus políticas y servicios para responder de manera diferenciada a las necesidades de su diversidad.
 
Organización Panamericana de la Salud (https://bit.ly/3HBX32x)
 
Bolivia, al reconocerse como país plurinacional y multicultural, transversaliza la interculturalidad en todas sus políticas y marcos normativos. A través de su marco jurídico (Ley N°348) “establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia”.
No obstante, esta pluriculturalidad de Bolivia hace más significativa la magnitud y más compleja la atención diferenciada a la violencia sexual en el país. Según la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres, 2016 (INE, 2017) a nivel nacional, existe un 74.7% de mujeres casadas o en unión libre que han vivido o viven situaciones de violencia en su relación de pareja a la que hace referencia. Este porcentaje de violencia a lo largo de su relación con su ex pareja se incrementa al 87.8% cuando se trata de mujeres separadas, divorciadas y viudas de 15 años o más de edad.
olencia sexual.
Esta misma tendencia se repite en la violencia sexual, el 34% de mujeres de 15 años o más casadas o en unión libre sufren violencia sexual a lo largo de su relación. Este porcentaje se incrementa al 54.9% cuando se trata de mujeres separadas, divorciadas o viudas que sufrieron violencia sexual por parte de ex pareja. Y este porcentaje sube al 60.% en zonas rurales.
Estas cifras pone en evidencia el alto riesgo de las mujeres a sufrir violencia sexual tanto por la pareja como por la expareja. Sobre este panorama situacional, Bolivia dispone de un marco jurídico complementario, que permite el aborto frente a embarazos que son resultado de violación, incluido el incesto contra niñas y adolescentes. Se trata de un marco jurídico para atender y proteger a niñas y adolescentes en especial situación de vulnerabilidad frente a la violencia sexual y su vida.
Primero, este marco jurídico a la vez está asociado con la Ley (N°548, 2014) sobre el Código de Niñas y Adolescentes, el cual se fundamenta en un Sistema Coordinado y Articulado (SIPROINA) conformado por órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios, que funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales para garantizar que los niños, niñas y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos.
Asimismo, este marco jurídico incluye la Sentencia Constitucional Plurinacional del 2014, que se aplica a través del “Procedimiento.
Técnico para la Prestación de Servicios de Salud”. Esta sentencia se orienta a “eliminar las barreras para acceder a un aborto legal y seguro cuando el embarazo sea resultado de violación, incesto, estupro o riesgo de vida o salud de la mujer, siendo de cumplimiento obligatorio para toda la población del territorio boliviano”.
En el contexto de estos componentes del marco jurídico se inscribe el “Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (2015), como una herramienta que operacionaliza el marco jurídico y político, el cual “fue desarrollado para fortalecer los equipos de salud, brindando herramientas técnicas, conceptuales y prácticas sobre cómo atender de manera integral y reparadora desde el sector salud a las víctimas de violencia sexual, en el marco de la Política de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural” señaló la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud de Bolivia.
Este Modelo de Atención Integral, desde un enfoque de salud pública se implementa a través de equipos multidisciplinarios y a nivel multisectorial.
El enfoque de integralidad en la atención es parte de las funciones de los responsables de la implementación de este Modelo, es decir compromete a autoridades nacionales, departamentales, municipales, locales, comunitarias e insta la sociedad civil a involucrarse en su desarrollo.
El Modelo de Atención Integral prevé el flujo entre los servicios de salud y canales de actuación conjunta con servicios de justicia y servicios psicosociales. Desde este punto de partida, se trabaja para avanzar hacia una red de servicios para sobrevivientes de la violencia sexual.
Además, este modelo de atención dispone de un conjunto de herramientas para la prestación de servicios, entre las principales se pueden citar las normas generales de atención en la Red de Servicios Integrales, la aplicación de la salud familiar y comunitaria (SAFCI), el Protocolo Específico de la Atención a las Víctimas de Violencia Sexual en los servicios de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención; los protocolos y procedimientos de la interrupción legal del embarazo, el Protocolo para la Orientación, así como el Protocolo de Anticoncepción Postaborto y el Manual de Atención Integral a la Violencia Sexual (MAIVVS), que complementa al Manual Integral de Atención Segura (MIAS).
Estas herramientas se hacen efectivas a través de un paquete de fichas diversas de salud como el certificado único para casos de violencia en el marco de la Ley N°348; la ficha de referencia para la atención de la interrupción legal del embarazo en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional (2014);  así como la ficha de contrareferencia, el flujograma con la ruta crítica para la atención a la violencia sexual y la ficha de consentimiento informado, entre los principales procedimientos a seguir.
Según el Modelo de Atención, las redes de servicios integrales tienen el objetivo de “brindar atención integral preventiva y curativa a las víctimas de violencia sexual. Las acciones del servicio de salud deben estar orientadas a prevenir, detectar, diagnosticar y tratar la violencia sexual… como problema de salud pública”.
Entre las funciones para la atención de la violencia sexual destaca la inclusión de los equipos de salud en la organización de los servicios; la adecuación de los equipos de salud con recursos humanos, infraestructura e insumos, en coordinación con las autoridades locales de salud junto a la estructura social de salud; además de la comunidad organizada (Juntas de Vecinos) para actividades de prevención, detección, atención y diagnóstico de la violencia sexual.
Como parte de la respuesta está prevista la adecuación de equipos de salud para la atención clínica de emergencia y toma de evidencias de la violencia sexual; la organización del sistema de referencia y contrareferencia de los equipos de salud para asegurar el seguimiento de las sobrevivientes; la coordinación de actividades de diagnóstico y prevención en grupos en situación de vulnerabilidad en cada área geográfica de acuerdo a las necesidades de las sobrevivientes a la violencia sexual, asi como la capacitación de recursos  humanos en todo el proceso que implica una atención integral a la violencia sexual.
El presente Modelo de Atención Integral coloca especial énfasis a población en la situación de vulnerabilidad frente a la violencia sexual, tal es el caso de niñas/niños, adolescentes/jóvenes, mujeres, personas adultas/os mayores, personas con discapacidad y  personas GLBT.
Oruro una localidad indígena apostando a mejorar la respuesta de los servicios de salud a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
El departamento de Oruro fue poblado originalmente por comunidades aimara y quechua hablantes. Aunque no es una localidad muy poblada, cuenta con un poco más de medio millón de habitantes. En este departamento, el Proyecto de OPS/OMS con la Fundación Buffet para el fortalecimiento de la respuesta del sector salud ha cooperado con un análisis situacional de la violencia contra la mujer, de las propias experiencias que ellas viven, así como con herramientas adaptadas a Oruro para mejorar la respuesta en los servicios de salud con el fin de apoyar el fortalecimiento de la Red de Salud Mental y Violencia, liderada por el Ministerio de Salud.
Esta iniciativa en Oruro es relevante porque existe un 29.7% de mujeres casadas o en unión libre de 15 años a más que han vivido o viven violencia sexual a lo largo de su relación de pareja. 
Según Nilda, trabajadora social del Hospital San Juan de Dios y responsable de la coordinación de la atención a la violencia sexual relata la realidad de su localidad en Oruro, “en este último tiempo nos están llegando muchos casos de violencia en adolescentes, en niñas de 13 y 14 años y eso es bien triste, así uno llega a la conclusión de que algo está pasando en Challapata, como área rural debe ser, talvez el municipio que tenemos mayor cantidad de adolescentes que sufren agresión sexual y por ende adolescentes embarazadas en mayor cantidad”.
Por esta razón ella sostiene que, “necesitamos centrarnos en una atención integral, así como dice el modelo. Toda paciente que ingresa por emergencia al hospital por violencia sexual se le debe dar una atención integral. Contamos con psicóloga, con trabajadora social y con el área clínica”. Para el cumplimiento de la función de salud Nilda afirma que “como salud tenemos dos herramientas principales emanadas por el Ministerio de Salud, una es la Hoja de Atención Sistematizada que usamos cuando niño, niña o adolescente sufre violencia sexual, lo usamos en el primer nivel de atención. Todo personal de salud en el área clínica tiene que manejarlo y atenderlo como dice la normativa. También contamos con un Certificado Único para casos de violencia sexual. Este formulario nosotros debemos completarlo  en un segundo nivel. Cuando se trata de un caso de violencia sexual, el ginecólogo está capacitado para realizar la revisión y la atención y cuando se trata de un menor también hacemos la atención con pediatría”.
Carlos, como médico responsable del área de Género, No Violencia y Buen Trato en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Oruro opina que las funciones en salud deben cumplirse “el personal de salud cumple las atribuciones que le corresponden según a sus capacidades según su nivel de atención, siguiendo los protocolos propuestos por el ministerio de salud…de manera evidente la situación varía de acuerdo a la calidad humana del personal, pero nos regimos a las normas y protocolos”
En materia de fortalecimiento de competencias, Carlos informa que “el SEDES por intermedio del área Género, No Violencia y Buen Trato realiza capacitaciones para personal médico a petición de los centros de salud y a nivel general, por lo menos tres veces al año sobre el uso de protocolos y conocimiento de la ley 348… a la fecha se está realizando énfasis en comprender adecuadamente la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por todos los casos de embarazo por violencia sexual que se van suscitando”.
Nilda, como parte de su experiencia en la atención a sobrevivientes a la violencia sexual desde el hospital II donde trabaja, identifica dos lecciones aprendidas relevantes. Primero, “en el proceso de implementación la lección que más se me ha quedado como trabajadora social es ser empática con todas las pacientes que requieren atención rápida y oportuna que viven violencia, más aún con adolescentes y niñas embarazadas entre 10 a 14 años que llegan a este hospital, esas personas requieren todo el apoyo, porque traen además historias tristes, algunas huérfanas, algunas de padres desintegrados, otras adolescentes que viven con los abuelos que no tienen apoyo”….“obviamente nos falta implementar muchos procesos, nos falta capacitación para el personal para que conozcan la normativa y puedan ser empáticos, esa es la debilidad aún en el área de salud”. Segundo, la “otra lección aprendida es la prevención a todo nivel, personal, comunitario y familiar para evitar estos abusos sexuales contra adolescentes y niñas”.
Oruro es solo uno de los departamentos donde se están revelando embarazos adolescentes producto de la violación e incesto, que en el marco de la pandemia del COVID-19 se hizo más palpable. Sin embargo, esta situación que se replica últimamente en varios departamentos ha suscitado una mayor voluntad política para mejorar la respuesta de salud en un marco de trabajo intersectorial.
Esta mejora en la toma de decisiones es más efectiva considerando los desafíos que vienen desde el mismo personal de salud con responsabilidades en el campo de la violencia sexual, como los que plantean Nilda y Carlos. Ambos comparten sus desafíos para mejorar la respuesta en los servicios de salud de Oruro, “mi primer desafío como personal de salud es conocer la leyes para poder orientar a la población afectada y a las instituciones”…”realizar un flujograma como red interinstitucional”…. “aplicar las cajas de evidencias para poder hacer la atención, pero para usar esta caja de evidencias necesitamos conocer la ley a profundidad y los instrumentos de trabajo que vienen desde el Ministerio de Salud”….“que el personal de salud se capacite permanentemente en la ley 348 y que el personal no se cambie permanentemente”… “mejorar nuestro presupuesto para las actividades”.
En este contexto de alto riesgo a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, particularmente en zonas rurales; pero también con alto potencial para mejorar la respuesta en salud, la OPS/OMS, viene contribuyendo sostenidamente con el fortalecimiento de servicios de en varias localidades de mayor vulnerabilidad a la violencia sexual en Bolivia.
¿Cómo es la cooperación de OPS/OMS para mejorar la respuesta de salud frente a la violencia sexual?
Se está contribuyendo con el fortalecimiento de competencias en ocho departamentos del país (Chuquisaca, Oruro, Cochabamba, La Paz, Tarija, Potosí, Pando y Santa Cruz) para la implementación del Modelo de Atención Integral a la Violencia Sexual, como parte de una Plan de Contingencia sobre la violencia  en el contexto de la pandemia del COVID -19.
A la vez se han donado varios miles de cajas de evidencias para la atención de la violencia sexual en hospitales de referencia, herramienta indispensable para una respuesta en salud más efectiva para las sobrevivientes
Y comprendiendo que el tejido social es un excelente factor protector frente a la violencia, la OPS/OMS viene colaborando con el impulso a la organización de la Red Nacional de Salud Mental Integral y Comunitaria (RENASMIC), en cuya agenda de trabajo está la violencia contra la mujer y la violencia sexual.
 
 
 
 
 
LOS KJARKAS: TODA LA MÚSICA Y EL COLOR DE BOLIVIA PARA EL MUNDO
 
Agencia NOVA de EEUU (https://bit.ly/3FsdVXK)
 
Este jueves 18 de noviembre en el programa de NOVA recibimos a Gonzalo Hermosa Jr., Hugo Fernando De la Fuente Rivas y a Luis Alberto Mercado Urquieta, representando al grupo “Los Kjarkas” desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
En un programa de colección y nivel internacional, recibimos a los músicos en una entrevista exclusiva para la República Argentina, dándole de esta manera la bienvenida a los artistas a al país.
La entrevista fue llevada a cabo por la conductora Noël Gibelli y la co conducción estuvo a cargo de Facundo Amuchástegui, especialista en Pueblos Originarios y Cultura Andina.
La nota fue de los momentos más maravillosos, una fiesta para Latinoamérica. Los músicos internacionales Gonzalo, Hugo y Luis hablaron de todo. De su paso por Argentina para formarse, de las fans que los siguen a todos lados, quienes no pararon de vivarlos durante todo el programa que duró más de una hora.
Además, hermanos de países como Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Panamá, Chile entre otros, participaron activamente de la entrevista llenando de corazones la pantalla.
Modernos, comprometidos, respetuosos, los músicos nos brindaron todo en una entrevista que es realmente una joya de colección.
Amuchástegui colaboró generosamente con la nota, comentando su experiencia en Bolivia e invitó a visitar el país hermano, además de rendir un sentido homenaje al grupo del cual conoce absolutamente todo, brindándoles su amor y cariño detrás de cada palabra y cada gesto.
No faltó (a pedido de una amiga peruana) el tradicional desfile en el programa, conducido esta vez por el mismísimo Gonzalo Hermosa, que manifestó haberse sentido muy a gusto.
En un programa de lujo no faltó el director de Multimedios NOVA, el periodista y empresario Mario Casalongue, quien quiso ser parte de este mágico encuentro entre hermanos.
Qué viva la música, que vivan los Kjarkas, que viva Latinoamérica.
Lo viste en NOVA.