BOLIVIA... LO MEJOR QUE TENEMOS

María Galindo (La Paz, Bolivia, 1964) es psicóloga, comunicadora, escritora, militante feminista y fundó hace casi 30 años el movimiento 'Mujeres creando' en su país, y desde entonces no ha dejado que ningún Gobierno ni ningún meme (por muchos que sean) pueda con su voluntad de crear un mundo despatriarcalizado. No obstante, su curiosidad incesante le ha llevado a continuar teorizando y desarrollando más y más pensamiento sobre lo que ya se ha convertido en uno de los epicentros de su vida: el activismo feminista. Así, este miércoles ha visitado la Librería La Vorágine de Santander presentando su último libro, llamado 'Feminismo bastardo', motivo por el que ha hablado con elDiario.es en una entrevista en la que la contundencia es el ingrediente principal a unas horas de la conmemoración del 25N.
¿Qué es el movimiento 'Mujeres creando' y qué supone para la sociedad boliviana?
'Mujeres creando' es un movimiento al que me gusta definir con una metáfora: indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Esto quiere decir que es un movimiento donde nosotras reivindicamos la construcción de espacios heterogéneos, constituidos por alianzas insólitas, que son las que están prohibidas. Es una especie de contestación de la idea de que el colectivo tiene que ser de campesinas entre campesinas o de lesbianas entre lesbianas. Estos movimientos identitarios son espacios previsibles con poco alcance político que más que nada responden a guiones preestablecidos y oficiales.
También podríamos decir que es un espacio de experimentación social y de construcción de una cosa que hemos llamado 'política concreta' y abandonamos la idea de una revolución finalista al estilo de la que se cultivaba con la idea de la revolución cubana o nicaraguense. Por eso, atendemos a 2.000 mujeres al año en la región andina del país y a 2.000 en la región tropical en relación a sus demandas de justicia. Somos un movimiento de largo aliento sin grandes triunfos, sin grandes épicas detrás, pero tenemos mucha constancia, somos lo que no se muere.
Cuando se dio el derrocamiento de Evo Morales, uno de los pocos movimientos que tuvo capacidad de responder porque no nos desmovilizamos, porque no huimos y porque nos sentamos a pensar fue 'Mujeres creando', y ahí lanzamos no solamente el Parlamento de las Mujeres, sino la reconstrucción radial de todos los hechos, y casi la derrota del gobierno fascista que se instauró. En un miligramo eso fue responsabilidad de 'Mujeres creando'.
¿Su visión del feminismo ha evolucionado con los años hasta 'Feminismo bastardo'?
Muchísimo. Nosotras, hablando desde 'Mujeres creando', somos un espacio de producción de pensamiento. Es más, nuestra organización básica son grupos de pensamiento, de estudio, de discusión, y yo soy muy activa en eso porque nunca he parado de estudiar y discutir… Vamos a cumplir 30 años de 'Mujeres creando' y yo he ido desarrollando una cantidad muy importante de bases teóricas, de conceptos, de paradigmas… Hace diez años planteé las despatriarcalización como horizonte principal, y ahora continúo con ello, pero además a esto le sumo lo bastardo como lugar de enunciación. Ese lugar de la no pertenencia, de lo no legítimo, de lo no autorizado. Constantemente estamos produciendo propuestas teóricas porque sin teoría no se puede enfrentar la lucha social, y esta es un lugar donde se construye pensamiento, aunque no sea valorado, y eso no se puede dejar en manos de las academias.
¿Cree que el feminismo sigue incomodando en países como España? ¿O estamos llegando a una normalización que está provocando que deje de ser irreverente?
No hay un feminismo, sino muchos feminismos. En Bolivia pasa lo mismo. Hay una tecnocracia de género que ha estandarizado ciertos términos como empoderamiento o igualdad de derechos, y esa estandarización ha sido capturada por el Estado o incluso por las iglesias más conservadoras, por el sistema educativo u otro tipo de instituciones. Pero eso tampoco quiere decir que los idearios de otros feminismos no sean profundamente incómodos... Yo creo que la tecnocracia de géneros tiene el deseo de captar una parte del discurso feminista, que además es la parte menos vital, como ocurre con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es un presupuesto que ya está agotado en su potencial y no va a dar absolutamente nada más. Es una visión vacía y normalizada, e incluso anacrónica y reaccionaria de las relaciones sociales. Esa visión está estandarizada a nivel planetario, y precisamente, para invisibilizar y sofocar otras luchas feministas se ha generado todo esto de los máster especializados, la lógica de pensar el feminismo como olas y como una única genealogía feminista… Probablemente ahora España está en un momento un poco apagado en lo que respecta al feminismo por seguir tirando de las mismas ideas, y tal vez también haya una crisis de pensamiento. Pero hasta ahí hay cierta vitalidad y mucha sed… Pero a mí me está yendo bien en términos de convocatoria, y un movimiento que no quiere pensar no se abriría a un libro como 'Feminismo bastardo'.
Me habla de que cada feminismo es diferente, y precisamente esa falta de unanimidad suele ser cuestión de debate. ¿Considera que es positivo que haya tantos movimientos tan diferentes? ¿Resta fuerza?
La pluralidad es fundamental para cualquier movimiento, y lo que ha acabado con la izquierda es la falta de pluralidad y eso no nos puede pasar. La pluralidad de los feminismos es una gran riqueza y representa una especie de cuerpo complejo cuyos confines no son posibles de dibujar. No hay confines. Ahora, el fundamento biologicista no es feminismo porque los feminismos nacen y se comprenden desde la problematización de lo que se comprende por mujer, y eso es la capacidad histórica de sacar la condición de mujer del hecho biológico al hecho político. Y eso trasciende cualquier cantidad de límites y fronteras históricas. Discutamos eso. Lo mismo que yo te diría que la tecnocracia de género no es feminismo sino tecnocracia de género que está fusionando el género al proyecto neoliberal. Yo lucho contra ese proyecto neoliberal y el lugar que se le quiere asignar a toda la cuestión de género dentro del neoliberalismo para fortalecer a este último.
Por ejemplo, el empoderamiento es el tratamiento neoliberal de la cuestión del poder porque ante el poder no te empoderas, ante el poder te rebelas. Creo muchísimo en el pluralismo y considero que necesitamos para cierta fortaleza ni el acuerdo ni la unificación, pero sí un punto de confluencia y este es la despatriarcalización. El punto de confluencia que nos está confundiendo es el de la igualdad de derechos porque está completamente agotado. El punto de confluencia de la igualdad no nos sirve porque además está anclado al proyecto del estado moderno burgués eurocentrado. El punto de confluencia de la despatriarcalización relocaliza y ubica a los feminismos en otro lugar. Estamos en el siglo XXI en un proceso pospandémico, entre comillas lo de pos, y es un momento de sacudir, para nuevos imaginarios y paradigmas, pero sobre todo para lanzarnos a configurar escenarios de otra manera.
Hablando de temas que son cuestión de debate entre feministas, la prostitución es otro de los que más discrepancias genera. ¿Usted considera que la prostitución sin trata es una opción a valorar?
Las personas que quieren luchar contra la trata y el tráfico deben luchar contra la Ley de Extranjería. Esta ley xenófoba, racista y colonial es lo que debe ser anulado. Hay trata y tráfico de personas en trabajo sexual como en trabajo agrícola, así que no me jodan y que no vengan a usar la trata y el tráfico como argumento para disfrazar un moralismo. El problema de la trata y el tráfico sin cuestionar la raíz misma, que es la Ley de Extranjería, es potenciar un aparato jurídico policiaco contra mujeres que están en prostitución. En Bolivia hay una persecución política contra los cuerpos de las mujeres en trabajo sexual disfrazada de lucha contra la trata y el tráfico, nunca cae en los proxenetas, siempre están siendo humilladas las putas. Y ahí, entre un policía que arresta y humilla a compañeras, y una compañera arrestada y humillada, tengo clarísimo con quien estoy: con ella. Y lo digo porque me toca ir a las comisarías lo antes posible antes de que las violen, antes de que las saquen sexo gratis.
Y quiero denunciar que la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) en Bolivia está financiando programas contra la trata y tráfico a organizaciones de carácter religioso, que instrumentalizan eso a su beneficio. Supuestamente están rescatando jóvenes y eso es una bazofia y una mentira. Porque también, una causa del trabajo sexual es la pobreza. A mí no me vengan con que es un problema de quiero o no puedo. Veamos a ver quiénes son las compañeras que se dedican a la prostitución. No son las hijas de la clase media española, son las rumanas, las colombianas o las nigerianas. También hay una base de pobreza y una base colonial. Y eso lo trasladas a Bolivia y la historia de pobreza es un detonante fundamental, si yo voy a ganar 100 bolivianos como reponedora en un supermercado donde además voy a sufrir acoso sexual y voy a ganar 1.000 bolivianos en trabajo sexual, tengo todo el derecho de decir: "Me voy al trabajo sexual". Y yo lo haría... Pero no lo soy porque no tengo el entrenamiento, siempre se lo digo así a mis compañeras. No creo que los feminismos puedan prescindir de los saberes de la puta porque son tan importantes como los de la ama de casa, la campesina o la migrante. Y me gusta mucho una frase que dice que "todas tenemos cara de puta". Yo no soy trabajadora sexual, pero he sido tratada como puta muchas veces, y eso creo que nos ha pasado a todas.
Ha hablado en diferentes espacios sobre el feminismo europeo como hegemónico... Explíquemelo.
Vivimos en un orden colonial mundial y aceptamos que vivimos en un orden capitalista mundial, pero nunca aceptamos que ese orden capitalista tiene un carácter colonial. Y en un orden colonial mundial, los sures del mundo no están autorizados a pensarse a sí mismos, sino que tienen que ser pensados por el hegemónico. Y peor que eso, en un orden colonial mundial, los sures no pueden producir pensamiento para el mundo y a lo máximo a lo que pueden aspirar es a producir testimonio. Hay una relación de arrogancia inconsciente y escondida que responde a ese orden. Y España está dispuesta a leer feminismo anglotraducido porque le importa lo que se hace en Inglaterra o en los centros académicos del norte, y de alguna manera queda subyugada a esa traducción teórica porque eso es lo que está guay, lo que viene en los centros de poder. Entonces, en la producción de pensamiento todo esto tiene mucho que ver con todo, y desde el sur no se ha aceptado que venga teoría.
Y por otro lado, y eso me incomoda especialmente, es que muchas veces soy invitada a eventos feministas o de las instituciones culturales más criticas de esta sociedad, y lo que menos veo es que asistan esos otros y otras. Por ejemplo, las mujeres migrantes que son hoy una fuerza, una mano de obra fundamental, para las estructuras patriarcales de la sociedad española, no se ven apenas y no tienen margen para tomar la palabra. Todavía en los ámbitos culturales y políticos están discutiendo entre cuatro, no se están abriendo a ningún otro ni otra. Y son fundamentales para repensar hacia dónde vamos a ir.
Comparando el movimiento en Bolivia y España, ¿ qué considera que tiene el feminismo boliviano que le falta al español? ¿Y al revés?
Me da mucha envidia de la buena la infraestructura de España: la comodidad de los auditorios, las aulas universitarias, el poder moverme… En Bolivia prendemos la luz y se cae la lámpara. Estamos trabajando en condiciones muy duras. Y también me dan envidia las librerías, el neoliberalismo ha asesinado a las librerías, quedan poquísimas y los libros son carísimos en Bolivia. Yo soy adicta a los libros, y aprovecho a comprar muchos libros aquí y después fotocopiarlos en nuestra 'zona pirata'. Tenemos problemas para pagar la luz, el papel, la tinta… Nuestras economías están completamente reventadas. Ustedes hablan de crisis y no saben lo que es eso. No tienen la menor idea. Nosotras vivimos en una crisis permanente, y tengo mucha envidia de las librerías de aquí porque son hermosas y acogedoras.
Y del feminismo boliviano, bueno… Yo soy autora de otro concepto, que es el feminismo intuitivo, que es un feminismo masivo, popular y que no se llama a sí mismo feminismo. Y ese feminismo en Bolivia está boyante. Me gusta mucho cuando Lola Flores hablaba de 'poderío', y ese feminismo intuitivo es una especie de poderío desatado. Pues esa irreverencia que yo siento en las miradas de las mujeres en Bolivia aquí no la veo tan fuerte, veo cierta compresión en las mujeres aún, no sé si es esta sociedad que es bastante disciplinada aunque no lo creamos… Bolivia, sin embargo, es caótica, es un culto al caos.
El presidente del PP llamó hace unos días 'aquelarre radical' a un acto que compartieron cinco políticas de la izquierda española. ¿Cree que este tipo de insultos ya se hacen a conciencia? ¿O desde la ignorancia?
En 'Feminismo bastardo' tengo un artículo dedicado al insulto porque me considero, a mucha honra, una de las personas más insultadas de mi sociedad, y lo llevo bastante bien. Sé que el presidente del PP lo ha hecho desde el odio, pero él se equivocó porque que te digan que estás en un 'aquelarre radical' es un gran honor, ¡y ya quisieran esas mujeres representar realmente un aquelarre subversivo! Y ojalá tomen conciencia del espacio que tienen que ocupar y ojalá se constituyan de verdad en un aquelarre subversivo porque eso no es un insulto, es un lugar de gran honor.
Respecto al 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿ha pensado cómo le gustaría que el movimiento estuviese dentro de un año?
Yo el 25 de noviembre no voy a ningún lado. Estoy harta de los feminismos que son para el 8 de marzo y para el 25N. La agenda que tenemos alrededor de la justicia es construir los parámetros y las estructuras de una justicia feminista. Yo estoy yendo hacia eso. Mi lucha contra la violencia el 25N va hacia construir justicia feminista porque demandar justicia en las puertas de la justicia patriarcal es llorar de rodillas. El Diario de España (https://bit.ly/3FLry4r)
 
 
 
 
 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LA ETERNA PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA
 
Hola News de España (https://bit.ly/3DUAzYp)
 
La violencia machista no da tregua en América Latina, una región donde se afrontan al menos dos pandemias, la de la covid-19 y otra que ha quedado más evidente que nunca a raíz de los confinamientos que dejaron patente que las mujeres no están a salvo de las agresiones ni en casa.
Una “pandemia en la sombra” es la definición que ONU Mujeres ha dado a la violencia contra las mujeres en el contexto de la covid-19, con un panorama actual “bastante desalentador”, dijo a Efe la directora regional para América Latina y el Caribe de ese organismo, María-Noel Vaeza.
En la misma línea, colectivos latinoamericanos defensores de la igualdad de género comparan esta problemática con una enfermedad presente desde siempre en la región en la que sus perpetradores actúan cada vez con más crueldad.
Los datos previos al estallido de la pandemia de la covid-19 ya eran contundentes, pues a nivel mundial se tenía que una de cada tres mujeres sufría violencia física o sexual mayormente a manos de su pareja.
En el continente americano, el 30 % de las mujeres reportaron violencia física o sexual por parte de sus parejas y el 11 % la sufrió a manos de otras personas.
Según Vaeza, la cantidad de denuncias de violencia aumentó “muchísimo” a raíz de la pandemia, al igual que el “terror” de tener que convivir con el agresor las 24 horas del día durante las cuarentenas que rigieron en varios países.
“Lo que vemos es que ha habido un aumento fuerte de la violencia y que la covid ha significado también un retroceso en las conquistas que se habían obtenido en los derechos de las mujeres”, lamentó.
CONTROL Y SUBREGISTRO
Durante los confinamientos aumentaron las agresiones físicas y psicológicas contra las mujeres, a la par de otras formas de violencia como un mayor control a través de las redes sociales o incluso en el uso de sus teléfonos móviles.
“Cuando un hombre quiere controlar a la mujer es que se cree que es dueño de su cuerpo, de su mente, no la considera un ser humano independiente, libre, pensante, sino que solamente la ve como un objeto, por eso le pega, la controla, la aísla y eso es lo que se ve constantemente”, advirtió Vaeza.
Los números en Bolivia fueron devastadores, pues en los 71 días que duró la cuarentena rígida se registraron 2.935 denuncias por delitos de violencia machista, el 81 % de ellos por violencia en la familia, lo que confirmó que “el hogar es el espacio más inseguro para las mujeres” y menores, según la Coordinadora de la Mujer.
En 2020, el país suramericano reportó 113 feminicidios, de los que 53 ocurrieron durante los confinamientos rígido y mixto vigentes entre marzo y agosto, informó la Fiscalía boliviana, que también lamentó que “aquel lugar que debería ser el de mayor protección” resultó ser donde sufrieron violencia e incluso la muerte.
Las cifras pueden ser aparentemente inferiores a las de años anteriores, pero entidades como la Coordinadora de la Mujer han alertado de que en ese periodo hubo un subregistro de casos por las restricciones en el desplazamiento que limitaron las posibilidades de denunciar las agresiones.
El encierro también limitó el acceso a la información o la recolección de datos que llevan adelante organizaciones como el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, como lo reconoce la activista de esa entidad, Eulogia Tapia.
Tapia dijo a Efe que durante las cuarentenas las mujeres no tenían “forma de pedir auxilio, o si pedían, no eran atendidas” y esa fue una razón por la que en apariencia las cifras de violencia fueron menores.
Ante esto, el ingenio y la sororidad se impusieron en la región con señas como comprar mascarillas de determinados colores, llamar a los números de emergencia dando alguna frase especial para denunciar la violencia, u organizarse entre activistas para no dejar solas a las víctimas.
EN LA POSPANDEMIA
Los confinamientos han quedado atrás, pero la pandemia en la sombra prevalece y, peor aún, la crueldad con que actúan los agresores de mujeres parece ser mayor.
Las cifras recogidas en países como Bolivia, México, Honduras o El Salvador en lo que va de año muestran una situación “trágica” en palabras de Tapia, y “alarmante”, según advirtió Verónica Reyna, directora del Programa Derechos Humanos de la organización no gubernamental salvadoreña Servicio Social Pasionista.
Los feminicidios en El Salvador en el tercer trimestre de 2021 se elevaron un 31,25 % en comparación con el mismo lapso de 2020, según las cifras consensuadas por la Policía, Fiscalía y Medicina Legal.
Entre enero y septiembre de 2021 se perpetraron 63 feminicidios, frente a los 48 registrados en el mismo periodo de 2020.
“El tema sigue siendo alarmante y sigue siendo urgente un abordaje diferenciado e integrado que permita caracterizar y entender cómo funciona la violencia contra las mujeres, cuáles son los victimarios y cómo debería de responder el Estado en distintos niveles”, comentó Reyna a Efe.
En México, uno de los países más violentos contra la mujer, los feminicidios siguen al alza tras reportarse 842 casos entre enero y octubre de este año, un 4,9 % más que en el mismo periodo de 2020.
“Ningún estado de la República se salva de tener un delito de feminicidio. México está plagado de carpetas de investigación”, dijo a Efe la presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos.
Decenas de miles de mujeres han participado en los últimos años en numerosas protestas en México, alguna de ellas terminando con fuertes altercados, mientras que el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy criticado, especialmente porque este desdeña las marchas y vincula el feminismo con el movimiento conservador.
La actitud presidencial “más que afectar lo que hace es generar un motivo más de movilización, de preocupación y de frustración ante un Gobierno que abiertamente se dice feminista en el discurso, pero en las acciones pues todavía falta mucho”, concluyó Villalobos.
En Honduras al menos 301 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2021, en la mayoría de casos abatidas con arma de fuego, según cifras del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Entre enero y el 15 de noviembre, 116 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, otras 48 sufrieron diferentes lesiones y se han reportado 51.053 denuncias por violencia intrafamiliar y 38.988 por violencia doméstica, según cifras del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Entretanto, Bolivia reporta 95 feminicidios entre enero y octubre. Pero lo que preocupa a las activistas es la saña vista en algunos casos, la planificación que tienen los agresores y la noción de impunidad que les impulsa a actuar en lugares concurridos o incluso frente a sus hijos, alertó Tapia.
Como lo ocurrido en la región boliviana de Santa Cruz en abril pasado, cuando un hombre mató a puñaladas a su expareja de 29 años en pleno día en las puertas de un supermercado.
RETOS Y CAMPAÑAS
Para la directora regional de ONU Mujeres, cualquier solución que se quiera dar debe partir por “poner al centro de la respuesta a la mujer” e incidir en la prevención, educación y la participación femenina en política para garantizar cambios transformacionales en las sociedades.
Aquellos países que, como Bolivia, cuentan con una legislación que protege a las mujeres tienen el reto de “cerrar esa brecha entre la letra de la ley y lo que ocurre en la vida cotidiana” y para ello se requiere una implementación de leyes con presupuesto, sostuvo Vaeza.
Como todos los años, este 25 de noviembre comenzará la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género, que busca “llamar la atención al mundo entero que el problema de la violencia es real, es tangible” y no se debe tratar a la ligera, recordó.
“Es un momento también de hacer alianzas, de recordar la importancia que tiene el respeto, la no discriminación, eliminar los sesgos discriminatorios y los estereotipos y ver a la mujer en su integridad como un ser humano a ser respetado, valorado, querido y que tiene derecho a vivir en paz y ser feliz”, agregó.
Mientras que Tapia expresó su deseo de que “ojalá alguna vez encontremos la fórmula de parar esta pandemia de la violencia en contra de las mujeres”.
 
 
 
 
 
BOLIVIA 2021: RETORNO DE LA ESPERANZA
 
Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3r8r58l)
 
Pese al prolongado impacto de la Covid-19 y el constante embate de políticos y movimientos opositores empeñados en desestabilizar el país, el 2021 significó para Bolivia el retorno de la esperanza, la estabilidad y la democracia.
De la mano del presidente Luis Arce, representante del Movimiento al Socialismo y electo por amplia mayoría en octubre de 2020, los bolivianos transitaron este año por el camino de la búsqueda del Vivir Bien, que en palabras del mandatario supone “la convivencia democrática y el respeto a la voluntad nacional para derrotar el hambre y la pobreza”.
Precisamente la primera promesa cumplida por su gobierno a partir de diciembre de 2020 fue el pago del Bono Contra el Hambre.
Datos oficiales reflejan que entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, cuatro millones 35 mil 773 personas recibieron este beneficio, cuyo costo total ascendió a cuatro mil 36 millones de bolivianos (más de 576 millones de dólares).
“La Bolivia del Vivir Bien sintetizará los ideales anticoloniales, independentistas, nacionalistas y socialistas por los cuales lucharon generaciones y generaciones, terminando el carácter de país capitalista, dependiente y atrasado”, remarcó Arce el 8 de noviembre al informar ante el Parlamento sobre su primer año de gestión.
En ese periodo, destacó, “caminando junto al pueblo, hemos devuelto la esperanza, la certidumbre y la estabilidad a las familias bolivianas”.
Heredero de una profunda crisis económica, social, política y sanitaria dejada por el régimen de facto de Jeanine Áñez (noviembre de 2019-octubre de 2020), el actual ejecutivo impulsó proyectos y transformaciones en todos los sectores: desde la cultura y el turismo, hasta el deporte y la salud.
VUELTA A LA ARENA INTERNACIONAL
En el ámbito de política exterior el gobierno de Áñez aisló al país, pues sin legitimidad y ante los cuestionamientos internacionales optó por la descalificación y la agresión verbal, deteriorando las relaciones con países como México, Argentina, España, Cuba, Rusia, China y otros, situación que poco a poco se va revirtiendo.
Reportes recientes hablan de avances en la negociación de un Acuerdo de Hermandad de amplio alcance con Argentina, el cual enmarcará todas las dimensiones de una nueva relación basada en la complementariedad.
Con Chile se estableció la Hoja de Ruta 2021 para abordar diversos temas, con especial énfasis en lo económico, comercial y consular.
También se suscribieron importantes instrumentos bilaterales en el contexto del Encuentro Presidencial y VI Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Perú.
“Este es un momento donde la diplomacia boliviana, donde las relaciones internacionales del país están levantando vuelo”, afirmó en esa ocasión el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego Pary.
En su opinión durante el primer año de gestión de Arce “hemos empezado nuevamente a tener presencia en los organismos internacionales, a restablecer las relaciones bilaterales”.
Los hechos así lo constatan: en la ONU Bolivia fue elegida como miembro del Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021– 2023, y de la Comisión de Estupefacientes (2022– 2024).
Además, tuvo una activa participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, estableciendo la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.
En el escenario multilateral retomó su participación con voz propia, destacando la presencia de la delegación boliviana en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Se trabajaron 30 acuerdos bilaterales con diferentes países sobre temas sociales, cooperación e infraestructura, entre ellos el referido a Adopción Internacional con Francia.
DERECHA ARREMETE, EL PUEBLO SE INCLINA POR ARCE
Mientras, la derecha no ceja en su propósito de deslegitimar al gobierno y desestabilizar el país; para esto emplea subterfugios, como la desinformación, mentiras y falsos argumentos sobre temas sensibles, como el contenido y alcance de legislaciones.
Así sucedió recientemente con la Ley 1386, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, y el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
La primera de estas normativas jurídicas fue abrogada y la segunda retirada para “no dar lugar a confrontaciones entre bolivianos y, menos, a desestabilización», según comunicó oportunamente la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Ellas fueron utilizadas como excusas por opositores como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para convocar paros que dañaron la economía del país y de las familias que viven del día a día.
Tales artimañas perseguían fines políticos e intentos de golpe de Estado que fracasaron, entre otros motivos, debido a pugnas por el poder entre sus instigadores.
Pese a ello, más de la mitad de la población boliviana (55 por ciento) valora positivamente la gestión del presidente tras un año de mandato, según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
El estudio se basó en dos mil entrevistas telefónicas asistidas por computadoras y realizadas entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre en los nueve departamentos del país, con representatividad tanto urbana como rural.
De acuerdo con el sondeo, la imagen del jefe de estado boliviano tiene una valoración positiva muy elevada, 47 por ciento, muy por encima de la mayoría de los presidentes en la región.
Este valor se explica en gran medida por la confianza de que goza entre la ciudadanía para resolver la situación económica: el 62 por ciento confía en que con Arce la mejorará en el corto y mediano plazo.
En tanto seis de cada 10 entrevistados adjudican un rol negativo al gobernador del departamento cruceño por generar división en el pueblo boliviano (44 por ciento) o buscar desestabilizar al ejecutivo (16 por ciento), subrayó el Celag.
En este contexto, el gobierno boliviano tiene clara su proyección, y así lo refrendó el presidente Arce en el discurso sobre su gestión: “Nuestro horizonte político es llegar a la celebración del Bicentenario (2025) con una Patria de la que todas y todos nos sintamos orgullosos, dentro y fuera de nuestro país”.
 
 
 
 
 
BOLIVIA Y SUS ETERNOS CONFLICTOS SOCIALES
 
Bolivia es un país difícil de entender, porque no tiene un proyecto de Estado con capacidad de atenuar los recurrentes conflictos sociales, que se recrudecieron en noviembre en las calles.
 
El Espectador de Colombia (https://bit.ly/3DWaMz5)
 
A principios de noviembre varios comités cívicos, gremialistas, transportistas y universidad pública, entre otras organizaciones, iniciaron un paro en el departamento de Santa Cruz en rechazo a una norma que pretendía aumentar el control policíaco y el centralismo político. Este conflicto es el resultado de las dificultades del gobierno del MAS para generar consensos en una sociedad donde los gobiernos regionales, las clases sociales y los colectivos indígenas (principalmente del oriente boliviano) no han podido encontrar un terreno común para resolver sus fracturas históricas con el Estado.
Mientras el oficialismo ve permanentemente fantasmas y se enroca en la falaz teoría del golpe de Estado, gran parte de la oposición reproduce un discurso político en línea con el anticomunismo macartista. Los permanentes conflictos, conectados a problemas estructurales no resueltos, están vinculados al propio Estado. Y es que el Estado boliviano actúa en función de los intereses de la fuerza política de turno. Este es un síntoma de que el Estado en Bolivia es un mero instrumento de poder, lo cual genera desconfianza en la ciudadanía. A un año de la asunción de Luis Arce, existe una dimensión estructural y otra coyuntural para explicar la crisis política boliviana que se ha intensificado en el último mes.
Conflictos en el tiempo (coyuntural)
El MAS ha sido la primera fuerza política en las elecciones nacionales y subnacionales del 2020 y 2021, y predomina en el ámbito territorial. Sin embargo, ha perdido su hegemonía política a escala nacional. Por ello, el gobierno tiene dificultades para establecer una articulación política entre el Estado y la mayor parte de la sociedad civil boliviana, compuesta por sectores populares y clases medias no afines al gobierno, para dirigir el país con un marco de ideas que contemple a toda la sociedad. Esto ha llevado a que cuando el MAS intenta imponer sus posturas estallen los conflictos sociopolíticos.
La crisis política que se vivió en el país en la primera quincena de noviembre, que se expresó en un paro multisectorial y bloqueos de calles, fue incentivado por la pretensión del gobierno de establecer una arquitectura normativa en nombre de la “Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”. Una medida que, en caso de continuar, podría haber afectado a diversos sectores populares informales, clases medias y empresarios, porque todo movimiento de dinero, más allá de la cantidad, puede ser considerado sospechoso de ser ilegal, lo cual ha provocado cierta incertidumbre.
Ante esta realidad, el MAS ha señalado a una única organización social de ser la principal responsable de intentar desestabilizar políticamente el gobierno de Arce: el Comité Cívico de Santa Cruz. De esta manera, el oficialismo simplifica intencionalmente la dimensión coyuntural del conflicto por conveniencia ideológica y limita las posibilidades de establecer un espacio de deliberación y entendimiento entre el gobierno nacional y los sectores movilizados.
Dimensión estructural
Bolivia tiene, a grandes rasgos, tres contradicciones o fracturas estructurales que hasta ahora el Estado no ha podido resolver, a pesar de tener una Constitución Política Plurinacional aprobada en 2009 que, de acuerdo con el relato del MAS, sería la panacea para solucionar todos los conflictos históricos: el étnico-cultural, el político-espacial y el de la diferencia de clases sociales, responsables de problemas profundamente arraigados en la sociedad boliviana como el racismo, el centralismo político, el regionalismo, la exclusión social y la desconfianza en la representación política.
Según el Latinobarómetro 2010, un año después de aprobada la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), la confianza en los partidos llegó al 17 %. Una década después, según el mismo índice, el apoyo ha disminuido un punto. Sin embargo, la gran desconfianza hacia los partidos políticos en Bolivia no ha afectado la participación ciudadana, que en los comicios generales de 2020 fue de casi nueve de cada diez votantes, con un apoyo electoral al MAS del 55 %.
A modo de conjetura, esta contradicción se debe a que los votantes apoyaron al partido ganador en busca de certidumbre política y con la esperanza de superar la crisis económica tras un año pandemia y una administración transitoria (Jeanine Áñez) plagada de políticas erradas, corrupción y turbulencias políticas. No obstante, la discordancia entre representantes y representados manifiesta en la desconfianza hacia los partidos políticos no deja de ser preocupante.
Bolivia es un país difícil de entender, porque no tiene un proyecto de Estado con capacidad de atenuar los recurrentes conflictos sociales. Los intereses corporativos de los partidos están por encima del interés público. Las emociones populistas y mezquindades sectoriales son moneda corriente, lo cual erosiona cualquier proceso político que tenga el objetivo de fortalecer el rol del Estado como garante del cumplimiento de las reglas de juego y evite su comportamiento intimidatorio de la vida privada y los derechos ciudadanos. Esto ha quedado en evidencia con los conflictos en las calles bolivianas en la primera quincena de noviembre.
 
 
 
 
 
DETECTAN EL INGRESO AL PAÍS DE 12.800 DÓLARES PROVENIENTES DE BOLIVIA, CON DESTINO A BUENOS AIRES
 
Nuevo Diario de Salta, Argentina (https://bit.ly/3xk6DCy)
 
El hecho se descubrió cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un automóvil Mercedes Benz modelo Sprinter, conducido por un ciudadano de nacionalidad boliviano, proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia con destino final Buenos Aires.
Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron que el conductor del rodado poseía dentro del bolsillo de su pantalón, una bolsa con varios fajos de billetes de moneda extranjera.
Luego de contabilizar el dinero hallado, se alcanzó la suma de 12.800 dólares estadounidenses de los cuales el involucrado no poseía ninguna justificación legal.
Atento a ello se dio informe a la Fiscalía Federal de Tartagal.
La justicia dispuso la incautación inmediata del dinero hallado y que el ciudadano quede en libertad, supeditado a la causa por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.
Son varios los casos de intento de paso de moneda estadounidense desde el vecino país, que se desarticularon en las últimas semanas.
 
 
 
 
 
DEFORESTACIÓN AVANZA EN AMÉRICA LATINA
 
La deforestación avanza a un ritmo alarmante y tres países latinoamericanos están en la mira por las cifras que muestran. Fabiola Chambi desde Bolivia nos trae las voces de los expertos que analizan las graves consecuencias en la lucha contra el cambio climático.
 
La Voz de América de EEUU (https://bit.ly/3I3PBOf)
 
La ONU estima que 420 millones de hectáreas de bosque se han perdido desde 1990 y en América Latina, Brasil, Bolivia y Perú lideran la lista de los países más afectados por la deforestación.
Las causas principales siguen siendo los incendios y la tala ilegal, además de la agricultura y ganadería. En el caso de Bolivia, los incendios forestales son una preocupación constante.
((Bernardo Araníbar, Coordinador SAR Bolivia 0:24 – 0:29))
“Estamos deforestando nuestras reservas, nuestras zonas protegidas (…) zona quemada, ahora es zona sembrada y lamentablemente no estamos teniendo programas de reposición”.
Pero Brasil tiene una atención principal porque el 60% de la selva amazónica se encuentra en ese país y en 2020 la tasa de deforestación fue la más alta en más de una década, indica el reporte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. También las multas por tala ilegal cayeron un 20% el año pasado.
((Miriam Jemio, Activista y periodista 0:46 – 0:57))
“La deforestación no ha parado ni siquiera durante la cuarentena por el COVID-19 y ahora con el argumento de que hay que recuperar la economía los gobiernos se están dando licencias para seguir deforestando”.
En la COP26 en Glasgow líderes mundiales se comprometieron a poner fin a la deforestación para 2030, pero queda la duda de si se podrá cumplir el ambicioso objetivo. A este punto se refiere el argentino Fermín Koop, especialista en economía del cambio climático…
((Fermín Koop, Periodista y experto en cambio climático 1:12 – 1:18))
“La cantidad de países que lo firmó representa el 85% de los bosques a nivel global, es significativo mas si viene acompañado por fondos. Hay que ser auspiciosos, pero también vigilantes”.
El mundo perdió el año pasado el equivalente a un área del tamaño de Suiza en bosques inexplotados y Brasil concentró más de un tercio de esta deforestación, según el informe anual Global Forest Watch.
 
 
 
 
 
AVANZA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HITOS EN LA FRONTERA CON BOLIVIA Y BRASIL
 
La Nación de Paraguay (https://bit.ly/3xk6ZJo)
 
La Cancillería Nacional informó que la Comisión Nacional Demarcadora de Límites (CNDL), en el marco de lo dispuesto en las normas referentes al estudio, deslinde, demarcación, caracterización, registro y vigilancia de los límites del Estado paraguayo, en el transcurso del 2021 realizó importantes avances en materia de actualización de las coordenadas oficiales de 6 de los 10 hitos principales, que establecen los vértices de la línea fronteriza binacional con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Igualmente, señalan que continúan los trabajos de mantenimiento de los hitos del Segundo Orden, en el tramo comprendido entre los hitos principales “Cabecera del Arroyo Estrella” y “Monumental”, en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, correspondiente al primer sector de la frontera seca con la República Federativa del Brasil.
En ese sentido, la CNDL mantiene informada a la ciudadanía en general, a través de su cuenta oficial en redes sociales, sobre los trabajos en materia de caracterización de la línea fronteriza con Bolivia. Al respecto, señalan que se han colocado 11 hitos de Segundo Orden en el tramo correspondiente al hito III Sargento Rodríguez y el hito IV Gabino Mendoza, y se iniciaron inmediatamente similares trabajos entre los hitos IV y V Cerro Coronel Cabrera.
“Los avances fueron posibles mediante la ejecución de dos campañas realizadas entre los meses de julio, agosto y octubre, para las cuales los técnicos de la CNDL, encabezados por el delegado demarcador, ingeniero Javier Cabrera, se trasladaron hasta la zona fronteriza con el vecino país, en donde de manera conjunta con sus pares llevaron adelante estas acciones”, menciona el comunicado de la Cancillería.
Resalta además que los trabajos realizados son finalmente aprobados por la plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana, que habitualmente se reúne a finales de cada año, oportunidad en que además se acuerda un calendario tentativo de futuros trabajos técnicos y de campo. Todo lo actuado en el transcurso del presente año contó con la aprobación del Presidente de la Comisión Nacional Demarcadora, ministro Enrique Insfrán Miranda.
Hitos en frontera seca con Brasil
Por otra parte, informan que en la línea de frontera con el Brasil se llevó a cabo el trabajo de relevamiento, mediante sobrevuelos de dron, para determinar el nivel de ocupación de la Faja Non Aedificandi, espacio de franja libre sin edificaciones permanentes de 50 metros que marca la línea fronteriza en dicha zona. Corresponde mencionar que, en el citado sector, se encuentran erigidos 86 hitos de Segundo Orden.
La CNDL informó además que en lo que resta del presente mes de noviembre y diciembre se llevará a cabo la inspección del estado en que se encuentran los hitos de Primer y Segundo Orden, a lo largo de los cuatro sectores de la frontera seca.
 
 
 
 
 
LOS SECRETOS DE LA FAMILIA NARCO DE JUJUY LIDERADA POR UNA JUBILADA Y SU HIJO ELECTRICISTA, DIEGO ARMANDO
 
El clan Alvizu fue condenado por importar cocaína y marihuana desde Bolivia. Realizaban fiestas multitudinarias con artistas famosos pero un accidente cambió el destino de la banda.
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/2ZlypSC)
 
Norma Felipa Chavarría era una mujer ambiciosa. Algunos años antes de tramitar su jubilación decidió emprender en grande. En su Jujuy natal, según la acusación en su contra, creó una organización criminal dedicada a importar cocaína y marihuana desde Bolivia para luego venderla a dealers locales que, a su vez, la comercializaban en distintos barrios de esa provincia y de Salta. La Justicia supone que craneó y confeccionó todo el plan ella sola, aunque llegó un momento en que necesitó ayuda. Como no confiaba en cualquiera, decidió incluir en el negocio a sus siete hijos: los Alvizu. Cada uno tomó un rol diferente y durante años gozaron de impunidad absoluta, compraron propiedades, autos de alta gama, realizaron fiestas con artistas famosos y viajaron por el mundo.
Esta mañana, el clan Alvizu llegó a su fin. Sus integrantes fueron condenados horas a 6 años de prisión por narcotráfico luego de que aceptaran su culpa en un juicio abreviado, homologado por el juez federal jujeño Eduardo Hansen. La matriarca, sin embargo, no vivió para ser juzgada.
Chavarría, de 62 años, era narco full time. Se dedicaba de lleno a manejar los destinos de la banda. Según la causa, negociaba con los proveedores bolivianos y peruanos, fijaba los precios y repartía las órdenes para sus hijos. Cada uno tenía un rol: Diego Armando, electricista de profesión, y Gustavo eran sus fieles laderos mientras que Fabiana Andrea se dedicaba a armar la logística de los envíos. Por su parte, María Elena organizaba el acopio de la droga junto a su marido en distintas casas que la banda había adquirido. Daniela, Gabriela y Judith se encargaban de la distribución. Todos ellos, de entre 30 y 40 años, obedecían a su madre sin protestar.
Sin embargo, toda esa influencia que tenía la líder se terminó de repente. El 1° de julio al mediodía, ella y su hijo Gustavo viajaban a la Quiaca para reunirse con un proveedor cuando su Ford Mondeo se despistó, chocó de frente con otro vehículo y murieron los dos. El impacto en la familia fue profundo pero duró poco.
Ese mismo día, Diego Armando habló con sus hermanos para reorganizar la banda y se convirtió en el nuevo líder.
No le duraría mucho el traje de su madre. Para ese momento, la Justicia federal jujeña ya los tenía en la mira y conocía todos sus secretos. Algunos sorprenden por lo ingenioso y otros repugnan por lo inescrupuloso.
Según la investigación que llevó adelante el fiscal federal Federico Zurueta, junto con la PROCUNAR, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico, el modus operandi de la banda familiar se repitió en el tiempo.
Primero compraban la droga a proveedores, que por lo general se encontraban en Bolivia, luego cruzaban la mercadería con “paseros” por pasos ilegales hasta la Quiaca, donde la acopiaban hasta que armaban la logística para la reventa. Una vez completado ese paso, la distribuían.
Para eso eran fundamentales los tanques de nafta de los vehículos que usaban. Los hermanos Alvizu usaban varios vehículos para el transporte de la droga. Primero, les dejaban el tanque con poco combustible, lo justo y necesario. Luego, desarmaban parte del auto: por lo general, comenzaban debajo del asiento trasero, e introducían los envoltorios con la cocaína o la marihuana.
En una de las escuchas que forman parte del expediente, Fabiana Alvizu le contó a uno de sus hermanos que en uno de los autos nuevos entraban “25 paquetes” y especificó las cantidades: “rollitos de un cuarto de kilo cada uno”, dijo. La cuenta da que, por auto, llevaban algo más de 6 kilos. Usaban varios y realizaban múltiples viajes. Además tenían “autos barredores” que viajaban algunos kilómetros más adelante en la ruta detectando posibles controles y dando aviso para, en caso de ser necesario, desviar el camino.
No era el único método de traslado que tenían. Según la acusación, la banda tenía como cómplices a varios choferes de “Empresa Panamericana”, una compañía de ómnibus que opera en el Norte argentino. Por lo general, les pagaban un monto de dinero para que escondan los cargamentos donde se guardan las valijas y así realizar el tramo La Quiaca – San Salvador de Jujuy.
Durante el 2020, las restricciones de movilidad por la pandemia no fueron un problema para la organización. Más allá de la impunidad con la que el clan Alvizu se movía, Fabiana Andrea, según los registros de la causa, cada vez que tenía que repartir la droga confeccionaba un permiso de circulación en el que ponía como excusa que debía hacerse tratamientos por el cáncer de mama que padece. La enfermedad era real, los procedimientos médicos no.
Con el dinero que recaudaban, los Alvizu compraban autos de alta gama, propiedades y realizaban viajes. Pero, además, organizaban fiestas populares. Por lo general, elegían alguna de sus propiedades e invitaban a centenares de personas. Les gustaba que haya música de cumbia. Incluso llegaron a contratar a Daniel Agostini pero el show no pudo contratarse por un problema de agenda, no por falta de presupuesto.
Los Alvizu no eran narcos por obligación, sino por pasión. Así, al menos, lo expresaron en una conversación que fue interceptada por la Justicia. El 8 de julio, una semana después de la muerte de su madre, Fabiana llamó a su hermana Judith. La conversación es más que llamativa. “La verdad que a mí me apasiona hacer todo esto. No voy a parar hasta las rejas. Cada día me esmero por tener más contactos, más gente”, dice una. La otra le responde en el mismo tono: “Yo también soy muy feliz haciendo esto, de verdad. Siento que nacía para hacerlo”.
Luego de casi 8 meses de investigación por parte de la Justicia y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (la fuerza elegida por el fiscal para trabajar el expediente), el domingo 1° de agosto se realizaron múltiples allanamientos en los distintos domicilios de la banda en Jujuy y Salta. Las pruebas en contra de los integrantes del clan son contundentes: escuchas telefónicas, seguimientos de inteligencia, fotografías y el dinero encontrado en el accidente donde murió la líder, casi un millón de pesos que nadie pudo justificar.
En la redada fueron detenidos tres hermanos. Incluido Diego Armando, el electricista que tomó las riendas de la banda cuando se murió su madre.
El fiscal Zurueta entendió que por el tipo de delito podía realizar un juicio abreviado. Así fue que acordó con los detenidos una pena de 6 años a cambio de que reconozcan su culpabilidad. Así lo hicieron y el acuerdo fue homologado por el juez Eduardo Hansen.
Sin embargo, la banda no está desarticulada del todo. Hay tres hermanas que siguen prófugas. La justicia sospecha que en poco tiempo volverán a las actividades ilícitas relacionadas a la droga. Es que, entre ellas, están las que aseguraban tener “pasión por el narcotráfico”.
 
 
 
 
 
BOSQUES A LA VENTA: CÓMO SE BENEFICIAN LOS TRAFICANTES DE TIERRAS AL CORTAR LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA
 
Poco después de que se estableciera el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá en Bolivia en febrero de 2021, las autoridades comenzaron a recibir informes de invasiones y deforestación en y alrededor de la nueva área protegida. Mongabay habló con uno de estos terceros, un hombre que dijo que compró el acceso a la tierra en el Bajo Paraguá a traficantes de tierras antes de ser desalojado por los mismos traficantes para que pudieran vender la tierra a otra persona.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/3oXS3Ni)
 
El 12 de febrero de 2021, los conservacionistas bolivianos celebraron con alegría la creación del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá. Ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco en el departamento boliviano de Santa Cruz, la nueva reserva fue establecida para proteger 983,006 hectáreas (2.4 millones de acres) de bosque amazónico y chiquitano.
La noticia se celebró a nivel internacional. El actor y activista ambiental estadounidense Leonardo DiCaprio, quien escribió en su cuenta de Instagram : “Esta es una noticia alentadora para la riqueza de vida silvestre que estas áreas apoyan, y también para los grupos indígenas Chiquitano y Guarasugwe que viven dentro de las áreas y dependen de los bosques para su sustento".
Pero las celebraciones duraron poco. Apenas unos días después de que se estableció el Bajo Paraguá, los informes de la continua deforestación y colonización dentro de la nueva área protegida comenzaron a filtrarse a las autoridades regionales. Fuentes locales dijeron que lo que una vez fue un exuberante bosque lleno solo con los sonidos de la vida silvestre fue repentinamente dominado por el ruido de los tractores y las motosierras cuando los árboles comenzaron a caer.
Un hombre, Miguel Ángel *, que vive cerca del Bajo Paraguá, afirma ser uno de estos invasores. En un día cálido y ventoso de mayo, Ángel se instaló bajo la sombra de un árbol de mango junto a un lago cerca de la represa San Ignacio de Velasco para hablar con los reporteros de Mongabay sobre cómo operan las mafias del tráfico de tierras. Aceptó la entrevista bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.
Una fiebre por la tierra ilegal y peligrosa
Según Ángel, el proceso de tráfico de tierras comienza cuando los posibles traficantes organizan un grupo de 20 a 30 personas llamadas “ interculturales”, que solicitan títulos de propiedad a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Escondidos entre los solicitantes están los traficantes, que falsifican documentos de identidad y usan nombres falsos.
“Si 20 personas se postulan, 2 o 3 actuarán de mala fe”, dijo Ángel. “Falsifican documentos y todo eso”.
Según Ángel, los traficantes luego se dan la vuelta y cobran a los terceros compradores de 20.000 a 30.000 bolivianos ($ 2.873 a $ 4.310) por los títulos de acceso y propiedad de extensiones de tierra de hasta 50 hectáreas.
Ángel dijo que el monto que cobran depende de criterios como la distancia a los puntos de acceso, mejoras como la actividad de desbroce previa y la infraestructura existente.
Ángel dijo que él y su padre fueron engañados por traficantes de tierras que les cobraron 30.000 bolivianos (aproximadamente $ 4.353) para acceder a una porción de terreno en San Ignacio de Velasco. '' Más tarde nos dimos cuenta de que estas personas (traficantes) no tenían cultivos en la zona y su principal interés era vender la tierra '', le dijo a Mongabay.
Según Ángel, los traficantes suelen vender tierras a personas de otros departamentos, principalmente a los de la región andina de Bolivia, como Cochabamba, Potosí y Oruro, e incluso a residentes de otros países. Dijo que antes de establecer una presencia física permanente en el área, los traficantes talan y queman bosques en pie y colocan carteles que pretenden que el sitio está ocupado por comunidades.
Ángel dijo que los traficantes a veces ejercen presión y amenazan a los colonos a quienes vendieron tierras ilegalmente al imponer reglas restrictivas sobre las prácticas agrícolas y la distribución de las ganancias de los cultivos con la esperanza de que los colonos infrinjan esas reglas y puedan ser desalojados.
“Sin miedo, [los traficantes] comienzan a desalojar a la gente […] una, dos, cinco o diez personas, y luego reclutan a otras familias para reemplazarlas, buscando el pago por segunda vez”, dijo Ángel, agregando que los traficantes en última instancia, venda la tierra a empresarios o extranjeros, y luego comience a buscar tierras públicas más protegidas en otro lugar y comience el proceso de nuevo.
Ángel dijo que finalmente fue acusado de tráfico de tierras por los mismos traficantes que lo estafaron en un esfuerzo por desalojarlo de su parcela cerca del Bajo Paraguá. Pero dijo que luego fue declarado inocente por el sistema de justicia boliviano.
Además del desalojo, Ángel afirmó que los traficantes de tierras también han amenazado de muerte a miembros de la comunidad.
“[Los traficantes] evitan la ley y quedan impunes porque la gente no los denuncia porque temen por sus vidas”, dijo Ángel.
Los traficantes se aprovechan de las debilidades institucionales, según Ángel, quien afirmó que el INRA ha descuidado realizar las inspecciones requeridas al transferir títulos de propiedad.
“Los técnicos [del INRA] deben visitar las comunidades para realizar las inspecciones correspondientes; sin embargo, hacen el trabajo desde la oficina y emiten títulos de propiedad con facilidad ”, dijo Ángel.
Una amenaza creciente
Un estudio de 2016 publicado en la revista Tropical Conservation Science y realizado por Noga Shanee y Sam Shanee, investigadores de la Asociación de Conservación de Primates Neotropicales, define el tráfico de tierras como “la usurpación, apropiación ilegal y comercio de tierras” y afirma que se presenta en dos formas. El primero ocurre cuando los aldeanos sin tierra llegan a un área y preparan la tierra (mediante la tala y quema, por ejemplo) para asentarla o venderla. El grupo a menudo solicita servicios esenciales a las autoridades locales, como la construcción de carreteras, servicios de agua, escuelas y hospitales.
El segundo tipo de tráfico de tierras, según el estudio, involucra a los “traficantes profesionales” que no tienen intención de asentarse o trabajar la tierra por sí mismos. Los Shanees escriben que estos grupos buscan legitimarse operando en conjunto con funcionarios que a menudo son corruptos.
“Los traficantes venden tierras a grupos que luego trabajan la tierra, algunos para venta rápida y otros para asentarse”, escriben los autores en su estudio.
Aunque el estudio de los Shanees se llevó a cabo en el noreste de Perú, múltiples fuentes que viven en el municipio de San Ignacio de Velasco, incluido Ángel, le dijeron a Mongabay que ambos tipos también están ocurriendo en el Bajo Paraguá y otras áreas de la región de Chiquitania.
En su estudio, Noga y Sam Shanee escriben que el tráfico de tierras está vinculado tanto a la migración rural-rural como urbana-rural "y puede verse como una actividad que organiza y facilita la migración".
Rony Roca, ex concejal del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, está preocupado por el aumento de la migración. Le dijo a Mongabay que “desde el censo de 2011, hemos tenido un crecimiento del 60%. Teníamos 21.000 personas viviendo en San Ignacio de Velasco, y hoy tenemos más de 80.000 ”.
Roca dijo que antes de 2011, había 140 comunidades principalmente indígenas en San Ignacio de Velasco. Pero ahora, dijo, el municipio alberga más de 350 comunidades, la mayoría establecidas por colonos no indígenas.
“Es una gran preocupación para nosotros”, dijo Roca. “Nos ha costado mucho abordar todas estas nuevas comunidades; vienen con resoluciones ministeriales, pero sin ninguna coordinación municipal ”.
Denuncias de corrupción
El tráfico de tierras no es solo un problema en la región de Chiquitania. Una publicación publicada por la Fundación Tierra en abril de 2021 encontró que el tráfico de tierras se ha intensificado en Bolivia desde 2011. También alega que el “ INRA paralelo ”, un grupo integrado por ex funcionarios y funcionarios públicos, se involucró en la falsificación de documentos agrícolas y el “blanqueo de ”Registros legales para vender terrenos al mejor postor.
Según la Fundación Tierra, el INRA autorizó a más de 1.400 nuevas comunidades a instalarse en el departamento de Santa Cruz entre 2014 y 2019. Pero la fundación asegura que muchos de estos territorios son “comunidades fantasmas” que están en manos de traficantes de tierras.
En noviembre de 2020, Fundación Tierra informó que 33.480 hectáreas (82.730 acres) en el departamento de Santa Cruz fueron otorgadas de manera irregular al exministro de Economía Branko Marinkovic, quien fue designado durante el mandato de la presidenta interina Jeanine Añez. El 4 de agosto de 2021, durante la administración del actual presidente Luis Arce, el INRA anunció la reversión de 26.000 hectáreas de esa parcela, indicando que habían sido tituladas ilegalmente.
Un análisis realizado por el grupo de expertos sin fines de lucro InSight Crime encontró que el comercio ilegal de títulos de propiedad en América Latina se facilita a través de conexiones con funcionarios gubernamentales "que pueden dar a los acuerdos ilícitos un barniz necesario de legitimidad".
“Este ha sido el caso durante mucho tiempo en Bolivia”, afirmó InSight Crime, refiriéndose a la detención el 14 de abril de 2021 del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo por aceptar un soborno de 20.000 dólares a cambio de actuar “a favor de determinadas personas buscando adquirir y despejar tierras para fines agrícolas ". Según la policía, ese dinero era un anticipo de un soborno mucho mayor de 380.000 dólares.
Según InSight Crime, esta situación "sacó a la luz cómo los esquemas corruptos relacionados con la corrupción del tráfico de tierras han plagado a los sucesivos gobiernos, independientemente de quién esté en el cargo".
Mongabay se comunicó con el director departamental del INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, pero no recibió respuesta.
Un hogar que se desvanece
Oswaldo Maillard, titular del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), dijo a Mongabay que la deforestación observada en la zona del Bajo Paraguá tiene un patrón de espina de pescado. Este tipo de deforestación consiste en abrir una brecha (como una carretera) y luego talar el bosque por ambos lados.
Maillard y sus colegas de la FCBC están a cargo de monitorear el Bosque Seco Chiquitano. Dijo que “empezaron a aparecer pequeñas casas de hojalata en algunas zonas. Una indicación de que empezarían a despejar ".
Maillard dijo que los traficantes de tierras han despejado aproximadamente 150 hectáreas (370 acres) de bosque chiquitano en el Bajo Paragua. "Se podría decir que es relativamente bajo, pero esos son los primeros signos de que continúe la limpieza".
La deforestación del Bajo Paraguá es solo la punta del iceberg. Al alejarse, San Ignacio de Velasco tuvo una de las tasas más altas de deforestación municipal en Bolivia en 2020. Desde el año pasado, se han perdido 47,197 hectáreas (116,626 acres) de bosque, la mitad de las cuales fue talada ilegalmente, según datos de FCBC y la Autoridad de Bosques y Tierras.
En 2020, Bolivia saltó al tercer lugar en términos de pérdida de bosque primario, perdiendo 276,883 hectáreas (684,192 acres) de bosque primario, según datos de la Universidad de Maryland visualizados en Global Forest Watch.
Herman Vaca Poñé, ingeniero forestal que ayudó a crear el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá, dijo que la reserva es un corredor de vida silvestre clave que conecta con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, uno de los parques mejor conservados de la cuenca del Amazonas y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sitio . Dijo que la conversión de las tierras forestales del Bajo Paraguá en campos de cultivo es un esfuerzo miope.
“El Bajo Paraguá es un área destinada a la producción forestal”, dijo Vaca Poñé. "Si cambia ese uso de la tierra a agricultura, probablemente tendrá de cinco a seis años de producción, y luego el rendimiento caerá y el suelo se compactará".
En su reciente libro, " A Perfect Storm in the Amazon Wilderness ", publicado por White Horse Press, el investigador Tim Killeen escribe que los pueblos indígenas son los defensores más fuertes y efectivos de la Amazonía porque la lucha por sus territorios es existencial: "Si ellos perderán su tierra, perderán su identidad y dejarán de existir como pueblo. Lo saben porque sobrevivieron a un holocausto ”.
Lo que expresó Killeen en su libro se refleja en las lágrimas que corrían por el rostro de Lorenza Poicheé, una mujer indígena chiquitana que habló con Mongabay sobre la deforestación en San Ignacio de Velasco en mayo de 2021. “Duele que ya no podamos enseñar a nuestros hijos lo que nuestros padres nos enseñaron ".
Arminda Gómez, de la comunidad indígena de San José de Campamento, cerca del Bajo Paraguá, instó a otros residentes indígenas a permanecer en un frente unido contra los traficantes de tierras.
“Si no protegemos nuestra cultura, nos la quitarán”, dijo Gómez, “y si no nos esforzamos por mantenernos unidos como cultura chiquitana, estaremos en problemas”.
 
 
 
 
 
CONCEJALAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA COLABORAN EN BOLIVIA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 
El Periódico de España (https://bit.ly/3HO9V65)
 
El proyecto de cooperación técnica “Creando círculos de aprendizaje con mujeres líderes desde el empoderamiento de representantes políticas” del Fons Valencià per la Solidaritat cofinanciado por la Consellería de Participación, Transparencia Cooperación y Calidad de Democrática de la Generalitat Valenciana y ejecutado con la colaboración del Centro Juana Azurduy -ONGD boliviana que contribuye desde hace más de tres décadas en el empoderamiento político, cultural, económico y social de mujeres de municipios de los países del Sur, así como en la lucha contra la violencia de género- está reforzando, con una incidencia elevada, el liderazgo de mujeres de Bolivia, Ecuador y El Salvador, además de estar impulsando y consolidando de manera firme políticas de igualdad y contra la violencia de género desde la participación política local y social a los países del Sur.
En concreto, las líneas de actuación de este proyecto -mediante el cual se están beneficiando de manera directa 145 mujeres líderes de organizaciones políticas y sociales, y de manera indirecta todo el entorno social y territorial de estas mujeres- están centradas en el fortalecimiento de capacidades de las mujeres objetivo, el establecimiento de alianzas y estrategias para poner en el debate público la realidad del ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, y un intercambio de experiencias y conocimientos mediante un encuentro internacional de mujeres de Bolivia, Ecuador, El Salvador y la Comunitat Valenciana, así como el análisis de la realidad de la participación política de las mujeres en cada contexto geopolítico. El resultado de estas líneas de actuación será la creación de una agenda política común como estrategia que permita la realización de una red internacional permanente entre las participantes
Para llegar a los diferentes objetivos se están realizando desde el inicio del proyecto diferentes actividades como, entre otras, procesos de formación política mediante talleres y capacitaciones; asistencia técnica y acompañamiento al funcionamiento orgánico y de gestión de organizaciones sociales de mujeres; acontecimientos para la elaboración de propuestas para la agenda política de mujeres con la participación de mujeres líderes de organizaciones sociales y representantes políticas; y el actual Encuentro Internacional de Mujeres en Acción Política, con representados políticas de Bolivia, Ecuador, El Salvador y la Comunitat Valenciana. También, este proyecto -a causa del contexto pandémico- ha contado con sensibilización e información hacia las mujeres ante la prevención y mitigación de la COVID-19, así como se editará y se publicará la agenda política consensuada en el Encuentro Internacional. Por otro lado, mujeres líderes políticas de Bolivia y autoridades de la ONGD Centro Juana Azurduy realizarán una pasantía en la Comunitat Valenciana para fortalecer la red internacional de mujeres y compartir experiencias en clave local de consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género.
Encuentro Internacional de Mujeres en Acción Política: un espacio común ante retos globales
Durante estos días, en Sucre (Bolivia), una delegación del Fons Valencià per la Solidaritat formada por Mentxu Balaguer, Diputada de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación de València y Teniente de Alcaldesa de Corbera; Rosa Martínez, Vocal de la Junta Ejecutiva del Fons y Teniente de Alcaldesa de L'Alcúdia; Carolina Mengual, Diputada Provincial y Alcaldesa de Ràfol de Salem; Belén Bernat, Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Picassent; Silvia Escrivà, Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Polinyà del Xúquer; Álvaro Escorihuela, Presidente del Fons y Concejal de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Vila-real; Esteve Ordiñana, Gerente del Fons; y Natxo Peñarrocha, Técnico del Fons, están participando en el Encuentro Internacional de Mujeres en Acción Política.
En este encuentro, la delegación del Fons, junto con el resto de mujeres de los países del Sur, está participando en diferentes conferencias, talleres y debates para consensuar la agenda política y feminista común con la que se permita crear una red internacional permanente entre las participantes de Bolivia, Ecuador, El Salvador y la Comunitat Valenciana, la cual será un espacio de trabajo conjunto por la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, así como un marco fijo para compartir experiencias y conocimientos municipalistas. Por otro lado, la delegación valenciana también está manteniendo reuniones de trabajo con la dirección del Centro Juana Azurduy, con el Consejo Municipal de Sucre, con el Tribunal Electoral Departamental y con el Comité Impulsor de la Agenda Política de Chuquisaca para hacer seguimiento de los avances de la participación de las mujeres en la política y en el ámbito social, para absorber y aportar ideas en pro de la igualdad, y para evaluar el nivel de incidencia política y social del proyecto. Además, las concejalas de la Comunitat Valenciana participarán en Bolivia en diferentes movilizaciones alrededor del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.
Más proyectos del Fondo por la igualdad y la participación en Bolivia
El proyecto “Creando círculos de aprendizaje con mujeres líderes desde el empoderamiento de representantes políticas” no es el único que está ejecutando el Fons Valencià per la Solidaritat para impulsar la igualdad de género y la participación en Bolivia.
En el municipio de San José de Chiquitos, en la región boliviana de la Chiquitania, el Fons Valencià, con la cofinanciación de la Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación de València y con la colaboración de la ONGD Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), ha desarrollado el proyecto “Impulsando políticas de género en el municipio de San José de Chiquitos”. Este proyecto, el cual tiene como beneficiarias directas a las 8.299 mujeres del municipio, ha generado avances en la construcción de la igualdad y la equidad de género en el territorio. En concreto se ha fortalecido la Dirección Municipal de Género, se ha mejorado la salud sexual y reproductiva de las mujeres locales, se ha contribuido a la autonomía económica de las mujeres y se han impulsado la sensibilización social y el apoyo en la atención a las mujeres que sufren cualquier clase de violencia de género-
Por otro lado, en el Departamento de Santa Cruz, y desde hace algunos años, el Fons está colaborando junto con la ONGD Proceso Servicios Educativos en la consolidación y fortalecimiento de los movimientos juveniles de 6 municipios (San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, Roboré, Urubichá y Ascensión de Guarayos), los cuales se han reforzado y se han asumido como agentes del cambio mediante la incidencia política en el ámbito local, departamental, nacional e internacional. Con las diferentes ediciones de este proyecto se han beneficiado directamente más de 1.000 jóvenes, e indirectamente toda la población juvenil de los municipios.
Los resultados de estos dos proyectos han sido supervisados por parte de la delegación del Fons, en concreto por Mentxu Balaguer, Diputada de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación de València y Teniente de Alcaldesa de Corbera; Álvaro Escorihuela, Presidente del Fons y Concejal de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Vila-real; y Esteve Ordiñana, Gerente del Fons.
El Fons Valencià per la Solidaritat, la asociación municipalista valenciana por la cooperación internacional al desarrollo
El Fons Valencià es la asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivos realizar y financiar proyectos de cooperación internacional y de educación para el desarrollo, con las aportaciones económicas que cada año hacen sus socios (ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana). Actualmente, el Fons cuenta con 132 entidades locales valencianas socias (123 ayuntamientos y 9 mancomunidades) y concentra sus actuaciones de cooperación descentralizada en Ecuador, Bolivia y El Salvador, así como en países en situaciones de emergencia. Asimismo, realiza proyectos de sensibilización hacia un desarrollo humano, equitativo, justo y sostenible entre la población de las entidades locales socias del Fons, y a la ciudadanía valenciana en general.
La relación entre los municipios del Sur y el Fons viene dada por la participación municipalista y descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. La participación en los proyectos de cooperación siempre tiene como objetivos, de todas las partes colaboradoras, el respeto hacia la cultura local y la absorción mutua de conocimientos y experiencias.