LA IZQUIERDA BOLIVIANA LEVANTA LA BANDERA DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA CON LA MENOR INFLACIÓN DE TODA AMÉRICA

 

En algunas de las principales calles de La Paz se puede ver un enorme cartel con la imagen del presidente boliviano, Luis Arce, y un mensaje muy sencillo: «Bolivia tiene la inflación más baja de toda América, apenas un 1,2%». Es el logro del que más presume el sucesor de Evo Morales, elegido en octubre de 2020 después de un año de gobierno interino de la golpista Jeanine Áñez. Arce, antiguo ministro de Economía de Morales, ha conseguido devolver el Movimiento al Socialismo (MAS) al poder y mantener una envidiable estabilidad económica. Una situación que pocos esperaban un par de años atrás, cuando un golpe de Estado expulsó al MAS del poder.
La izquierda boliviana está viviendo una segunda oportunidad, tras los 13 años de presidencia ininterrumpida de Evo Morales (2006-2019), pero el Gobierno ha perdido el impulso transformador de los primeros años. La era de Morales terminó (al menos por ahora) en las elecciones de octubre de 2019. El presidente –que pudo ser candidato de nuevo gracias a una polémica maniobra del Tribunal Constitucional y a pesar de su derrota en el referéndum convocado para autorizar su reelección– ganó las elecciones entre acusaciones de fraude por parte de la oposición, nunca demostradas. Las protestas de sectores conservadores y de clase media degeneraron en un golpe de Estado, que expulsó a Morales del poder y obligó al exilio a los dirigentes del MAS.
Durante un año, gobernó el país la conservadora Jeanine Áñez, una senadora con poca relevancia política hasta entonces. Su gobierno fue “desastroso”, en palabras del politólogo residente en La Paz Carlos Heras, experto en la oposición boliviana. A la represión violenta de los partidarios del MAS, que provocó al menos 37 muertes en los días siguientes a las elecciones de octubre de 2019, se sumó una nefasta gestión de la pandemia y una corrupción descarada, simbolizada por el escándalo del sobrecoste en la compra de respiradores para enfermos de COVID-19. El gobierno que venía a corregir los supuestos desmanes del MAS fue ampliamente percibido como “inoperante”, según Heras.
Después de varios intentos de posponerlas, el gobierno interino se vio obligado a convocar elecciones para octubre de 2020, en las que el candidato del MAS Luis Arce (Lucho) arrasó con un 55% de los votos. Un porcentaje que sugiere que Arce recuperó a parte de las clases medias que se habían alejado del MAS. El politólogo y periodista boliviano Fernando Molina avanza dos razones de este distanciamiento: el empeño de Morales por ser reelegido a toda costa y la voluntad de estos sectores de clase media de “identificarse con las élites”.
Arce consiguió revertir el rechazo de las clases medias distanciándose de Morales, como explica Heras, con un discurso autocrítico respecto a su candidatura a la reelección. Además, el exministro de Economía tiene una imagen de persona “capaz, que polariza menos que Morales o [el exvicepresidente Álvaro García] Linera”. El resto lo hizo la mala gestión y el racismo de Áñez, que llamó “salvajes” a los seguidores del MAS. Una actitud que asustó a estos sectores de clase media y movilizó a las bases populares e indígenas del MAS, según explican Heras y Molina.
A 26 puntos de diferencia de Arce quedó Carlos Mesa, que había sido el principal opositor a Morales. Mesa, que había construido buena parte de su legitimidad rechazando el empeño de Morales en ampliar el límite de mandatos presidenciales, vio muy debilitada su imagen de defensor de la democracia al alinearse con el gobierno golpista. Áñez retiró su candidatura, ya que su espacio electoral había sido ocupado por el ultraderechista Luis Fernando Camacho. Camacho, que también estuvo implicado en el golpe de Estado, obtuvo solo el 14% de los votos pero posteriormente consiguió ser elegido gobernador del Departamento de Santa Cruz, un territorio tradicionalmente opositor.
Segunda era del MAS
Así empezó la segunda era del MAS en el poder, muy distinta de la “época heroica” de Evo Morales, como la llama Molina. Arce se ha rodeado en su gobierno de personas de perfil técnico en lugar de recuperar a los militantes más cercanos a Morales, toda una declaración de intenciones. Además, su vicepresidente, David Choquehuanca, es el principal rival de Morales en el partido. Pese a dejar maltrecha a la oposición con su rotunda victoria, Arce se encontró un escenario poco halagüeño al llegar al poder: la pandemia y la crisis económica derivada de ella.
Casi dos años después, el que fue el artífice del ‘milagro económico’ boliviano como ministro de Evo Morales, puede presumir de que Bolivia tiene la menor tasa de inflación del continente; asimismo, por ahora, la población apenas nota las turbulencias económicas provocadas por la guerra rusa en Ucrania, lo que le vale a Arce ser hoy la personalidad política más popular de Bolivia.
Sin embargo, la estabilidad económica no está totalmente garantizada a largo plazo. Molina advierte de que el Gobierno está incurriendo en déficit para mantener el crecimiento económico, lo que pone en entredicho las abundantes reservas de dólares acumuladas durante los gobiernos de Morales. Uno de los elementos claves es la subvención a la gasolina, que absorbe una parte considerable del presupuesto estatal.
Aun así, el Gobierno tiene a su favor, según Molina, la alta confianza de la población en el boliviano (la moneda nacional), que contrasta con el hundimiento de la confianza monetaria en otros países latinoamericanos, especialmente Argentina. Más de 15 años después de su llegada al poder por primera vez, el MAS se ha convertido en sinónimo de crecimiento económico y estabilidad para muchos bolivianos y bolivianas.
El gobierno de Arce está manteniendo calmadas las aguas económicas pero ha perdido el impulso transformador que definió el llamado “proceso de cambio” iniciado con la histórica elección de Morales en 2005 –fue el primer presidente indígena de Bolivia–. En esos primeros años, el MAS impulsó una nueva Constitución progresista, que creaba un Estado plurinacional adaptado a la diversidad étnica y cultural de un país donde la población indígena es mayoritaria, aunque ha estado tradicionalmente excluida del poder.
Además, los primeros gobiernos del MAS nacionalizaron parcialmente los hidrocarburos –principal fuente de riqueza del país– y desarrollaron ambiciosos programas sociales que permitieron reducir la pobreza y las desigualdades mientras crecía la economía, en la línea de otros gobiernos de la primera ‘marea rosa’ latinoamericana.
El impulso transformador llegó también a las relaciones de género, con la paridad en el Ejecutivo y el Legislativo y una batería de leyes feministas pioneras, fruto del impulso del MAS y de los acuerdos entre organizaciones sociales de mujeres campesinas e indígenas, por un lado, y ONG feministas de clase media, por otro. Esta alianza inédita consiguió promover leyes de participación política, contra las violencias machistas y contra aquellas que sufren las mujeres políticas, entre otras. Sin embargo, la aplicación judicial de la Ley 348 sobre violencia machista deja mucho que desear, provocando las protestas de los movimientos de mujeres. Como respuesta, el MAS ha elaborado un proyecto para actualizar la ley y el gobierno de Arce ha declarado 2022 como el Año la Despatriarcalización, una decisión que Molina califica de “cosmética” y no dice demasiado del compromiso feminista de un gobierno donde las mujeres vuelven a ser una pequeña minoría, como antes de la época de Morales.
El antiguo ministro de Economía de Morales no está para grandes novedades. En palabras de Heras, Lucho se conforma con “mantener la estabilidad económica y el crecimiento, con un patrón de asistencia a las personas más pobres y mantener el ritmo de construcción de infraestructuras”. Mantener, no transformar. No en vano Arce ha sido comparado con Mariano Rajoy, por su estilo político pasivo (ante la duda, actuar poco).
Perspectivas para 2025
Todavía quedan tres años, pero las miradas ya se dirigen a las próximas elecciones generales, en 2025. La oposición está muy debilitada después de la derrota de 2019 pero se ha consolidado en Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia y foco tradicional de contestación de los gobiernos del MAS.
Este mes de agosto se ha vivido un episodio más del enfrentamiento entre el poder central y las élites de Santa Cruz, esta vez a raíz de la decisión del Gobierno de retardar la elaboración del censo, que determina el reparto de escaños y recursos económicos entre territorios, decisión interpretada por el gobernador Camacho como una maniobra para evitar transferir más recursos a su departamento.
Santa Cruz seguirá siendo una plataforma para los partidos opositores, pero su opción más realista para ganar en 2025 es una eventual división del MAS. Como explica Fernando Molina, Evo Morales sigue muy presente en la vida del partido y está dispuesto a volver a ser candidato. Arce duda pero es probable que sus seguidores le presionen para que opte a la reelección, ya que sus puestos dependen del suyo.
El hipotético enfrentamiento entre ambos líderes podría abocar a la división de un partido “poco institucionalizado”, como explica Molina, lo que le daría una oportunidad a una oposición que por ahora ni siquiera cuenta con un candidato sólido. Pero todavía queda mucho para ese momento; primero tendrá que comprobarse si Arce es capaz de mantener la estabilidad económica y su popularidad durante los próximos dos años. La Marea de España (https://bit.ly/3Szti7d)
 
 
 
 
 
VENTA DE PETROPAR A BOLIVIA A BAJO COSTO: “ES UNA VERGÜENZA”, SOSTIENE DIRIGENTE CAMIONERO
 
La Nación de Paraguay (https://bit.ly/3dH0Ul3)
 
El representante de los camioneros de Tobatí, Darío Toñánez, se refirió a la publicación del diario La Nación sobre la exportación de diésel de Petropar a la petrolera boliviana que muestra la reducción sistemática de precio de los envíos en las últimas semanas. El dirigente dijo que gracias a las manifestaciones, movilizaciones y presiones del sector de los camioneros se están desvelando varios cuestionamientos sobre el manejo del Gobierno con la petrolera estatal.
“Ellos siempre hablaban de que Petropar no puede vender por debajo del costo, porque incurrían en una falta, con todo esto lo que demuestran es que no tienen interés en la gente, está claro, es una vergüenza esto, eso del stock es una burla. Hay miles de cosas que hay que investigar a fondo, ya están rayando tratándole tonta a toda la ciudadanía”, manifestó este lunes en entrevista al programa “Así son las Cosas”, emitido por canal GEN/Nación Media.
La investigación publicada este lunes por La Nación revela que entre el 4 de setiembre y el 18 de setiembre del 2022 se observa la reducción de precios por metro cúbico de gasoil enviados por Petropar, bajo la administración de Denis Lichi, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Bolivia, de forma continua. De un precio inicial de venta de US$ 1.473,36 por metro cúbico, el Gobierno de Mario Abdo, le bajó a US$ 1.389,65, según las facturas emitidas.
Toñánez alentó a que se siga dando este tipo de investigaciones de los medios de comunicación teniendo en cuenta que hace varias semanas el sector viene exigiendo respuestas del gobierno de Mario Abdo Benítez, mientras tanto el mandatario se burla del pedido de reducir los precios de Petropar, no solo de un sector, sino de toda la ciudadanía. “Vienen bien estas investigaciones de medios periodísticos como La Nación, de que si se hubiese hecho de solamente vender aquí y no vender a los bolivianos el precio podría estar en 600 menos”, indicó.
Así mismo, indicó que existen otros puntos que deben ser investigadas, como las intermediaciones para la venta del combustible por parte de la estatal. “Sigamos investigando porque hay muchas cosas que tienen que salir a la luz, por ejemplo, algo que es muy importante, nadie conoce quienes son los intermediarios de Petropar, o las empresas de maletines, no sé cómo es ese sistema, pero es una parte que hay que investigar porque tenemos que saber quiénes son los intermediarios que llevan tanto porcentaje en el precio de combustible por sus gestiones”, apuntó.
Seguirán presionando
Por otra parte, mencionó que seguirán con la medida de presión para que se aplique ya esta semana el proyecto de ley en el cual se establece una reducción de G. 560, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional. “Nuestra exigencia es que esta semana se apruebe en las dos Cámaras y que el presidente firme esto para mantener los 560 (guaraníes), si esta semana no hay novedades ya el reclamo de los 560 queda sin efecto reclamaremos otra cosa, porque estamos encima del gran anuncio del presidente de la baja en octubre”, apuntó.
Además, señaló que si existe una voluntad política de resolver esta situación se podría dar ya en esta semana, tanto la sanción del Congreso como la promulgación del Poder Ejecutivo. “Si se ponen las pilas y ven extraordinarias, se puede solucionar porque nosotros nos mantenemos firmes, incluso ante las amenazas del ministro del Interior que ni van a permitir, creemos que ese discurso del ministro del Interior que no van a permitir es porque van a solucionar esta semana”, sentenció.
En el caso que no se de esta propuesta, el sector se mantendrá firme en su movilización durante la inauguración de los Juegos Odesur 2022, el próximo 1 de octubre, además de realizar estas movilizaciones en sectores donde se encuentran los medios internacionales. Además, se estarán abocando ya a la medida de presión para acelerar la promesa del propio presidente de la República, de reducir el costo del combustible en las primeras semanas del mes de octubre.
Por otra parte, mencionó que tienen el temor que la rebaja exigida ahora quede como la rebaja anunciada por el Gobierno. “Existe otro temor, ahora están dilatando, resuelven darnos los 560 y a toda la población, y no sea que estos 560 ya continúe como la gran rebaja que sería otra gran bofetada”, puntualizó Toñánez.
 
 
 
 
 
LITIO, UNA INDUSTRIA QUE AVANZA EN SUDAMÉRICA SIN MEDIR SUS CONSECUENCIAS
 
El País de Costa Rica (https://bit.ly/3RaIaYI)
 
Latinoamérica cuenta con una de las mayores reservas de litio del mundo y su explotación está en auge debido a la carrera global por este mineral, considerado estratégico para la transición energética. Sin embargo, el impacto de esta industria en los territorios todavía es poco conocido y preocupan sus consecuencias socioambientales.
«El principal problema desde lo ambiental es que no se hacen estudios ambientales de base, no se estudia a fondo el comportamiento hídrico de los salares para entender el funcionamiento, cuánta agua entra naturalmente a ese salar y cuánta sale naturalmente y cuál es ese equilibrio hídrico entre zonas de agua dulce y zonas de agua salada que están en contacto de manera natural», dijo en diálogo con la Agencia Sputnik la directora de Política Ambiental de la argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pía Marchegiani.
El litio es llamado el «oro blanco» del siglo XXI por ser un mineral estratégico para el desarrollo de baterías en dispositivos móviles y para la generación de vehículos eléctricos, y en Sudamérica se extrae mayoritariamente de los salares.
Los salares, recordó la integrante de la FARN, son cuencas hidrográficas que están situadas en territorios áridos donde el recurso estratégico vinculado a ellos es el agua.
En estos lugares, el acceso al agua es clave para las comunidades locales y sus medios de vida, así como para la flora y la fauna.
La fiebre del litio, explicó Marchegiani, magíster en Estudios Globales por la Universidad de Friburgo, Alemania y Universidad de Kwazulu-Natal (Sudáfrica), hace que estos territorios empiecen a tener no uno sino varios proyectos encima a la vez, lo que puede generar, directamente, un desastre ambiental.
Si bien hay otros países latinoamericanos que cuentan con este mineral, Argentina, Bolivia y Chile se ubican en el denominado «triángulo del litio» y representan alrededor del 65 por ciento de las reservas mundiales.
Marchegiani explicó que la industria funciona distinto en los tres países ya que no tienen los mismos marcos jurídicos.
«Argentina es donde se ve con mayor énfasis la llegada de múltiples empresas al litio porque hay un marco jurídico más abierto, liberal, donde cualquier empresa internacional que llega y encuentra litio tiene todos los derechos posibles de extraerlo», haciendo todos los trámites administrativos necesarios, explicó.
En Bolivia y Chile hay otras normativas que permiten a las empresas privadas acceder al litio, pero deben de alguna forma asociarse con el Estado.
Guía
En Chile, investigadores de la Pontificia Universidad Católica liderados por Osvaldo Moreno y Ximena Arizaga trabajan en la entrega de una «Guía metodológica de evaluación complementaria de proyectos de minería no metálica de litio» para fines de este año.
En diálogo con la Agencia Sputnik, Arizaga, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica, explicó que ante la presentación de proyectos de litio es necesario comprender el territorio donde se quiere instalar y sus potenciales impactos.
Al igual que Marchegiani señaló a la falta de estudio sobre lo que puede suceder con las funciones hídricas de los salares como una de las principales preocupaciones frente a esta industria.
«El salar se compone de una capa de agua más profunda, que son las salmueras, pero en los bordes también hay agua dulce de las cuales viven las especies de fauna y flora que son características del salar y son muy sensibles a las variaciones que puedan producirse», expresó.
También resaltó hay que tener en cuenta a las comunidades indígenas que habitan la zona, para las cuales el salar tiene una relevancia muy importante y hacen uso de los territorios para sus propias actividades culturales y productivas.
«La afectación de los salares es también la afectación de estas comunidades», añadió.
Marchegiani dijo que es esencial que se consulte a las comunidades ante cualquier decisión que pueda afectar su forma de vida, algo que está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Otro punto que se debe considerar a la hora de aprobar un proyecto de litio es el turismo y su implicancia para los habitantes locales, dijo Arizaga.
Por ejemplo, dijo, el salar de Atacama, en Chile, es muy grande y permite quizás convivir a la industria del litio y el turismo, pero otros más pequeños pueden verse afectados y perjudicar el desarrollo local.
En ese sentido, explicó que el turismo es una industria con una alta tasa de empleabilidad y un impacto directo en el desarrollo local diferente al de las industrias de minerales que tienen un impacto más macroeconómico.
Un daño mayor
Ambas entrevistadas resaltaron la riqueza de los ecosistemas de los salares y que la falta de estudio de estos puede generar un daño irreparable para la tierra.
«Los ecosistemas altoandinos son resultado de un proceso de miles de millones de años y albergan una información que quizás todavía no somos capaces de interpretar. Hay mucha información científica que se puede extraer de los salares, hay muchos microorganismos que viven en los salares y esa riqueza química y biológica debe preservarse para el beneficio de las generaciones futuras», dijo Arizaga.
Para la académica el deterioro potencial de todo aquello que no conocemos puede tener un impacto negativo en la vida futura, y resaltó que se trata de organismos que se han adaptado a condiciones extremas y que nos pueden enseñar, por ejemplo, cómo adaptarnos al cambio climático.
Por su parte, Marchegiani resaltó la importancia de los microorganismos conocidos como estromatolitos, que tienen información de del inicio de la vida del Universo, y tiene la capacidad de secuestrar dióxido de carbono y liberar oxígeno.
«Tienen un valor en términos de conocimiento técnico, científico y político que es muy importante y hoy por hoy no hay los suficientes recursos abocados a identificar donde están», señaló.
Por lo tanto, alertó, se corre el riesgo de destruir un salar que tiene la capacidad de absorber dióxido de carbono, justamente el problema climático, por la falta información rigurosa de donde están y cómo funcionan como para preservarlos.
«Es la incoherencia máxima, tenemos un lugar que podría ser un reservorio de carbón y va a terminar siendo una fuente de emisiones», lamentó.
Estándares
Ambas también coincidieron en que se deben trazar estándares ambientales base definidos por el Estado, ya que actualmente es el oferente quien lo define y quien lleva adelante la evaluación del impacto ambiental de los proyectos.
En Argentina los procesos de evaluación lo hacen los propios interesados en la explotación, que contratan especialistas, pero pocas veces esa información es contrarrestada con información propia del Estado, porque no la tienen, dijo Marchegiani.
La guía en la que trabaja Arizaga, que no pretende dar una postura a favor o en contra de la industria del litio, plantea la posibilidad de adoptar un mecanismo similar al que se utiliza en otras concesiones en las que es el Estado el que define los estándares y se elige la mejor oferta a partir de ese estándar.
Para elaborar esos estándares se deben conocer y tener en cuenta la particularidad de cada territorio y definir si realmente puede acoger los proyectos.
En ese sentido, resaltaron que cada salar es distinto y hay que conocer las características de cada uno, por ejemplo, cuántas precipitaciones tiene anualmente, cual es la tasa de evaporación, cuál es el tamaño de la costra salina, cuánto magnesio hay -porque el magnesio no sirve y hay separarlo-, etcétera.
En definitiva, contar con información de cómo funciona el ecosistema hídrico de los salares es fundamental para entender el impacto ambiental de cada proyecto y qué daño se va a generar. Si es un daño menor y se puede reparar o si es irreversible.
 
 
 
 
 
Una nueva amenaza para América Latina
 
GEOPOLÍTICA DEL LITIO 2022
 
Rebelión de España (https://bit.ly/3rdl614)
 
Los objetivos geopolíticos de Estados Unidos suelen traducirse en grandes cruzadas civilizatorias, siempre sustentadas en leyes internas de pretendido alcance universal.
Tal como describió recientemente el experto en relaciones internacionales Juan Tokatlian, mientras que en los años ‘90 se auto-asignó el papel de “cruzado internacional en materia de drogas”, después de los atentados a las Torres Gemelas de 2001 se lanzó a la lucha global “contra el terrorismo” y ahora, en medio de la actual confrontación con el eje China-Rusia, se proyecta como el “fiscal internacional en materia de corrupción”, para justificar lo que identifica como la lucha de “las democracias contra las autocracias”.
Al igual que en el pasado, la relación entre la nueva cruzada anticorrupción y la geopolítica de los recursos naturales no es un secreto. En el marco de la “Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción” lanzada por Joe Biden en diciembre de 2021, la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado asumió la responsabilidad de la “Iniciativa de Transparencia sobre Industrias Extractivas” que, entre otras cosas, busca “combatir la corrupción en los sectores globales de gas, petróleo y minería”.
Desde luego, América Latina constituye un objetivo central para la nueva estrategia imperial. En junio de 2021, la Casa Blanca emitió un memorándum para declarar a la lucha contra la corrupción como de “interés central para la seguridad nacional”, agudizando así su tradicional intervencionismo en la región. Desde entonces, produjo la extradición del ex Presidente de Honduras y la renuncia del Presidente en Paraguay. El 25 agosto de 2022, a solo tres días del alegato del fiscal Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner, un senador texano envió una carta al Secretario de Estado Antony Blinken solicitando que se aplique a la Vicepresidenta argentina una serie de sanciones previstas en la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras.
La disputa por el liderazgo de la transición energética está en el centro de la actual confrontación geopolítica y los países de América Latina constituyen un importante reservorio de recursos naturales críticos.
El litio sudamericano y la nueva “OTAN Metálica”
Si bien es cierto que China controla más del 70% de la fabricación mundial de baterías de litio, no menos cierto es que la producción de litio de Chile y Argentina está dominada desde hace décadas por capitales de Estados Unidos, Canadá y (más recientemente) Australia y Japón. Sin embargo, la prensa local sólo nos advierte sobre el nuevo fantasma que está recorriendo la región: el avance de grandes empresas chinas. De esta forma, se asume como propio el temor de Estados Unidos expresado por la jefa del Comando Sur, que ve amenazado su dominio actual sobre el Triángulo del Litio, advirtiendo la incipiente presencia de China y Rusia: “Están allí para socavar a Estados Unidos, están allí para socavar las democracias”.
Según el director ejecutivo de Benchmark Minerals (cuyos informes se usan en los contratos de compra-venta de litio), la influencia gubernamental de Estados Unidos “está en juego” por una simple razón: “la batería de ion-litio es ahora geopolítica”. Es que, de todos los metales que se necesitan para producir baterías, la situación del litio es la más delicada: desde 2020 los precios aumentaron un 900%, alcanzando “un punto histórico de inflexión”, lo que contrasta marcadamente con el resto de los metales críticos para las baterías.
El verdadero trasfondo político e institucional de estas declaraciones pasó algo desapercibido para los debates locales. El 14 de junio de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de la Asociación de Seguridad de Minerales (MSP por sus siglas en inglés), junto a la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. Bautizada por la agencia Reuters con el sugestivo rótulo de “OTAN metálica”, la nueva asociación se define principalmente por la ausencia de China y Rusia, preanunciando así la nueva estrategia norteamericana: “La actual red de suministro de minerales altamente globalizada parece destinada a dividirse en esferas de influencia políticamente polarizadas, un realineamiento tectónico con implicaciones de gran alcance”.
En palabras de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se trata de “no depender excesivamente del abastecimiento de bienes críticos de países donde tenemos preocupaciones geopolíticas”. Según la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, “el gran problema económico y geopolítico” del futuro no es otro que el de reformular el sistema de abastecimiento de materias primas, apuntalando las inversiones sólo en países amigos (friend-shoreing). Hasta el Pentágono se sumó a la nueva estrategia de “apoyar a los amigos” y pidió al Congreso de Estados Unidos modificar la Ley de Producción de Defensa que aún le prohíbe invertir en la producción de materias primas fuera del territorio nacional.
Estas definiciones no son sólo conceptuales. El gobierno de Joe Biden aprobó recientemente la Ley de Reducción de la Inflación, presentada por la CNN como la “mayor inversión climática de la historia americana”. Ente sus objetivos principales, promueve la compra de vehículos eléctricos producidos en territorio norteamericano (vía créditos y beneficios fiscales), que deberán incorporar baterías recargables con altos porcentajes de metales extraídos en Estados Unidos o en países “amigos”. Más específicamente, de los metales críticos que componen las baterías (litio, níquel, cobalto, manganeso), “al menos un 40% debe provenir de operaciones mineras en Estados Unidos o ser importados desde países con los que tiene firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC). Ese porcentaje subirá a 80% a partir del 2026”.
El problema, una vez más, radica en evaluar los costos y beneficios de ser aceptados como un país “amigo” de Estados Unidos o de pasar a integrar el club de los países “enemigos”.
Sudamérica en la mira
Entre 2016 y 2019, más del 90% del litio importado a Estados Unidos provino de Chile (36%) y de la Argentina (55%).
Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con unos 20 países, entre los cuales figuran Australia y Chile, los dos principales productores de litio del mundo. La producción de ambos países está controlada por capitales norteamericanos, pero también registran una “preocupante” participación de China. En 2018, el Estado chileno modificó los dos contratos de explotación vigentes sobre el Salar de Atacama, elevando las regalías hasta el 40%. En el caso de SQM (la mayor productora de litio en salmueras del mundo), se le permitió la venta del 23% de sus acciones a la china Tianqi. En el caso de Albemarle, empresa norteamericana que posee la segunda operación del país, es un emblema de la red global de suministros que estaría llegando a su fin: comparte con Tianqi la propiedad de Greenbushes, la mina de litio más grande del mundo, ubicada en Australia.
Sin embargo, el status legal del litio chileno como “recurso estratégico” ofrece una herramienta política imprescindible. La futura creación de una nueva empresa estatal que se asociaría en mayoría con las dos explotaciones vigentes, permitirá al gobierno de Gabriel Boric anticiparse al nuevo escenario y gestionar con cierta autonomía las crecientes tensiones geopolíticas por el control y la propiedad de las reservas nacionales.
El otro país que produce litio en gran escala y que abastece buena parte de la demanda de Estados Unidos es la Argentina. Aquí, la empresa norteamericana Livent explota el Salar del Hombre Muerto de Catamarca hace ya 25 años (con prácticas para nada “transparentes”, por cierto). El segundo proyecto en operación del país está en Jujuy, a cargo de un joint venture formado por la australiana Allkem y la japonesa Toyota Tsuyo. El claro predominio de la OTAN Metálica sobre el litio argentino, sin embargo, no está lo suficientemente apuntalado y comienza a ser cuestionado.
En primer lugar, porque la Argentina no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Más aún, en febrero de 2022 se sumó a la iniciativa global de China “La Franja y la Ruta”, y en julio consiguió el respaldo de China para ingresar a los BRICS. Pero también porque –paradojas del sistema neoliberal– el régimen de libres concesiones mineras provinciales que rige en el país desde los años ‘90 permitió a grandes empresas chinas como Ganfeng adquirir importantes proyectos en exploración. A diferencia de Chile, la geopolítica del litio opera aquí sin ninguna mediación, agravando incluso las internas en el frente de gobierno: mientras Massa visita en Estados Unidos a Livent, tanto YPF SA como los gobiernos provinciales de Catamarca y de Jujuy suscriben acuerdos de cooperación con empresas de China. La falta de una política nacional unificada se expresa sobre todo en la flamante YPF Litio, que debe partir de cero y explorar nuevos territorios porque todos los yacimientos de litio identificados en el país se encuentran en manos privadas.
La total apertura a la inversión extranjera sin control del Estado nacional pareciera contradecir incluso la nueva estrategia de la OTAN Metálica. Tal como afirma un reciente informe elaborado para el Departamento de Estado de Estados Unidos: “De los países latinoamericanos que poseen reservas de litio, la Argentina opera en el mercado más abierto a la inversión del sector privado”. Sin embargo, “la inversión de las empresas estadounidenses ni siquiera se aproxima a lo que ha invertido China en la última década”. Por ello y por el enorme potencial que aún presentan las reservas de la Argentina, se recomienda enfáticamente “fortalecer la presencia de los Estados Unidos en el país”. Quizá esto explique buena parte del “éxito” de Sergio Massa en su gira por Estados Unidos. Quizá sirva también de contexto a las declaraciones de Alberto Fernández en la New School de Nueva York, donde aseguró por primera vez que se propone “declarar al litio un bien estratégico para el desarrollo de la Argentina… siguiendo un poco lo que ha hecho Chile”.
Contradicciones del sistema. Para restringir el acceso de China a los yacimientos sudamericanos es posible que Estados Unidos deba aceptar allí un mínimo de intervención estatal. Una suerte de soberanía subordinada a la nueva OTAN Metálica que, sin embargo, no nos alejaría de la abierta injerencia norteamericana en los asuntos públicos de América Latina.
En la lista de países con alta probabilidad de integrar el club de “enemigos” de Estados Unidos se encuentra Bolivia, dueña de la mayor reserva mundial de litio. Allí, el gobierno de Evo Morales creó en 2017 la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) para poder decidir con autonomía una estrategia tecnológica, productiva y exportadora al servicio del desarrollo nacional. En noviembre de 2019, después de un largo y dificultoso proceso de aprendizaje, el golpe de Estado interrumpió drásticamente la construcción de la planta industrial de carbonato de litio.
En la actualidad, el gobierno democrático de Luis Arce se propone la difícil tarea de recuperar el tiempo perdido, pero la injerencia norteamericana pareciera haberse activado nuevamente. Pocos días antes de que YLB diera a conocer los resultados de una simple convocatoria para evaluar nuevas técnicas extractivas, el periódico El País publicó un artículo acusando de presunta corrupción al hijo del Presidente Arce por estar favoreciendo a la empresa rusa Uranium One en perjuicio de empresas norteamericanas como Energy X, una pequeña start-up texana que había desplegado un operativo mediático llamativamente costoso para su tamaño. En verdad, la amenaza imperial ya había sido previamente formulada por Joseph Bouchard, un influyente analista canadiense: “Si el gobierno de Arce aceptara la oferta rusa, Bolivia se convertiría rápidamente en un Estado paria en el escenario regional e internacional”.
Con el objetivo de defender la soberanía y la estabilidad democrática de la región, el gobierno boliviano organizó junto a CEPAL el 1er. Foro “Perspectivas de Litio desde América Latina”, donde propuso a los gobiernos de la Argentina, Chile y México la creación de una Organización de Países Productores y Exportadores de Litio (OPPEL). Más recientemente, el Presidente Arce cerró su intervención en la última Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York con una recomendación que sintetiza las urgencias del presente: “Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respetan la soberanía y la no injerencia, y que enfrentan pueblos por el control de sus recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez, somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales”.
 
 
 
 
 
BOLIVIA REAFIRMA COMPROMISO CON USO PACÍFICO DE ENERGÍA NUCLEAR
 
Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3r8zo2Q)
 
Bolivia ratifica su apego al uso pacífico de la energía nuclear, aseguró hoy en la sexagésima sexta Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.
“El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el papel fundamental del Organismo en la promoción del uso pacífico y seguro de la tecnología nuclear a nivel global (…), identificándonos plenamente con su visión de átomos para la paz y el desarrollo”, afirmó el titular.
Según el servicio de prensa de la cartera de Hidrocarburos, Molina sostuvo que el país altiplánico considera importante el aporte del sistema de salvaguardias del OIEA para frenar la proliferación de las armas atómicas.
En tal sentido, Bolivia ratificó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares como claro ejemplo de su responsabilidad en esta materia, agregó la fuente.
Durante su intervención, el ministro explicó que como parte de su programa de desarrollo del uso pacífico del átomo, el Gobierno nacional construye el Centro de Investigación y Desarrollo de la Tecnología Nuclear, que contará con un ciclotrón para producir radiofármacos de uso en la braquiterapia.
Esta institución dispondrá también de un complejo multipropósito de irradiación de gran utilidad en la esterilización de distintos productos y un reactor nuclear de investigación que estará ubicado en El Alto, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar.
En su discurso, Molina elogió la buena marcha del proceso de implementación en el país de tres Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, de los cuales dos ya prestan servicios en las ciudades de El Alto y Santa Cruz con tecnología que clasifica como puntera en Sudamérica para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
De acuerdo con el ministro, con el objetivo de establecer el sistema normativo de seguridad y protección radiológica, Bolivia creo el órgano regulatorio independiente denominado Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.
Asimismo, promulgó la Ley Para las Aplicaciones Pacíficas de la Tecnología Nuclear y en coordinación con el OIEA rubricó varias convenciones y acuerdos internacionales.
El ministro reiteró en Viena la voluntad de Bolivia de cumplir todos los compromisos asumidos para garantizar la operación segura de todas sus instalaciones nucleares.
 
 
 
 
 
INVESTIGADORA BOLIVIANA RECIBE PREMIO PÓSTUMO DE LA OPS A LA GESTIÓN Y LIDERAZGO EN SERVICIOS DE SALUD
 
Paho Org. OPS (https://bit.ly/3fokzGE)
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reconocido a la fallecida epidemióloga Carla Gabriela Romero Pérez, de Bolivia, con el Premio OPS a la Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud. El reconocimiento se hizo en la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que reúne a los líderes de salud de toda la Región de las Américas.
Tras el prematuro fallecimiento de Romero Pérez en octubre de 2021, el Embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, recibió el premio en su honor. 
Romero Pérez trabajó en el Ministerio de Salud de Bolivia y supervisó los programas de control de vectores. Fue una de las fundadoras de la "Semana contra los mosquitos" de Bolivia y una incansable educadora sobre los riesgos de las enfermedades transmitidas por vectores.
Al conceder la distinción de este año, el Presidente de la Conferencia Sanitaria Panamericana, Michael Pearson, reconoció la incansable labor de Romero Pérez para reforzar los esfuerzos en la lucha contra los arbovirus. Pearson citó el papel de Pérez Romero como gerente de los programas de prevención y control del dengue, chikungunya y Zika de Bolivia, y destacó su liderazgo en la contención de la epidemia de dengue en la región norte del Departamento de La Paz en 2018.
El Presidente de la Conferencia también elogió sus esfuerzos por incluir mensajes sobre la prevención y el control del mosquito Aedes aegypti en el currículum escolar, así como su apoyo en la distribución de las primeras dosis de la vacuna COVID-19 en toda Bolivia.
Romero Pérez era bióloga de formación y tenía varios títulos y diplomas de la Universidad Mayor de San Simón y de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, así como una maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia.
En su gestión como responsable del programa de prevención y control de dengue chikungunya y Zika estableció la red de laboratorios de arbovirosis a nivel nacional con 15 laboratorios municipales y departamentales, y dos de referencia nacional.
“En nombre de Bolivia y de todos los profesionales de la salud de mi país, pero también de esta extraordinaria y maravillosa profesión, estos ‘ángeles de blanco’, como los denominamos nosotros, con mucho honor recibo este reconocimiento en nombre de esta gran profesional”, afirmó el embajador Arce Zaconeta.
Establecido en 1969, el Premio OPS a la Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud es un reconocimiento de los gobiernos de las Américas a las contribuciones destacadas para mejorar los sistemas y servicios de salud, y a los programas, proyectos o iniciativas con efectos probados en el acceso a la atención de salud a nivel nacional o regional, entre otros.
Entre los ganadores anteriores se encuentran las doctoras Joanne Liu, de Canadá; Reina Roa Rodríguez, de Panamá; Natalia Largaespada Beer, de Belice; Stella Bolaños Varela, de Costa Rica, y el doctor Pastor Castell-Florit Serrate, de Cuba.
 
 
 
 
 
DIRIGENTES DEL PARTIDO VERDE SE REUNIRÁN PARA DEBATIR EL "MODELO PRODUCTIVO DE LATINOAMÉRICA" CON LA PRESENCIA DE GERARDO MORALES
 
Info Blanco y Negro de Argentina (https://bit.ly/3RbZNHv)
 
El Partido Verde de Argentina reunirá a todos sus dirigentes el próximo 6 y 7 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, evento del que participarán el titular de la Cámara del litio latinoamericana y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
Además, confirmaron su asistencia las delegaciones verdes de Bolivia, Chile, el ex gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, el ex Consultor Internacional del Banco Mundial sobre el Litio en Bolivia y Argentina Juan Carlos Zuleta, y el representante de los Pueblos Originarios y el co presidente ejecutivo de la FPVA Alejandro Aguilera.
La modalidad del evento será tanto presencial, en el Hotel 725 Continental de la Capital Federal, como virtual a través del canal de You Tube del Partido Verde.
Al respecto, la presidenta del Partido, Silvia Vázquez, destacó la trascendencia del encuentro que "por primera vez va a sentar un posición politica sobre qué y cómo debe ser el modelo de desarrollo productivo en Latinoamérica y, en particular, en Argentina, Bolivia y Chile que reúnen el 85 % del litio de todo el planeta".
“Somos los verdes quienes presentaremos una estrategia común que integra la visión de la ciencia, la cosmovisión de los pueblos originarios, la economía, y diferentes visiones políticas", aseguró Vázquez, ex directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 2020.
"El litio es el mineral imprescindible para la tecnología y las transformaciones en las comunicaciones, la producción de energía y el transporte. Es el elemento estratégico que necesita el norte global y un motor para el desarrollo de nuestras sociedades si no permitimos el saqueo y respetamos los ciclos de nuestra Pachamama”, concluyó la dirigente.
 
 
 
 
 
EL PARTIDO OPOSITOR BOLIVIANO ADMITE "ERROR POLÍTICO" EN ELECCIÓN DEL DEFENSOR
 
Yahoo de España (https://bit.ly/3DTpbyU)
 
Comunidad Ciudadana (CC), el principal partido opositor en Bolivia, se disculpó con la población boliviana por la ausencia de sus parlamentarios el día en que se eligió al nuevo defensor del Pueblo, sin embargo, reiteró su condena a la forma cómo el oficialismo aprovechó esa situación para realizar la votación.
"Estamos conscientes que las licencias a parlamentarios de CC, por motivos menos relevantes no se justifican, y constituyen un error político por el que ofrecemos disculpas a la ciudadanía", se señaló en un comunicado de CC, partido que lidera el expresidente Carlos Mesa.
Comunidad Ciudadana afirmó que esas ausencias "sirvieron de excusa" para que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) cometiera este "atentado contra la democracia y los derechos humanos".
El viernes pasado los legisladores del MAS cambiaron la agenda parlamentaria para añadir la elección del nuevo defensor del Pueblo, cuando varios de los opositores habían pedido licencias previamente para asistir a actos por la efeméride de la región oriental de Santa Cruz.
El candidato Pedro Callisaya fue elegido con 95 de los 97 votos emitidos en una accidentada sesión liderada por el titular de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani Laura, que también justificó el proceder de su partido asegurando que fue "en apego" a normas como la Constitución y los reglamentos parlamentarios y que se comunicó con 24 horas de antelación a la votación.
"Expresamos claramente que no reconocemos la legitimidad del nombramiento del señor Pedro Callizaya como defensor del Pueblo, y que haremos conocer las graves irregularidades que rodearon su designación, ante las instancias internacionales de derechos humanos que correspondan", expresó CC en el comunicado.
Además, reiteró su condena a esta "maniobra masista" que recurrió al "engaño y la maniobra artera para imponer a su candidato sin alcanzar el consenso ni legitimidad" que el presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, prometió.
"Expresamos nuestro asombro y preocupación ante la evidencia que las jefaturas parlamentarias masistas carecen de seriedad y ética y son capaces de aplicar cualquier maniobra canalla y tramposa para seguir las directrices partidarias", manifiesta el comunicado.
Recalcó que en los próximos nombramientos que requieran dos tercios para su elección CC "va a mantenerse inalterable, exigiendo que en todos los casos se traten de personas "independientes, idóneas y legítimas".
"No vamos a caer en la farsa de un partido como el MAS que utiliza el discurso del consenso, solo como mecanismo distractivo para imponer a sus candidatos serviles como ocurrió con el defensor del Pueblo", subrayó el partido opositor.
AUSENCIAS OPOSITORAS
De los 166 parlamentarios que conforman la Asamblea Legislativa boliviana, 34 se encontraban con licencia por distintas causas, dos de ellos oficialistas y el resto opositores.
Los parlamentarios de CC y de Creemos, otra fuerza opositora, pidieron licencia el viernes y no participaron en la elección del nuevo defensor del Pueblo que inicialmente no figuraba en la agenda del día de la Asamblea Legislativa.
La elección del defensor del Pueblo ya había fracasado en cinco oportunidades previas desde mayo debido a la negativa opositora de respaldar al candidato apoyado mayoritariamente por el oficialismo.
Comunidad Ciudadana y Creemos acusan al oficialismo de intentar colocar en estos puestos de designación parlamentaria a funcionarios afines para controlar las instituciones públicas, mientras que el MAS considera que sus detractores buscan impedir el nombramiento de nuevas autoridades.
El partido del presidente Luis Arce tiene la mayoría en el Parlamento, compuesto en total por 36 senadores y 130 diputados, pero no los dos tercios.
 
 
 
 
 
EL BOLIVIANO HOMERO CARVALHO EN EL ENCUENTRO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA DE PARÍS
 
RFI de Francia (https://bit.ly/3DSIzMt)
 
El escritor y poeta boliviano Homero Carvalho Oliva acaba de llegar a París para participar en el 6° Encuentro de Literatura Hispanoamericana que se celebra los 28 y 29 de septiembre en el Instituto Cervantes.
Homero Carvalho Oliva, Beni, Bolivia, 1957, escritor, poeta y gestor cultural, ha obtenido varios premios de cuento a nivel nacional e internacional como el Premio latinoamericano de Cuento en México, 1981 y el Latin American Writer’s de New York, USA, 1998; dos veces el Premio Nacional de Novela con Memoria de los espejos y La maquinaria de los secretos. Su obra literaria ha sido publicada en otros países y ha sido traducida a varios idiomas; figura en más de treinta antologías nacionales e internacionales de cuento como Antología del cuento boliviano contemporáneo, The fatman from La Paz e internacionales, como El nuevo cuento latinoamericano de Julio Ortega, México; Profundidad de la memoria de Monte Ávila, Venezuela; Antología del microrelato, España y Se habla español, México; en poesía está incluido en Nueva Poesía Hispanoamericana, España; Memoria del XX Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia y en la del Festival de Poesía de Lima, Perú; así como en la antología Poetas del Oriente boliviano.
Entre sus poemarios se destacan Los Reinos Dorados y El cazador de sueños, inspirados en las tradiciones, leyendas y cosmogonías de los pueblos amazónicos de Bolivia y Quipus en las tradiciones y leyendas andinas. El año 2012 obtuvo el Premio Nacional de Poesía con Inventario Nocturno y el 2013 publicó la Antología de Poesía Amazónica de Bolivia y la Antología Bolivia. Tu voz habla en el viento, que reúne a cincuenta y cinco autores, entre ellos a tres Premios Nobel de Literatura hablando de Bolivia. Es autor de la Antología de poesía del siglo XX en Bolivia, publicada por la prestigiosa editorial Visor de España. Premio Feria Internacional del Libro 2016 de Santa Cruz, Bolivia. En el 2017, La editorial El Ángel, de Quito, Ecuador, publicó su poemario ¿De qué día es esta noche?; el año 2019 la Editorial New York Poetry, de Estados Unidos, publicó su antología poética personal Memoria incendiada, al igual que Ediciones AndesGraund de Chile en el 2020, la editorial Buenos Aires Poetry, de Argentina, publicó su poemario Reconstrucción del vuelo. La alcaldía de Lima, Perú, publicó Dimensión del milagro, antología poética personal y las Editoriales Cintra y ARC de Brasil publicaron la edición bilingüe español/portugués de Los Reinos Dorados.